En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo sin precedentes, dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno de testigos. PBI habló con Reynaldo Villalba del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo sobre los antecedentes del proceso, las presiones y amenazas a la Corte, la propuesta del uribismo de unificar las cortes en Colombia y sobre los demás casos abiertos contra el expresidente Uribe.
Foto: Flavia Carpio -Unsplash[/caption]
En relación a este proceso, el senador Uribe ha atacado permanentemente a los magistrados que le investigan, ataques y desprestigio que ha mantenido durante el tiempo que ha pasado privado de libertad en su finca Ubérrimo. Según el análisis del abogado, “provocar el descrédito y desprestigio de la Corte Suprema de Justicia es una manera de crear un concepto negativo por parte de la sociedad hacia la administración de justicia que constituye una obstaculización a la misma”. Sostiene que lo que está pasando hoy día no es novedoso; “sigue siendo la aplicación de esa práctica, desacreditar y valerse de infamias para atacar a la administración de justicia a través de campañas difamatorias, de calumnias y de mentiras.” [caption id="attachment_8136" align="alignnone" width="1200"]
Reynaldo Villalba[/caption]
Más allá de la libertad del expresidente, la decisión puede tener profundas y nefastas consecuencias en el sistema penal y en la seguridad jurídica.[/caption]
Además del cambio de ente investigador, se ha producido un cambio del sistema procesal a aplicar: ya no será el procedimiento que venia aplicando la Corte Suprema, la ley 600 de 2000, sino la ley 906 de 2004. Este cambio se traduce en una grave afectación al derecho de las víctimas pues se limita aún más su participación procesal. Además, las pruebas que recaudadas por la Corte Suprema pierden su calidad de prueba, y serán complemente desconocidas por parte de la Fiscalía.
Lo más grave es que la jueza de garantías acogió la petición de la defensa de revocar el arresto domiciliario del expresidente. El argumento de la defensa fue la pérdida de vigencia de la detención ya que, de acuerdo a la nueva ley que rige el proceso, para dictar una medida de este tipo, tiene que haber una previa formulación de imputación.
Según Villalba, “como víctimas consideramos que esta decisión invalidó la validez de la indagatoria y de la medida privativa de la libertad del expresidente dictada por la Corte. Como víctimas sostuvimos ante la jueza de garantías que lo procedente era adecuar los sistemas procesales, de modo que se mantuviera la validez y la vigencia de las decisiones de la Corte Suprema, conforme a lo que viene sosteniendo la misma desde hace más de 12 años”.
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Para Villalba, las víctimas tienen que afrontar el proceso en este escenario en el que las limitaciones de participación son mayores que en el sistema procesal anterior, y en el que suele ocurrir que las víctimas no son escuchadas por el fiscal que investiga. Foto: Bianca Bauer[/caption]
Más allá de la libertad del expresidente, la decisión puede tener profundas y nefastas consecuencias en el sistema penal y en la seguridad jurídica. Explica Villalba, “además de desconocer la jurisprudencia en términos de que el tránsito de un sistema procesal al otro debe resolverse mediante la adecuación de las etapas procesales conservando la validez de lo actuado en el sistema procesal anterior; adicionalmente es preocupante porque, hacia el futuro, las personas aforadas procesadas por la Corte Suprema podrán esquivar las investigaciones y juicios de la Corte renunciando a su curul en el Congreso. En otras palabras, pierden eficacia y solidez las investigaciones de la Corte Suprema, dado que basta una renuncia para dejar sin valor sus decisiones, como ocurrió en este caso donde la orden de detención preventiva quedó sin validez como consecuencia de la renuncia del curul y el cambio de sistema procesal. En adelante a los aforados les bastará renunciar al Congreso para evadir a su juez natural en la Corte Suprema de Justicia.”
El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene otras investigaciones en su contra en la Corte Suprema de Justicia, algunas de ellas tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo la masacre del Aro, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Foto: Bianca Bauer[/caption]
¿Por qué la Corte Suprema dictó una orden de detención domiciliaria contra Uribe?
