En el alba del nuevo año 2019, existían preocupaciones frente a la situación de las personas defensoras y lideresas de Colombia. El año 2018 había sido particularmente violento, en el cual los indicadores de violencia, tales como atentados, asesinatos y desplazamientos forzados subieron de manera preocupante[1]. Estas fueron tendencias que lamentablemente se confirmaron este año. Sin embargo, a pesar de los golpes a la paz y los momentos bajos, se mantiene el compromiso hacia la defensa y promoción de los derechos humanos, así como a la construcción de la paz.
Las dos primeras semanas de enero de 2019 fueron marcadas por una ola violenta de ataques a personas lideresas[2]; como el atentado en contra de Alfamir Castillo, madre de un joven víctima de ejecución extrajudicial y actualmente vinculada en el caso en contra de Mario Montoya en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)[3], en la ciudad de Palmira. El día siguiente la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) amaneció con los vidrios de la fachada de su oficina destrozados[4]. Esta organización defensora de derechos humanos es una de las organizaciones emblemáticas que acompañan integralmente a familiares de víctimas de desapariciones forzadas. Luego, el 16 de enero, ocurrió el terrible atentado en contra de la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que conllevó a la decisión del gobierno de romper las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN[5].
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Ataques a las oficinas de la FNEB. Foto: cortesía de la FNEB.[/caption]
En febrero, se conoció de un plan de atentado en contra de miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P)[6], organización reconocida por su labor de acompañamiento a comunidades víctimas del conflicto armado y reclamantes de tierra en el Bajo Atrato, y muchas otras zonas del país. El 16 de febrero hombres armados y vestidos de camuflados del grupo neoparamilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) incursionaron en el caserío el Tesoro, en la cuenca de Curbaradó[7] empezando una estrategia de amenazas y hostigamientos para expandir su control territorial entre la cuenca de Curbaradó y Jiguamiandó, y todo el Bajo Atrato. Esta situación puso en peligro a la población afrodescendientes e indígena del Resguardo Emberá Uradá Jiguamiandó. Muchas comunidades se encontraron en situación de confinamiento, amenazadas y sin garantías para poder salir a cultivar sus tierras, y sin acceso a la salud, lo cual causó el fallecimiento de menores de edad debido a enfermedades como la malaria.
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Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Jiguamniandó, en medio de las confrontaciones armadas.[/caption]
Esa terrible situación fue acompañada permanente por J&P, quienes denunciaron en numerosas ocasiones el control de las AGC y la presencia del ELN vulnerando los derechos de los y las pobladores, problemática que se extendió hasta finales de marzo, mientras que la situación de control territorial y social se mantiene hasta el día de hoy.
El 2 y 3 de marzo se celebró el primer Festival de las Memorias del Bajo Atrato en la cuenca de Cacarica, donde se inauguró la sede “Marino López” de la Universidad de Paz: un edificio construido totalmente con materiales reciclados y donde se darán ciclos de formación sobre temas ambientales, agriculturas, reconciliación y construcción de paz[8]. Luego, el 4 de marzo quedará marcado como un día histórico, en el que magistradas de la JEP, Comisionadas de la Verdad, visitaron la zona Humanitaria Nueva Esperanza y realizaron la primera audiencia territorial[9]. Las comunidades del Bajo Atrato, pero también de diferentes territorios de Colombia, que han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidios y hostigamientos por partes de los diferentes actores armados (legales e ilegales) tienen muchas esperanzas en el Sistema Integral de Justicia Verdad Reparación y No Repetición para que se pueda conocer la verdad detrás de los hechos victimizantes. También, a través de la propuesta de la Universidad de Paz, han hecho propuestas de sanciones restaurativas[10] para avanzar en la reconciliación.
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Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, destacando su papel clave en la construcción de paz y evidenciado cada vez más los altos riesgos que enfrentan las mujeres y las mujeres defensoras de derechos humanos: “En Colombia, Guatemala, México, Honduras y Nepal, las defensoras mujeres sufren de una presión y discriminación adicional por su género y porque le hacen frente a una discriminación y normas de comportamiento recalcitrantes”[11]. En PBI valoramos y respaldamos el trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos y sus necesidades específicas de atención y protección. Por lo tanto en este mes de marzo, desde PBI International, difundimos una campaña donde mujeres defensoras de derechos humanos de América Latina comparten experiencias y recomendaciones sobre el autocuidado: Ser Mujer Defensora.
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Doña Brigida (Comunidad de Paz) y Manon (PBI)[/caption]
En abril, el exfiscal William Pacheco, quien fue responsable de la detención del defensor de derechos humanos David Ravelo, fue detenido por su presunta participación en la desaparición forzada de un joven en 1991[12]. David Ravelo ha sido judicializado en 2010 bajo el testimonio de dos paramilitares encarcelados por su presunta vinculación en un asesinato en Barrancabermeja. Su proceso ha sido denunciado por las numerosas irregularidades y a pesar de que ahora está en libertad, sigue esperando la revisión de su caso[13].
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David Ravelo Crespo[/caption]
Al final del mes se organizó en Bogotá un refugio humanitario donde miles de lideresas y líderes sociales del país se unieron para solicitar garantías de seguridad al Estado colombiano frente a los numerosos ataques que han sufrido y siguen sufriendo[14].
También en abril, hubo un gran paso hacia la justicia en el caso de las desapariciones forzadas de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, miembros de ASFADDES desaparecidos el 6 de octubre 2000 en Medellín, con la vuelta a Colombia y llamada a indagatoria del General Santoyo[15]. Este ex jefe de seguridad del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, era en ese momento el director del Gaula en Medellín, y según la Fiscalía General de la Nación “un fiscal de la dirección especializada contra las violaciones de derechos humanos encontró indicios que vincularían al General Santoyo con las desapariciones de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero”[16].
