Salimos de Bucaramanga, el maletero está lleno de equipaje, mucho material y pancartas para el "Foro Norte de Santander Territorio y Esperanza de Paz" de Ocaña, ciudad del departamento Norte de Santander y una de las puertas al Catatumbo, una zona muy afectada por el conflicto armado, que vive Colombia desde décadas.
Las plataformas Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) y Constituyente por la Paz han convocado este encuentro de víctimas con el objetivo de informar, asesorar y organizar a la comunidad. El espacio de la Constituyente tiene el objetivo de impulsar la participación activa en formular propuestas para un mandato popular y así construir colectivamente un nuevo modelo de país democrático, digno y con justicia social.
Acompañamos a Julia Figueroa, abogada y presidenta de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp), cuya sede está sede en Bucaramanga, la propia Corporación se define como “un grupo de mujeres profesionales al servicio del pueblo, que acerca el derecho a las comunidades vulnerables, a las que sus derechos han sido violados”[1].
Durante dos días centenares de víctimas de la región, muchas de ellas desplazadas del Catatumbo, (que viven actualmente en Ocaña), escucharán a Julia y sus colegas, y todo el trabajo que van a realizar desde la facilitación en diferentes espacios, la asesoría individual, ponencias sobre diferentes temas relacionados con la situación de víctimas hasta los acuerdos de las negociaciones entre el Estado y la guerrilla las Farc.
Los temas de más relevancia son los acuerdos en los puntos sobre “víctimas” y “participación democrática”. Julia habla sobre el balance de la Ley de Victimas y la Ley 975 de Justicia y Paz. De un lado muestra el objetivo de la Ley de Víctimas: “establecer un conjunto de medidas que beneficien a las víctimas del conflicto armado, en un marco de justicia transicional y que posibiliten el acceso a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición”[2].
De otro lado, habla de los logros y problemas de esta ley durante de los cinco años de su existencia. Detecta como el problema más grande la Unidad de Víctimas, con la que toda gestión demora años, hecho por el que Ccalcp hizo muchas tutelas en los casos que lleva. Aunque la ley otorga prioridad a niños, adultos mayores y mujeres cabeza de familia, muchas veces falta esta priorización, lo mismo ocurre con el enfoque especial diferencial.
Para la restitución de tierras hay muchas peticiones, pero solamente sentencias en el 2 % de los casos. A las abogadas les parece grave que muchas veces la restitución de la tierra signifique que otras víctimas, que ahora están en esos territorios, tengan que irse. Solamente el 23% de las víctimas se pueden quedar en sus predios, algo que significa nuevos despojos.
Relacionado con la Ley 975 de Justicia y Paz, Julia destaca como logros que, por las confesiones de los paramilitares acusados, se sabe que muchas denuncias de las víctimas son verdad, que hubo miles de desplazados, que hubo crematorios por parte de paramilitares en Catatumbo, que hubo vínculos entre paramilitares y autoridades públicas y de Fuerza Armada o que hubo violaciones y abusos sexuales a mujeres como práctica paramilitar.
Uno de los objetivos de la ley es la desmovilización de los grupos paramilitares, que no se ha completado y tendría que haber finalizado ya. Julia habla de la presencia de las mismas acciones de violaciones de derechos humanos como las que había antes de la leyy de la reorganización de los grupos con otros nombres como los Urabeños, Rastrojos o Águilas Negras.
Julia cuenta a la audiencia que las víctimas tienen que hacer denuncias, ella percibe la falta de información sobre las posibilidades que tienen como población desplazada, como víctimas de desaparición forzada, por ejemplo. Sin embargo, se nota las grandes necesidades que tienen las víctimas, su situación preocupante, su deseo de hablar sobre casos individuales.
Katharina, brigadista de Alemania