Como abogado del senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro, Reynaldo Villalba ha acompañado este caso contra el expresidente desde sus inicios. En 2012 el expresidente Uribe denunció a Cepeda por supuestas visitas a cárceles con el fin de buscar falsos testigos. En 2018, la Corte Suprema archivó el caso contra Cepeda y, en cambio, ordenó la investigación de Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos. El 3 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria de Uribe, lo que implica que impuso una medida de aseguramiento en su contra. Según el alto tribunal, esta decisión se tomó tras "un riguroso estudio jurídico" sobre la realidad procesal del caso. Así, en este expediente encontró "posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran al senador Álvaro Uribe”.“Cuando se produce la decisión de la detención domiciliaria hay una reacción muy fuerte del Uribismo de ataque a la Corte Suprema de Justicia, buscando el descrédito de la Corte y mostrando a Uribe como una víctima de ser un perseguido político”, sostiene el abogado. Ya en detención domiciliaria, “Uribe continuó sus ataques contra la Corte Suprema diciendo que él era un hombre secuestrado por la Corte, que le había puesto preso mediante un “procedimiento mafioso”. Lo que vemos es un ataque permanente a la administración de justicia”, concluye Villalba. [caption id="attachment_12292" align="alignnone" width="1920"]PBI Colombia: “El compromiso político nos mantiene vivos”, Reynaldo Villalba (12 de agosto 2020)
Foto: Flavia Carpio -Unsplash[/caption]
“Una obstaculización a la justicia”
“El senador Uribe Vélez se ha caracterizado por atacar a los fiscales y jueces que le investiguen a él o a personas cercanos a su círculo político.” Por ejemplo, cuando Mario Uribe, primo del expresidente, fue procesado y condenado por nexos con paramilitares “vinieron todos los ataques a la Corte Suprema de Justicia”, sostiene Villalba y precisa que esto ocurrió cuando Uribe fue presidente. “Utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para realizar labores ilegales de inteligencia contra la Corte Suprema de Justicia con el fin de judicializarlos y desprestigiar el proceso en curso”.“El senador Uribe Vélez se ha caracterizado por atacar a los fiscales y jueces que le investiguen a él o a personas cercanos a su círculo político.”
En relación a este proceso, el senador Uribe ha atacado permanentemente a los magistrados que le investigan, ataques y desprestigio que ha mantenido durante el tiempo que ha pasado privado de libertad en su finca Ubérrimo. Según el análisis del abogado, “provocar el descrédito y desprestigio de la Corte Suprema de Justicia es una manera de crear un concepto negativo por parte de la sociedad hacia la administración de justicia que constituye una obstaculización a la misma”. Sostiene que lo que está pasando hoy día no es novedoso; “sigue siendo la aplicación de esa práctica, desacreditar y valerse de infamias para atacar a la administración de justicia a través de campañas difamatorias, de calumnias y de mentiras.” [caption id="attachment_8136" align="alignnone" width="1200"]
Reynaldo Villalba[/caption]
La propuesta del uribismo de unificar las altas cortes en Colombia
El movimiento político del uribismo se pronunció contra la Sala Penal de la Corte Suprema. Según relata Villalba, el uribismo acusa a la justicia de “ser inservible, estar sesgada y perseguir al expresidente”. Como resultado, renace una propuesta antigua del Uribismo que “tiene por objeto asegurar impunidades”, sostiene el abogado. Se propone unir los altos tribunales únicamente en uno, es decir, “eliminar la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Justicia Especial para la Paz”, explica Villalba. El abogado asegura que detrás de la propuesta del uribismo está “la intención de garantizar impunidades de muchos responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. La intención es lograr la total manipulación de la administración de justicia”. Para el abogado, las cortes que existen hoy día en Colombia son una esperanza de imparcialidad y de respeto al Estado de Derecho. Si bien, es cierto que Colombia requiere reformas profundas en la administración de justicia, deben ser reformas que garanticen una mayor independencia en la rama judicial, reconoce el abogado.Detrás de la propuesta del uribismo está “la intención de garantizar impunidades de muchos responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad".
Caso pasa a la Fiscalía General de la Nación
La Corte Suprema de Justicia confirmó el 1 de septiembre de 2020 que el caso de Uribe pasaba a ser competencia de la Fiscalía General de la Nación. Hasta entonces, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema tenía competencia para investigar a Álvaro Uribe, puesto que es el tribunal competente para investigar a los miembros del Congreso. Con la reununcia de Uribe a su curul en el senado, asumió la competencia la Fiscalía de la Nación. “Uribe seguramente hizo los cálculos con los abogados y decidieron evitar que la Corte Suprema siguiera siendo su juez natural”, sospecha Villalba. Villalba respeta la decisión de la Corte pero no la comparte. “Yo creo que la Corte Suprema de Justicia tenía los argumentos para haber mantenido la competencia para investigar al exsenador así éste hubiera ya renunciado, porque la ley permite de que la Corte mantenga la competencia siempre que se demuestre que los delitos cometidos se cometieron en el desempeño de sus funciones. Y, en mi criterio, efectivamente los delitos por los cuales se le investiga habrían sido cometidos en el desempeño de sus funciones, valiéndose de funcionarios de su unidad de trabajo legislativo (UTL) e incluso de la participación de otro congresista, el representante Álvaro Prada. Resalto que en mi opinión la Corte debió mantener su competencia en este caso. De hecho, un magistrado de la Corte Suprema al decidir qué sistema procesal debía aplicarse al caso después de su tránsito a la Fiscalía salvó voto porque consideró que el caso debía retornar a la Corte Suprema.”A Villalba le preocupa que el caso esté ahora en manos de la Fiscalía. “Todos sabemos que el Fiscal General es íntimo amigo del presidente Iván Duque. Igualmente, se ha conocido a través de los medios que el fiscal asignado al caso Gabriel Jaimes Durán ha incurrido en favorecimientos de parapolíticos y corruptos al frenar algunas investigaciones. Estas noticias nos causan enorme preocupación porque indican que tendríamos que enfrentar un escenario donde estarían ausentes los principios de imparcialidad e independencia. Nosotras recusamos tanto al Fiscal General como al Fiscal Jaimes con el propósito de que fueran apartados de esta investigación, pero nos fue negada esa solicitud”. [caption id="attachment_8246" align="alignnone" width="1200"]“Yo creo que la Corte Suprema de Justicia tenía los argumentos para haber mantenido la competencia para investigar al exsenador así éste hubiera ya renunciado, porque la ley permite de que la Corte mantenga la competencia siempre que se demuestre que los delitos cometidos se cometieron en el desempeño de sus funciones".
Más allá de la libertad del expresidente, la decisión puede tener profundas y nefastas consecuencias en el sistema penal y en la seguridad jurídica.[/caption]
Además del cambio de ente investigador, se ha producido un cambio del sistema procesal a aplicar: ya no será el procedimiento que venia aplicando la Corte Suprema, la ley 600 de 2000, sino la ley 906 de 2004. Este cambio se traduce en una grave afectación al derecho de las víctimas pues se limita aún más su participación procesal. Además, las pruebas que recaudadas por la Corte Suprema pierden su calidad de prueba, y serán complemente desconocidas por parte de la Fiscalía.
Lo más grave es que la jueza de garantías acogió la petición de la defensa de revocar el arresto domiciliario del expresidente. El argumento de la defensa fue la pérdida de vigencia de la detención ya que, de acuerdo a la nueva ley que rige el proceso, para dictar una medida de este tipo, tiene que haber una previa formulación de imputación.
Según Villalba, “como víctimas consideramos que esta decisión invalidó la validez de la indagatoria y de la medida privativa de la libertad del expresidente dictada por la Corte. Como víctimas sostuvimos ante la jueza de garantías que lo procedente era adecuar los sistemas procesales, de modo que se mantuviera la validez y la vigencia de las decisiones de la Corte Suprema, conforme a lo que viene sosteniendo la misma desde hace más de 12 años”.
[caption id="attachment_12298" align="alignnone" width="1200"] Para Villalba, las víctimas tienen que afrontar el proceso en este escenario en el que las limitaciones de participación son mayores que en el sistema procesal anterior, y en el que suele ocurrir que las víctimas no son escuchadas por el fiscal que investiga. Foto: Bianca Bauer[/caption]
Más allá de la libertad del expresidente, la decisión puede tener profundas y nefastas consecuencias en el sistema penal y en la seguridad jurídica. Explica Villalba, “además de desconocer la jurisprudencia en términos de que el tránsito de un sistema procesal al otro debe resolverse mediante la adecuación de las etapas procesales conservando la validez de lo actuado en el sistema procesal anterior; adicionalmente es preocupante porque, hacia el futuro, las personas aforadas procesadas por la Corte Suprema podrán esquivar las investigaciones y juicios de la Corte renunciando a su curul en el Congreso. En otras palabras, pierden eficacia y solidez las investigaciones de la Corte Suprema, dado que basta una renuncia para dejar sin valor sus decisiones, como ocurrió en este caso donde la orden de detención preventiva quedó sin validez como consecuencia de la renuncia del curul y el cambio de sistema procesal. En adelante a los aforados les bastará renunciar al Congreso para evadir a su juez natural en la Corte Suprema de Justicia.”
Para Villalba, las víctimas tienen que afrontar el proceso en este escenario en el que las limitaciones de participación son mayores que en el sistema procesal anterior, y en el que suele ocurrir que las víctimas no son escuchadas por el fiscal que investiga. En muchas ocasiones la fiscalía se convierte en un obstáculo antes que en un facilitador para obtener verdad y justicia; situación que explica en gran medida que las graves violaciones de derechos humanos alcancen una impunidad próxima al 100%. Continúa, “puedo decir que la causa más importante de impunidad en Colombia respecto a los crimines más graves es la ausencia de voluntad política para investigar los crímenes de manera comprometida y seria. En relación a la violación de derechos humanos existe una política de impunidad que condena de antemano al fracaso de las investigaciones. Cuando los hechos o responsabilidades resulten muy evidentes, la política de impunidad busca proteger de la acción de la justicia a los máximos responsables. El caso de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos es un claro ejemplo de que no se busca investigar a los máximos responsables, y esto se ocurre en general con todas las graves violaciones de derechos humanos.” [caption id="attachment_12294" align="alignnone" width="1347"]“Puedo decir que la causa más importante de impunidad en Colombia respecto a los crimines más graves es la ausencia de voluntad política para investigar los crímenes de manera comprometida y seria".
El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene otras investigaciones en su contra en la Corte Suprema de Justicia, algunas de ellas tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo la masacre del Aro, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Foto: Bianca Bauer[/caption]