El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ratifican en Cartagena el Acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera. Es un momento histórico, fundamental hacia el fin de una parte de medio siglo de conflicto armado interno que ha dejado más de ocho millones de víctimas[1], la mayoría de ellas civiles[2]. Es un paso para alcanzar una sociedad con menos violencia y más respeto a los derechos humanos, y ojalá, más justicia. El Gobierno y las Farc se comprometen a que, de aquí en adelante, “se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas”[3].

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Los bogotanos pintaron sus deseos por la paz sobre lienzos en la Plaza de Bolívar.[/caption]

Si el pueblo colombiano vota ‘Sí’ al plebiscito del 2 de octubre, comenzará la concentración y el desarme de los frentes de las Farc, que se ubicarán en las llamadas Zonas Veredales de Transición y Normalización y paulatinamente a lo largo de los próximos seis meses dejarán las armas.

Más de 600 comités de partidos políticos y movimientos sociales de campañas a nivel nacional, departamental, municipal y local se registraron[4], en los meses anteriores a la votación, para promover el ‘sí´ o el ‘no’ a la pregunta "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?"[5]. Mientras tanto, muchas organizaciones de derechos humanos, sociales y de víctimas desarrollan campañas de ‘pedagogía para la paz’ para explicar el contenido de los acuerdos en zonas rurales y remotos del país, en colegios y en barrios populares.

Comienza la etapa más importante

PBI trabaja en todo el mundo para abrir espacios para la paz y hacer frente a los conflictos sin el uso de la violencia, y para que las personas defensoras de derechos humanos tengan un papel fundamental e indispensable en la transformación de las sociedades inmersas en conflictos violentos a sociedades en paz y con justicia social.

El Acuerdo Final que se ratifica en Colombia, ha sido negociado en una mesa de diálogos entre el Gobierno y las Farc durante cuatro años, pero sobretodo, ha sido el producto de la lucha y el trabajo durante décadas de las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y otros movimientos sociales colombianos. Como sociedad civil han construido numerosas propuestas de cambio y muchas de ellas se ven reflejadas en el Acuerdo Final que se firma hoy. PBI Colombia está orgullosa de haberles acompañado en este largo, difícil y peligroso trabajo, que a muchas y muchos les ha costado la vida.

Sin embargo, la firma del Acuerdo no es un punto final: es el inicio de una etapa aún más importante. En el Acuerdo hay grandes oportunidades para mejorar las garantías para la defensa de los derechos humanos y para llegar a una sociedad más justa. Incluye mecanismos para conocer la verdad histórica sobre los graves crímenes cometidos durante el conflicto, lo cual es necesario para lograr justicia para las víctimas, mecanismos para una mejor protección de quienes defienden los derechos humanos y de quienes lideran la oposición política; incluye también el reconocimiento de la persistencia del fenómeno paramilitar y la amenaza que esto significa, además de medidas para combatirlo e investigar sus crímenes.

Hay una oportunidad para fortalecer el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina y la creación de un fondo de tierras para toda aquella parte del campesinado que ahora no tiene acceso a ella. Asimismo, el acuerdo incluye una política más integral para confrontar el problema de las drogas ilícitas más allá de la guerra, la represión y la fumigación; incluye también múltiples garantías para hacer oposición e incentivos para que los movimientos sociales participen en política.

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"A las personas desaparecidas no las olvidaremos en la paz", adviertan las familiares víctimas de la desaparición forzada mientras en Cartagena ratifican el Acuerdo Final.[/caption]

Las amenazas a la paz

Pero en el medio de las noticias esperanzadoras sobre la firma del acuerdo, empezó a desdibujarse en el último mes una tendencia preocupante a la luz de los escenarios del postconflicto. Desde el histórico anuncio del cese bilateral y definitivo el 24 de agosto 2016[6], hubo por lo menos 22 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitariosr[7]. De estos asesinatos, advirtió la Misión de Observación Electoral, 15 ocurrieron en regiones donde se instalarán las Zonas Veredales Transitorias de Normalización[8].

En Barrancabermeja circuló en septiembre un nuevo panfleto firmado por las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que declara objetivo militar, entre otros, a funcionarios públicos que apoyan al Gobierno Santos. El panfleto tenía un discurso en contra de la de las personas que hacen campaña por el sí y trabajan a favor de la implementación de los acuerdos de paz y les declaraba objetivo militar[9]. La misma amenaza a los que apoyan el sí, se reportó en varias otras zonas del país[10].

