Le preguntamos a Fabián Laverde, de Cos-pacc (Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria), sobre el acuerdo de cese bilateral del fuego y cómo cree que va a cambiar la situación en Colombia; sobre las expectativas y esperanzas que tiene, una vez se firme la paz con las Farc; y, qué riesgos existen para las regiones.

PBI: ¿Cómo cree que el acuerdo de paz va a hacer que cambie Colombia?

Fabián Laverde: Después de más de medio siglo de conflicto, nos parece muy bien que las dos partes, por fin, se hayan decidido por la paz. Sin embargo, no creemos que se trate de una paz que represente a todos. El Estado cuenta con alrededor de medio millón de efectivos; los guerrilleros de las Farc son cerca de 8.000. Esto quiere decir que ni en un mínimo porcentaje son representativos de la población colombiana. En línea teórica validamos esta dinámica que pueda ayudar a terminar la guerra, pero no está representando al movimiento social. Si se habla con un ciudadano afrodescendiente, un indígena o un campesino, se siente esta inconformidad, porqué son los que más han sido afectados por el conflicto desde la dinámica de sus territorios. Es un acuerdo entre las Farc y el gobierno colombiano, sin  representatividad de las víctimas, la mayoría pertenecientes a la sociedad civil.  Es la hora de terminar con el conflicto armado, pero sus causas desafortunadamente todavía no han desaparecido. Esto implica la implementación real de políticas sociales, en especial para las poblaciones vulnerables.

PBI: ¿Qué expectativas y esperanzas tiene una vez se firme la paz con las Farc?

FL: La principal expectativa es que después de la firma de este proceso, se pueda dar paso a otros diálogos que busquen la salida negociada al conflicto con otras guerrillas que aún hacen presencia en el territorio nacional.  Al mismo tiempo, consideramos que este proceso pueda servir como ejemplo para que no se cometan los mismos errores, sobretodo en un puntos tan delicados como el de la justicia y de las víctimas de crímenes de Estado. Ahora, es tarea de la sociedad civil decidir sobre la validación de los acuerdos. Así que confiamos en que en un futuro haya una participación directa del movimiento social, y que no se desautoricen las perspectivas que surgen de la base. El reto para próximos diálogos con otras insurgencias es el reconocimiento del movimiento social y nuestra participación; quienes hemos venido construyendo, desde nuestros territorios y desde la diversidad, lo que significa la paz. Debería de pensarse una tercera mesa que sea representativa de las comunidades, junto a sus organizaciones sociales, donde las decisiones no sean impuestas ni por el gobierno, ni por la guerrilla.

PBI: ¿Qué riesgos habrá para las regiones una vez que se firme la paz?

FL: Hay la posibilidad de que surjan muchos contrastes, sobre todo en las regiones donde la presencia de las guerrillas ha sido histórica, como el Caquetá, Cauca, San José del Guaviare, el Catatumbo, Urabá. Una vez que se acabe la desmovilización es probable que la guerra no termine por el riesgo del vacío que va a dejar la guerrilla y eso hará que se instalen nuevos grupos armados  muy parecidos a los grupos paramilitares. Además, los que más se beneficiarían del proceso de paz, serían los protagonistas del modelo económico, quienes han estado comprometidos en la implementación de la guerra sucia contra las comunidades y el movimiento social para sacar adelante sus proyectos. Sin un adecuado desarrollo de políticas sociales para la población, existe el temor de que ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado en brindar garantías integrales a los desmovilizados, éstos podrían desistir, teniendo en cuenta los antecedentes en otros procesos de desmovilización. En ese sentido, vemos muy bien el hecho de que se esté trabajando en el tema de las garantías, pero al mismo tiempo hay que considerar los grandes intereses económicos y la riqueza de los recursos colombianos. Las comunidades de regiones donde la presencia de las insurgencias ha impedido la implementación de megaproyectos podrían verse afectadas por la disputa del control territorial y la explotación de los recursos naturales.