Tras dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, un largo camino hacia la implementación de lo acordado ha sido emprendido. El 2018 se recordará como el año en el que la guerrilla de las FARC, hoy convertido en un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, participó por primera vez en las elecciones nacionales, dejando atrás definitivamente las armas para embarcarse en un proyecto político.
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Sin embargo, la implementación del Acuerdo de Paz va a paso lento. Algunos puntos avanzaron de manera significativa, como el punto 6 sobre “Mecanismos de implementación, verificación y refrendación”, en el que el 52% de las medidas han sido implementadas completamente, y el punto 3 sobre “Fin de conflicto” con un 39% de las medidas legislativas implementadas. Sin embargo, el primer punto, sobre la “Reforma rural integral” apenas está en procesos de avances sin mayores resultados todavía, así como el punto 4 sobre la “Solución al problema de drogas ilícitas” que sigue teniendo bloqueos y controversias entre la falta de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la vuelta de la erradicación forzada[1].
Además, 2018 ha sido un año donde se han registrado 155 asesinatos de líderes/as sociales y personas defensoras, lo cual supone un incremento de un 46,2% en relación al año anterior[2]. Esta falta de garantías para ejercer la defensa de los DDHH en Colombia sigue siendo una amenaza para una paz estable y duradera en el país. Existen debates sobre las cifras de personas defensoras asesinadas[3], pero, como destacó Alberto Brunori[4], aún no se han demostrado resultados eficaces para detener esos ataques[5]. Ciertos territorios como el Bajo Cauca, el Catatumbo, Chocó y Nariño han visto regresar escenarios de confrontación armada generando desplazamientos forzados y confinamientos. Según CODHES, el 2018 fue el año con mayor número de desplazamientos forzados desde el 2010[6], y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) reportó que entre enero y noviembre de 2018, 30.500 personas han sido desplazadas forzosamente de su territorio[7].
La Defensoría del Pueblo, que sigue dando un seguimiento continuo y amplio de la situación en los territorios, emitió 80 alertas tempranas durante el año, siendo el número más alto de alertas tempranas emitidas, en 2017 emitieron 52[8]. También tuvo que enfrentar varios problemas con su propia seguridad frente a amenazas que recibieron tres de sus funcionarios (dos en Urabá y uno en Casanare)[9].
Los territorios abandonados por las Farc están siendo disputados ahora por otros grupos armados ilegales, sucesores de los paramilitares o disidencias de las FARC entre otros, que se han reagrupado y/o consolidado en diferentes territorios, generando una situación de conflicto armado abierto y control social y territorial que impacta la vida y la seguridad de la población civil. Una publicación reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja, destaca la existencia de cinco conflictos armados en Colombia[10].
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Ilustración realizada por María Fernanda Lessmes para PBI Colombia[/caption]
Esta alarmante situación llamó la atención a nivel internacional y generó la visita a finales del año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, Michel Forst, al país para realizar misiones de evaluación y elaborar recomendaciones al Gobierno de Colombia.
Este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró en funciones y arrancaron las primeras audiencias e investigaciones sobre los hechos “más graves y representativos del conflicto armado”[11] que son: los secuestros realizados por parte de las FARC-EP, los delitos cometidos en Nariño, las ejecuciones extrajudiciales, el conflicto armado y despojo de tierras en Urabá, y el quinto caso, sobre la violencia que ocurrió en el Norte del Cauca. Una de estas primeras audiencias , versa sobre casos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron bajo el mando del General retirado Mario Montoya y su papel en la Operación Orión. Este proceso ha generado expectativas entre las víctimas de cara a de conocer toda la verdad sobre estos hechos atroces,[12] pero también desilusiones frente a la complejidad de los casos y procesos, así como la falta de voluntad de las personas implicadas de contar toda la verdad[13].
