Le preguntamos a Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), sobre el acuerdo de paz y cómo cree que va a cambiar la situación en Colombia; sobre las expectativas y esperanzas que tiene una vez se firme la paz con las Farc; y, qué riesgos existen para las regiones.

PBI: ¿Cómo cree que el acuerdo de paz va a cambiar la situación en Colombia?

Eduardo Carreño: Uno de los grandes problemas que se vislumbra, en lo que tiene que ver estrictamente con lo militar, es que el paramilitarismo está vigente todavía a nivel nacional dado que muchas de las estructuras paramilitares no negociaron ni se desmovilizaron. Entonces, ¿quién garantiza que no van a atentar contra los guerrilleros que se desmovilicen? Por esta razón se plantea como garantía de no repetición que el Estado negocie con las guerrillas del ELN y del EPL, así como con el paramilitarismo. De lo contrario, vamos a tener dificultades con éstos, pues muchos desmovilizados se volvieron a reinsertar a la forma de acción militar, porque el gobierno no cumplió. Otra de las preocupaciones que tenemos es que no hay ninguna modificación real de las causas estructurales del conflicto. Veo con mucha preocupación el hecho de abrir todo al mercado, para la extracción de los recursos naturales renovables y no renovables. Lo que no encontramos en las propuestas es que haya un claro propósito de desarrollar la industria nacional, cuando se tiene los recursos para ello. Creemos que se va a generar una tendencia a la extracción y explotación de los recursos, pero no a la generación de empleo. Por lo tanto si no hay unas políticas de empleo, tanto en la ciudad como en el campo, es muy posible que lo que se venga sea una sobreoferta de mano de obra cualificada y no cualificada que lleve a que se incentiven formas de delincuencia común.

PBI: ¿Qué expectativas y esperanzas tiene una vez se firme la paz con las Farc?

EC: El hecho de reconocer que las víctimas, desde el año 1964 hasta la firma del acuerdo, tengan todos sus derechos, es un logro importantísimo. El problema que encontramos es el siguiente: ¿cómo se va a materializar efectivamente este derecho? Si las víctimas no saben redactar, leer o escribir, si no están organizadas entre ellas, si no tienen asesorías ni acompañamientos…, esa verdad, esos derechos se van a perder. De la misma manera, si vamos a buscar justicia para que a los autores de los crímenes se les investigue, se les juzgue o se les sancione como debe de ser, esto implicará que haya abogados que representen a las víctimas como parte civil en los procesos penales ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz que se ha creado. Y hay una constante que hay que denunciar claramente: los abogados defensores de víctimas, en Colombia, no somos más de cincuenta. Para que efectivamente se garantice que haya justicia en todos los casos, se necesitan organizaciones de abogados especializados que reciban un entrenamiento previo sobre derechos de las víctimas, sobre derechos humanos y derecho internacional. En dos años se podrían montar equipos suficientes de abogados, formados y capacitados que defiendan y asesoren a las víctimas en estos procesos. De lo contrario, nos quedaríamos con las declaraciones de los derechos, una justicia solamente para los casos que ya se han esclarecido y en los cuales potencialmente hay militares identificados y presos. Quedaríamos reducidos a casos simbólicos ejemplarizantes llevados por organizaciones de derechos humanos y con el 98% de impunidad garantizada por el Estado. Depende en gran parte de la voluntad y recursos del Estado, así como del apoyo y acompañamiento internacional.

PBI: ¿Qué riesgos habrá para las regiones una vez firmada la paz?

EC: Si en las regiones permanecen los grupos paramilitares y otros grupos guerrilleros, vamos a tener dificultades reales para que las condiciones cambien. Por esta razón, es absolutamente indispensable que el Estado haga una negociación global con todos los movimientos alzados en armas: guerrillas y paramilitares. Después, habría que pensar en otros aspectos que tienen que ver con procesos de depuración de la Fuerza Pública, que han estado permeados y que han desarrollado una política de exterminio de los movimientos populares y de confrontación en todas las formas y en todas las variantes al movimiento guerrillero como su enemigo natural. Las regiones cambiarán en la medida que haya una presencia del Estado real, en términos de desarrollo, en todos los sentidos. Es decir, si no llegan las infraestructuras viales, la asesoría técnica, la salud, la educación para que la gente se capacite para producir en las regiones, vamos a seguir en lo tradicional; y dentro del marco de lo tradicional, la presencia del Estado ha sido represiva. Entonces en esas regiones podría seguir existiendo el delito y crimen organizado, los cultivos de carácter ilícito y, simplemente, la necesidad de la gente de entrar en procesos de subsistencia, lo que llevaría a una descomposición social generalizada. Desde este punto de vista, es una perspectiva que no es agradable para la población en general, y simplemente lo que cambiaría sería que no habría confrontación con las Farc, pero el resto de la vida cotidiana seguiría en su precariedad, en su marginalidad, en su ostracismo. Ahora bien, las regiones donde hay presencia de otros grupos al margen de la ley pueden llegar a ser copadas por el paramilitarismo o por otros grupos guerrilleros. Adicionalmente, uno de los grandes problemas de este país es que gran parte del territorio nacional está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para la realización de proyectos de extracción de recursos, producción de palma aceitera y otros monocultivos, comercialización de la pesca o del agua y tala de árboles, la cual está acabando con la poca selva que nos queda. Uno aspiraría a que el campo cambiase para bien, pero así, como están las perspectivas, si las políticas del Estado no cambian, se va a profundizar la brecha entre los pocos ricos que hay y las empresas transnacionales, y la gran marginalidad de la población que va a seguir cada día más pobre.