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Adriana Quintero, junto con Fidel y Carlos quienes integraban el equipo de Medellín de PBI Colombia en el momento de la desaparición forzada de su padre, el 6 de octubre 2000[/caption]
El mes de mayo también generó esperanzas hacia la verdad y la justicia con el anuncio de la condena de seis militares por su participación en la masacre de Mulatos y la Resbalosa (San José de Apartadó) del 21 de febrero de 2005. Esta sentencia reconoce las alianzas entre miembros del Ejército Nacional adscrito a la Brigada XVII y paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las AUC[17], y los condena a 34 años de prisión. “El fallo prueba el actuar premeditado, permanente y coordinado de militares y ‘paras’ contra la Comunidad de Paz y el exterminio al que la Brigada XVII ha intentado someterla”, comentó el abogado German Romero[18].
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Aníbal, campesino de la Comunidad quien falleció en 2019[/caption]
El 10 de mayo, acompañamos al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) en una ceremonia donde miembros de la Brigada 1 del Ejército Nacional pidieron disculpas por su responsabilidad en la ejecución de un civil, Jorge Enrique Hernández[19]. La búsqueda de justicia y verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos” sigue siendo un reclamo importante de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil colombianas. Estas ejecuciones son una sombra terrible sobre el accionar del Ejército Nacional de Colombia, y parece que siguen estando presentes, como nos lo ha mostrado este año con los diferentes posibles casos de nuevas ejecuciones, con fue el caso del excombatientes Dimar Torres, asesinado el pasado 22 de abril, y como revelaron directrices ambiguas del Ejército Nacional publicadas por el New York Times el pasado 18 de mayo: “Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no “exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando”[20].
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Acto público en la Plaza de las Nieves en Tunja (Boyacá), el viernes 10 de mayo[/caption]
Al final del mes acompañamos a J&P en una visita de una delegación de Amnistía Internacional en el departamento de Putumayo, más particularmente en la Zona de Reserva Campesina “La Perla Amazónica” (ZRCPA). La situación en el Putumayo también es muy compleja, con presencia de diferentes actores armados ilegales de tipo neoparamilitares y disidencias de las FARC. La población campesina e indígena ha sido la principal víctima de su actuar, viviendo en un constante vulnerabilidad por posibles enfrentamientos, ataques y amenazas. Además, la ZRCPA está siendo amenazada por la posible expansión de la concesión petrolera en otras partes del territorio que la comunidad rechaza[21].
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En la visita en los territorios afectados por la empresa petrolera Amerisur, Rodrigo se reunió con habitantes para escuchar sus historias.[/caption]
En el Bajo Atrato, también en mayo, se celebró la segunda edición del Festival de las Memorias, en el Resguardo Ambiental Humanitario So Bia Drua, en Jiguamiandó, entre el Alto Guayabal y Corredocito[22].
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Comunidad Indigena Embera del Resguardo Ambiental Humanitario So Bia Drua, en Jiguamiandó[/caption]
Por la segunda vez en su historia reciente, la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada del Litoral San Juan (Chocó) fue hostigada en medio de combates entre actores armados ilegales, y por lo tanto tuvo que dejar su territorio[23] por su propia seguridad a principio del mes de junio.
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Reunión con la Delegación de la Unión Europea con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P) y dos personas delegadas de la comunidad Wounaan de Pichima Quebrada para socializar sobre el desplazamiento y la situación de inseguridad en sus territorios, así como solicitar respaldo para el retorno.[/caption]
En el Magdalena Medio, acompañamos a la Corporación Regional para los Derechos Humanos (Credhos) en una misión internacional de verificación del estado de contaminación de los ríos y ciénagas de Barrancabermeja. La explotación petrolera ha tenido su impacto en el medioambiente, lo cual es importante monitorear y mitigar[24]. La protección del agua más que una necesidad es un derecho fundamental.
También en junio tuvimos el honor de acompañar a tres consejeros diplomáticos de las embajadas de los Países Bajos, Noruega y Reino Unido, a la embajadora de Irlanda y al embajador de Dinamarca a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó. En el contexto de los hostigamientos y terror que vive las comunidades desde febrero, la comunidad internacional ha mostrado atención[25] y su respaldo hacia la población civil solicitando su protección.
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De izquierda a derecha: Thomas Mortensen (director de Christian Aid), Mogens Pedersen (embajador de Dinamarca), Alison Milton (embajadora de Irlanda), Floris Van Eijk (Consejero político de la embajada de los Países Bajos), Tom Newton (consejero político de la embajada de Gran Bretaña), David Molina (observador de la Misión II de la ONU) y Miguel Piaggio (coordinador de la MAPP-OEA).[/caption]
Sin embargo, al final del mes, nuevamente las amenazas y hostigamientos vinieron en contra de las personas defensoras de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Una de estas ha sido la amenaza directa a su celular[26]que recibió Carlos Fernández, quien acompaña los procesos de la ZRCPA y de la comunidad Nasa en Putumayo.
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Javier (PBI), Jani Silva (ZRCPA), Carlos Fernández (J&P) y Sandra LAgos (ZRCPA)[/caption]
En julio, acompañamos a Nomadesc en Bahía Malaga donde se realizó una sesión de la Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Esta escuela de liderazgo permite a jóvenes de diferentes territorios de Valle del Cauca y Cauca, entre otros, de aprender sobre sus derechos económicos, culturales y ambientales, así como la articulación de procesos sociales, étnicos, campesinos y populares. Las y los participantes vienen de territorios que han estado en el corazón del conflicto armado y se transforman en líderes y lideresas para defender sus comunidades y sus territorios[27].
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Universidad Intercultural de los Pueblos[/caption]
También en este mes, la periodista y defensora de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, en el marco de su proceso en contra de exagentes del DAS, por sus (presuntas) responsabilidades en la tortura psicológica de la cual ha sido víctima sufrió un nuevo golpe en contra de su libertad de expresión: la defensa de Emiro Rojas Granados solicitó revisar el derecho de la periodista de expresarse públicamente, en medios y en sus redes, sobre sus procesos judiciales. La Fiscal aceptó este reclamó y ordenó a Claudia Julieta de no publicar ninguna información respecto a dicho caso, revictimizando a la periodista[28].
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Claudia Julieta Duque[/caption]
El 26 de julio, el Embajador de Francia visitó las oficinas de la FNEB. Yannette Bautista, su presidenta, fue elegida por la Embajada en el marco de la campaña de la Unión Europea “Defendamos la Vida”. Ese mismo día, la sociedad colombiana se movilizó para también defender el derecho a la vida y rechazar los ataques y asesinatos a las personas defensoras y lideresas. Este llamado se extendió a diferentes ciudades en el mundo, mostrando una gran solidaridad con las personas defensoras de derechos humanos en Colombia[29].