En junio fue elegido el nuevo Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quien entró en funciones el 7 de agosto. El nuevo gobierno ha recibido varias observaciones por tener en su equipo a personas controvertidas, como Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, quien ha sido denunciado por presuntos actos de corrupción ocurridos en el 2015[14], y el empresario Guillermo Botero, Ministro de Defensa, quien declaró en el primer mes de su mandato que las protestas sociales eran financiadas por las mafias en Colombia[15].
El 23 de agosto, el Presidente Duque junto con varios Ministros, el Procurador y el Defensor Nacional firmaron en la ciudad de Apartadó un Pacto por la Vida con el objetivo de tomar medidas eficaces e implementar una política pública para la prevención y protección frente a ataques a personas defensoras y líderes/as sociales. Este Pacto resultó en la elaboración de un Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes sociales, comunales y periodistas[16], lo cual propone varios ejes y estrategias de acción y coordinación interinstitucional para responder a la grave situación en la cual se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, hasta el momento, aún no se han mostrado avances en esta implementación ni resultados efectivos. Esta situación alarmante llamó la atención al nivel internacional y generó la visita a finales del año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, Michel Forst, al país para realizar misiones de evaluación y elaborar recomendaciones al Gobierno de Colombia.
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Febrero 2018 - Homenaje a Hernan Bedoya, líder reclamante de tierra del Bajo atrato asesinado el 8 de diciembre 2017[/caption]
La Fundación Ideas para la Paz publicó un informe haciendo un balance de los tres primeros meses del mandato del Presidente Duque en el que contabilizan 348 protestas en el país, lo que equivale a más de 3 protestas por día, donde los ciudadanos y ciudadanas expresaron su descontento frente a la situación actual del país, los asesinatos de los y las líderes, y la falta de implementación del Acuerdo de Paz, entre otros[17]. Estas marchas a lo largo del país recibieron una fuerte represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[18].
Respecto a las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hubo un cambio de sede, de Quito a La Habana, debido al retiro de Ecuador como país garante después del asesinato de 3 periodistas ecuatorianos en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador por parte de disidencias de las FARC[19]. El último ciclo de negociaciones se dio en julio de 2018 pero no se logró acordar un cese al fuego bilateral entre las dos partes. Al inicio de su Gobierno, el Presidente Duque puso unas condiciones estrictas para seguir con el ciclo. El ELN realizó unos actos de liberación, pero no consintió en dejar las actividades delictivas, al tiempo que realizó un cese al fuego unilateral en la época navideña. Sin embargo, tras el atentado en contra de la Escuela de Policía General Santander en Bogotá el 17 de enero de 2019, que fue reivindicado por la guerrilla, el Gobierno anunció el fin de las negociaciones y solicitó la captura inmediata de la delegación de la guerrilla en La Habana[20]. Este requisito generó tensiones a nivel internacional con los países garantes, por el incumplimiento de los protocolos establecidos con el Gobierno de Santos y generó muchas incertidumbres sobre la situación del conflicto armado en el país para el año entrante. [caption id="attachment_10992" align="alignnone" width="1200"]
Diciembre 2018 - Asamblea de la Comunidad de Paz en la vereda La Unión[/caption]
Sergio, Elena y Juan Carlos, "Que la tierra te sea leve, querido amigo"[/caption]
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Sin embargo, la implementación del Acuerdo de Paz va a paso lento. Algunos puntos avanzaron de manera significativa, como el punto 6 sobre “Mecanismos de implementación, verificación y refrendación”, en el que el 52% de las medidas han sido implementadas completamente, y el punto 3 sobre “Fin de conflicto” con un 39% de las medidas legislativas implementadas. Sin embargo, el primer punto, sobre la “Reforma rural integral” apenas está en procesos de avances sin mayores resultados todavía, así como el punto 4 sobre la “Solución al problema de drogas ilícitas” que sigue teniendo bloqueos y controversias entre la falta de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la vuelta de la erradicación forzada[1].
