Desde una distancia segura, la Isla Calavera se veía tranquila aquella mañana soleada de agosto. Ubicada a un kilómetro del centro de la ciudad portuaria de Buenaventura, la Isla Calavera, oficialmente llamada “Isla Pájaros” por la diversidad de aves que la habitan, parece un lugar pacífico, rodeado por las aguas ondulantes del estero San Antonio. Sin embargo, mientras que esperamos la llegada de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el Espacio Humanitario Puente Nayero, los relatos de J., uno de sus líderes fundadores, nos recuerdan la razón por la que los habitantes del barrio la llaman “Isla Calavera”: durante décadas, muchos de los cuerpos de los miles de desaparecidos en Buenaventura, fueron arrojados en sus aguas, y sus familiares aún los buscan.
J. nos cuenta sobre la violencia que persiste en Buenaventura, sobre el desplazamiento interurbano y los casos de desapariciones forzadas que han transformado varias zonas de la ciudad en fosas comunes clandestinas, entre ellas, el estero de San Antonio, conocido como una de las “acuafosas” de la ciudad portuaria, por ser uno de los lugares que los grupos armados usaron para desaparecer a sus víctimas. Además, nos habla de la perseverancia de las comunidades y organizaciones de víctimas de desaparición forzada que han resistido frente a la violencia junto a organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) y la Comisión Intereclesial de Justicia (JyP) quienes, junto a otras, lograron en diciembre de 2021 la implementación de medidas cautelares en el estero de San Antonio. Donde, además de personas desaparecidas, hay proyectos empresariales que tienen como objetivo aumentar el puerto de Buenaventura. Las medidas cautelares otorgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), prohíben cualquier intervención en el estero, en especial, el dragado y el desarrollo de obras civiles, puesto que se correría el grave riesgo de ocasionar daños irreparables en los lugares donde yacen los cuerpos de personas desaparecidas[1]. A pesar de que las medidas acaban de ser prorrogadas en septiembre de este año[2], el tiempo corre: las víctimas aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y sigue siendo fuerte la presión política para que se retomen las obras de dragado[3].
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Foto: Edu León[/caption]
Con sus 400.000 habitantes y el puerto marítimo por el cual pasa más de la mitad del comercio exterior del país, Buenaventura, representa la mayor aglomeración urbana del Pacífico colombiano y uno de los centros económicos más dinámicos del país[4]. Sin embargo, también es un reflejo de las crisis y la violencia sociopolítica que azota a Colombia, con síntomas como la desigualdad económica, el conflicto armado y las fronteras invisibles entre territorios controlados por actores armados que se convierten en trampas mortales para las comunidades [5]. Cerca del 90% de la población de Buenaventura es afrodescendiente y, al mismo tiempo, el 80% de la población vive en situación de pobreza, la mitad de la cual sufre pobreza extrema [6], lo que la convierte en una de las ciudades más pobres del país.
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Foto: Edu León[/caption]
La historia reciente de Buenaventura está estrechamente vinculada con su ubicación estratégica que permite acceso al mar desde el centro del Chocó biogeográfico [7]: uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo que cuenta con abundantes fuentes de materias primas. Históricamente, los y las bonaverenses vivían de la minería artesanal, de la pesca y de la explotación de madera. Solo a partir de 1991, el puerto de la ciudad empezó a ser administrado por varias empresas privadas lo que, según la Comisión de la Verdad, fue una de las principales razones por las que se instalaría una dinámica de violencia sin precedentes en el distrito [8].
La privatización del puerto y el inicio simultáneo de una política de apertura del país al libre comercio mundial resultó en una multiplicación de inversiones destinadas a la ampliación de la infraestructura portuaria, mientras que los sectores económicos tradicionales retrocedieron [9]. El enfoque económico únicamente dirigido en beneficio del sector portuario, en combinación con la ausencia de cualquier política estatal de desarrollo, aumentó la precariedad de los habitantes de la ciudad, a lo que se le sumó el recrudecimiento del conflicto armado [10]. Hoy en día, sigue prevaliendo la lógica del capital internacional destinado a ampliar sus negocios con nuevos megaproyectos a costa del despojo a las comunidades afrocolombianas de Buenaventura, también llamada: “puerto sin comunidad” [11]. Comunidad que tiene las cifras de desplazamiento interurbano más altas de toda Colombia, además de miles de víctimas de desaparición forzada.
