El defensor de derechos humanos colombiano, David Ravelo Crespo, salió hoy, 20 de junio de 2017, de la cárcel de Barrancabermeja después de casi siete años en prisión. Desde PBI, y tras acompañarle durante todos estos duros años en la cárcel, nos alegramos enormemente por esta esperada noticia.
Sin embargo, debido a la labor que viene ejerciendo como defensor de derechos humanos en la región del Magdalena Medio, nos preocupa la posible situación de riesgo una vez que esté en libertad condicional, debido al aumento de amenazas, asesinatos y criminalización de personas defensoras durante este último año.
Recordamos que Ravelo fue detenido y encarcelado el 14 de septiembre de 2010, sindicado de ser autor intelectual del asesinato, en 1991, de David Núñez Cala, funcionario público de Barrancabermeja. El 5 de diciembre de 2012, el Juzgado Penal Especializado de Bucaramanga condenó a Ravelo a dieciocho años de cárcel por homicidio agravado. Luego de apelar, el 8 de octubre de 2013, el Tribunal Superior de Santander confirmó la sentencia condenatoria contra Ravelo[1].
Ante el agotamiento de todas las instancias en Colombia, en 2015, su abogado decidió llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2]. Este año el abogado presentó el caso a la Justicia Especial para la Paz, acogiéndose a la Ley de Amnistía e Indulto y Tratamientos Penales Especiales (artículo 35[3]) para que el caso se estudie en la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz y mientras tanto, Ravelo salga en calidad de inocente bajo libertad condicional[4].
“Soy culpable porque yo denuncio”, ha dicho en innumerables ocasiones Ravelo. Está convencido de que con su encarcelamiento “buscan silenciar a un dirigente popular que no se ha dejado amilanar y el establecimiento no lo pudo cooptar”. Antes de su detención, Ravelo tuvo que soportar una década de amenazas de muerte, señalamientos y persecución[5].
Sus abogados han denunciado varias irregularidades en el proceso judicial, entre las cuales destacó el hecho de que el Fiscal responsable de empezar el caso contra Ravelo, William Gildardo Pacheco Granados, quien antes de ser Fiscal era teniente de la Policía Nacional, fue investigado e inhabilitado en 1993 por la Procuraduría, por su supuesta participación en una desaparición forzada en 1991. Asimismo, fue condenado a un año de prisión en 1993, por detención ilegal de la misma persona, previa a la desaparición. Sin embargo, Pacheco continuó ejerciendo como fiscal[6].
Igualmente, la acusación fue realizada con base en los testimonios de los comandantes paramilitares, Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, y Fremio Sánchez, alias ‘Comando Esteban’, cuyos crímenes fueron denunciados por Ravelo, siendo los dos, posteriormente, condenados por estas denuncias. Según denunció la defensa, el caso se fundamentó sólo en tres testigos de cargo y no tuvo en cuenta los treinta testimonios a favor de Ravelo[7].
A lo largo de estos años, relatores especiales de la ONU, organizaciones y redes nacionales e internacionales han expresado preocupación frente a la judicialización de Ravelo y han pedido respeto por el debido proceso y su libertad[8].
Agradecemos todo el apoyo a David Ravelo y solicitamos con carácter urgente a la Comunidad Internacional que:
- inste al Estado colombiano, y en particular a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a coordinar de forma urgente todas las medidas de protección y seguridad para él y su familia,
- los Estados extranjeros, a través de sus representaciones en Colombia, estén pendientes y acompañen el proceso judicial que presenta el caso de Ravelo, siendo sujeto a la Ley 1820 de 30 de diciembre de 2016,
- conforme a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2013 sobre “Protección de los defensores de los derechos humanos” y la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la ONU en 1998, preste particular atención y se pronuncie públicamente contra violaciones de los estándares internacionales de derecho al debido proceso en juicio en contra de personas defensoras,
- inste al Estado colombiano, a que todas las irregularidades que se han venido denunciando desde la encarcelación de Ravelo y sus responsables, sean investigadas y sancionadas conforme al derecho colombiano y los estándares internacionales del debido proceso,
- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agilice el estudio del caso y tome en cuenta las inquietudes expresadas.
PBI Colombia