A pesar de haber escuchado las palabras “desaparición forzada” muchas veces durante mis tres años como acompañante de PBI, el concepto nunca me deja de impactar. Hoy, el día internacional de conmemoración de las personas desaparecidas, reflexiono sobre las 60,000 víctimas en Colombia de este crimen tan grave cuyas cicatrices se reflejan en las caras de los familiares que cada día se despiertan con la esperanza de que ver a su ser querido entrar por la puerta, sin embargo, día tras día, caen de nuevo en la desesperación por la falta de respuesta a la eterna pregunta: "¿donde están los desaparecidos?".
Hoy se reúnen organizaciones sociales de Barrancabermeja que han empujado a las instituciones reconocer la desaparición forzada como crimen y práctica del estado colombiano en conjunto con los paramilitares. Santiago Camargo del Observatorio de Paz Integral (OPI), habla de la estrategia detrás de la desaparición: “había que crear zozobra para sacar a la gente de sus territorios”. Dice que por cada homicidio en la región del Magdalena Medio, 12 personas han abandonado sus territorios, desplazándose a otros lados por miedo. Explica Camargo que jefes paramilitares han confesado que las personas que desaparecieron no representaban ninguna amenaza pero que fueron individuos elegidos bajo la estrategia de sembrar miedo en las comunidades, para desplazar la gente y así controlar los territorios.
Mientras representantes de las varias organizaciones y movimientos saludan el público, las fotos de las personas desaparecidas están en primera fila, “están ausentes pero presentes en cada uno de nosotros”, explica Luz Almanza, líderesa de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas y Detenidas (Asfaddes).
La galería de fotos de personas que faltan es un recordatorio humano e impactante del alcance de este crimen y un intento de colocar a la persona y darle vida en los espacios de lucha donde hubieran participado. El Observatorio de Paz Integral (OPI) está construyendo una base de datos sobre las historias de las personas desaparecidas con detalles de cómo eran, cómo vivían la felicidad y la tristeza, para reconstruir la memoria histórica sobre estas personas, para resucitarles de alguna manera y que “vuelven a aparecer”.
El evento se enmarca en un contexto distinto este año, un contexto de esperanza de cambio que las organizaciones sociales de Barrancabermeja quieren aprovechar. Los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC representan una oportunidad para el movimiento social para empujar los temas que han estado invisibilizados durante tantos años e impulsar una respuesta contundente por parte del Estado a la problemática de la desaparición forzada.
Con la creación de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y Razón del Conflicto Armado, las víctimas tendrán una “oportunidad de participación directa increíble”, según Iván Madero, presidente de la Corporación Regional de Defensa a los Derechos Humanos (Credhos). Las víctimas están en el centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, según lo acordado en las negociaciones en La Habana, lo que pretende buscar una reparación integral y justicia restaurativa para las personas afectadas por el conflicto armado. A pesar de las preocupaciones sobre estas rutas de participación, las organizaciones se están organizando para asegurar que estos compromisos se cumplen y las víctimas quedan como piedra angular del sistema.
Escuchando a Jaime Peña hablando sobre la desaparición forzada de su hijo de 15 años durante la masacre del 16 de mayo 1997 en Barrancabermeja, o Luz Elena, “la madre que no se deja vencer”, según la pancarta que carga y cuyos 3 hijos fueron desaparecidos durante el genocidio de la Unión Patriótica, no se puede ni imaginar el dolor que tantas víctimas han tenido que vivir en este país. Lo único que me consuela es la insistencia y persistencia de las organizaciones de víctimas quienes, a pesar de todo, siguen empujando y gritando hasta que haya justicia verdadera. Otra vez salgo de un evento con emociones encontradas pero con una sensación abrumadora de admiración por el trabajo de las personas más valientes de Colombia, las personas que luchan todos los días por un país mejor y por la memoria de sus seres queridos, que hoy deberían estar con nosotros.
Hannah Matthews
Hoy se reúnen organizaciones sociales de Barrancabermeja que han empujado a las instituciones reconocer la desaparición forzada como crimen y práctica del estado colombiano en conjunto con los paramilitares. Santiago Camargo del Observatorio de Paz Integral (OPI), habla de la estrategia detrás de la desaparición: “había que crear zozobra para sacar a la gente de sus territorios”. Dice que por cada homicidio en la región del Magdalena Medio, 12 personas han abandonado sus territorios, desplazándose a otros lados por miedo. Explica Camargo que jefes paramilitares han confesado que las personas que desaparecieron no representaban ninguna amenaza pero que fueron individuos elegidos bajo la estrategia de sembrar miedo en las comunidades, para desplazar la gente y así controlar los territorios.
Mientras representantes de las varias organizaciones y movimientos saludan el público, las fotos de las personas desaparecidas están en primera fila, “están ausentes pero presentes en cada uno de nosotros”, explica Luz Almanza, líderesa de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas y Detenidas (Asfaddes).
La galería de fotos de personas que faltan es un recordatorio humano e impactante del alcance de este crimen y un intento de colocar a la persona y darle vida en los espacios de lucha donde hubieran participado. El Observatorio de Paz Integral (OPI) está construyendo una base de datos sobre las historias de las personas desaparecidas con detalles de cómo eran, cómo vivían la felicidad y la tristeza, para reconstruir la memoria histórica sobre estas personas, para resucitarles de alguna manera y que “vuelven a aparecer”.
El evento se enmarca en un contexto distinto este año, un contexto de esperanza de cambio que las organizaciones sociales de Barrancabermeja quieren aprovechar. Los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC representan una oportunidad para el movimiento social para empujar los temas que han estado invisibilizados durante tantos años e impulsar una respuesta contundente por parte del Estado a la problemática de la desaparición forzada.
Con la creación de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y Razón del Conflicto Armado, las víctimas tendrán una “oportunidad de participación directa increíble”, según Iván Madero, presidente de la Corporación Regional de Defensa a los Derechos Humanos (Credhos). Las víctimas están en el centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, según lo acordado en las negociaciones en La Habana, lo que pretende buscar una reparación integral y justicia restaurativa para las personas afectadas por el conflicto armado. A pesar de las preocupaciones sobre estas rutas de participación, las organizaciones se están organizando para asegurar que estos compromisos se cumplen y las víctimas quedan como piedra angular del sistema.
Escuchando a Jaime Peña hablando sobre la desaparición forzada de su hijo de 15 años durante la masacre del 16 de mayo 1997 en Barrancabermeja, o Luz Elena, “la madre que no se deja vencer”, según la pancarta que carga y cuyos 3 hijos fueron desaparecidos durante el genocidio de la Unión Patriótica, no se puede ni imaginar el dolor que tantas víctimas han tenido que vivir en este país. Lo único que me consuela es la insistencia y persistencia de las organizaciones de víctimas quienes, a pesar de todo, siguen empujando y gritando hasta que haya justicia verdadera. Otra vez salgo de un evento con emociones encontradas pero con una sensación abrumadora de admiración por el trabajo de las personas más valientes de Colombia, las personas que luchan todos los días por un país mejor y por la memoria de sus seres queridos, que hoy deberían estar con nosotros.
Hannah Matthews