Las exportaciones de Colombia se centran en el sector primario de la economía; en términos de volumen, el carbón, petróleo y derivados del petróleo representan más de 90% de estas exportaciones[1]; y más del 65% en términos financieros[2]. Igualmente podemos ver en el gráfico que los sectores petroleros y de minas y canteras son los sectores que absorben la mayoría de la inversión extranjera directa[3]. Por ello es importante analizar los impactos de estas actividades en el terreno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. En una década en Colombia casi se duplicó el carbón explotado en el país, pasando de 38.242 millones de toneladas en el año 2000 a 74.350 millones de toneladas en el año 2010[4]; la superficie titulada durante los últimos años creció vertiginosamente. Se pasó de tener concesiones mineras sobre 1,1 millones de hectáreas en 2002, a tener concesiones sobre 8,4 millones de hectáreas en el año 2009[5]. Paralelamente, se vive en el país un periodo de resistencia social respecto al incremento de actividades extractivas, representado en la emergencia y profundización de conflictos sociales vinculados a actividades de exploración y explotación en los territorios rurales. Según el Centro de Investigación y Estudios Populares, entre enero de 2001 y diciembre de 2011 se registraron 274 luchas sociales asociadas a la extracción de petróleo, oro y carbón[6]. En un documento reciente la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia - Oidhaco y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, «Industrias extractivas, recursos naturales y derechos humanos en Colombia[7]» concluyen, entre otros, que «hay vínculos entre minería, conflicto y violaciones a los derechos humanos, en particular desplazamiento forzado». Ante esto, tanto las empresas como los gobiernos donde están radicadas o donde exportan, deberían asegurarse de no beneficiarse directa o indirectamente de estas violaciones a los derechos humanos. [caption id="attachment_2532" align="alignnone" width="474"] Foto: Jonas Wresch[/caption]

Varios informes han sido publicados sobre la minería transnacional como en el caso de la minería canadiense o la explotación de Cerrejón, consorcio de BHP Billiton Plc (Compañía australo - inglesa), Anglo American plc (Compañía sudafricana -inglesa) y Glencore-Xstrata plc (Compañía de capital suizo). Estos y otros informes sobre derechos humanos e intereses económicos[8] reflejan una serie de irregularidades así como de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones que habitan en las áreas de implementación de los proyectos económicos relacionadas con recursos naturales, (proyectos mineros, petroleros, agroindustriales, etc.).

Añadido a ello, en los últimos años se ha visto lo peligroso que puede ser en Colombia luchar en favor del entorno de vida o del territorio. Solo para citar unos ejemplos podemos recordar a Sandra Viviana Cuellar Gallego, ingeniera medioambiental de 26 años, desaparecida desde el 17 de febrero de 2011 en la ciudad de Cali, reconocida como defensora de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades locales a tomar decisiones sobre cómo pueden afectar estas prácticas a su medioambiente y a su entorno de vida. O, Adelinda Gómez Gaviria del Cauca, quien tenía un papel activo en el Foro Minero y Ambiental, asesinada el 30 de septiembre 2013; César García del Comité Ambiental y Campesino del Tolima, reconocido activista en contra del proyecto minero de explotación de oro conocido como "La Colosa", impulsado por la empresa Anglogold Ashanti, asesinado el 2 de noviembre 2013, y Robinson David Mazo, integrante del Movimiento Ríos Vivos que lucha en contra del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, asesinado el 30 de noviembre 2013[9] unos meses después de que unos de sus compañeros - Nelson Giraldo Posada - fue hallado en la orilla del Río Cauca que tanto defendió, degollado y con impactos de bala en el pecho y piernas[10]. Otro de los graves problemas que se ha podido identificar está relacionado con la criminalización de la protesta social. El año 2013, por ejemplo, ha estado marcado por importantes movilizaciones sociales: protestas del sector campesino en la región del Catatumbo (junio de 2013); Paro Nacional Minero (julio de 2013); Paro Nacional Agrario (agosto de 2013); la Minga Social Indígena (octubre de 2013). La respuesta del Estado colombiano frente a estas movilizaciones se caracterizó por la estigmatización y represión. La represión dejó un saldo de 902 personas víctimas de algún tipo de agresión, entre ellas, 15 asesinadas, 7 víctimas de algún tipo de acto cruel o tortura, incluido un caso de abuso sexual; 315 personas fueron detenidas arbitrariamente[11]. En este contexto de presión sobre el territorio por parte de proyectos económicos y de riesgo para quienes protegen los derechos de los habitantes el acompañamiento internacional es fundamental. Desde años atrás el proyecto de PBI en Colombia ha ido acompañando defensores y defensoras, comunidades en su legítima lucha para hacer respetar sus derechos al territorio, a la autodeterminación y a un ambiente sano. [caption id="attachment_2534" align="alignnone" width="474"] El Cerrejón, departamento de La Guajira[/caption] Es el caso del acompañamiento que realiza PBI en la zona de Curbaradó donde las comunidades anhelan recuperar su territorio ocupado por empresarios desde que fueran desplazadas cuando grupos paramilitares con presunta participación del Ejército Nacional emprendieron acciones de carácter contrainsurgente en la región entre 1996 y 1997[12]. Hoy en día continúan las amenazas a las personas que lideran este proceso como contra Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, líderes de restitución de tierras en Llanorico, desplazados a Bogotá por amenazas y atentados contra su integridad. Han recibido más de 70 amenazas de muerte[13]. Y este no es el único ejemplo, podríamos también hablar del acompañamiento al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en su trabajo con las comunidades afectadas por la mina El Cerrejón. Desde hace más de 30 años, las comunidades indígenas y afrocolombianas ancestralmente asentadas en el departamento de La Guajira, están obligadas a convivir con las graves consecuencias medioambientales, culturales y económicas de la explotación de una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, el Cerrejón[14]. O estar al lado de miembros del Movimiento Ríos Vivos gracias al acompañamiento que desde finales de los 90s, PBI brinda a la Corporación Jurídica Libertad una organización de Medellín. Como mencionado anteriormente este Movimiento sufre una situación de riesgo alta por su enfrentamiento al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Además es importante mencionar que aparte del acompañamiento a comunidades y organizaciones en su lucha por la defensa de la tierra y en contra de megaproyectos que les afectan negativamente, PBI también ha acompañado a organizaciones que defienden el derecho de los pequeños mineros (minería artesanal) a seguir explotando el territorio como lo venían haciendo sus ancestros. A lo largo de estos años PBI ha acompañado a organizaciones como la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Peréz entre otras. [caption id="attachment_2535" align="alignnone" width="474"] Foto: Jonas Wresch[/caption] El acompañamiento busca permitir crear un espacio político seguro en el cual las personas defensoras y las comunidades puedan hacer valer su voz, puedan reclamar sus derechos en el ámbito regional, pero también nacional e internacional. Este acompañamiento es una muestra de la solidaridad de los pueblos, una muestra de que somos muchos y muchas comprometidos con una idea simple: los habitantes de un territorio tienen el derecho a decidir sobre su futuro, sobre su modelo de desarrollo, sobre lo que quieren. Y no deberían temer a expresarse, no deberían temer a la hora de reclamar sus derechos fundamentales. Si bien el acompañamiento internacional es una herramienta útil e importante y en ocasiones resulta siendo la única alternativa de protección noviolenta, basta recordar que la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos y las garantías de seguridad es de los Estados. Por este motivo los y las defensoras, las organizaciones y las comunidades colombianas continúan día a día exigiendo su derecho al uso y disfrute del territorio. ___ [1] Datos del ministerio de comercio de Colombia (2010 – 2012) [2] Banco de la Republica [3] Según datos del Banco de la Republica [4] Sistema de Información Minero Colombiano, “Producción y exportaciones de carbón en Colombia”. Bogotá, 2011. Disponible en: www.simco.gov.co [5] Guillermo Rudas, Minería, medio ambiente y cambio climático: una señal de alarma. En: Razón Pública, 16 de enero de 2011 [6] CINEP/PPP. Minería, conflictos sociales y violación de los derechos humanos en Colombia. Bogotá, Octubre de 2012. [7] Oidhaco, Industrias extractivas, recursos naturales y derechos humanos en Colombia [8] Como listado no exhaustivo se puede consultar El lado oscuro del carbón, Pax, Junio de 2014; La locomotora minera: concentración y despojo, IPC Diciembre 2012; Regalándolo todo: las consecuencias de una política minera no sostenible en Colombia, ABColombia Noviembre 2012; El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, Grupo de trabajo sobre minería y derechos humanos en América Latina Mayo 2014; Divide y comprarás: la forma en que se están concentrando las tierras baldías en Colombia, Oxfam Septiembre 2013; Colombia: Banacol, empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, FDCL Mayo 2012 [9] Oidhaco: Defender el medioambiente, un riesgo en Colombia, febrero de 2014 [10] Radio Nizkor: Cae asesinado Nelson Giraldo, líder del movimiento Ríos Vivos, contra el megaproyecto Hidroituango, 22 de septiembre de 2013 [11] CCEEU y Movice: Informe sobre protesta social y derechos humanos, 31 de octubre de 2013. Presentado en el marco del 139º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. [12] PBI Colombia: Curbaradó y Jiguamiandó. El reto sigue vigente: la restitución de las tierras, mayo de 2011 [13] Cijp: Persecución a Yomaira Mendoza y Enrique Cabeza evidencian ausencia de garantías, 10 de junio de 2014 [14] El mayor gesto de solidaridad con la Guajira: Exigir que el Cerrejón suspenda su actividad durante la sequía, Ccajar, 6 de agosto de 2014