En 2018, 20 voluntarios y voluntarias realizaron 264 acompañamientos y misiones de observación durante un total de 606 días en 2018, lo cual representa un aumento del 19% con respecto al año anterior
Además, 2018 ha sido un año donde se han registrado 155 asesinatos de líderes/as sociales y personas defensoras, lo cual supone un incremento de un 46,2% en relación al año anterior[2]. Esta falta de garantías para ejercer la defensa de los DDHH en Colombia sigue siendo una amenaza para una paz estable y duradera en el país. Existen debates sobre las cifras de personas defensoras asesinadas[3], pero, como destacó Alberto Brunori[4], aún no se han demostrado resultados eficaces para detener esos ataques[5]. Ciertos territorios como el Bajo Cauca, el Catatumbo, Chocó y Nariño han visto regresar escenarios de confrontación armada generando desplazamientos forzados y confinamientos. Según CODHES, el 2018 fue el año con mayor número de desplazamientos forzados desde el 2010[6], y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) reportó que entre enero y noviembre de 2018, 30.500 personas han sido desplazadas forzosamente de su territorio[7].
La Defensoría del Pueblo, que sigue dando un seguimiento continuo y amplio de la situación en los territorios, emitió 80 alertas tempranas durante el año, siendo el número más alto de alertas tempranas emitidas, en 2017 emitieron 52[8]. También tuvo que enfrentar varios problemas con su propia seguridad frente a amenazas que recibieron tres de sus funcionarios (dos en Urabá y uno en Casanare)[9].
Los territorios abandonados por las Farc están siendo disputados ahora por otros grupos armados ilegales, sucesores de los paramilitares o disidencias de las FARC entre otros, que se han reagrupado y/o consolidado en diferentes territorios, generando una situación de conflicto armado abierto y control social y territorial que impacta la vida y la seguridad de la población civil. Una publicación reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja, destaca la existencia de cinco conflictos armados en Colombia[10].
[caption id="attachment_10990" align="alignnone" width="1200"] Ilustración realizada por María Fernanda Lessmes para PBI Colombia[/caption]
Esta alarmante situación llamó la atención a nivel internacional y generó la visita a finales del año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, Michel Forst, al país para realizar misiones de evaluación y elaborar recomendaciones al Gobierno de Colombia.
Debido al elevado número de peticiones, PBI Colombia fortaleció su trabajo de Apoyo a la Reconstrucción del Tejido Social, facilitando 35 espacios de autocuidado y autoprotección en 2018, lo cual representa un 20% más de los celebrados el año anterior. En ellos participaron 786 personas, de las cuales un 78% fueron mujeres
Este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró en funciones y arrancaron las primeras audiencias e investigaciones sobre los hechos “más graves y representativos del conflicto armado”[11] que son: los secuestros realizados por parte de las FARC-EP, los delitos cometidos en Nariño, las ejecuciones extrajudiciales, el conflicto armado y despojo de tierras en Urabá, y el quinto caso, sobre la violencia que ocurrió en el Norte del Cauca. Una de estas primeras audiencias , versa sobre casos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron bajo el mando del General retirado Mario Montoya y su papel en la Operación Orión. Este proceso ha generado expectativas entre las víctimas de cara a de conocer toda la verdad sobre estos hechos atroces,[12] pero también desilusiones frente a la complejidad de los casos y procesos, así como la falta de voluntad de las personas implicadas de contar toda la verdad[13].
En junio fue elegido el nuevo Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quien entró en funciones el 7 de agosto. El nuevo gobierno ha recibido varias observaciones por tener en su equipo a personas controvertidas, como Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, quien ha sido denunciado por presuntos actos de corrupción ocurridos en el 2015[14], y el empresario Guillermo Botero, Ministro de Defensa, quien declaró en el primer mes de su mandato que las protestas sociales eran financiadas por las mafias en Colombia[15].