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El Embajado Gauthier Mignot y el Consejero político Jean-MArie Druette visitaron la oficina de la FNEB[/caption]
En agosto, acompañamos a Berenice Celeita, de la Asociación Nomadesc, en una gira de incidencia en Bogotá.: La situación de los territorios donde acompañan es muy preocupante y querían llamar la atención sobre la situación de seguridad del Comité del Paro Cívico: ya que ocurrió el atentado en contra de Carlos Tobar, líder del Comité[30], y hostigamientos a Danelly Estupiñan[31]. En muestra de solidaridad, Lars Bredal, jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, viajó a Buenaventura y visitó las comunidades del barrio La Isla de la Paz junto con una delegación de OACNUDH.
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Lars Bredal junto con representantes de OACNUDH y la Defensoría del Pueblo se encuentran con la Comunidad del barrio La Isla de Paz en Buenaventura[/caption]
En la región del Nordeste Antioqueño se celebró la inauguración de la casa de memoria “Braulio Enrique Gracia donde se exponen fotos e historias de las víctimas del conflicto armado que ha atormentado la región.
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Carlos Morales, presidente de Cahucopana, inaugura la Casa de la memoria[/caption]
También acompañamos a la Hermana Maritze en el Parque Monumento de la Memoria para la vigésima peregrinación en memoria de las víctimas de la masacre de Trujillo, así como para rendir un homenaje a las víctimas de las diferentes masacres y violencia socio-política en Colombia.
En respuesta a la situación de violencia en el Bajo Cauca, la Corporación Jurídica y Libertad (CJL) junto con otras organizaciones que pertenecen al Proceso Social de Garantías de Antioquia, realizaron una caravana humanitaria[32] pasando por diferentes municipios de la región con el fin de encontrarse con la población civil, organizar actividades culturales y lúdicas y visibilizar la tragedia que vive estos territorios.
Acompañamos a J&P en una misión de verificación en el territorio de Pichimá Quebrada, Litoral San Juan (Chocó), junto con una delegación de organizaciones y la comunidad Wounaan, con el fin de verificar como se encuentra el territorio, dos meses de haberse desplazado, constatar los daños realizados por el enfrentamientos entre grupos armados ilegales y preparar poco a poco el retorno de la comunidad.
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El Rio San Juan[/caption]
Al final del mes de agosto, acompañamos a la FNEB y a Adriana Quintero en la ciudad de Pasto donde la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para las Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizaron un acto de homenaje a las mujeres buscadoras “Reconocemos su Búsqueda”. Al momento de conmemorar el Día Internacional de las Personas Víctimas de Desapariciones Forzadas, Colombia se enfrenta a su pasado con las más de 80.000 personas reportadas desaparecidas y que tiene que encontrar. En este marco, destacamos la publicación realizada por Erik Arellana Bautista[33] junto con Fidel Mignorance[34], quienes coordinaron un equipo completo para visibilizar la Cartografía de la desaparición forzada en Colombia, que evidencia que de los 1.151 municipios del país, apenas 66 no registran casos de desaparición forzada[35].
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El Comisionado de la Verdad, Alejandro Valencia (hermano de Hernando Valencia) junto con Yanette Bautista y Carlos Beristain[/caption]
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Adriana Quintero (centro) con Nathalie y Sophie (PBI)[/caption]
El mes terminó con la publicación por parte del excomandante de las FARC y exmiembro del equipo negociador de Paz, “Iván Márquez” de la reconfiguración de un nuevo frente disidente de la exguerrilla, dando un nuevo golpe al Acuerdo de Paz[36].
En septiembre celebramos a la comunidad defensora de derechos humanos en Colombia con la ceremonia del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos organizada por Diakonia y la Iglesia Sueca, y en particular el premio ganado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) en la categoría “Experiencia o Proceso Colectivo del Año (Modalidad de ONG)”[37].
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Las persona sy organizaciones ganadoras del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos Diakonia del 2019[/caption]
Los 12 y 13 del este mes, representantes de las Embajadas de Noruega, Canadá, Francia, Suiza y España viajaron a Buenaventura para visitar a las comunidades acompañadas por Nomadesc. Estas visitas son importantes para que la comunidad internacional pueda conocer la situación que se vive en los territorios, así como su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
A finales del mes, se conmemoró el 25 aniversario de PBI en Colombia en la Zona Humanitaria de Camelias, en Curbaradó, donde las personas acompañadas y de las diferentes comunidades se reunieron para compartir saberes, memorias y actividades artísticas, como la creación de esta canción: Cantar Resistencia.
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Conmemoración de los 25 años de PBI Colombia en la región de Urabá.[/caption]
También en septiembre al abogado defensor de derechos humanos, Germán Romero, de la organización de DH Colombia, le fue hurtado su computador, que contenía informaciones sensibles de los casos que lleva[38]. A lo largo de los últimos meses, el abogado había sido víctima de varias amenazas y hostigamientos, hasta la madrugada del 3 de octubre cuando recibió una amenaza directa a través de una llamada al teléfono de su hogar donde una persona desconocida dijo “No te voy a dejar vivo toda la vida, ¿oyó?”[39]. Por lo tanto, realizamos varias reuniones con embajadas e instituciones del Estado para transmitir nuestras preocupaciones frente a la situación de German Romero, y con el fin de solicitar las garantías para la labor de la defensa de los derechos humanos y particularmente para los abogados representantes de víctimas de crímenes de Estado. En efecto, esta labor aún carece de las garantías necesarias, como también lo demuestra el caso del abogado Daniel Prado, representantes de víctimas del grupo paramilitar los “12 Apóstoles” y por lo cual está de momento en juicio Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente. A lo largo del proceso judicial, la J&P ha denunciado en varias ocasiones los ataques y amenazas hacía el abogado defensor de derechos humanos[40].
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Marcel LeBleu, embajador de Canadá en Colombia visitó la oficina de DH Colombia el 2 de diciembre 2019, conoció el trabajo de la organización defensora de derechos humanos y las amenazas que han recibido en los últimos meses. Foto: Giulia (PBI), Marcel Lebleu (Embajador Canadá), Alejandra Garzón, German Romero y Martha Castillo (DH Colombia)[/caption]
En octubre, acompañamos también a Olga Araújo de la Asociación Nomadesc en una gira en Europa donde pudo participar en diferentes eventos que tenían como objetivo visibilizar la situación de las personas defensoras en América Latina y en particular las defensoras de la tierra y el territorio.
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Antes de su viaje a Europa, Adrián y Evelina (PBI) entrevistaron a Olga (Nomadesc) para conocer sus expectativas para esta gira en Europa.[/caption]
El 8 de octubre, luego de la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez frente a una presunta manipulación y soborno de testigos frente a algunas denuncias de sus nexos con grupos paramilitares, a Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en el marco de este proceso, fue objeto de señalamientos por parte del Senador Uribe y otros miembros del Centro Democrático, por unos hechos que ya habían sido abordados en el proceso previamente y en los que la Corte Suprema no habría encontrado irregularidad alguna. El FCSPP es una de las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos del país que también representa a víctimas de crímenes de Estado. Frente a estos señalamientos, hubo una ola de respaldo al CSPP, al nivel nacional e internacional, siempre solicitando el respeto del debido proceso.
En noviembre, Julia Figueroa y Andrea Nocove de la Corporación de Abogadas Luis Carlos Pérez (CCALCP) e Iván Madero, presidente de CREDHOS, realizaron una gira en Canadá, acompañados por Javier Gárate, representante del proyecto de PBI Colombia para Norteamérica. En esta gira, las organizaciones pudieron visibilizar su trabajo en cuanto a la protección del medioambiente y solicitar respaldo de organizaciones canadienses en esta lucha. La defensa de la tierra y el medioambiente es una lucha mundial.
Luego, el 20 de noviembre, se realizó el evento de conmemoración de los 25 años de PBI en Colombia en el Museo Nacional de Bogotá, donde se realizó un conversatorio con expertas internacionales y un acto de reconocimiento a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que hemos acompañado a lo largo de los 25 años. Un momento importante para recordar el camino compartido y las luchas de esas personas valientes e incansables.
El día siguiente, todo Colombia se movilizó en el Paro Nacional: después de meses de frustraciones frente a políticas económicas que no convencían a una parte de la población, así como las frustraciones por el incumplimiento del Acuerdo de Paz, ataques a personas lideresas, y el bombardeo en el Caquetá, donde fallecieron al menos ocho menores de edad, el pueblo colombiano salió en las calles a solicitar la implementación del Acuerdo de Paz y el respeto de sus derechos. Esta marcha terminó con un “cacelorazo” y será recordada por lo que implicó y duró en las semanas que siguieron[41], y también por las represiones de la policía nacional, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[42] y el asesinato del joven Dilan Cruz[43], un manifestante que recibió un proyectil en la cabeza, elevando a 34 el número de personas víctimas de la violencia del ESMAD[44].
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Marcha del Paro Nacional, 4 de diciembre 2019[/caption]
El primer día del mes de diciembre se realizó el retorno de la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada a su territorio. Vivía desplazada desde junio del mismo año, y a pesar de las múltiples reuniones y solicitudes a las instituciones del Estado, finalmente organizó su retorno sin las garantías gubernamentales y sin el acompañamiento institucional. Sin embargo, ha sido un gran momento de alegrías para la comunidad[45].
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El retorno de la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada (Litoral San Juan) a su territorio[/caption]
En diciembre también se descubrió la primera fosa común de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos en Dabeiba: en procesos de audiencias de militares y exmilitares en la JEP ayudó a la ubicación del sitio y a establecer pedazos de lo que ocurrió en esta región del Norte de Antioquia[46]. La esperanza del pueblo colombiano y ante todo, de las víctimas y familiares de víctimas de conocer la verdad sobre los hechos victimizantes que han sufrido, sobre las razones, los responsables y donde están las personas que nunca regresaron a sus hogares se mantiene. Es un derecho que les pertenece. Por lo tanto, este encuentro ha sido un paso en este camino esperanzador, que seguirá siendo la priorización del trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos: luchar contra la impunidad, conocer y difundir la verdad para construir un nuevo país donde estos hechos no se repitan, construir una sociedad más justa y donde se respete el medioambiente y el derecho a la tierra de las personas y las comunidades.
El año terminó con una nueva ola de violencia: nueve personas fueron asesinadas entre el 19 y 26 de diciembre[47], elevando el número de personas defensoras y lideresas asesinadas a 250[48]. Más allá de los debates sobre los números y quién es una persona defensora o no, o si son ataques sistemáticos, lo que está perdiendo Colombia es irremplazable. Afortunadamente continúa una generación de personas jóvenes, talentosas, y lideresas que se dedican a construir una sociedad más justa y en paz, que creen en otra manera de resolver los conflictos, que defienden el medioambiente, las comunidades ancestrales y étnicas, los tesoros naturales y culturales de un país que tiene una riqueza en biodiversidad incomparable. Las esperanzas que brindó el Acuerdo de Paz del 2016 han recibidos varios golpes, pero se mantienen. Las garantías para poder ejercer esa labor, como también la participación política desde perspectivas distintas a las establecidas sigue siendo una labor de alto riesgo, como también lo ha demostrado la violenta campaña de elecciones regionales este año.
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Marcha por la Vida, 26 de julio 2019[/caption]
A los 25 años de presencia de PBI en Colombia, también mantenemos la esperanza de que se logrará la paz y se logrará una sociedad donde los conflictos se resolverán de manera pacífica, a través de la escucha activa y del diálogo, entre otros. Mientras tanto, seguiremos acompañando a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos amenazadas por esa labor.
