En el departamento del Cesar, el Equipo Jurídico Pueblos (EJP) acompaña a comunidades que han sido despojadas y desplazadas de sus tierras por el neoparamilitarismo y que hasta el día de hoy, no han logrado recuperar sus predios, a pesar de la implementación de normas y leyes como la Ley de Restitución de Tierras, que pretendía devolver para 2014 unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias desplazadas por la violencia. Sin embargo, continúan presentándose obstáculos como amenazas y asesinatos de líderes reclamantes[1].
Tal es el caso de la comunidad de Pitalito, (Chimichagua, Cesar), víctima del neoparamilitarismo y de la extracción palmera[2], cuyo intento de volver a sus tierras ha sido fallido varias veces.
En 2000 fue desplazada por grupos paramilitares y, según han denunciado la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp) y EJP, en 2010 la comunidad fue desalojada de manera irregular por el Ejército[3]. Ambas organizaciones han acompañado y asesorado jurídicamente a estas familias desde marzo de 2011. Su último retorno, realizado en mayo de 2013, no duró ni seis meses. En octubre del mismo año, miembros del Estado y de la Fuerza Pública volvieron a expulsar a las familias que ya habían vuelto a cultivar,
“La particularidad del caso de Pitalito radica en que las condiciones que originaron su desplazamiento no han sido superadas. Los victimarios no han sido sancionados penalmente. Es decir, está en total impunidad ese hecho tan grave que es el desplazamiento forzado”, Leonardo Jaimes[4].
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Notas de pie:
[1] PBI Colombia: Retornar al campo, junio de 2013; EJP [2] Verdad Abierta: Pitalito, Cesar, una vereda entre el despojo y el desalojo, sin fecha [3] PBI Colombia, op. cit. [4] Ibid.