Hace más de veinte años, una comunidad campesina que se encontraba en medio de una guerra terrible decidió organizarse y resistir en su territorio. Así nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Se fundó sobre la base del principio de neutralidad frente al conflicto armado, prohibiendo a sus miembros cualquier contacto directo o indirecto con los actores armados. En aquel entonces, pensaban que declarándose neutrales, serían respetados. Pero no fue así.
San José de Apartadó es un corregimiento que concentra muchos intereses económicos, además de encontrarse en la conexión entre el departamento de Córdoba y el golfo de Urabá, cerca de las principales rutas del narcotráfico hacia EEUU y Europa[1]. También es el proyecto piloto de la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz, con énfasis en la restitución y legalización de tierras. ¿Qué implica esto para la Comunidad de Paz? Para saberlo, debemos entender el valor de la tierra para quienes la conforman.
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Uno de los hechos que más impactó a la Comunidad de Paz fue la masacre del 21 de febrero de 2005. Ese día fueron asesinadas ocho personas en las veredas Mulatos y La Resbalosa, entre las que se encontraban tres menores de edad y el líder de la Comunidad Luis Eduardo Guerra. Foto: Eduardo Acosta Ulloa[/caption]
Uno de los hechos que más impactó a la Comunidad de Paz fue la masacre del 21 de febrero de 2005. Ese día fueron asesinadas ocho personas en las veredas Mulatos y La Resbalosa, entre las que se encontraban tres menores de edad y el líder de la Comunidad Luis Eduardo Guerra. Foto: Eduardo Acosta Ulloa[/caption]
Tierras comunitarias
El amor por la tierra se encuentra en el centro de la resistencia. La gente ha venido adquiriendo las tierras a lo largo de veinte años de existencia de la Comunidad de Paz, terrenos comunitarios comprados a otros campesinos y tierras baldías que ocuparon, es decir, que no pertenecen a ninguna persona y por ende, son propiedad del Estado colombiano[2].“Son tierras comunitarias, no son tierras de propiedad privada, sino que están al servicio de la Comunidad”, insiste Germán Graciano, representante legal de la Comunidad de Paz.
Tierras sin títulos
Más del 97% de los 8.000 habitantes del corregimiento de San José de Apartadó no tienen el título de su predio[3]. La legalización de estos predios es una buena noticia, es lo que piden los habitantes. Sin embargo, esto también genera algunas preguntas e inquietudes sobre cómo se desarrollará el proceso de restitución y cómo se reconocerán los derechos territoriales de la Comunidad de Paz como colectivo. Uno de los problemas es que no se reconoce la posesión de la tierra de manera colectiva como es el caso de la Comunidad de Paz. “Esto muestra el desconocimiento de la realidad rural colombiana, de cómo las comunidades campesinas han venido resistiendo la guerra en el territorio y cómo automáticamente se han organizado” comenta Germán Romero, abogado de DH Colombia y experto en temas de tierras. Por lo tanto, la Comunidad de Paz se encuentra en una “sinsalida jurídica” para poder legalizar la posesión de algunos de sus predios.Tierra codiciada
Por ser una tierra fértil y bien ubicada, es muy codiciada. Según la Agencia Nacional de Minería, existen seis títulos de explotación minera y cinco solicitudes de títulos mineros en el corregimiento, lo cual también podría afectar la formalización de las tierras para los campesinos[4]. La Comunidad de Paz ha denunciado la presencia de grupos neoparamilitares, quienes estarían controlando la mayoría de las veredas del corregimiento e incluso construyeron un caserío en un lugar llamado Rodoxali[5]. Según el último Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo, existen estrategias de despojo de tierras por parte de las AGC, quienes estarían comprando predios mediante testaferros “con la intención de hacerse principalmente a áreas que se connotan de gran interés y mayor valor monetario, dado el proceso de explotación de minerales que se proyecta en la zona[6]”. También, según el mismo informe y como se vino denunciando por primera vez en 2014, las AGC estarían construyendo otras dos carreteras veredales[7]. Lo que evidencia la Defensoría del Pueblo son los intereses económicos a los que apuntan las AGC, realizando en paralelo nuevas estrategias de control territorial y despojo de tierras de los campesinos de la zona, y amenazando a la Comunidad de Paz en sus derechos territoriales a través de la compra de tierras.
La Aldea de Paz, el símbolo de la resistencia
Uno de los terrenos que se encuentra en el limbo legal es la Aldea de Paz en la vereda de Mulatos. En este predio ocurrió la brutal masacre del líder Luis Eduardo Guerra junto con su hijo y compañera el 21 de febrero de 2005. En homenaje a él, a su familia y las demás víctimas, construyeron una escuela, una biblioteca, un proyecto deportivo y un quiosco para las asambleas, como un acto de memoria y reconstrucción del tejido social colectivo. Era un terreno baldío que ocuparon luego de la masacre y para la Comunidad es un territorio simbólico e importante en el proceso de resistencia. Tal como está la legislación colombiana al día de hoy, no le permite al colectivo ser beneficiario de este predio, “sería desastroso que la Comunidad, luego de hacer resistencia durante doce años en la vereda de Mulatos, donde ha construido infraestructura comunitaria, termine siendo despojada de ese mismo predio” comenta Romero. Resalta además que “el Punto 1 del Acuerdo de La Habana le prometió al país que a las comunidades campesinas se les iba a reconocer su derecho a la tierra, bien sea individual o colectiva. Pero esto no está claro en el desarrollo legislativo que se está dando. El problema de la tierra tiene que partir de reconocer cómo están organizadas las comunidades, de reconocer cómo enfrentaron el problema de la guerra o cómo lo siguen enfrentando en el caso de la Comunidad de Paz”. Pero la realidad es más compleja y la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz parece lenta y confusa en cuanto a la situación de la Comunidad de Paz, que espera que sus derechos territoriales sean respetados.Nathalie Bienfait
Notas de pie:
[1] Internacional de Resistentes a la Guerra, Colombia: La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 22 de abril 2016 [2] MisAbogados.com: ¿Qué son los terrenos baldíos?, 10 de agosto de 2016 [3]El Colombiano, Predios en Apartadó serán de campesinos, 20 de mayo 2017 [4] Defensoría Nacional del Pueblo, Informe de Riesgo n°035-17, 19 de julio 2017, página. 19 [5] IPC, ¿Que no hay paramilitares en Rodoxalí? En San José de Apartadó dicen lo contrario, 8 de noviembre 2016 [6] Defensoría Nacional del Pueblo, Informe de Riesgo n°035-17, 19 de julio 2017, página 20 [7] Ibíd., Defensoría Nacional del Pueblo, Informe de Riesgo n°035-17, p11. Una carretera entre la vereda de Nueva Antioquia y Rodoxali y otra hasta la zona de Altos de Carepa.*Foto de portada: Bianca Bauer