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Conmemoración 25 años de PBI Colombia[/caption]
Ataques a las oficinas de la FNEB. Foto: cortesía de la FNEB.[/caption]
En febrero, se conoció de un plan de atentado en contra de miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P)[6], organización reconocida por su labor de acompañamiento a comunidades víctimas del conflicto armado y reclamantes de tierra en el Bajo Atrato, y muchas otras zonas del país. El 16 de febrero hombres armados y vestidos de camuflados del grupo neoparamilitar autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) incursionaron en el caserío el Tesoro, en la cuenca de Curbaradó[7] empezando una estrategia de amenazas y hostigamientos para expandir su control territorial entre la cuenca de Curbaradó y Jiguamiandó, y todo el Bajo Atrato. Esta situación puso en peligro a la población afrodescendientes e indígena del Resguardo Emberá Uradá Jiguamiandó. Muchas comunidades se encontraron en situación de confinamiento, amenazadas y sin garantías para poder salir a cultivar sus tierras, y sin acceso a la salud, lo cual causó el fallecimiento de menores de edad debido a enfermedades como la malaria.
[caption id="attachment_11702" align="alignnone" width="960"] Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Jiguamniandó, en medio de las confrontaciones armadas.[/caption]
Esa terrible situación fue acompañada permanente por J&P, quienes denunciaron en numerosas ocasiones el control de las AGC y la presencia del ELN vulnerando los derechos de los y las pobladores, problemática que se extendió hasta finales de marzo, mientras que la situación de control territorial y social se mantiene hasta el día de hoy.
El 2 y 3 de marzo se celebró el primer Festival de las Memorias del Bajo Atrato en la cuenca de Cacarica, donde se inauguró la sede “Marino López” de la Universidad de Paz: un edificio construido totalmente con materiales reciclados y donde se darán ciclos de formación sobre temas ambientales, agriculturas, reconciliación y construcción de paz[8]. Luego, el 4 de marzo quedará marcado como un día histórico, en el que magistradas de la JEP, Comisionadas de la Verdad, visitaron la zona Humanitaria Nueva Esperanza y realizaron la primera audiencia territorial[9]. Las comunidades del Bajo Atrato, pero también de diferentes territorios de Colombia, que han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidios y hostigamientos por partes de los diferentes actores armados (legales e ilegales) tienen muchas esperanzas en el Sistema Integral de Justicia Verdad Reparación y No Repetición para que se pueda conocer la verdad detrás de los hechos victimizantes. También, a través de la propuesta de la Universidad de Paz, han hecho propuestas de sanciones restaurativas[10] para avanzar en la reconciliación.
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Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, destacando su papel clave en la construcción de paz y evidenciado cada vez más los altos riesgos que enfrentan las mujeres y las mujeres defensoras de derechos humanos: “En Colombia, Guatemala, México, Honduras y Nepal, las defensoras mujeres sufren de una presión y discriminación adicional por su género y porque le hacen frente a una discriminación y normas de comportamiento recalcitrantes”[11]. En PBI valoramos y respaldamos el trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos y sus necesidades específicas de atención y protección. Por lo tanto en este mes de marzo, desde PBI International, difundimos una campaña donde mujeres defensoras de derechos humanos de América Latina comparten experiencias y recomendaciones sobre el autocuidado: Ser Mujer Defensora.
[caption id="attachment_10848" align="alignnone" width="1200"] Doña Brigida (Comunidad de Paz) y Manon (PBI)[/caption]
En abril, el exfiscal William Pacheco, quien fue responsable de la detención del defensor de derechos humanos David Ravelo, fue detenido por su presunta participación en la desaparición forzada de un joven en 1991[12]. David Ravelo ha sido judicializado en 2010 bajo el testimonio de dos paramilitares encarcelados por su presunta vinculación en un asesinato en Barrancabermeja. Su proceso ha sido denunciado por las numerosas irregularidades y a pesar de que ahora está en libertad, sigue esperando la revisión de su caso[13].
[caption id="attachment_10933" align="alignnone" width="1200"] David Ravelo Crespo[/caption]
Al final del mes se organizó en Bogotá un refugio humanitario donde miles de lideresas y líderes sociales del país se unieron para solicitar garantías de seguridad al Estado colombiano frente a los numerosos ataques que han sufrido y siguen sufriendo[14].
También en abril, hubo un gran paso hacia la justicia en el caso de las desapariciones forzadas de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, miembros de ASFADDES desaparecidos el 6 de octubre 2000 en Medellín, con la vuelta a Colombia y llamada a indagatoria del General Santoyo[15]. Este ex jefe de seguridad del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, era en ese momento el director del Gaula en Medellín, y según la Fiscalía General de la Nación “un fiscal de la dirección especializada contra las violaciones de derechos humanos encontró indicios que vincularían al General Santoyo con las desapariciones de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero”[16].
[caption id="attachment_11212" align="alignnone" width="1078"] Adriana Quintero, junto con Fidel y Carlos quienes integraban el equipo de Medellín de PBI Colombia en el momento de la desaparición forzada de su padre, el 6 de octubre 2000[/caption]
El mes de mayo también generó esperanzas hacia la verdad y la justicia con el anuncio de la condena de seis militares por su participación en la masacre de Mulatos y la Resbalosa (San José de Apartadó) del 21 de febrero de 2005. Esta sentencia reconoce las alianzas entre miembros del Ejército Nacional adscrito a la Brigada XVII y paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las AUC[17], y los condena a 34 años de prisión. “El fallo prueba el actuar premeditado, permanente y coordinado de militares y ‘paras’ contra la Comunidad de Paz y el exterminio al que la Brigada XVII ha intentado someterla”, comentó el abogado German Romero[18].
[caption id="attachment_11616" align="alignnone" width="1200"] Aníbal, campesino de la Comunidad quien falleció en 2019[/caption]
El 10 de mayo, acompañamos al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) en una ceremonia donde miembros de la Brigada 1 del Ejército Nacional pidieron disculpas por su responsabilidad en la ejecución de un civil, Jorge Enrique Hernández[19]. La búsqueda de justicia y verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos” sigue siendo un reclamo importante de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil colombianas. Estas ejecuciones son una sombra terrible sobre el accionar del Ejército Nacional de Colombia, y parece que siguen estando presentes, como nos lo ha mostrado este año con los diferentes posibles casos de nuevas ejecuciones, con fue el caso del excombatientes Dimar Torres, asesinado el pasado 22 de abril, y como revelaron directrices ambiguas del Ejército Nacional publicadas por el New York Times el pasado 18 de mayo: “Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no “exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando”[20].
