Propuestas de la sociedad civil para la paz Además de iniciativas de construcción de paz desde la base como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó o las Zonas Humanitarias de las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó; desde el anuncio de los diálogos de paz entre las Farc y el Gobierno colombiano, las organizaciones acompañadas por PBI, otras organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos y derechos de las víctimas han reclamado mayor incorporación de sus perspectivas en la mesa de negociación en La Habana. Viendo que esos reclamos han sido poco atendidos, las organizaciones y movimientos se han visto obligados a emitir públicamente sus propuestas como manera de tratar de informar a la mesa de diálogo y a la opinión pública, así intentando evitar que las voces de la sociedad civil, y especialmente de las víctimas del conflicto armado colombiano, no sean escuchadas y que Colombia no logre una paz duradera, estable y con justicia social[1]. Aunque hay detalles que varían, por lo general, las exigencias y las propuestas coinciden en unas condiciones mínimas para un eventual acuerdo: mecanismos reales de justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición, tanto en violaciones a los derechos humanos cometidos por las Farc como por miembros de la Fuerza Pública; desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas, que han apoyado a los grupos paramilitares y la corrupción; y el fortalecimiento institucional. Insisten también en una negociación aparte con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o su inclusión en los diálogos en La Habana. Además, muchas están encaminadas a reclaman un cese unilateral del fuego, para proteger a la población civil. Para lograr los primeros dos puntos, muchas de las organizaciones y movimientos contemplan la creación de una comisión de la verdad. Según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu, una coalición de más que 240 organizaciones de derechos humanos, varias de ellas acompañadas por PBI), es esencial que tal comisión esté compuesta por actores no participantes en el conflicto, con experiencia en derechos humanos y con representación del mundo académico, la iglesia, organizaciones de víctimas y la comunidad internacional[2]. La Mesa sobre Desapariciones Forzadas  también exige para la creación de una Comisión de la Verdad, que haya mecanismos de monitoreo, rendición pública de cuentas y seguimiento a la aplicación y a las conclusiones y recomendaciones. Asimismo, la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz) con el apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp), (organización acompañada por PBI), insiste en la necesidad de que sean las víctimas las que lideren la comisión, que ésta tenga presencia no solo en Bogotá sino también en las regiones, y que ayude a generar una narrativa colectiva de la violencia colombiana. En el contexto de negociaciones de paz, la pregunta de cómo se va a aplicar la justicia no es sencilla de responder. Ninguna de las partes que conforman la mesa de La Habana se ha mostrado interesada ni en admitir su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidos, ni a someterse a juicio por ellas. Aunque las cifras demuestran que las violaciones han sido muchas y en su mayoría contra civiles, (por ejemplo, más del 81% de las víctimas de asesinatos en el marco del conflicto han sido civiles, según cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica[3]). Las organizaciones sociales y movimientos sociales insisten en que habría que responder por esos crímenes. Además, recuerdan que el derecho internacional, por ejemplo a través del Estatuto de Roma, exige investigaciones y sanciones de violaciones graves. Una propuesta concreta para un mecanismo de justicia transicional viene del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), organización con amplia experiencia en temas de justicia, como es el seguimiento del proceso de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, aprobado en 2005, y que planteaba un modelo de justicia transicional para la desmovilización de los paramilitares. Viendo los pocos resultados de este proceso, (de los 32.000 neoparamilitares, que participaron en el proceso, imputaron a 4337, condenaron a 19 y la mayoría quedarán en libertad este año[4]), Ccajar propone un  Tribunal Especial de Justicia para la Paz al que deban someterse todos los que quieran contribuir a un proceso de paz sólido. Los que no se sometan a este Tribunal o habiéndose sometido no hayan contribuido a satisfacer los derechos de las víctimas, deberán ser, según la propuesta, juzgados por la justicia ordinaria. Como parte de la propuesta, Ccajar insiste en que  los beneficios que se otorguen deben tomar en cuenta sanciones diferenciadas para los promotores de los crímenes de Estado, dadas las responsabilidades mayores, tal como se señala el Derecho Internacional, de los agentes del Estado de proteger a la población civil[5]. El fortalecimiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho es otro elemento que las organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos tienen en sus exigencias y propuestas. Entre los elementos esenciales para lograrlo señalan la depuración de las Fuerzas Armadas y las organizaciones estatales de funcionarios comprometidos en violaciones a los derechos humanos; la revisión y eliminación de manuales, reglamentos y de la legislación, que reproducen visiones  en las que sectores de la población son percibidos como el “enemigo interno”; y la revisión y depuración de los archivos de inteligencia del Estado para depurar toda información de defensores de derechos humanos, sindicalistas, miembros de partidos y movimientos políticos de oposición, y miembros de organizaciones sociales entre otros[6]. Al fin y al cabo, las organizaciones y movimientos llaman a recordar que un acuerdo con las Farc, e incluso con el ELN, no llevará automáticamente al fin de la violencia en Colombia, aunque sea un paso de vital importancia. Eso es tanto porque tal acuerdo no tocaría los neo-paramilitares y otros grupos armados ilegales que siguen actuando, como porque la fase de implementación será clave para asegurar una paz duradera y con justicia social. Pero como dijo Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en un foro en el Instituto Para la Paz en Washington, «si no aprovechamos de esta gran oportunidad que nos da la historia, pues seguramente vamos a seguir teniendo millones de colombianos en esa misma situación»[7].   [1]El título proviene de una cita de Franklin Castañeda, Fcspp: Ponencia en “The Peace Process in Colombia: Challenges, Opportunities, and Strategies for the Protection of Human Rights”, U.S. Institute of Peace, Washington, D.C. 28 marzo 2014 [2] Cceeu:  Planteamientos a la mesa de diálogo gobierno – Farc-EP sobre temas de derechos humanos en la agenda, 16 de noviembre de 2012 [3] Centro Nacional de Memoria Histórica: ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 2013 [4] Wola: “Poner Fin a 50 Años de Conflicto”, abril de 2014, http://colombiapeace.org/files/1404_colpaz.html. [5]Jomary Ortegon, Ccajar: Ponencia en “The Peace Process in Colombia: Challenges, Opportunities, and Strategies for the Protection of Human Rights”, U.S. Institute of Peace, Washington, D.C. 28 marzo 2014 [6] Ccajar, Movice, Cceeu [7] Franklin Castañeda: Op Cit