Actividades ilegales del DAS
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) era, hasta 2011, el principal centro de inteligencia estatal de Colombia que dependía directamente de la Presidencia de la República.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) era, hasta 2011, el principal centro de inteligencia estatal de Colombia que dependía directamente de la Presidencia de la República.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, (Ccajar), representa jurídicamente a aproximadamente 130 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las que están siendo investigados centenares de oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas.
Desde el año 2002, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, (Ccajar), representa jurídicamente a la familia de Jorge Darío Hoyos Franco, un dirigente sindical, cívico y comunitario, integrante del Movimiento Unión Patriótica, quien asesoró la creación de diferentes organizaciones sindicales así como la resolución de conflictos y negociaciones colectivas a muchos otros sindicatos en el país y en el exterior.
Según testigos y algunas versiones de exparamilitares, se utilizó La Escombrera, un terreno vasto ubicado en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín para desechos de construcción, “para sepultar clandestinamente a víctimas de desapariciones forzadas”[1].En 2015, después de años de batallas legales y espacios de discusión con lasinstituciones estatales, las víctimas, reunidas en el asosiación Mujeres Caminando por la Verdad, acompañandas por organizaciones como la <
En el contexto del paro agrario en agosto de 2013, la Policía publicó lo que llamó “el cartel de los vándalos”[1] con las fotos de 48 personas “protagonistas de los actos vandálicos contra la ciudad y de la agresión desmedida contra la Fuerza Pública”[2], entre ellas Alejandro Ospina Cogua, un estudiante de la Universidad Pedagógica de Bogotá.
El abogado Jorge Molano representa a los familiares de Jhonny Silva, estudiante de la Universidad del Valle, asesinado por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía en 2005 durante una manifestación universitaria[1].
Darbey Mosquera Castillo, Alex Hernando Ramírez Hurtado y José Didier Marín Camacho, tres jóvenes desempleados y de escasos recursos, procedentes de Pradera (Valle del Cauca), soñaban con obtener ingresos para sus familias.
El 21 de febrero de 2005 fueron asesinadas ocho personas, (cinco adultos y tres niños), de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en una masacre que realizaron conjuntamente el Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con tropas de la Brigada XVII del Ejército[1]. Molano representa, como abogado, a la sociedad colombiana.
https://www.youtube.com/watch?v=p19B0FDMbD4
En 1996 y 1997, dos operaciones militares marcaron el destino de la población del Bajo Atrato: la ‘Operación Septiembre Negro’, desarrollada principalmente en Curbaradó, Jiguamiandó (Chocó) y Dabeiba (Antioquia), junto con la ‘Operación Génesis’ en Cacarica y Salaquí[1] (Chocó), provocando el desplazamiento forzado de aproximadamente 15.000 personas[2], la posterior militarización de la zona y un registro de más de 70 crímenes entre asesinatos y desapariciones forzadas