Existe una preocupación que, mientras nos acercamos a la fecha de la votación del plebiscito y la puesta en marcha del proceso de concentración y dejación de armas de las Farc, irán en aumento las agresiones contra los voceros de las campañas o contra personas que difunden el contenido de los acuerdos o aportan de alguna u otra forma a su implementación. En muchos casos son integrantes del movimiento social, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios[11].

¿Quiénes son los autores de las amenazas y asesinatos? Según el Programa Somos Defensores, el 68% de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se atribuyen a neoparamilitares, el 22% a desconocidos, el 10% a la Fuerza Pública, además de un caso respectivamente las Farc y el ELN[12]. Según la MOE, el riesgo extremo para la votación al plebiscito se da por: arraigo del paramilitarismo, presencia del ELN, drogas ilícitas, minería ilegal y corrupción[13].

La presencia de grupos neoparamilitares, fuertemente armados y uniformados, con insignias y con mensajes amenazantes hacia la población civil ha sido denunciado en las últimas semanas en zonas donde PBI está presente: El Bagre (Bajo Cauca), en las cuencas de Cacarica, Curbaradó y Jiguamiandó (Bajo Atrato) y en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó[14]. La presencia de estos grupos en zonas colindantes a los lugares donde se establecerán las Zonas y Puntos Veredales de Transición y Normalización genera riesgos tanto para el proceso de paz con las Farc como para la población civil, en particular los líderes comunitarios y quienes defienden los derechos humanos, que viven y trabajan en la zona.

Otro factor de riesgo es la presencia del ELN, el otro grupo insurgente involucrado en un conflicto armado con el Gobierno Nacional, quien en los últimos años ha intensificado su actuar y ampliado su presencia a nuevas regiones del país. En las últimas semanas se han denunciado desplazamientos por presión directa del ELN o por los operativos del ejército contra este grupo[15]. El Gobierno y el ELN anunciaron la instalación de la agenda de una mesa de conversaciones de paz con el Gobierno en marzo 2016, pero desde entonces no hubo avances en este proceso, aunque el ELN declaró un cese unilateral para no obstaculizar la votación del 2 de octubre[16]. PBI resalta la importancia de avanzar en la mesa de negociaciones con este grupo guerrillero.

Implementar la paz

Lo que viene en los próximos meses es una movilización social masiva, no exenta de riesgos para quienes participarán.

Después del referendo, viene la fase de implementación de los acuerdos. La participación de las víctimas, organizaciones, movimientos y comunidades en los mecanismos de justicia transicional, como la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial de Búsqueda de personas Desaparecidas, y la Jurisdicción Especial para la Paz, será amplia e importante, dado que las organizaciones durante años han ido documentando e investigando casos o acompañando a familiares en la búsqueda de sus seres queridos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que “Es reiterado el acoso a representantes de víctimas, especialmente de quienes litigan casos sobre violaciones atribuibles a agentes estatales”[17].

Organizaciones como el Consejo Mundial de Iglesias, han expresado que para el cumplimiento de lo acordado la veeduría social por parte de las organizaciones de la sociedad civil sobre la implementación, será fundamental[18]. Más aún, según organizaciones sociales, porque hay reformas políticas del actual Gobierno que van en contra de los avances en temas de derechos humanos acordados en La Habana[19]: el nuevo Código de Policía que aumenta la criminalización de la protesta a social[20] y la Ley de Zidres, que según Oxfam, causa “efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra”[21].

A pesar de que termine el conflicto armado con las Farc, el Gobierno no ha querido negociar sobre reformas a las fuerzas militares necesarias, según movimientos sociales, como garantías de no repetición de los crímenes cometidos durante el conflicto armado[22].

No es hora para dejar de apoyar y acompañar a quienes defienden los derechos humanos y ambientales, con los riesgos que enfrentan por su labor, tampoco de desviar la mirada porque Colombia ‘ya es un país en paz’ ya que las cifras de violencia muestran que el camino hacia una sociedad en paz es todavía muy largo y complejo. Las organizaciones, grupos y comunidades necesitan ahora, tal vez más que nunca, los ojos del mundo puestos en Colombia, en este momento histórico que determinará si la paz será una paz con justicia social, de todos y todas, una paz que perdure.

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Hoy, 26 de septiembre, es un día para celebrar,pero después, los defensores y defensoras de derechos humanos seguirán con la tarea de la construcción de una paz que sea duradera y sostenible y que sea para todos y todas. PBI seguirá acompañándoles en esta labor.

Hendrine Rotthier, Analista PBI Colombia

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El camino hacia la paz es largo y complejo

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