El defensor de derechos humanos David Ravelo pasó 7 años en la cárcel por un crimen que nunca cometió. Ahora que se cumplen 11 años de la declaración que dio pie al proceso en su contra, recordamos el caso
Fue un 17 de abril. El calvario judicial de David Ravelo comenzó hace exactamente 11 años, cuando Mario Jaimes Mejía ‘El Panadero’, excomandante en Barrancabermeja de las Autodefensas Unidas de Santander y Cesar, se acogió a la Ley de Justicia y Paz. La declaración del paramilitar, en la que incriminó a David Ravelo en una supuesta trama para asesinar a un funcionario en 1991[1], acabaría con los huesos de David en la cárcel durante más de 7 años.
“Ya desde años antes venían tratando de acabar conmigo”. David Ravelo –rostro enjuto, cuerpo menudo hundido en una esquina del sofá de la sede de PBI en Barrancabermeja – fue testigo y víctima de los años más brutales de la guerra por el control del puerto petrolero más importante de Colombia. En 1993 pasó 3 años en la cárcel bajo la acusación de rebelión, de la que fue absuelto e indemnizado por detención arbitraria[2]; a principios de los 2000 recibió, junto a toda la directiva de CREDHOS, amenazas de muerte de comandos paramilitares[3]; en 2005 tuvo que huir de Barrancabermeja después de continuas amenazas de muerte[4], y en 2006 se urdió un plan de asesinato en su contra[5]. “Pero con el acompañamiento nacional e internacional que tuve, los tipos desistieron del asesinato físico. Fue entonces que decidieron asesinarme judicialmente”.
En el momento de la declaración corría el año 2008 y El Panadero cumplía una larga condena en la cárcel de Itagüí por haber participado, al frente de un comando paramilitar, en el asesinato de 7 personas y la desaparición de otras 25 en los barrios nororientales de Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998[6]. Esta masacre, que inauguró la toma paramilitar de la ciudad petrolera, fue denunciada por David Ravelo, por aquel entonces portavoz y figura visible de la Corporación Regional de Derechos Humanos (CREDHOS).
Y de pronto, la Ley de Justicia y Paz abrió el camino para que ‘El Panadero’ saliera de la cárcel y, al mismo tiempo, saldara cuentas. La ley 975 de 2005 era una oportunidad única: permitía a paramilitares condenados acogerse a reducciones de pena a cambio de contribuir a “la consecución de la paz nacional” mediante declaraciones libres de los delitos cometidos[7]. Cuando se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín, en vez de hablar de sus crímenes como paramilitar, ‘El Panadero’ acusó a David Ravelo de planear junto a las FARC el asesinato de un funcionario público en 1991[8]. Las acusaciones apenas se sostenían. La única fuente que respaldaba la versión era otro paramilitar preso en la misma cárcel que ‘El Panadero’[9].
Pero un aliado inesperado de las acusaciones entró en escena: el fiscal antiterrorista William Pacheco. Como reveló el periodista Daniel Coronell en su columna “Las siete vidas del “transformer”[10], Pacheco era un antiguo oficial de policía involucrado en la detención y desaparición forzada de un joven en Armenia (Quindío), reconvertido luego en asesor del entonces legislador José Domingo Dávila, hoy condenado por vínculos con el paramilitarismo[11]. William Pacheco era fiscal 22 antiterrorista cuando el 25 de marzo de 2009 le fue asignado el caso de David Ravelo.
David rememora el momento en que comenzó todo. “Yo estaba en la casa, y me llamó la secretaria de CREDHOS: ‘aquí lo están esperando unos señores del CTI’. Por mi mente no pasó nunca que fueran a detenerme. Llegué allá, un tipo me dijo ‘venga con nosotros, tiene orden de captura’”.
A pesar de que sólo dos testimonios llenos de contradicciones sostenían el caso, y de los más de 30 testigos a favor del acusado[12], David Ravelo fue condenado: 18 años de cárcel por un crimen que no cometió[13].
“La cárcel no pudo quebrarme”
David Ravelo llegó a la que sería su casa durante los siguientes 5 años el 14 de septiembre de 2010, hasta su traslado a la cárcel de Barrancabermeja. “En el patio de funcionarios públicos de la cárcel de La Picota, en Bogotá, convivían concejales, militares, policías, abogados...”. En La Picota, David comenzó a organizar a los reclusos y sus familiares para la defensa de sus derechos. Cinco veces se presentó a las elecciones de delegado de derechos humanos. Cinco veces ganó. “Hacíamos campaña, con carteles y discursos”, rememora. “Iba a las celdas, y les decía ‘a ustedes ahí fuera yo los denuncio, y ustedes me matan; pero aquí estamos en igualdad de condiciones; somos seres humanos con dignidad”.
“En una ocasión convocamos una huelga de hambre en todos los patios para exigir que se respetara la dignidad de los reclusos durante los registros. Los desnudaban en medio del patio, con el frío de Bogotá. Con 200 reclusos a la espalda le dije al guardia ‘aquí nadie se va a quitar la ropa’. Fue una pequeña batalla que ganamos”.
Mientras tanto, los varapalos judiciales se sucedían. En febrero de 2013, David Ravelo y su abogado apelaron la sentencia ante el Tribunal Superior de Santander. Este Tribunal confirmó la sentencia de 220 meses de cárcel[14]. Ante el agotamiento de todas las instancias en Colombia, sus abogados decidieron llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[15].
La negociación y firma de los Acuerdos de Paz pasó con David aún entre rejas. Allí organizaron un comité dedicado a ellos. “Fue mi forma de vencer los barrotes. Resistí a través de la defensa de los derechos humanos de los reclusos y sus familiares. En la cárcel le di continuidad a la labor que estaba haciendo como defensor en libertad. Yo no me sentía detenido”.
“Estoy vivo. Y sólo me queda la vida para vivirla con avidez”
En el 2015 se presentó el caso a la Justicia Especial para la Paz, acogiéndose a la Ley de Amnistía e Indulto y Tratamientos Penales Especiales[16]. Fue el billete de acceso a una frágil libertad. Mientras el caso se resuelve ante la JEP, Ravelo goza de libertad condicional.
Al salir, para David Ravelo el mundo era otro. El pequeño hijo de 3 años que dejó cuando lo detuvieron era un muchacho de 11 que le enseñaba a utilizar WhatsApp. Barrancabermeja era otra ciudad: nuevas calles, edificios más altos. La guerrilla más longeva de América Latina era ahora un partido político.
Otras cosas han cambiado. ‘El Panadero’ confesó su participación en el secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya, y cumple una condena de 28 años de cárcel[17]. Fue expulsado del proceso de Justicia y Paz[18] y está siendo juzgado por falso testimonio y fraude procesal. Por otro lado, el patio de funcionarios públicos de la cárcel de La Picota tiene un nuevo inquilino: el fiscal William Pacheco, que espera juicio por la desaparición forzada de un joven en la que presuntamente participó en 1991[19].
11 años después de que el vía crucis comenzara para David Ravelo, libre desde 2017, sigue involucrado en la defensa de los derechos humanos. “Ya todo me ha sucedido, nada me puede sorprender: la persecución, las amenazas, el asesinato, el desplazamiento, la cárcel… Pero estoy vivo. Y sólo me queda la vida para vivirla con avidez”.
Diego Lantero