El 23 de agosto, el Presidente Duque junto con varios Ministros, el Procurador y el Defensor Nacional firmaron en la ciudad de Apartadó un Pacto por la Vida con el objetivo de tomar medidas eficaces e implementar una política pública para la prevención y protección frente a ataques a personas defensoras y líderes/as sociales. Este Pacto resultó en la elaboración de un Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes sociales, comunales y periodistas[16], lo cual propone varios ejes y estrategias de acción y coordinación interinstitucional para responder a la grave situación en la cual se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, hasta el momento, aún no se han mostrado avances en esta implementación ni resultados efectivos. Esta situación alarmante llamó la atención al nivel internacional y generó la visita a finales del año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, Michel Forst, al país para realizar misiones de evaluación y elaborar recomendaciones al Gobierno de Colombia.
[caption id="attachment_10985" align="alignnone" width="1200"] Febrero 2018 - Homenaje a Hernan Bedoya, líder reclamante de tierra del Bajo atrato asesinado el 8 de diciembre 2017[/caption]
La Fundación Ideas para la Paz publicó un informe haciendo un balance de los tres primeros meses del mandato del Presidente Duque en el que contabilizan 348 protestas en el país, lo que equivale a más de 3 protestas por día, donde los ciudadanos y ciudadanas expresaron su descontento frente a la situación actual del país, los asesinatos de los y las líderes, y la falta de implementación del Acuerdo de Paz, entre otros[17]. Estas marchas a lo largo del país recibieron una fuerte represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[18].
PBI organizó 7 giras internacionales de personas defensoras en Europa y EEUU, mientras que, a nivel nacional, facilitó 10 encuentros y visitas del Cuerpo Diplomático y agencias internacionales en los territorios y la capital abriendo espacio de intercambios entre la comunidad internacional y las organizaciones y comunidades acompañadas
Respecto a las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hubo un cambio de sede, de Quito a La Habana, debido al retiro de Ecuador como país garante después del asesinato de 3 periodistas ecuatorianos en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador por parte de disidencias de las FARC[19]. El último ciclo de negociaciones se dio en julio de 2018 pero no se logró acordar un cese al fuego bilateral entre las dos partes. Al inicio de su Gobierno, el Presidente Duque puso unas condiciones estrictas para seguir con el ciclo. El ELN realizó unos actos de liberación, pero no consintió en dejar las actividades delictivas, al tiempo que realizó un cese al fuego unilateral en la época navideña. Sin embargo, tras el atentado en contra de la Escuela de Policía General Santander en Bogotá el 17 de enero de 2019, que fue reivindicado por la guerrilla, el Gobierno anunció el fin de las negociaciones y solicitó la captura inmediata de la delegación de la guerrilla en La Habana[20]. Este requisito generó tensiones a nivel internacional con los países garantes, por el incumplimiento de los protocolos establecidos con el Gobierno de Santos y generó muchas incertidumbres sobre la situación del conflicto armado en el país para el año entrante. [caption id="attachment_10992" align="alignnone" width="1200"]
Diciembre 2018 - Asamblea de la Comunidad de Paz en la vereda La Unión[/caption]
En el segundo semestre de 2018, PBI enfrentó uno de sus momentos más difíciles con el fallecimiento por enfermedad de nuestro querido compañero Juan Carlos Solís, reconocido defensor de DDHH en México y responsable del área de Seguridad Digital de PBI Colombia. El impacto técnico y el emocional de su pérdida fueron enormes para todo el equipo del PBI, que resolvimos en lo posible mediante reubicación de recursos, y nos fortalecimos como equipo humano en la confrontación emocional de la pérdida, resultando este triste proceso en una fuerte unión y trabajo colectivo con una enorme solidaridad y apoyo mutuo.[caption id="attachment_10984" align="alignnone" width="1200"]
Sergio, Elena y Juan Carlos, "Que la tierra te sea leve, querido amigo"[/caption]
PBI Colombia