Fabian Laverde ama el campo y como buen campesino, es capaz de caminar horas monte arriba y monte abajo hasta la comunidad que requiere su asesoría. Sabe muy bien qué significa la exclusión histórica del campesinado y el estigma del “guerrillero” que cae sobre quienes viven en regiones apartadas y abandonadas por el Estado, porque él mismo ha vivido esta historia. “Soy un joven clásico que ya supera los cuarenta años”, menciona de paso con una sonrisa picaresca. Su historia como defensor de derechos humanos comenzó en 1993 cuando aún estaba estudiando en el colegio, durante un paro, en el cual los campesinos, ahogados por la usura de los créditos, tomaron la calle para obtener mejores condiciones y precios para el café que producían1. https://www.youtube.com/watch?v=fHagxm2KiV4&t=32s Dos años más tarde, en otro paro, conoció al inspirador dirigente agrario, Fernando Lambona; las largas conversaciones entre el adolescente y el experimentado líder sobre la situación socioeconómica del campo marcaron su vida y le dieron la convicción que debería dedicarse a la lucha por los intereses del campesinado. El asesinato del dirigente pocos meses después, también le enseñó a Laverde el riesgo que implica ser vocero de los olvidados. [caption id="attachment_10520" align="alignnone" width="1200"] PBI Colombia acompaña a COSPACC desde 2009.[/caption] En 2004 Laverde tuvo que abandonar su hogar en el campo luego de amenazas de muerte. Su tierra se había convertido en un campo de batalla y la presencia de las guerrillas fue usada en contra de los campesinos. Los paramilitares pretendían acabar con cualquier movilización social que pudiera darse. Con la intimidación a la población, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y judicializaciones, mucha gente dejó su tierra. Laverde llegó a Bogotá, sin dinero y con muy pocos contactos. Poco después conoció y se integró a la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC), organización que acompaña a víctimas a causa del alto grado de violaciones a los derechos humanos. [caption id="attachment_12132" align="alignnone" width="1200"] En 2015, COSPACC recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría “Experiencia o proceso colectivo del año, nivel ONG”.[/caption]

Medidas de protección colectiva para las comunidades, elemento trascendental del fallo

Laverde y los demás integrantes de COSPACC han sido sometidos a detención, persecución, seguimientos, amenazas y otros hechos de persecución. En busca de la implementación de medidas de protección para las personas defensoras, el 10 de diciembre de 2019, día internacional de los derechos humanos, diez líderes y lideresas perseguidos, entre ellos Laverde, respaldados por prestigiosas organizaciones de derechos humanos, interpusieron una acción de tutela bajo el lema “El derecho de defender el derecho”. El 25 de marzo de 2020 el Juzgado 45 Civil de Circuito falló a favor de los accionantes reconociendo el derecho fundamental a defender derechos humanos, que fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil2.

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El asesinato del dirigente Fernando Lambona le enseñó a Laverde el riesgo que implica ser vocero de los olvidados.

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Laverde aplaude la decisión del tribunal. Luego de dos décadas de persecución, por primera vez una instancia judicial obliga al Gobierno al diálogo y la interlocución. “Generalmente, las conversaciones con entidades gubernamentales resultan luego de grandes movilizaciones sociales y presión política en la calle”, explica Laverde y resume: “La tutela significa que el movimiento social en Colombia y el movimiento de defensores de derechos humanos tenemos la razón cuando denunciamos y cuando exigimos responsabilidad estatal”3. El tribunal ordena al Gobierno Nacional implementar una campaña contra la estigmatización, un elemento que a diario aumenta el riesgo de los líderes y lideresas, destaca Laverde. También ordena al Gobierno de manera urgente que reactive la Mesa Nacional de Garantías, un espacio de diálogo entre altos funcionarios del Gobierno Nacional y organizaciones de derechos humanos para avanzar en la protección de los derechos humanos en Colombia.

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“La tutela significa que el movimiento social en Colombia y el movimiento de defensores de derechos humanos tenemos la razón cuando denunciamos y cuando exigimos responsabilidad estatal”.

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Comprensiones distintas para un mismo fallo

Laverde insiste en que la protección no es para él y los demás accionantes de la tutela sino para los procesos organizativos. “El fallo ordena al Gobierno nacional implementar medidas de protección colectivas y concertadas con las organizaciones sociales”4. Pocos días después del fallo, Laverde con el acompañamiento de la FCSPP y la Coordinación Colombia Europa, Estados Unidos, se reunió con la Gobernación de Casanare, uno de los departamentos donde COSPACC enfoca su labor, para definir una ruta de implementación de la misma. Lo que le inquieta es que la Gobernación de Casanare está interpretando las órdenes del tribunal como acciones de protección para COSPACC únicamente, en lugar de una protección colectiva de las comunidades en general. “¿De qué sirve si me cuidan a mí, sino se cuida el proceso organizativo?”. Laverde considera importante el fortalecimiento del proceso de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. “Son otras formas que no significan armas, sino un poder popular, desde la perspectiva de la comunidad, pacifista con control territorial políticamente”, afirma el defensor de Derechos Humanos5. Laverde confía en que “el Gobierno Nacional está comprometido en términos mediáticos para cumplir con el fallo”, pero también le inquieta su interpretación. “Una llamada telefónica de la Ministra del Interior para nosotros no sería un indicador de éxito”. Para Laverde, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no debería enfocar sus esfuerzos en proteger con armas y chalecos antibala a los líderes y defensores en riesgo, sino garantizar medidas de prevención, el reconocimiento y el cuidado de los procesos sociales.

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“Una llamada telefónica de la Ministra del Interior para nosotros no sería un indicador de éxito”.

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Insiste que la sentencia es aplicable a todo el movimiento social en Colombia y para que esto quede claro, habría que ejecutar una campaña pedagógica de la acción de tutela, su fallo y alcance. De esta manera, las organizaciones perseguidas podrían exigir garantías para su protección. En medio de las aterradoras cifras sobre el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, 107 durante 2019, según el registro de la ONU6, Laverde celebra esta victoria judicial que abre nuevas oportunidades para el movimiento social. Han matado a muchísima gente que ha cruzado el camino de la vida con Laverde y le indigna la normalización de la agresión contra líderes en las redes sociales. “Es jodido como se intenta naturalizar la muerte y el desarraigo”. Hay muchas personas que resisten en su territorio y se hacen matar porque rechazan el desplazamiento forzado y el desarraigo de sus tierras. Estas son las personas que Laverde seguirá acompañando siempre.

Bianca Bauer

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Notas de pie: