Los defensores del territorio son “grupos, personas o instituciones que intentan promover y proteger los derechos humanos relativos a la tierra, especialmente enfrentándose de manera pacífica al impacto negativo de los proyectos de inversión. De forma individual o colectiva se alzan contra las tentativas de acaparamiento de tierras y reclaman el respeto de los derechos humanos relativos a la tierra, a través de acciones pacíficas protegidas por el derecho internacional, tales como la toma de acciones legales, las campañas públicas, las protestas o las manifestaciones”[1].
Los últimos años han representado un aumento en los ataques contra las personas que defienden su tierra y territorio y específicamente el medio ambiente, frente a los intereses económicos de las empresas multinacionales. Alrededor de 200 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en el mundo en el 2016, siendo el año con más muertes registradas[2]. Según Global Witness, el fenómeno de los ataques contra defensores del medio ambiente no solamente está creciendo, sino que también se está expandiendo con asesinatos registrados en 24 países en 2016, en comparación con 16 en 2015. La mayoría de los asesinatos fueron relacionados con la explotación minera y el petróleo[3].
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Ilustración: María Fernanda Lessmes[/caption]
El trabajo de las personas defensoras del medio ambiente, se centra en la actividad legal que puede arrojar luz acerca de los daños ambientales y la violación de derechos humanos causada por los proyectos económicos a gran escala, usualmente en el sector de explotación minera pero también contra hidroeléctricas, proyectos de construcción y desarrollo y agroindustria. 60% de los activistas quienes perdieron sus vidas en 2016 fueron latinoamericanos, asesinados por proteger los derechos a la tierra, los derechos indígenas y el medio ambiente[4].
Esta tendencia es particularmente alarmante en el contexto de Latinoamérica, la cual según Global Witness es la región más peligrosa en el mundo para ser persona defensora de la tierra y del medio ambiente, siendo Colombia el segundo país más peligroso después de Brasil, para involucrarse en estas actividades[5]. En 2016, 37 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en Colombia[6].
El Relator Especial de la Naciones Unidas para las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, indicó en su informe anual de 2016 que las causas fundamentales de los ataques a personas defensoras del medio ambiente, son la exclusión y el desequilibrio en el poder, la “mercantilización” y la “financiarización” del medio ambiente, la corrupción y la impunidad[7].
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Estos son algunos de los rostros de las personas valientes, quienes siguen defendiendo la vida y el territorio. Su resistencia y amor por su tierra son una inspiración y una fuente de motivación para seguir en la lucha a pesar de las dificultades.[/caption]
Tradicionalmente los miembros de los movimientos sociales en Colombia han sido estigmatizados como el “brazo político” de los movimientos guerrilleros, lo que ha llevado en muchos casos a la detención de líderes y lideresas sociales acusados falsamente de estar vinculados bien sea con las Farc-EP o el ELN[8]. Este estigma ha puesto en riesgo a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de la tierra, y requiere una contra-narrativa que apoye y eleve el trabajo que estas personas realizan, con el fin de protegerlas[9]. En otros contextos del mundo vemos como las personas defensoras del medio ambiente son muchas veces estigmatizadas como personas anti-desarrollo, es decir, que están presuntamente en contra de cualquier “progreso” en el territorio, sobre todo cuando está vinculado al mercado extractivista[10].
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“Los autores de ataques a defensores desarrollan una serie de acciones que a menudo buscan desarticular esfuerzos colectivos mediante estrategias de ´divide y vencerás´, que pueden resultar especialmente difíciles para los defensores indígenas”. Relator Especial de la ONU, Michel Forst: Situación de los defensores de los derechos humanos, 2017. Foto: Bianca Bauer[/caption]
Además de asesinar y estigmatizar a las personas defensoras de la tierra, se han utilizado otras tácticas que incluyen amenazas, ataques, violencia sexual, judicializaciones y la criminalización de las actividades de protesta social, para reprimir el activismo[11]. En el contexto colombiano existen leyes que prohíben algunas actividades relacionadas con la protesta social, como es el caso del bloqueo de carreteras, lo que implica que las personas que formen parte de estas actividades pueden ser arrestadas legalmente[12].
Durante el desarrollo de las protestas, el Escuadrón Antidisturbios Esmad, ha sido utilizado frecuentemente para responder frente a las protestas pacíficas que pueden volverse violentas, a tal grado, que actualmente hay casos de abuso por parte de la entidad que están siendo investigados, entre ellos las 168 denuncias que se presentaron en el contexto del paro cívico en Buenaventura a mediados de 2017[13].
