En el Cerro Plateado de la cordillera occidental de Antioquia nace el río Atrato. Este río, que recorre su camino a lo largo de los departamentos del Chocó y Antioquia hasta su desembocadura en el golfo de Urabá, es uno de los ríos más abundantes de la zona, y una irrefutable fuente de vida. Aunque también es uno de los lugares más golpeados por el conflicto armado. En particular, la zona del Bajo Atrato y la subregión de Urabá, donde se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, vinculadas a actores armados, contribuyó a despojar a las comunidades étnicas de sus tierras, ante graves omisiones estatales en términos de garantías de protección. El despojo que han sufrido las comunidades del Bajo Atrato ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales e impactos medioambientales en sus territorios. Así como la violencia dirigida contra líderes y lideresas reclamantes de tierras, como Mario Castaño, asesinado hace cinco años, el 26 de noviembre de 2017, en su finca ubicada en las cuencas de la Larga y Tumaradó (Bajo Atrato).
Mario Castaño fue uno de los principales referentes de los procesos de reclamación de las tierras disputadas en las cuencas de la Larga y Tumaradó que, mediante sus denuncias, puso en evidencia el papel de empresarios en el despojo ilegal de tierras junto a un férreo control territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -grupo sucesor del paramilitarismo-, y la ausencia de instituciones estatales. Por su liderazgo fue víctima de desplazamiento forzado en dos ocasiones y de múltiples amenazas contra su vida e integridad, hasta que finalmente lograron silenciarlo para siempre.
https://pbicolombiablog.org/2018/11/26/mario-castano-in-memoriam/
Cinco años después, la situación de violencia y despojo apenas ha cambiado en la Larga y Tumaradó, zona habitada por 49 comunidades afrocolombianas que, en teoría, serían dueñas de 107 mil hectáreas de tierra. En la práctica, el 95% de las tierras productivas estarían en manos de una decena de empresarios que las adquirieron en medio de la arremetida paramilitar a la región, a finales de los años 90, y que ocasionó el desplazamiento de cerca del 93 % de los más de 5 mil pobladores de la Larga y Tumaradó.
Desde el 2014 la comunidad del consejo comunitario [1] de la Larga y Tumaradó (COCOLATU) y 21 familias campesinas empezaron la difícil ruta de la restitución de tierras y, el 1 de septiembre de 2017, la Unidad de Restitución de Tierras inscribió este territorio colectivo en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. En el 2019, la vereda de Guacamayas, parte de este territorio, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del país en materia de restitución de tierras, con la devolución de un total de 12 fincas después de 20 años de lucha. Sin embargo, cuando las comunidades de Guacamayas volvieron, encontraron sus tierras destruidas por la ganadería extensiva, la deforestación y los monocultivos, además de la persistencia de la presencia y control por parte de los actores armados y, por tanto, de las amenazas y ataques contra ellas.
Alfranio Solano, líder reclamante de tierras de Guacamayas, quien ha sufrido varios ataques, asegura que el reto mayor sigue siendo “el simple hecho de mantenerse en el territorio”. Algo que se vuelve menos simple si pensamos que la permanencia en el territorio depende, además de unas mínimas condiciones de seguridad, de la soberanía alimentaria. “Si tenemos seguridad alimentaria, tenemos resistencia”, nos cuenta Alfranio, “consumir lo que uno siembra nos da la estabilidad que nos permite resistir”.
Los retos son múltiples: además de afrontar el desplazamiento forzado e interminables procesos jurídicos que aseguren el retorno ¿cómo se garantiza la permanencia en el territorio de las comunidades una vez logran retornar? Para muchas organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y Forjando Futuros [2], que acompañan el proceso de retorno y permanencia de la comunidad de Guacamayas existe una estrecha relación entre las garantías de seguridad de las comunidades y la soberanía alimentaria. Así lo ha manifestado también la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Recientemente, la entidad otorgó una medida cautelar para proteger a representantes de COCOLATU, así como a otras familias reclamantes de tierras, incluyendo que el Estado garantice la seguridad alimentaria de las mismas.
En el caso de las comunidades de la vereda Las Guacamayas, tras años de trabajo en una tierra seca y desgastada, lograron emprender un proyecto productivo, devolviendo a la tierra la abundancia que había perdido. La soberanía alimentaria y la posibilidad de vivir de sus cosechas se constituye pues, como elemento imprescindible para garantizar la seguridad de estas comunidades y su permanencia en el territorio. La soberanía alimentaria también fue clave, por ejemplo, en el retorno de las comunidades desplazadas del río Cacarica (Bajo Atrato), a raíz de la “Operación Génesis” en 1997. La particularidad de este retorno, en el año 2002, fue la priorización de la seguridad alimentaria en las fases exploratorias. Decidieron regresar en varias fases, para adelantar siembras y cosechas, y asegurar un retorno seguro para el resto de la comunidad. Así, las cosechas se convirtieron en una poderosa herramienta de resistencia para la comunidad.
No hay manera de entender la paz total en Colombia sin incluir la paz ambiental y, por extensión, la soberanía alimentaria. En el marco de la emergencia climática, con estragos como la deforestación y la contaminación, las comunidades de veredas como las Guacamayas cuidan el agua de los ríos, protegen la tierra y las plantas y trabajan por alcanzar la soberanía alimentaria tras retornar a sus territorios. “La soberanía alimentaria viene implícita en la seguridad de estas comunidades” que siempre tuvo un papel clave en la estrategia para volver a las tierras, nos cuenta una integrante del equipo de Forjando Futuros. La socialización de este conocimiento colectivo muestra que, aún con todo lo que ya han logrado, las comunidades siguen luchando por conseguir “el simple hecho de mantenerse en el territorio”.
Shirin Hesse
Equipo de Urabá, PBI Colombia.
[1] Un Consejo Comunitario es una unidad administrativa que puede administrar una zona designada, en Colombia, típicamente a nivel local. La forma más común es el Consejo Comunitario de Tierras de Comunidades Negras, reconocidos oficialmente en la Ley 70 de 1993.
[2] Además de representar jurídicamente a las víctimas para la restitución de sus tierras y su acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición, Forjando Futuros promueve otros procesos que hacen parte de la construcción de paz, que se enfocan en la seguridad y autonomía de las comunidades a través de la soberanía alimentaria.