“Somos tierra que camina” (Proverbio indígena)

  Los paisajes del Bajo Atrato colombiano están inundados por palmeras. Podrían ser como las que aparecen en las postales al lado de playas de agua cristalina, pero no, son algo distintas: más achatadas, anchas, bajas y en cuyo corazón no cuelgan jugosos cocos sino un fruto rojo y aceitoso que es el que trae a las comunidades del lugar por el camino de la amargura. Al principio, cuando este producto empezó a llegar a Colombia, se “vendió” como la oportunidad para el desarrollo rural; con los años, las palmas aceiteras (o palmas africanas) se han convertido en la pieza angular del modelo de agronegocio implantado en Colombia desde finales de los años 80[1]. En el Bajo Atrato ya casi no se ve yuca, ni mango, ni árboles de aguacate porque la palma de aceite lo inunda todo, rodeando incluso a las casas que salpican las carreteras, multiplicando el paisaje con sus palmeras rigurosas y monumentales. ¿Pero qué hay detrás de estos modelos de agronegocio impuestos en muchos de los territorios colombianos y vinculados al desplazamiento y asesinatos de líderes y lideresas campesinas que se resisten a cambiar su tradicional forma de agricultura por ésta otra ligada al modelo capitalista?[2] Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Jusiticia y Paz (CIJP), sabe bien las respuestas a esa pregunta porque lleva acompañando desde hace años a las comunidades del Urabá, región donde se encuentra el bajo río Atrato, una de las zonas más afectadas por el despojo territorial sufrido a causa del conflicto colombiano y donde su gente no ha parado de luchar para permanecer en su tierra. Con motivo de la conmemoración de los XXX años de la CIJP que se celebra esta semana en Bogotá, hoy se muestra el documental “Bajo la Palma”, un trabajo realizado por la Comisión hace diez años para mostrar las problemáticas relacionadas con esta planta a un fenómeno que llaman “desierto verde”. Desde PBI, que venimos trabajando de la mano con la CIJP, hemos charlado con Danilo sobre la vigencia, aún hoy, de esta película y sobre los retos que presenta la sociedad frente a este modelo agroalimentario impuesto sin precedentes que tanto afecta a las comunidades campesinas de la periferia colombiana. Danilo, ¿qué significa la defensa de la tierra para la CIJP? Es un proceso de distintas aristas. Cuando en los primeros diez años de la Comisión hablábamos de los derechos a la tierra, lo hacíamos de una forma sustancial, más ligado a los derechos civiles y políticos. Por el contrario, cuando nos encontramos con lo que significa el desarraigo -sin raíz- o desplazamiento forzado, encontramos que la tierra es parte de la existencia de la gente. Y se convierte en algo que hay que proteger y defender, que hay que generar condiciones para que la gente pueda tener contacto con aquello que pretende ser usurpado o generar un uso con lo que no está de acuerdo. Para nosotros la tierra es vida, sin la tierra no hay existencia. ¿Qué supuso la llegada de la palma en el Bajo Atrato y qué supone este cultivo para Colombia? Debajo de la palma hay asesinatos, desapariciones, torturas, montajes judiciales y diseño de estrategia criminal en la que opera el Estado para beneficio de sectores empresariales. En Curbaradó, desde 1996, antes de todo el desarraigo, el paramilitarismo está en esa región. Incluso resucitan muertos para darle legalidad para demostrar que hay posesión legal sobre la tierra donde se combina corrupción, soborno, mentira, asesinato… Recuerdo cómo la travesía por el río Atrato y Curbaradó era bellísima: en canoa o a pie veías culebras, triguillos, múltiples pájaros, inmensos árboles, agua… Todo la vida estaba ahí. Y tardabas días para llegar a un caserío. No como ahora que llegas de Apartadó en hora y media o dos horas. Todo ese ecosistema estaba ahí pero debido a la palma se destruyó toda vida humana y nunca hemos vuelto a ver eso. Y si yo que soy externo viví eso, qué habrá vivido la población. Y eso no significa que no puede haber desarrollo, sino que éste no puede existir sin valorar costos humanos y de otras vidas. Entonces, la palma significa muerte por la violencia que hay relacionada y por los daños ambientales que genera. Porque ese gran negocio, que está de la mano de una política pública e internacional, acaba con las fuentes de agua y de flora y fauna al deforestar la selva. Sus lógicas son las del mercado y la acumulación del capital y los beneficios, a largo plazo, son muy negativos. Además, en Colombia se ha combinado con violencia y tráfico de drogas. Si vemos dónde se cultiva palma en el Bajo Atrato, observamos que hay laboratorios de cocaína que están de la mano de negocios aparentemente legales como el banano, el plátano entre otros. Todo eso se ha hecho con mentiras, asesinatos, desapariciones y crímenes ambientales que están en absoluta impunidad.  ¿Cuál ha sido y es la relación de las empresas palmeras y el estado con la responsabilidad que tienen sobre las afectaciones que genera este monocultivo?  “Los otros actores” son los beneficiarios gracias a, aparentemente, un estado democrático aunque todo su modelo económico coincide con los planes del mercado mundial. Así, más allá de consultar a la gente se debería diseñar qué hacer y cómo hacer las cosas, e incluso propiciar encuentros con actores privados que tengan disposición de crear acuerdos comerciales con comunidades donde se cumplan principios básicos de respeto a la palabra de la otra persona, cómo evitar daños ambientales, compartir saberes ancestrales… Es decir, plantearse cómo combinar esto con proyecciones económicas de productos, porque con los años nos damos cuenta que existen sectores de empresarios que ven sensibilidad en construir relaciones democráticas justas con habitantes locales. Por lo que consideramos que hay un cambio y una transformación a diferencia de esos actores privados que tienen posición distinta con quien es dueño de la tierra, con quien la ha habitado y protegido. De ahí que hay que plantearse cómo construir relaciones justas en los negocios y cómo se pueden empoderar y beneficiar conjuntamente, y no solo ellos dos sino toda una sociedad con producción limpia, alimentación sana, protección de fuentes de vida, de agua, de oxigeno… ¿Cómo consideras que ha sido el papel de la justicia en los territorios de Urabá? La justicia colombiana es lo que ha sido siempre: ha quedado en materia de investigación a cabezas medias, quienes cumplieron papel de testaferro, de alguna manera, pero nunca llegó a la estructura de los beneficiarios. Por ejemplo, en el Bajo Atrato había 13 compañías que tenían relaciones con los estructuras paramilitares de la época, pero no llegaron dichas estructuras, sino un sector empresarial que las respaldaban[3], sin que éstas hayan tenido responsabilidad penal ninguna. El caso de Curbaradó y Jiguamiandó[4] se le dice como un caso exitoso judicialmente, pero yo no lo observo así, ni el caso penal de la Operación Génesis[5]. Ya que toda la estructura beneficiaria está en cubierta y protegida, y estamos seguros que se siguen haciendo muy buenos negocios en Chocó y otras partes. Todo lo que se muestra como exitoso creo que es una apariencia: que un general sea condenado no significa que se haga justicia porque no sabemos toda la verdad. Y aunque hoy tenemos a la JEP[6] para poder conocer dicha verdad, también se aprecia cómo que se quiere acabar con esta herramienta, lo que significa asegurar la impunidad de una persona muy importante de este país y de todo el círculo empresarial de su entorno. Las Zonas de Biodiversidad y las Zonas Humanitarias en el Urabá y que se muestran en el documental, fueron figuras de resistencia campesina amparadas en el Derecho Internacional Humanitario bajo el principio de distinción, ¿qué ha significado su papel en la protección de las vidas del campesinado teniendo en cuenta que siguen asesinando a su gente, como a Hernán Bedoya, acompañado por la CIJP y por PBI?  Las Zonas Humanitarias (ZH) son una creación bellísima de la gente que concuerda con el DIH, pero todo surge por una operación paramilitar donde participa la Brigada XVII en 2001 con un plan de asesinar a cerca de 25 personas. Pero la operación se logra desmontar gracias a la presencia internacional, a la presión en la incidencia, especialmente con la Defensoría del Pueblo. El asentamiento Nueva Esperanza, un espacio de convivencia de la población, fue uno de los primeros en crearse pero éste estaba abierto y cualquiera podía entrar. Tras la visita de la fuerza pública preguntando qué era ese lugar, se decide cercar estos espacios ya que la gente considera que les han vulnerado su mecanismo de protección y así nace la “maya de la vida” en Cacarica en junio de 2001: la primera Zona Humanitaria en Colombia. Esto permitió que la gente empezara a dormir tranquila, a ir al colegio, a crear universidades de paz… Por su parte, las Zonas de Biodiversidad (ZB) surgen con posterioridad como lugares donde se guardaba alimentos y se hacía siembras, es decir, la gente salía de las zonas humanitarias para ir a trabajar la tierra a las zonas de biodiversidad. Con el Acuerdo de Paz pensábamos que esto desaparecía y se crearían ecoaldeas, pero entre tanto aparece el ELN[7] en el Bajo Atrato y la gente empieza de nuevo a pensar en que no podían deshacer las zonas humanitarias y empiezan a fortalecerlas y a hacerlas visibles. Junto a la lucha por el reconocimiento de distribución de las tierras, la lucha contra la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia… Como si la historia no hubiera cambiado. ¿Qué lectura presenta en que los Acuerdos de Paz no traten el modelo económico colombiano partiendo de que los monocultivos y el agronegocio establecido afecta tanto a los territorios y su sociedad?  