La estrategia del Gobierno colombiano en el pos-acuerdo, es abrir aún más el país hacia los negocios, invitando inversores internacionales e impulsando los modelos extractivos enfocados en ganancias económicas y beneficios a corto plazo para los ricos propietarios de tierras y para las grandes multinacionales, por encima de los derechos de las comunidades a tener sus tierras y un medio ambiente limpio[14].
Muchos de los territorios que han estado bajo el control de las Farc-EP durante décadas, están siendo ahora liberados para que las corporaciones transnacionales consideren invertir en ellos[15]. En este sentido, se espera el incremento de estos conflictos sobre la tierra y el territorio en los próximos meses y años, lo que implica que los ataques contra defensores y defensoras de la tierra seguirán en aumento[16]. La investigación eficiente y la sanción de los autores materiales e intelectuales de los ataques contra grupos y personas defensores del medio ambiente y del territorio, constituye una salvaguarda fundamental para la satisfacción de los derechos de los defensores ambientales y las garantías de no-repetición[17].
En un contexto de asimetrías de poder entre corporaciones transnacionales y comunidades rurales, una impunidad generalizada y una legislación favorable para la inserción de proyectos a gran escala en los territorios, la vulnerabilidad de las comunidades rurales se agrava aún más, y mientras continúan su labor de proteger sus territorios corren altos niveles de riesgo. A lo anterior hay que sumarle el difícil acceso a la justicia y a mecanismos de participación con poder de decisión en nuevos proyectos extractivos, la corrupción y la poca presencia del Estado en las regiones afectadas por estos conflictos[18].
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh), registró solo en 2015 y 2016, más de 400 casos de ataques contra personas defensoras en América Latina, quienes trabajaban a favor de la rendición de cuentas de las empresas[19]. Según sus bases de datos, el sector con el mayor número de supuestos abusos en contra de defensores y defensoras era el sector energético[20].
Ilustración: María Fernanda Lessmes[/caption]
El trabajo de las personas defensoras del medio ambiente, se centra en la actividad legal que puede arrojar luz acerca de los daños ambientales y la violación de derechos humanos causada por los proyectos económicos a gran escala, usualmente en el sector de explotación minera pero también contra hidroeléctricas, proyectos de construcción y desarrollo y agroindustria. 60% de los activistas quienes perdieron sus vidas en 2016 fueron latinoamericanos, asesinados por proteger los derechos a la tierra, los derechos indígenas y el medio ambiente[4].
Esta tendencia es particularmente alarmante en el contexto de Latinoamérica, la cual según Global Witness es la región más peligrosa en el mundo para ser persona defensora de la tierra y del medio ambiente, siendo Colombia el segundo país más peligroso después de Brasil, para involucrarse en estas actividades[5]. En 2016, 37 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en Colombia[6].
El Relator Especial de la Naciones Unidas para las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, indicó en su informe anual de 2016 que las causas fundamentales de los ataques a personas defensoras del medio ambiente, son la exclusión y el desequilibrio en el poder, la “mercantilización” y la “financiarización” del medio ambiente, la corrupción y la impunidad[7].
[caption id="attachment_9951" align="alignnone" width="1200"] Estos son algunos de los rostros de las personas valientes, quienes siguen defendiendo la vida y el territorio. Su resistencia y amor por su tierra son una inspiración y una fuente de motivación para seguir en la lucha a pesar de las dificultades.[/caption]
Tradicionalmente los miembros de los movimientos sociales en Colombia han sido estigmatizados como el “brazo político” de los movimientos guerrilleros, lo que ha llevado en muchos casos a la detención de líderes y lideresas sociales acusados falsamente de estar vinculados bien sea con las Farc-EP o el ELN[8]. Este estigma ha puesto en riesgo a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de la tierra, y requiere una contra-narrativa que apoye y eleve el trabajo que estas personas realizan, con el fin de protegerlas[9]. En otros contextos del mundo vemos como las personas defensoras del medio ambiente son muchas veces estigmatizadas como personas anti-desarrollo, es decir, que están presuntamente en contra de cualquier “progreso” en el territorio, sobre todo cuando está vinculado al mercado extractivista[10].
[caption id="attachment_9952" align="alignnone" width="1200"] “Los autores de ataques a defensores desarrollan una serie de acciones que a menudo buscan desarticular esfuerzos colectivos mediante estrategias de ´divide y vencerás´, que pueden resultar especialmente difíciles para los defensores indígenas”. Relator Especial de la ONU, Michel Forst: Situación de los defensores de los derechos humanos, 2017. Foto: Bianca Bauer[/caption]
Además de asesinar y estigmatizar a las personas defensoras de la tierra, se han utilizado otras tácticas que incluyen amenazas, ataques, violencia sexual, judicializaciones y la criminalización de las actividades de protesta social, para reprimir el activismo[11]. En el contexto colombiano existen leyes que prohíben algunas actividades relacionadas con la protesta social, como es el caso del bloqueo de carreteras, lo que implica que las personas que formen parte de estas actividades pueden ser arrestadas legalmente[12].
