A pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 y los esfuerzos del Estado y otras instancias para ubicar a Colombia en un contexto de "post-conflicto", la principal conclusión es que la situación de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades, se ha mantenido o incluso ha empeorado tras la firma del Acuerdo. Los inicios de la implementación del acuerdo de paz han estado acompañados de una ofensiva contra líderes y lideresas sociales, campesinos y campesinas, personas defensoras de derechos humanos en todo el país: según el Consejo Noruego para los Refugiados, en 2017 el número de eventos de desplazamiento forzado se incrementó un 36% respecto a 2016, los ataques contra las comunidades aumentaron un 17% durante la primera mitad de 2017[1] y, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se han reportado más de 100 muertes violentas de líderes y miembros de organizaciones sociales[2]. El homicidio de mujeres defensoras pasó de tres casos registrados (2016) a siete (2017).
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Es preocupante que varios análisis coincidan en que el vacío dejado por las FARC-EP, fortalecido por la ausencia integral del Estado, ha dejado nuevas zonas en disputa para el resurgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad y grupos armados al margen de la ley[3]. La propia Defensoría del Pueblo en su Informe 010-17 del 30 de marzo de 2017 también subraya varios escenarios de riesgo en este contexto, que no sólo afectan a personas defensoras de derechos humanos, sino a la población civil en general: las disidencias de las FARC-EP, la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el aumento del accionar militar contra este grupo, igual que la expansión y el fortalecimiento del grupo neoparamilitar denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)[4].
La Defensoría del Pueblo reconoce que hay “una pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc”[5]. Según el análisis de OACNUDH, el 45% de los homicidios que se produjeron en 2016 y el 67% en el 2017, ocurrieron en zonas de donde salieron las FARC. A su vez, la Defensoría del Pueblo destaca varios aspectos de la sistematicidad de las agresiones contra personas defensoras y líderes sociales: 69% de las víctimas desarrollaban una labor de organización comunitaria, el 25% eran líderes indígenas, y hubo un alto nivel de afectación de líderes de las Juntas de Acción Comunal y líderes adscritos a Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos[6]. [caption id="attachment_10291" align="alignnone" width="1200"]
Enrique Chimonja, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ganó el Premio Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos Diakonia, en la catgeoría Defensor de la ño por su labor de acompañamiento a comunidades y personas defensoras de derechos humanos en el Suroccidente del país.[/caption]
Aun cuando existen avances en la implementación del Acuerdo de Paz y la reglamentación legislativa de medidas de protección contempladas en el mismo[7], preocupa la falta de implementación real y concertación con las comunidades étnicas y campesinas en los territorios, que viven una grave crisis de seguridad en sus tierras y denuncian cada día más presencia de grupos armados ilegales, amenazas y persecuciones. Otra de las dinámicas que se acentuó tras el Acuerdo de Paz, fue el aumento de violaciones de DDHH por intereses económicos y las afectaciones medioambientales que ponen en peligro los medios de vida de comunidades ancestrales. Esta temática se ha convertido en el foco de trabajo de muchas organizaciones acompañadas, que gracias al acompañamiento de PBI pueden seguir trabajando para proteger los recursos naturales y a las comunidades locales que viven de los mismos.
Paralelamente, desde principios de 2018, la mesa de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno colombiano permanece en crisis debido al cambio del equipo negociador, la no reanudación del cese al fuego bilateral que las partes habían pactado durante tres meses, que culminó el 9 de enero, y la consecuente escalada terrorista de esta guerrilla contra la población civil, oleoductos y la fuerza pública[8].Más de 50 plataformas de paz y derechos humanos, iniciativas de la sociedad civil y personalidades han realizado un llamado a las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional para que reinicien las negociaciones y acuerden una nueva tregua para avanzar en la agenda acordada[9].
Desde PBI celebramos la liberación del defensor de DDHH David Ravelo[10] el 20 de junio de 2017, acompañado histórico de PBI, tras 7 años encarcelado a raíz de un proceso marcado por irregularidades y falta de cumplimiento con los estándares internacionales al debido proceso, así como se ha manifestado por varias organizaciones nacionales e internacionales. Su caso fue aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz. En el transcurso de los 7 años de su encarcelación, PBI Colombia estuvo acompañándole física y políticamente, así como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y, en específico, su abogado Reinaldo Villalba, quien realizó un trabajo destacado en ese proceso penal. Se agradece y reconoce el acompañamiento internacional así como el apoyo realizado por varias instituciones y organizaciones internacionales en este caso emblemático de judicialización de un defensor de derechos humanos, como fue la visita de la Delegación de la Unión Europea a la cárcel de Barrancabermeja en junio de 2017.[11]
PBI Colombia agradace a todas las agencias, sus fianciadores, que permiten que ese proyecto sea posible.
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Es preocupante que varios análisis coincidan en que el vacío dejado por las FARC-EP, fortalecido por la ausencia integral del Estado, ha dejado nuevas zonas en disputa para el resurgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad y grupos armados al margen de la ley[3]. La propia Defensoría del Pueblo en su Informe 010-17 del 30 de marzo de 2017 también subraya varios escenarios de riesgo en este contexto, que no sólo afectan a personas defensoras de derechos humanos, sino a la población civil en general: las disidencias de las FARC-EP, la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el aumento del accionar militar contra este grupo, igual que la expansión y el fortalecimiento del grupo neoparamilitar denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)[4].
Durante 2017 PBI Colombia acompañó físicamente a un total de 20 organizaciones, 2 comunidades y 3 personas defensoras de derechos humanos que trabajan en todo el territorio colombiano.
La Defensoría del Pueblo reconoce que hay “una pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc”[5]. Según el análisis de OACNUDH, el 45% de los homicidios que se produjeron en 2016 y el 67% en el 2017, ocurrieron en zonas de donde salieron las FARC. A su vez, la Defensoría del Pueblo destaca varios aspectos de la sistematicidad de las agresiones contra personas defensoras y líderes sociales: 69% de las víctimas desarrollaban una labor de organización comunitaria, el 25% eran líderes indígenas, y hubo un alto nivel de afectación de líderes de las Juntas de Acción Comunal y líderes adscritos a Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos[6]. [caption id="attachment_10291" align="alignnone" width="1200"]
Enrique Chimonja, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ganó el Premio Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos Diakonia, en la catgeoría Defensor de la ño por su labor de acompañamiento a comunidades y personas defensoras de derechos humanos en el Suroccidente del país.[/caption]
Actividades de PBI: Desde los Equipos de Terreno se realizaron 222 acompañamientos durante 527 días completos, 46% de los cuales fueron a mujeres, y se mantuvieron 277 reuniones y rondas de visibilización con personas y organizaciones acompañadas.
Aun cuando existen avances en la implementación del Acuerdo de Paz y la reglamentación legislativa de medidas de protección contempladas en el mismo[7], preocupa la falta de implementación real y concertación con las comunidades étnicas y campesinas en los territorios, que viven una grave crisis de seguridad en sus tierras y denuncian cada día más presencia de grupos armados ilegales, amenazas y persecuciones. Otra de las dinámicas que se acentuó tras el Acuerdo de Paz, fue el aumento de violaciones de DDHH por intereses económicos y las afectaciones medioambientales que ponen en peligro los medios de vida de comunidades ancestrales. Esta temática se ha convertido en el foco de trabajo de muchas organizaciones acompañadas, que gracias al acompañamiento de PBI pueden seguir trabajando para proteger los recursos naturales y a las comunidades locales que viven de los mismos.
A través de nuestro trabajo de acompañamiento político, sostuvimos 324 reuniones con la comunidad internacional en Colombia y en el exterior, y con autoridades civiles y militares colombianas, con el objetivo de trasladarles nuestra preocupación por las violaciones de DDHH en Colombia y dar a conocer el trabajo de las personas, organizaciones y comunidades que acompañamos
Paralelamente, desde principios de 2018, la mesa de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno colombiano permanece en crisis debido al cambio del equipo negociador, la no reanudación del cese al fuego bilateral que las partes habían pactado durante tres meses, que culminó el 9 de enero, y la consecuente escalada terrorista de esta guerrilla contra la población civil, oleoductos y la fuerza pública[8].Más de 50 plataformas de paz y derechos humanos, iniciativas de la sociedad civil y personalidades han realizado un llamado a las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional para que reinicien las negociaciones y acuerden una nueva tregua para avanzar en la agenda acordada[9].
Desde PBI celebramos la liberación del defensor de DDHH David Ravelo[10] el 20 de junio de 2017, acompañado histórico de PBI, tras 7 años encarcelado a raíz de un proceso marcado por irregularidades y falta de cumplimiento con los estándares internacionales al debido proceso, así como se ha manifestado por varias organizaciones nacionales e internacionales. Su caso fue aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz. En el transcurso de los 7 años de su encarcelación, PBI Colombia estuvo acompañándole física y políticamente, así como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y, en específico, su abogado Reinaldo Villalba, quien realizó un trabajo destacado en ese proceso penal. Se agradece y reconoce el acompañamiento internacional así como el apoyo realizado por varias instituciones y organizaciones internacionales en este caso emblemático de judicialización de un defensor de derechos humanos, como fue la visita de la Delegación de la Unión Europea a la cárcel de Barrancabermeja en junio de 2017.[11]
PBI Colombia agradace a todas las agencias, sus fianciadores, que permiten que ese proyecto sea posible.
PBI Colombia