“Si no le compro a usted le compro mañana a su viuda”. Esta frase que se hizo famosa en los años noventa en el Bajo Atrato, cuando ocurrió la retoma paramilitar por parte del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes despojaron a las comunidades y compraron masivamente las tierras de manera irregular, todavía resuena en la memoria de los habitantes de Pedeguita y Mancilla. Temen que se pueda repetir la historia.
Pedeguita y Mancilla es una región con gran biodiversidad, abundante fauna y flora. Aquí los habitantes todavía esperan la restitución de sus tierras. Cuando acabó la guerra regresaron y encontraron grandes extensiones de plantaciones con palma aceitera, banano y ganadería en su territorio. Hoy día, el 58% de Pedeguita y Mancilla está en manos de ocupantes de mala fe y apenas el 13% se encuentra realmente en manos de la comunidad[1].
[caption id="attachment_10055" align="alignnone" width="1200"]
La Asociación Agromar recibió un contrato de usufructo de casi la mitad de su tierra colectiva donde están desarrollando proyectos de siembra extensiva de bananos. Se han destruido bosques nativos y cultivos de pancoger.[/caption]
Ha sido muy lento el proceso de restitución de sus tierras y no ha habido garantías de protección para los líderes reclamantes. Recientemente, cinco ONG que acompañan a familias reclamantes en el Urabá, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue disciplinariamente al director de la Unidad de Restitución de Tierras, porque no ha realizado las acciones que le corresponden para que le restituyan las tierras al consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla[2].
Esto se suma a otra situación complicada, pues el representante legal del territorio colectivo otorgó un contrato de usufructo de 20.000 hectáreas (casi la mitad de su tierra colectiva) por cien años a la Asociación Agropecuaria Campesina Agromar, sin haber realizado la consulta previa con las comunidades. Desde entonces, esta asociación, que desarrolla proyectos de siembra extensiva de banano, viene instalando en la zona familias trabajadoras quienes tienen como tarea “limpiar” los predios para poder empezar la siembra. Han destruido bosques nativos y cultivos de pancoger.
Los líderes han denunciado la desesperante situación. “La utilización de maquinarias tipo retroexcavadora para la adecuación de los terrenos y la construcción de canales para la agroindustria del plátano generó un impacto ambiental negativo dentro de los suelos del territorio”, mantiene la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp)[3].
[caption id="attachment_9813" align="alignnone" width="1200"]
El 8 de diciembre de 2017 fue asesinado el reconocido líder social y reclamante de tierras de Pedeguita y Mancilla, Hernán Bedoya, quien había denunciado asociaciones ilegales, contratos fraudulentos y presencia de paramilitares en la región. Además, Bedoya se opuso a la implementación de proyectos agroindustriales en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla. Foto: Bianca Bauer[/caption]
Los perjuicios ambientales son grandes, la deforestación y los daños en los suelos tienen impacto en las reservas subterráneas de agua dulce de las familias, lo cual pone en peligro su permanencia en el territorio.
Cualquier persona que se opone al proyecto agroindustrial ha recibido amenazas, insiste Cijp[4]. Un grupo de líderes del consejo comunitario viajaron a Bogotá para denunciar la situación y a su regreso recibieron amenazas de muerte por parte de grupos neoparamilitares, manifestó Manuel Garzón, abogado de Cijp[5].
La lentitud en el proceso de restitución de tierras además de los intereses económicos por parte de empresas palmeras y bananeras, vulnera los derechos de los habitantes del territorio colectivo. Sigue siendo una comunidad resistente y esperanzada que nunca renunció a su tierra, y nunca lo hará.
La Asociación Agromar recibió un contrato de usufructo de casi la mitad de su tierra colectiva donde están desarrollando proyectos de siembra extensiva de bananos. Se han destruido bosques nativos y cultivos de pancoger.[/caption]
Ha sido muy lento el proceso de restitución de sus tierras y no ha habido garantías de protección para los líderes reclamantes. Recientemente, cinco ONG que acompañan a familias reclamantes en el Urabá, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue disciplinariamente al director de la Unidad de Restitución de Tierras, porque no ha realizado las acciones que le corresponden para que le restituyan las tierras al consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla[2].
Esto se suma a otra situación complicada, pues el representante legal del territorio colectivo otorgó un contrato de usufructo de 20.000 hectáreas (casi la mitad de su tierra colectiva) por cien años a la Asociación Agropecuaria Campesina Agromar, sin haber realizado la consulta previa con las comunidades. Desde entonces, esta asociación, que desarrolla proyectos de siembra extensiva de banano, viene instalando en la zona familias trabajadoras quienes tienen como tarea “limpiar” los predios para poder empezar la siembra. Han destruido bosques nativos y cultivos de pancoger.
Los líderes han denunciado la desesperante situación. “La utilización de maquinarias tipo retroexcavadora para la adecuación de los terrenos y la construcción de canales para la agroindustria del plátano generó un impacto ambiental negativo dentro de los suelos del territorio”, mantiene la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp)[3].
[caption id="attachment_9813" align="alignnone" width="1200"] El 8 de diciembre de 2017 fue asesinado el reconocido líder social y reclamante de tierras de Pedeguita y Mancilla, Hernán Bedoya, quien había denunciado asociaciones ilegales, contratos fraudulentos y presencia de paramilitares en la región. Además, Bedoya se opuso a la implementación de proyectos agroindustriales en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla. Foto: Bianca Bauer[/caption]
Los perjuicios ambientales son grandes, la deforestación y los daños en los suelos tienen impacto en las reservas subterráneas de agua dulce de las familias, lo cual pone en peligro su permanencia en el territorio.
Cualquier persona que se opone al proyecto agroindustrial ha recibido amenazas, insiste Cijp[4]. Un grupo de líderes del consejo comunitario viajaron a Bogotá para denunciar la situación y a su regreso recibieron amenazas de muerte por parte de grupos neoparamilitares, manifestó Manuel Garzón, abogado de Cijp[5].
La lentitud en el proceso de restitución de tierras además de los intereses económicos por parte de empresas palmeras y bananeras, vulnera los derechos de los habitantes del territorio colectivo. Sigue siendo una comunidad resistente y esperanzada que nunca renunció a su tierra, y nunca lo hará.
Nathalie Bienfait
Notas de pie:
[1] El Espectador: El despojo de las comunidades negras, viaje al corazón del Bajo Atrato [2] Verdad Abierta: Restitución en Urabá genera tensiones entre Unidad de Tierras y algunas ONG, 19 de octubre de 2017 [3] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: Se afianzan operaciones empresariales ilegales de AGROMAR, 31 de julio de 2017 [4] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: Reactivación de trabajos para agronegocio y amenaza a defensores de DDHH, 9 de agosto de 2017 [5] Óp. cit. Restitución en Urabá genera tensiones entre Unidad de Tierras y algunas ONG*Foto de portada: Adrian Johanson