[caption id="attachment_10960" align="alignnone" width="1200"] Acto público en la Plaza de las Nieves en Tunja (Boyacá), el viernes 10 de mayo[/caption]
Al final del mes acompañamos a J&P en una visita de una delegación de Amnistía Internacional en el departamento de Putumayo, más particularmente en la Zona de Reserva Campesina “La Perla Amazónica” (ZRCPA). La situación en el Putumayo también es muy compleja, con presencia de diferentes actores armados ilegales de tipo neoparamilitares y disidencias de las FARC. La población campesina e indígena ha sido la principal víctima de su actuar, viviendo en un constante vulnerabilidad por posibles enfrentamientos, ataques y amenazas. Además, la ZRCPA está siendo amenazada por la posible expansión de la concesión petrolera en otras partes del territorio que la comunidad rechaza[21].
[caption id="attachment_11014" align="alignnone" width="1200"] En la visita en los territorios afectados por la empresa petrolera Amerisur, Rodrigo se reunió con habitantes para escuchar sus historias.[/caption]
En el Bajo Atrato, también en mayo, se celebró la segunda edición del Festival de las Memorias, en el Resguardo Ambiental Humanitario So Bia Drua, en Jiguamiandó, entre el Alto Guayabal y Corredocito[22].
[caption id="attachment_11259" align="alignnone" width="4240"] Comunidad Indigena Embera del Resguardo Ambiental Humanitario So Bia Drua, en Jiguamiandó[/caption]
Por la segunda vez en su historia reciente, la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada del Litoral San Juan (Chocó) fue hostigada en medio de combates entre actores armados ilegales, y por lo tanto tuvo que dejar su territorio[23] por su propia seguridad a principio del mes de junio.
[caption id="attachment_11729" align="alignnone" width="1200"] Reunión con la Delegación de la Unión Europea con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P) y dos personas delegadas de la comunidad Wounaan de Pichima Quebrada para socializar sobre el desplazamiento y la situación de inseguridad en sus territorios, así como solicitar respaldo para el retorno.[/caption]
En el Magdalena Medio, acompañamos a la Corporación Regional para los Derechos Humanos (Credhos) en una misión internacional de verificación del estado de contaminación de los ríos y ciénagas de Barrancabermeja. La explotación petrolera ha tenido su impacto en el medioambiente, lo cual es importante monitorear y mitigar[24]. La protección del agua más que una necesidad es un derecho fundamental.
También en junio tuvimos el honor de acompañar a tres consejeros diplomáticos de las embajadas de los Países Bajos, Noruega y Reino Unido, a la embajadora de Irlanda y al embajador de Dinamarca a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó. En el contexto de los hostigamientos y terror que vive las comunidades desde febrero, la comunidad internacional ha mostrado atención[25] y su respaldo hacia la población civil solicitando su protección.
[caption id="attachment_11090" align="alignnone" width="1200"] De izquierda a derecha: Thomas Mortensen (director de Christian Aid), Mogens Pedersen (embajador de Dinamarca), Alison Milton (embajadora de Irlanda), Floris Van Eijk (Consejero político de la embajada de los Países Bajos), Tom Newton (consejero político de la embajada de Gran Bretaña), David Molina (observador de la Misión II de la ONU) y Miguel Piaggio (coordinador de la MAPP-OEA).[/caption]
Sin embargo, al final del mes, nuevamente las amenazas y hostigamientos vinieron en contra de las personas defensoras de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Una de estas ha sido la amenaza directa a su celular[26]que recibió Carlos Fernández, quien acompaña los procesos de la ZRCPA y de la comunidad Nasa en Putumayo.
[caption id="attachment_11008" align="alignnone" width="1200"] Javier (PBI), Jani Silva (ZRCPA), Carlos Fernández (J&P) y Sandra LAgos (ZRCPA)[/caption]
En julio, acompañamos a Nomadesc en Bahía Malaga donde se realizó una sesión de la Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Esta escuela de liderazgo permite a jóvenes de diferentes territorios de Valle del Cauca y Cauca, entre otros, de aprender sobre sus derechos económicos, culturales y ambientales, así como la articulación de procesos sociales, étnicos, campesinos y populares. Las y los participantes vienen de territorios que han estado en el corazón del conflicto armado y se transforman en líderes y lideresas para defender sus comunidades y sus territorios[27].
[caption id="attachment_11125" align="alignnone" width="3832"] Universidad Intercultural de los Pueblos[/caption]
También en este mes, la periodista y defensora de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, en el marco de su proceso en contra de exagentes del DAS, por sus (presuntas) responsabilidades en la tortura psicológica de la cual ha sido víctima sufrió un nuevo golpe en contra de su libertad de expresión: la defensa de Emiro Rojas Granados solicitó revisar el derecho de la periodista de expresarse públicamente, en medios y en sus redes, sobre sus procesos judiciales. La Fiscal aceptó este reclamó y ordenó a Claudia Julieta de no publicar ninguna información respecto a dicho caso, revictimizando a la periodista[28].
[caption id="attachment_11150" align="alignnone" width="1200"] Claudia Julieta Duque[/caption]
El 26 de julio, el Embajador de Francia visitó las oficinas de la FNEB. Yannette Bautista, su presidenta, fue elegida por la Embajada en el marco de la campaña de la Unión Europea “Defendamos la Vida”. Ese mismo día, la sociedad colombiana se movilizó para también defender el derecho a la vida y rechazar los ataques y asesinatos a las personas defensoras y lideresas. Este llamado se extendió a diferentes ciudades en el mundo, mostrando una gran solidaridad con las personas defensoras de derechos humanos en Colombia[29].
[caption id="attachment_11707" align="alignnone" width="1200"] El Embajado Gauthier Mignot y el Consejero político Jean-MArie Druette visitaron la oficina de la FNEB[/caption]
En agosto, acompañamos a Berenice Celeita, de la Asociación Nomadesc, en una gira de incidencia en Bogotá.: La situación de los territorios donde acompañan es muy preocupante y querían llamar la atención sobre la situación de seguridad del Comité del Paro Cívico: ya que ocurrió el atentado en contra de Carlos Tobar, líder del Comité[30], y hostigamientos a Danelly Estupiñan[31]. En muestra de solidaridad, Lars Bredal, jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, viajó a Buenaventura y visitó las comunidades del barrio La Isla de la Paz junto con una delegación de OACNUDH.