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Foto: Edu León[/caption]
También en los 90, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) establecieron su control en Buenaventura, seguido por la incursión del Bloque Calima del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a partir del año 2000. Con la llegada del Bloque Calima Buenaventura sufrió la ola de violencia más fuerte, con más de 800 personas desaparecidas forzadamente en las siguientes décadas según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) [12]. Estas cifras son aún más altas según la fiscalía general de la nación: más de 1100 víctimas entre 1997 y 2021[13]. Muchas de ellas fueron llevadas a las infames “casas de pique”, como se llama a los lugares cercanos a los esteros de Buenaventura, donde las estructuras armadas torturan y desmiembran, hasta hoy en día, a sus víctimas antes de hacerlas desaparecer en las aguas.
Según las comunidades de Buenaventura, el único objetivo de esta práctica es intimidarles. Los crímenes tuvieron visibilidad para que todo el mundo se enterara de lo que estaba ocurriendo, sin embargo, durante muchos años, las autoridades mantuvieron el silencio y, por tanto, los responsables de estos crímenes de lesa humanidad siguen en impunidad. Mientras tanto, los y las familiares de las víctimas, en medio de una situación de total incertidumbre, se enfrentan cada día al abandono estatal, sin la posibilidad de averiguar lo que realmente sucedió y sin tener ninguna claridad sobre el paradero de sus seres queridos.
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Foto: Edu León[/caption]
El silencio alrededor de las desapariciones forzadas en Buenaventura benefició sobre todo a las empresas portuarias. De esta manera, pudieron desarrollar sin inconvenientes el proyecto de dragado en el estero San Antonio, para así asegurar la navegación de barcos de alta mar en el sector, independientemente de la marea. No obstante, la comunidad no mantuvo el silencio. Las organizaciones de víctimas, en su mayoría compuestas por mujeres, como Madres por la Vida, se expusieron durante años a la persecución y a los ataques de los actores armados por dedicarse con todas sus fuerzas a encontrar a sus seres queridos. Ellas, compañeras, madres, hermanas, hijas, no han recibido ningún reconocimiento, apoyo económico o protección, a lo largo de décadas de búsqueda bajo amenazas. Gracias a su persistencia, junto a FNEB y CIJP, fue que lograron las medidas de protección del estero que contenían, entre otras previsiones, un mandato de búsqueda para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
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Foto: Edu León[/caption]
Sin embargo, en el terreno se demuestra la complejidad de la búsqueda: las condiciones en el estero de San Antonio son extremas, con temperaturas calurosas y de alta humedad, junto a muchos mosquitos que encuentran el hábitat perfecto en medio de los manglares de la Isla Calavera. Además, la geología de la isla: hacia el occidente, expuesta a la marea del Pacífico que cubre la isla en su totalidad cuando sube y arrastra todo lo que encuentra cuando baja, llevándolo hacia el mar abierto. Al mismo tiempo, por el extremo sur llegan constantes sedimentos del río Dagua. Si bien, la verdadera dificultad es que aún no haya habido avances en torno a los registros de personas desaparecidas, toma de muestras, exhumaciones, hallazgos y prospecciones, lo que obstaculiza la posibilidad de establecer el universo de personas desaparecidas y de agilizar su búsqueda. Como tampoco se está dando una respuesta efectiva frente al riesgo inminente de pérdida de los cuerpos de las víctimas en el estero, vulnerando los derechos de los y las buscadoras. En este sentido, el mantenimiento de las medidas cautelares y la protección del estero San Antonio es indispensable para que se puedan avanzar las actividades de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en Buenaventura. Pero es urgente que las autoridades mencionadas en las medidas cautelares cumplan con la mayor celeridad sus funciones para garantizar los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de las víctimas, que ya llevan demasiado tiempo sin respuesta.
Julian Streit
PBI Colombia.
[1] El Espectador: JEP ordena protección de estero de Buenaventura donde hay desaparecidos, 17 de diciembre de 2021
[2] W-Radio: JEP extiende medidas cautelares sobre Estero San Antonio de Buenaventura, 9 de septiembre de 2022.
[3] Diario Occidente: Dragado en Buenaventura es una prioridad, 27 de julio de 2022.
[4] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Mundubat: Buenaventura El Despojo para la Competitividad, mayo de 2015.
[5] El Espectador: La violencia que se apoderó de Buenaventura, 2 de septiembre de 2022.
[6] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Mundubat: Buenaventura El Despojo para la Competitividad, mayo de 2015.
[7] Este espacio natural se extiende de la cordillera occidental de los Andes hasta las orillas del Pacífico.
[8] Comisión de la Verdad: Buenaventura, un territorio lleno de contrastes, 16 de septiembre de 2019.
[9] Íbid.
[10] Íbid.
[11] Centro Nacional de Memoria Hístorica: Buenaventura: Un Puerto sin Verdad, 2015.
[12] Comisión de la Verdad: Pacto por la búsqueda de las personas desaparecidas en Buenaventura, 12 de abril de 2021.
[13] El Espectador: Los mapas de la desaparición forzada en Buenaventura, 30 de abril de 2021.