Escucho la voz de Miyela, una voz quebrada, desesperada, casi no le salen las palabras que ha grabado hoy a las 3:47 de la madrugada desde su casa: “¿Qué está pasando con mi gente de Buenaventura?”, pregunta la voz estallada en llanto que me rompe el corazón, “¿qué pasa con nosotros?”. “¡En este momento hay un despliegue militar, tanto de la policía, Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), policía de carreteras, hay soldados que están atacando a la población, por carretera, por aire, son demasiados helicópteros!”, exclama con preocupación.
Miyela ha vivido dieciocho días de protesta social que ha sido reprimida violentamente, según ha denunciado reiteradamente el Comité del Paro Cívico de Buenaventura. Uno de sus miembros, Berenice Celeyta, manifestó ayer durante una rueda de prensa que “el uso excesivo y abusivo de la Fuerza Pública ha dejado en el paro cívico, hasta ahora, trescientos heridos, la mayoría a causa de las bombas de gas lacrimógeno que han usado los 2.500 efectivos de la Fuerza Pública que están regados en toda la ciudad y pertenecen a Infanteria de Marina, la Armada Nacional, la policía, el Esmad y la Sijin”[1].
“Se ha dado un tratamiento de guerra a la población civil organizada haciendo sus peticiones en diversos puntos de encuentro”, reitera Celeyta. “¿Llevaron artillería, helicópteros a combatir a quién?” ¿O, más bien, por qué el uso desmedido de la violencia?
Para Danelly Estupiñán, también del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, es claro el porqué. Buenaventura es el primer puerto de Colombia y el más importante de Latinoamérica que se conecta con quinientos puertos en el mundo. Es una pieza clave de la economía global[2]. Buenaventura mueve el 60% del comercio exterior colombiano.
Buenaventura forma parte de proyectos que buscan posicionar al puerto como epicentro del desarrollo neoliberal, como el “Programa de las Nuevas Ciudades”, el Plan de Desarrollo “Todos Somos Pazcifico” y “Buenaventura Vital 2050”[3]. Y actualmente, estos proyectos incluyen la ampliación del terminal portuario, el puerto de Aguadulce, la terminal marítima Delta del Río Dagua, la zona franca Centro Logístico del Pacífico y el Malecón Bahía de la Cruz[4].
La ampliación portuaria ha generado una disputa sobre los territorios de Buenaventura, recuerda Estupiñán. Han sido territorios ganados del mar porque Buenaventura en el pasado solo era mar y la población afrodescendiente, en su mayoría, en proceso de rellenos artesanales, se ganaron el terreno a ese mar. Construyeron vivienda que hoy día son escenarios para la economía mundial.
Para Estupiñán, es por esto el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades: defender este megaproyecto neoliberal.
La otra cara de Buenaventura, por la cual está protestando la gente, es la pobreza, la desigualdad y la violencia. Como lo detalla el informe Buenaventura: El despojo para la competitividad de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp), las condiciones de vida de gran parte de la población bonaverense han empeorado como consecuencia del desarrollo basado en el crecimiento económico del puerto, su modernización y expansión: confinamiento, violencia exacerbada, desintegración del tejido social, desaparición progresiva de los prácticas de vida y de sistemas productivos locales y medios tradicionales de subsistencia en torno al agua, así como la constante angustia de no saber dónde va a estar reubicada o de qué vivirá esta población, son sólo algunos ejemplos[5].
La mayor parte de los 500.000 habitantes no tienen acceso a agua potable y no hay un hospital en la ciudad; para atención médica la gente debe viajar las tres horas por carretera hasta Cali.
Los líderes del paro cívico han intentado negociar con el Gobierno las propuestas que tiene la población para atacar los problemas socioeconómicos, pero hasta el momento sin éxito. A pesar de la respuesta violenta por parte de la Fuerza Pública, los líderes y gran parte de la población continúan con el paro porque es la única garantía que tienen para presionar políticamente al gobierno nacional[6].
Sin embargo, el Comité está preocupado por los líderes y lideresas, pues manifiestan que han sido estigmatizados y explica que la policía les culpa por la muerte de un policía durante el paro, y además denuncian que miembros de la Sijin (Seccional de Investigación Criminal) están infiltrados en reuniones del Comité Ejecutivo, tomando fotos y tomando notas del listado de asistencia[7].
El Comité pide urgentemente garantías para los líderes pues en Buenaventura el asesinato de líderes y las amenazas no han parado. El 18 de enero de este año fueron asesinados dos líderes sociales, Emilsen Manyoma y su compañero, quienes hacían parte del proceso organizativo del espacio humanitario Puente Nayero, por parte de una facción disidente de las Farc. Según la Defensoría del Pueblo, las amenazas a líderes y asesinatos están a menudo relacionadas con la presencia de bandas criminales, grupos neoparamilitares y disidentes de la guerrilla; actualmente hay una reconfiguración de los actores armados ilegales, una fuerte presencia del grupo neoparamilitar La Empresa, con interés en el control del territorio y los mercados ilegales en Buenaventura[8].
Bianca Bauer
Notas de pie:
[1] Ponencia de Berenice Celeyta durante la rueda de prensa, 1 de junio de 2017 [2] Ponencia de Danelly Estupiñan durante la rueda de prensa, 1 de junio de 2017 [3] Cien Días: Buenaventura como escenario para el posacuerdo, 1 de junio de 2017 [4] Cien Días: Buenaventura como escenario para el posacuerdo [5] Cijp y Mundubad : Buenaventura: El despojo para la competitividad, mayo de 2015 [6] Danelly Estupiñán, rueda de prensa, 1 de junio de 2017 [7] Denuncia realizado por el Comité durante la rueda de prensa, 1 de junio de 2017 [8] Informe Defensoría del Pueblo: Informe Especial de Riesgo, 30 de marzo de 2017Themes