[caption id="attachment_11708" align="alignnone" width="1024"] Lars Bredal junto con representantes de OACNUDH y la Defensoría del Pueblo se encuentran con la Comunidad del barrio La Isla de Paz en Buenaventura[/caption]
En la región del Nordeste Antioqueño se celebró la inauguración de la casa de memoria “Braulio Enrique Gracia donde se exponen fotos e historias de las víctimas del conflicto armado que ha atormentado la región.
[caption id="attachment_11160" align="alignnone" width="1200"] Carlos Morales, presidente de Cahucopana, inaugura la Casa de la memoria[/caption]
También acompañamos a la Hermana Maritze en el Parque Monumento de la Memoria para la vigésima peregrinación en memoria de las víctimas de la masacre de Trujillo, así como para rendir un homenaje a las víctimas de las diferentes masacres y violencia socio-política en Colombia.
En respuesta a la situación de violencia en el Bajo Cauca, la Corporación Jurídica y Libertad (CJL) junto con otras organizaciones que pertenecen al Proceso Social de Garantías de Antioquia, realizaron una caravana humanitaria[32] pasando por diferentes municipios de la región con el fin de encontrarse con la población civil, organizar actividades culturales y lúdicas y visibilizar la tragedia que vive estos territorios.
Acompañamos a J&P en una misión de verificación en el territorio de Pichimá Quebrada, Litoral San Juan (Chocó), junto con una delegación de organizaciones y la comunidad Wounaan, con el fin de verificar como se encuentra el territorio, dos meses de haberse desplazado, constatar los daños realizados por el enfrentamientos entre grupos armados ilegales y preparar poco a poco el retorno de la comunidad.
[caption id="attachment_11198" align="alignnone" width="1265"] El Rio San Juan[/caption]
Al final del mes de agosto, acompañamos a la FNEB y a Adriana Quintero en la ciudad de Pasto donde la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para las Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizaron un acto de homenaje a las mujeres buscadoras “Reconocemos su Búsqueda”. Al momento de conmemorar el Día Internacional de las Personas Víctimas de Desapariciones Forzadas, Colombia se enfrenta a su pasado con las más de 80.000 personas reportadas desaparecidas y que tiene que encontrar. En este marco, destacamos la publicación realizada por Erik Arellana Bautista[33] junto con Fidel Mignorance[34], quienes coordinaron un equipo completo para visibilizar la Cartografía de la desaparición forzada en Colombia, que evidencia que de los 1.151 municipios del país, apenas 66 no registran casos de desaparición forzada[35].
[caption id="attachment_11210" align="alignnone" width="1200"] El Comisionado de la Verdad, Alejandro Valencia (hermano de Hernando Valencia) junto con Yanette Bautista y Carlos Beristain[/caption]
[caption id="attachment_11709" align="alignnone" width="1200"] Adriana Quintero (centro) con Nathalie y Sophie (PBI)[/caption]
El mes terminó con la publicación por parte del excomandante de las FARC y exmiembro del equipo negociador de Paz, “Iván Márquez” de la reconfiguración de un nuevo frente disidente de la exguerrilla, dando un nuevo golpe al Acuerdo de Paz[36].
En septiembre celebramos a la comunidad defensora de derechos humanos en Colombia con la ceremonia del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos organizada por Diakonia y la Iglesia Sueca, y en particular el premio ganado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) en la categoría “Experiencia o Proceso Colectivo del Año (Modalidad de ONG)”[37].
[caption id="attachment_11711" align="alignnone" width="1175"] Las persona sy organizaciones ganadoras del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos Diakonia del 2019[/caption]
Los 12 y 13 del este mes, representantes de las Embajadas de Noruega, Canadá, Francia, Suiza y España viajaron a Buenaventura para visitar a las comunidades acompañadas por Nomadesc. Estas visitas son importantes para que la comunidad internacional pueda conocer la situación que se vive en los territorios, así como su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
A finales del mes, se conmemoró el 25 aniversario de PBI en Colombia en la Zona Humanitaria de Camelias, en Curbaradó, donde las personas acompañadas y de las diferentes comunidades se reunieron para compartir saberes, memorias y actividades artísticas, como la creación de esta canción: Cantar Resistencia.
[caption id="attachment_11556" align="alignnone" width="1200"] Conmemoración de los 25 años de PBI Colombia en la región de Urabá.[/caption]
También en septiembre al abogado defensor de derechos humanos, Germán Romero, de la organización de DH Colombia, le fue hurtado su computador, que contenía informaciones sensibles de los casos que lleva[38]. A lo largo de los últimos meses, el abogado había sido víctima de varias amenazas y hostigamientos, hasta la madrugada del 3 de octubre cuando recibió una amenaza directa a través de una llamada al teléfono de su hogar donde una persona desconocida dijo “No te voy a dejar vivo toda la vida, ¿oyó?”[39]. Por lo tanto, realizamos varias reuniones con embajadas e instituciones del Estado para transmitir nuestras preocupaciones frente a la situación de German Romero, y con el fin de solicitar las garantías para la labor de la defensa de los derechos humanos y particularmente para los abogados representantes de víctimas de crímenes de Estado. En efecto, esta labor aún carece de las garantías necesarias, como también lo demuestra el caso del abogado Daniel Prado, representantes de víctimas del grupo paramilitar los “12 Apóstoles” y por lo cual está de momento en juicio Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente. A lo largo del proceso judicial, la J&P ha denunciado en varias ocasiones los ataques y amenazas hacía el abogado defensor de derechos humanos[40].
[caption id="attachment_11712" align="alignnone" width="1200"] Marcel LeBleu, embajador de Canadá en Colombia visitó la oficina de DH Colombia el 2 de diciembre 2019, conoció el trabajo de la organización defensora de derechos humanos y las amenazas que han recibido en los últimos meses. Foto: Giulia (PBI), Marcel Lebleu (Embajador Canadá), Alejandra Garzón, German Romero y Martha Castillo (DH Colombia)[/caption]
En octubre, acompañamos también a Olga Araújo de la Asociación Nomadesc en una gira en Europa donde pudo participar en diferentes eventos que tenían como objetivo visibilizar la situación de las personas defensoras en América Latina y en particular las defensoras de la tierra y el territorio.