Creo que eso no fue viable por una de las partes. Se fueron entendiendo poco a poco ante la dimensión ambiental, no solo de la tierra, pero no discutieron el modelo económico. El punto sobre tierra y sustitución implícitamente es una apuesta de reforma liberal que implicaría, como secundario, protección ambiental. Pero es un tema que no se puede discutir. Los agronegocios, la ley Zidres, etc., reflejan que la vocación de la clase dirigente y económica es contraria a la posibilidad de crear otro ejercicio de uso de los territorios. Pero también imposibilita que los empresarios pudieran invertir más sanamente si escuchan a los locales. ¿A qué se refiere? Lo que tenemos son retos y desafíos y creemos que habrá sectores empresariales para el Bajo Atrato que tienen posibilidades dinámicas de reconciliación. Empresarios privados honestos con comunidades (nacionales e internacionales), no solo hablamos de la Responsabilidad Social Corporativa sino que son muy altruistas. Son conscientes de la crisis que vive el planeta y de la importancia de las y los actores rurales, de las necesidades de consumo responsable que tienen  muchos habitantes y de la economía con perspectiva social, la cual puede generar calidad de vida para habitantes rurales y posibilitar una mejor vida económica. Dentro de lo que existe, esto es un cambio. Porque tenemos claro el modelo que existe, por eso, que haya sectores empresariales con mirada justa está muy bien y que se hable del modelo restaurador en el acuerdo es un cambio importante. Soñar y creer en lo que se sueña vale la pena. A su juicio, ¿qué no se está cumpliendo en las comunidades del Bajo Atrato? Si observas en el Acuerdo dice que se acelerará la devolución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, ¿pero de qué acelero habla? No hay ninguno. No hay eficacia en ninguna medida de lo acordado por el Gobierno y ordenado por la Corte Constitucional en tres autos[8]. Y con todo, se está fortaleciendo la estructura armada de la que dependen los empresarios para evitar la devolución de las tierras; está existiendo una incapacidad del Gobierno para mostrar autoridad; y las comunidades cada vez más se están enfrentando y afrontando desde las ZH y ZB lo que significa el territorio para su vida. Por lo tanto, bajo la palma de aceite hay agrocombustibles que provocan violencia y enfrentan los modelos de agricultura tradicional, soberanía alimentaria y agroecología que tanto sentido tienen en un país rural y agrícola como Colombia…  Bajo la palma de Colombia y del Bajo Atrato hay impunidad, 13 desplazamientos forzados, destrucción de vidas humanas, mujeres viudas, huérfanos, mucho dolor… Además, el consumo de esa palma que, de alguna manera lo están extrapolando al banano, plátano, piña y teca, fortalece esa oscuridad de la naturaleza humana que se creó por política de estado para crear agrocombustibles y que coincidió, en el caso del Bajo Atrato, con operaciones criminales paramilitares que fueron consentidas por militares y benefició a los empresarios.

Silvia Arjona M.

El documental Bajo la Palma de la CIJP se proyecta hoy lunes, 16 de abril, a las 6:15 pm en el teatro Ernesto Aronna (Carrera 20 #45^a-59) de la mano de Adriana Botero y Danilo Rueda.

Notas de Pie

[1]Carro de Combate: “No le llames africana. La violenta expansión de la palma de aceite en Colombia”. 18 de octubre de 2016. [2]PBI Colombia: Pedeguita y Mancilla, lentitud jurídica y amenazas. 16 de enero de 2018. [3]Informe Empresas Bananeras, vulneración de derechos humanos y narcotráfico en el Bajo Atrato. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Mundubat. Octubre 2016. [4]La Silla vacía: Curvaradó y Jiguamiandó: la gran prueba de restitución de tierras de Santos, 18 de marzo de 2011. [5]Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las comunidades afrodescendientes  desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis). 20 de noviembre de 2011. [6]Justicia Especial para la Paz. [7]Ejército de Liberación Nacional. [8]Entre 2010 y 2013, la Corte Constitucional de Colombia emitió seis Autos con respecto a Curbaradó y Jiguamiandó, uno de ellos es el Auto 299, del 18 de diciembre de 2012.