Casi dos años después del Paro Nacional de 2021, los altos mandos de la Fuerza Pública, investigados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la represión de las protestas, siguen en plena impunidad. De los 3169 hechos delictivos reportados, la Fiscalía General de la Nación solo atribuyó 65 casos ^[1] a la Fuerza Pública de los cuales 11 fueron archivados y, a la fecha, no hay ninguna sentencia condenatoria^[2]. Mientras tanto, 230 jóvenes se encuentran judicializados por liderar la protesta^[3]

Entre otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la protesta, la desaparición forzada fue una práctica sistemática sobre la cual aún se desconoce su magnitud. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han recabado testimonios y denuncias sobre personas desaparecidas en las protestas de 2021 y destacan la impunidad que rodea estos casos. Recientemente, Sergio Venegas, empresario encargado de administrar cementerios en Bogotá, acusó a la Policía Nacional de haber utilizado hornos crematorios para desaparecer hasta 300 personas durante el Paro Nacional^[4]. Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), indica que aún se desconoce el paradero de 87 personas que efectivamente podrían haber sido desaparecidas en los cementerios de Bogotá^[5].

La gravedad de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza Pública y el rechazo a asumir su responsabilidad, se enmarcan en un contexto de impunidad que prevalece al interior de la Policía Nacional de Colombia. En diciembre de 2022, varios de los liderazgos que denunciaron las violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública en el marco de la protesta, fueron declarados objetivo militar presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -grupo sucesor del paramilitarismo^[6]-. Entre ellos se encuentran la directora de Nomadesc, Berenice Celeita, la abogada de la organización, Lina Peláez, y Walter Agredo miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). A la fecha, tampoco se presenta ningún avance en el esclarecimiento de los hechos^[7].

Según Óscar Ramírez, presidente del CSPP, la impunidad es consecuencia directa de la falta de control externo de la institución, debido al carácter militar de la Policía Nacional^[8]. El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en seguimiento a las 41 recomendaciones dirigidas al Estado colombiano tras la represión de la protesta en 2021, destaca preocupación por la situación generalizada de impunidad y reporta apenas un “cumplimiento parcial” de tan solo tres de las recomendaciones^[9]. Este panorama refleja la necesidad de una reforma estructural de la Policía Nacional, que fue una de las grandes promesas del nuevo Gobierno y una solicitud histórica de las organizaciones de derechos humanos en Colombia. Este proyecto, todavía pendiente de ser aprobado en el Congreso Nacional, prevé como punto clave el traslado de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a otro de carácter civil^[10]. El objetivo de la reforma sería el cese de la violencia policial, reparar sus efectos y garantizar su no repetición como compromiso con las y los miles de familiares y víctimas de violencia policial en Colombia que quedan a la espera de verdad y justicia.

PBI Colombia