[caption id="attachment_11405" align="alignnone" width="1236"] Antes de su viaje a Europa, Adrián y Evelina (PBI) entrevistaron a Olga (Nomadesc) para conocer sus expectativas para esta gira en Europa.[/caption]
El 8 de octubre, luego de la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez frente a una presunta manipulación y soborno de testigos frente a algunas denuncias de sus nexos con grupos paramilitares, a Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en el marco de este proceso, fue objeto de señalamientos por parte del Senador Uribe y otros miembros del Centro Democrático, por unos hechos que ya habían sido abordados en el proceso previamente y en los que la Corte Suprema no habría encontrado irregularidad alguna. El FCSPP es una de las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos del país que también representa a víctimas de crímenes de Estado. Frente a estos señalamientos, hubo una ola de respaldo al CSPP, al nivel nacional e internacional, siempre solicitando el respeto del debido proceso.
Ver la Entrevista de Franklin Castañeda: “Necesitamos garantía para nuestra vida y para realizar nuestra labor”: Franklin Castañeda
En noviembre, Julia Figueroa y Andrea Nocove de la Corporación de Abogadas Luis Carlos Pérez (CCALCP) e Iván Madero, presidente de CREDHOS, realizaron una gira en Canadá, acompañados por Javier Gárate, representante del proyecto de PBI Colombia para Norteamérica. En esta gira, las organizaciones pudieron visibilizar su trabajo en cuanto a la protección del medioambiente y solicitar respaldo de organizaciones canadienses en esta lucha. La defensa de la tierra y el medioambiente es una lucha mundial.
Luego, el 20 de noviembre, se realizó el evento de conmemoración de los 25 años de PBI en Colombia en el Museo Nacional de Bogotá, donde se realizó un conversatorio con expertas internacionales y un acto de reconocimiento a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que hemos acompañado a lo largo de los 25 años. Un momento importante para recordar el camino compartido y las luchas de esas personas valientes e incansables.
El día siguiente, todo Colombia se movilizó en el Paro Nacional: después de meses de frustraciones frente a políticas económicas que no convencían a una parte de la población, así como las frustraciones por el incumplimiento del Acuerdo de Paz, ataques a personas lideresas, y el bombardeo en el Caquetá, donde fallecieron al menos ocho menores de edad, el pueblo colombiano salió en las calles a solicitar la implementación del Acuerdo de Paz y el respeto de sus derechos. Esta marcha terminó con un “cacelorazo” y será recordada por lo que implicó y duró en las semanas que siguieron[41], y también por las represiones de la policía nacional, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[42] y el asesinato del joven Dilan Cruz[43], un manifestante que recibió un proyectil en la cabeza, elevando a 34 el número de personas víctimas de la violencia del ESMAD[44].
[caption id="attachment_11714" align="alignnone" width="1200"] Marcha del Paro Nacional, 4 de diciembre 2019[/caption]
El primer día del mes de diciembre se realizó el retorno de la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada a su territorio. Vivía desplazada desde junio del mismo año, y a pesar de las múltiples reuniones y solicitudes a las instituciones del Estado, finalmente organizó su retorno sin las garantías gubernamentales y sin el acompañamiento institucional. Sin embargo, ha sido un gran momento de alegrías para la comunidad[45].
[caption id="attachment_11716" align="alignnone" width="1200"] El retorno de la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada (Litoral San Juan) a su territorio[/caption]
En diciembre también se descubrió la primera fosa común de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos en Dabeiba: en procesos de audiencias de militares y exmilitares en la JEP ayudó a la ubicación del sitio y a establecer pedazos de lo que ocurrió en esta región del Norte de Antioquia[46]. La esperanza del pueblo colombiano y ante todo, de las víctimas y familiares de víctimas de conocer la verdad sobre los hechos victimizantes que han sufrido, sobre las razones, los responsables y donde están las personas que nunca regresaron a sus hogares se mantiene. Es un derecho que les pertenece. Por lo tanto, este encuentro ha sido un paso en este camino esperanzador, que seguirá siendo la priorización del trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos: luchar contra la impunidad, conocer y difundir la verdad para construir un nuevo país donde estos hechos no se repitan, construir una sociedad más justa y donde se respete el medioambiente y el derecho a la tierra de las personas y las comunidades.
El año terminó con una nueva ola de violencia: nueve personas fueron asesinadas entre el 19 y 26 de diciembre[47], elevando el número de personas defensoras y lideresas asesinadas a 250[48]. Más allá de los debates sobre los números y quién es una persona defensora o no, o si son ataques sistemáticos, lo que está perdiendo Colombia es irremplazable. Afortunadamente continúa una generación de personas jóvenes, talentosas, y lideresas que se dedican a construir una sociedad más justa y en paz, que creen en otra manera de resolver los conflictos, que defienden el medioambiente, las comunidades ancestrales y étnicas, los tesoros naturales y culturales de un país que tiene una riqueza en biodiversidad incomparable. Las esperanzas que brindó el Acuerdo de Paz del 2016 han recibidos varios golpes, pero se mantienen. Las garantías para poder ejercer esa labor, como también la participación política desde perspectivas distintas a las establecidas sigue siendo una labor de alto riesgo, como también lo ha demostrado la violenta campaña de elecciones regionales este año.
[caption id="attachment_11177" align="alignnone" width="1200"] Marcha por la Vida, 26 de julio 2019[/caption]
A los 25 años de presencia de PBI en Colombia, también mantenemos la esperanza de que se logrará la paz y se logrará una sociedad donde los conflictos se resolverán de manera pacífica, a través de la escucha activa y del diálogo, entre otros. Mientras tanto, seguiremos acompañando a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos amenazadas por esa labor.
[caption id="attachment_11697" align="alignnone" width="1256"] Conmemoración 25 años de PBI Colombia[/caption]
PBI Colombia** Foto de portada, cortesía de Gabriel Galindo, fotógrafo y periodista para Contagio Radio