Una y otra vez las botas de Daniel Prado se hunden en el barro pegajoso que llega hasta sus rodillas mientras recorre las trochas de los Montes de María hasta llegar al lugar de la exhumación. Prado y su mandante, Carmen Zuñega, caminan durante cinco horas en medio de una llovizna constante por esta serranía dominada por grupos paramilitares, hasta que llegan al lugar donde descansa el cuerpo torturado de Omar Zuñega. Comprenden que el viaje ha sido en vano al ver que no llegó nadie de la Fiscalía, quienes cancelaron el viaje porque su camioneta no pudo entrar por la trocha de barro. Pero a Prado no le importó caminar otras cinco horas de regreso al pueblo, lo importante para él era cumplir con su deber de abogado. https://www.youtube.com/watch?v=-8djCkQA8bY Lleva casi treinta años asumiendo la defensa de las personas que no tienen la capacidad de defenderse, convencido de que en una sociedad que justifica el atropello de la gente, hay que arriesgar la vida. Desde que decidió ser defensor ha conocido los riesgos que ello implica, incluso el riesgo de ser asesinado. Para Prado denunciar violaciones de derechos humanos y confrontar a los victimarios es una cuestión de dignidad, y esto le “lleva a uno a poner su vida en riesgo”1. Por esa dedicación le han golpeado, amenazado y perseguido, pero esto no tiene importancia para él. Está satisfecho porque en la mayoría de los casos que ha representado, los victimarios recibieron condenas, a pesar del alto nivel de impunidad que existe en Colombia. A Prado le indigna la miseria y las circunstancias en que vive la gente. “Es lamentable cómo se reprime a quien quiere levantar su voz de protesta y contra esto hay que pelear”. Prado nació en 1964, el mismo año de la conformación de dos grupos guerrilleros, las FARC y el ELN y creció en medio de noticias relacionadas con la violencia. Se convierte en líder estudiantil, luego en estudiante de economía y derecho, y al graduarse en 1992 comienza a representar a familiares víctimas de la desaparición forzada. Ha litigado en muchos casos de alto perfil, lo cual le trajo mucho reconocimiento, pero también innumerables enemigos. Por ejemplo, cuando asesinan al prestigioso abogado Eduardo Umaña Mendoza retoma el caso del Palacio de Justicia, una historia que no se podía contar, que estaba vedada para el país. Eventualmente consigue probar la responsabilidad del Estado colombiano, especialmente del Ejército durante la retoma del palacio y en el asesinato de 98 personas2.

Juicio de Santiago Uribe Vélez: faltan alegatos finales

Actualmente Prado es conocido en la prensa como apoderado judicial de la familia de Camilo Barrientos, conductor de una chiva asesinado, presuntamente, por integrantes de “Los Doce Apóstoles” en 1994. La contraparte es ni más ni menos el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago, acusado de crear el grupo paramilitar y del asesinato de Barrientos3. Aunque la Fiscalía General de la Nación llama a indagatoria a Santiago Uribe Vélez en 2016, la labor de investigación de Prado ha pisado los talones de la familia Uribe Vélez desde 1997 cuando estudia varios casos de desaparición forzada. Llega a conocer al oficial de policía Juan Carlos Meneses, quien confiesa a Prado su participación en la oleada de muertes sucedida en Antioquia a mediados de los años 90, en los alrededores de la finca de Santiago Uribe Vélez4. Prado contacta al padre Javier Giraldo, quien se comunica con el Premio Nóbel de Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel y juntos hacen una denuncia internacional ante destacados defensores de derechos humanos en Argentina, en donde el oficial de policía cuenta cómo operaba el grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” y la relación del grupo con el ganadero Santiago Uribe Vélez. El proceso judicial está a punto de terminar; sólo hacen falta los alegatos finales por parte del abogado defensor de Santiago Uribe Vélez.

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Aunque la Fiscalía General de la Nación llama a indagatoria a Santiago Uribe Vélez en 2016, la labor de investigación de Daniel Prado ha pisado los talones de la familia Uribe Vélez desde 1997 cuando estudia varios casos de desaparición forzada.

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“Los Doce Apóstoles” están relacionados con 533 víctimas asesinadas, puntualiza Prado. Sin embargo, este proceso se limita al homicidio del conductor Barrientos y la posible relación que tendría Santiago Uribe con el grupo paramilitar. El caso debía haber concluido el año pasado, pero durante todo el desarrollo del proceso han habido “maniobras dilatorias por parte de la defensa, algunas han tenido éxito y otras no”, afirma Prado. Este año el Covid-19 fue el culpable del aplazamiento indefinido y el 20 de agosto Prado pidió al juzgado convocar la audiencia de manera virtual, haciendo énfasis en el derecho fundamental de la pronta y cumplida administración de justicia. [caption id="attachment_12154" align="alignnone" width="1200"] Daniel Prado lleva casi treinta años asumiendo la defensa de las personas que no tienen la capacidad de defenderse, convencido de que en una sociedad que justifica el atropello de la gente, hay que arriesgar la vida.[/caption]

Los testigos amenazados

Mientras se sigue aplazando el caso, todas las personas involucradas en el proceso (abogados, testigos, jueces) están bajo mucha presión. Prado ha recibido varias amenazas5; recuerda una persecución durante un viaje acompañado por PBI, llegando en carro a Bogotá “fuimos seguidos por un tipo, un señor, en una motocicleta, fue muy evidente lo que estaban haciendo”, relata Prado. Con el fin de intimidar le han aflojado las llantas de su carro y amenazado por teléfono. “Bueno, son una cantidad de cosas, que a veces uno ni recuerda allí”, dice con una sonrisa estoica en el afán de restarle importancia a la situación. También ha habido una persecución contra los testigos. Prado afirma que han atentado contra las vidas del policía Juan Carlos Meneces y el exparamilitar Juan Jesús Agudelo. El campesino, Eunicio Pienda Luján, que trabajaba en una finca que colinda la Hacienda La Carolina tuvo que abandonar el país como medida de protección6. Pero también aparecen luces de esperanza, abogados internacionales han acompañado el proceso, algo que le parece de suma importancia ya que, según Prado, “la justicia es manipulable y el poder de quienes en este caso están siendo juzgados es innegable”. Este acompañamiento internacional ayuda a que los jueces y administradores de la justicia sepan que no están solos y que quienes buscan amenazar entiendan que el caso está acompañado por la comunidad internacional. Para Prado, el caso de Santiago Uribe es lo más significante porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez es la persona que más poder político ha tenido en Colombia. Y es el primer hermano de un expresidente “que se va a la cárcel”. Prado está convencido de que se va a lograr una condena”.

Bianca Bauer

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Notas de pie: