El Equipo Jurídico Pueblos (EJP) considera fundamental acompañar a las comunidades que han decidido de manera autónoma ejercer la protesta social como una forma de ser escuchadas ante la situación que están viviendo. En este contexto, la organización está exigiendo justicia para el caso del profesor y dirigente del Consejo de las Comunidades Negras de la Sierrita, El Cruce y la Estación (Consesice), Naimen Agustín Lara, quien falleció el 11 de julio de 2016, según pobladores de Chiriguaná, a causa de un disparo con arma de fuego por parte de un miembro de la Policía Nacional, cuando los pobladores del corregimiento La Sierrita del municipio de Chiriguaná (Cesar), decidieron realizar una jornada de protesta ante la decisión del Ministerio de Salud de cerrar el Hospital público San Andrés que prestaba el servicio a aproximadamente 200 mil pobladores de la zona[1].
Los testigos de los hechos, familiares incluidos, fueron objeto de amenazas y atentados, que buscaban que no declararan sobre lo ocurrido, denunció EJP. Por aquello, a través de EJP y la Organización Abogados Sin Fronteras Canadá, la familia del líder pidió medidas cautelares a la Comisión Interameriana de Derechos Humanos (Cidh) a favor de la comunidad de Chiriguaná; solicitud en la cual recoge agresiones sufridas por al menos catorce miembros más de la comunidad en el marco de la protesta social, entre ellos menores de edad[2].
“Aquí se sigue criminalizando la protesta social. Nosotros representamos a muchas organizaciones, sindicatos, estudiantes, quienes, por el hecho de salir a protestar, están en esas condiciones. Una expresión de la forma cómo se está estigmatizando, judicializando y criminalizando la protesta social, es la aprobación del nuevo Código de Policía en el Congreso de la República, en 2016, que plantea una serie de normas que hacen imposible el ejercicio al derecho a la protesta social, entre otras, se permite el allanamiento, sin orden judicial, por unas causas que nos parecen in suficientes para permitir a la Policía, por ejemplo, entrar a un domicilio. La protesta social surge como una forma de exigir el respeto a unos derechos que se están incumpliendo por parte del Estado colombiano. Generalmente, no es prevista sino espontanea, tal como sucedió el 11 de julio en Chiriguaná. La comunidad supo que iban a cerrar el hospital y la gente salió a exigir que no”[3].
Notas de pie:
[1] El Espectador, El Hospital San Andrés al borde de su cierre, 14 de noviembre de 2016; El Espectador, Dos muertos en protestas por servicio de salud en Chiriguaná, 11 de julio de 2016 [2] Contagio Radio: Atentan contra testigos de la muerte de Naimen Lara, en Chiriguaná Cesar, 21 de Julio de 2016; El Espectador: Llevan a la Cidh caso de líder afro que habría sido asesinado por un policía, 22 de Julio de 2016 [3] PBI Colombia, Entrevista a Leonardo Jaimes, miembro fundador de EJP, octubre de 2016