PBI tiene una historia larga de trabajo de incidencia política en Washington DC apoyando el trabajo fundamental de las personas colombianas defensoras de los derechos humanos en su país. Al lado de otras ONG y plataformas que trabajan temas de derechos humanos en la política extranjera de los Estados Unidos, PBI ha estado incidiendo fuertemente para que las voces de las personas que acompañamos sean escuchadas. Este trabajo incluye incidencia con el gobierno de los Estado Unidos sobre políticas claves, organizando giras de personas colombianas defensoras para explicar bien su situación a la gente en persona, y la coordinación de actividades con otras organizaciones en los Estado Unidos que trabajan temas de derechos humanos en Latinoamérica.
La política extranjera de los Estados Unidos siempre ha tenido un impacto grande sobre la región, por la financiación y capacitación a las fuerzas militares de varios países, empujando la Guerra contra las Drogas o la instalación de los Tratados de Libre Comercio que normalmente favorecen la inversión extranjera por encima de los derechos de las comunidades de su propio territorio. La cantidad enorme de dinero que los Estados Unidos han invertido en Colombia ha servido para poder llamar la atención sobre temas importantes que ha permitido a las ONG presionar para la introducción de condiciones relacionadas con derechos humanos sobre la ayuda financiera que viene de los Estado Unidos. Un claro ejemplo es la Ley de Leahy, la cual prohíbe la financiación de sectores de las fuerzas militares que han cometido violaciones de derechos humanos[1]. Con la implementación de esta ley en Colombia, se ha logrado retirar financiación a brigadas específicas cuya responsabilidad en violaciones de derechos humanos ha sido mostrada públicamente en casos jurídicos donde las abogadas y los abogados que PBI acompaña han ejercido la representación de las víctimas.
En 2016 el “Plan Colombia” cumplió 15 años. El “Plan Colombia” fue un paquete de financiación proporcionado por los Estado Unidos que llegó a más de $10 billones, dirigido a medidas anti-narcóticas y a la lucha contra insurgente. Varias organizaciones han escrito sobre los éxitos y las deficiencias de esta inversión tan grande en el país, donde algunas se han enfocado sobre los impactos de las medidas anti-narcóticas[2] y otras, han explicado las problemáticas de derechos humanos que se han presentado por la aplicación de dicho plan[3]. El enfoque puede ser sobre el daño causado o los pocos beneficios generados, pero lo que es obvio es que, de cualquier manera en la que se analice el papel de los Estado Unidos en el conflicto Colombiano, éste ha sido importante.
El Proceso de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano nunca ha recibido apoyo total a nivel nacional. Por un lado, existen ciertos sectores de la población colombiana convencidos de los beneficios, mientras que otros permanecen escépticos sobre la idea de una solución negociada y si realmente es posible. Estas preocupaciones se ven reflejadas en los Estado Unidos, donde ciertos miembros del Congreso y del Senado se han mostrado abiertamente críticos sobre el intento de incluir a los “terroristas” en un proyecto político ya que les otorgaría cierta legitimidad y poder político[4]. Otros entienden que después de más de cincuenta años de guerra, es una oportunidad importante para establecer las bases para la construcción de una paz verdadera que el país no puede dejar pasar[5].
La incidencia actual está enfocada sobre la necesidad de continuar el apoyo financiero y político de los Estados Unidos al Proceso de Paz en Colombia en esta fase tan delicada de la implementación. A pesar de las preocupaciones sobre la seguridad en terreno, en reuniones bilaterales en Washington, PBI ha estado enfatizando que hay que implementar los acuerdos en su totalidad para realmente pensar en soluciones a algunas de las causas del conflicto y construir una paz verdadera y duradera.
La administración de Trump está amenazando con recortar cantidades grandes de ayuda financiera internacional para poder financiar un aumento de diez por ciento en los gastos de defensa que está enfocado sobre el “poder duro” tradicional con recortes de programas de gobernanza y esfuerzos diplomáticos en una propuesta de reducción del presupuesto de un 30% al Departamento del Estado[6]. Este aumento de gastos incluye $1.6 billón para la construcción del muro de 74 millas por la frontera de México ($21 millón por milla)[7]. Son momentos difíciles para el trabajo de incidencia sobre los derechos humanos internacionales, dado que la administración ha mostrado que no está interesada en el tema. Sin embargo, puede ser un momento de gran creatividad y nuevas estrategias para que las organizaciones puedan empujar ciertos temas en este sentido.
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Las brigadistas Caitrin y Hannah en Washington DC[/caption]
Después de dos semanas apoyando el esfuerzo de la incidencia política en Washington DC, está claro para mí, desde los espacios donde PBI ha participado, que las ONG están planteando una mejor colaboración entre sectores para poder tomar una posición defensiva frente a los planes de la nueva administración, defendiendo el progreso de las últimas décadas en términos de regulaciones y condiciones de derechos humanos en la ayuda financiera. Esta colaboración entre los sectores tradicionales de derechos humanos y organizaciones de defensa del medio-ambiente muestra que el trabajo puede solaparse y la gente está dispuesta a trabajar juntos para lograr más.
PBI apostará por seguir apoyando la incidencia enfocada sobre Colombia en los Estados Unidos con la información que recibimos desde el terreno y asegurando que nuestros contactos están al tanto de los retos, pero también las oportunidades para la construcción de paz en Colombia durante la fase de implementación de los Acuerdos de Paz.
Las brigadistas Caitrin y Hannah en Washington DC[/caption]
Después de dos semanas apoyando el esfuerzo de la incidencia política en Washington DC, está claro para mí, desde los espacios donde PBI ha participado, que las ONG están planteando una mejor colaboración entre sectores para poder tomar una posición defensiva frente a los planes de la nueva administración, defendiendo el progreso de las últimas décadas en términos de regulaciones y condiciones de derechos humanos en la ayuda financiera. Esta colaboración entre los sectores tradicionales de derechos humanos y organizaciones de defensa del medio-ambiente muestra que el trabajo puede solaparse y la gente está dispuesta a trabajar juntos para lograr más.
PBI apostará por seguir apoyando la incidencia enfocada sobre Colombia en los Estados Unidos con la información que recibimos desde el terreno y asegurando que nuestros contactos están al tanto de los retos, pero también las oportunidades para la construcción de paz en Colombia durante la fase de implementación de los Acuerdos de Paz.
Hannah Mathews