Durante el desarrollo de las protestas, el Escuadrón Antidisturbios Esmad, ha sido utilizado frecuentemente para responder frente a las protestas pacíficas que pueden volverse violentas, a tal grado, que actualmente hay casos de abuso por parte de la entidad que están siendo investigados, entre ellos las 168 denuncias que se presentaron en el contexto del paro cívico en Buenaventura a mediados de 2017[13].
La estrategia del Gobierno colombiano en el pos-acuerdo, es abrir aún más el país hacia los negocios, invitando inversores internacionales e impulsando los modelos extractivos enfocados en ganancias económicas y beneficios a corto plazo para los ricos propietarios de tierras y para las grandes multinacionales, por encima de los derechos de las comunidades a tener sus tierras y un medio ambiente limpio[14].
Muchos de los territorios que han estado bajo el control de las Farc-EP durante décadas, están siendo ahora liberados para que las corporaciones transnacionales consideren invertir en ellos[15]. En este sentido, se espera el incremento de estos conflictos sobre la tierra y el territorio en los próximos meses y años, lo que implica que los ataques contra defensores y defensoras de la tierra seguirán en aumento[16]. La investigación eficiente y la sanción de los autores materiales e intelectuales de los ataques contra grupos y personas defensores del medio ambiente y del territorio, constituye una salvaguarda fundamental para la satisfacción de los derechos de los defensores ambientales y las garantías de no-repetición[17].
En un contexto de asimetrías de poder entre corporaciones transnacionales y comunidades rurales, una impunidad generalizada y una legislación favorable para la inserción de proyectos a gran escala en los territorios, la vulnerabilidad de las comunidades rurales se agrava aún más, y mientras continúan su labor de proteger sus territorios corren altos niveles de riesgo. A lo anterior hay que sumarle el difícil acceso a la justicia y a mecanismos de participación con poder de decisión en nuevos proyectos extractivos, la corrupción y la poca presencia del Estado en las regiones afectadas por estos conflictos[18].
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh), registró solo en 2015 y 2016, más de 400 casos de ataques contra personas defensoras en América Latina, quienes trabajaban a favor de la rendición de cuentas de las empresas[19]. Según sus bases de datos, el sector con el mayor número de supuestos abusos en contra de defensores y defensoras era el sector energético[20].
Hannah Matthews
Notas de pie:
[1] Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (Omct-Fidh): “No tenemos miedo”, Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, Informe anual 2014, p. 8 [2] Global Witness: Defender la Tierra, 13 de julio de 2017 [3] Ibíd., Defender la Tierra [4] Ibíd., Defender la Tierra [5] Ibíd., Defender la Tierra [6] Ibíd., Defender la Tierra [7] UN Special Rapporteur Michel Forst: United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders: they spoke truth to power and were murdered in cold blood, analysis on the situation of environmental human rights defenders and concrete recommendations to better protect them, 2016 [8] Defensoría del Pueblo, Informe De Riesgo No 010-17 A.I., 30 de marzo de 2017 [9] Informe De Riesgo No 010-17 A.I [10] Óp. Cit., Defender la Tierra [11] PBI: Criminalización de la protesta social, 22 de agosto de 2016 [12] Policía Nacional: Código Nacional de Policía y Convivencia, 29 de julio de 2016 [13] Comisión veeduría de Derechos Humanos Paro Cívico: boletín 06, boletín 05, boletín 04, boletín 03, boletín 02, boletín 01; Colombia Plural: La “respuesta militar” del Gobierno a Buenaventura: 300 heridos, 10 con arma de fuego, 1 de junio de 2017 [14] Expansión: "Colombia necesita inversiones para consolidar el proceso de paz", 25 de junio de 2017 [15] BBC: Los grupos armados que están ocupando los territorios abandonados por las FARC en Colombia, 20 de julio de 2017 [16] Defensoría del Pueblo: Informe De Riesgo N° 010-17 A.I., 30 de marzo de 2017 [17] Informe Anual Oacnudh: 2016, p. 11 [18] Puerta giratoria [19] Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh): Empresas, Libertades Civiles y Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, 2017 [20] Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh): Informe de Latinoamérica. Foco sobre Defensores/as de Derechos Humanos bajo amenazas y ataques, enero de 2017*Foto de portada: Caldwell Manners/Ecap