La Corporación Jurídica Libertad (CJL) representa a los familiares de víctimas, de aproximadamente 60 casos de ejecuciones extrajudiciales, que involucran la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública, la mayoría ocurridos en el oriente antioqueño[1]. Según CJL, “en Antioquia entre el periódo de 2002 y 2010 se registraron 1050 casos de Ejecuciones Extrajudiciales. La mayoría de ellos continúan en la impunidad”[2].
Con su trabajo incansable, CJL ha logrado demostrar la existencía de “una directriz impartida por los comandantes y consentida por todas las esferas de ese Batallón (de Ingenieros No.5 General Pedro Nel Opspina de la IV Brigada)”[3] para presentar civiles como miembros de la guerrilla muertos en combate.
La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía Nacional acusa a los responsables de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir[4].
Cuentos del terreno: Donde yacen los sueños
CJL además presentó algunos casos de ejecuciones extrajudiciales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos[5].
Según Human Rights Watch, en 2015, cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales continúan en la justicia penal militar. Esto impide que se haga justicia y conduce hacia la impunidad de estos casos[6]. En 2011, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró en su informe anual, que la justicia penal militar no debe “iniciar investigaciones o reclamar la competencia cuando se han producido hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario”[7].
“Durante la última década hemos dado la pelea para que sea la justicia ordinaria la que adelante las investigaciones penales y no la justicia penal militar. Eso ha sido una lucha que nos ha demandado mucho tiempo. Si bien hemos logrado sacar de la justicia penal militar gran cantidad de los casos que nosotros representamos, entre setenta y ochenta casos de ejecuciones extrajudiciales, muchos de esos continúan en la justicia penal militar y algunos de esos son incluso remitidos desde la justicia penal ordinaria hacía la justicia penal militar. La falta de garantías para la representación de las víctimas en el proceso penal, para los mismos familiares y para el ejercicio pleno de sus derechos en Justicia y Paz es otro de los problemas graves que tenemos desde el punto de vista del ejercicio de la representación judicial” - Elkin Ramírez, abogado de CJL.
Notas de pie:
[1] Entrevista a Óscar Correa, 9 de octubre de 2015 [2] CJL: Falsos Positivos: Historias de Ejecuciones Extrajudiciales, el caso de Amparo Bermúdez, 23 de noviembre de 2015; En 2015, según Human Rights Watch, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía investigaba más de 3.700 presuntas ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidas por agentes del Estado entre 2002 y 2008. El mismo año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la cifra de víctimas podían llegar hasta los 5.000. Op. cit. HRW 2015, ONU Derechos Humanos: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 23 de enero de 2015 [3] CJL: Imputan cargos al Batallón Pedro Nel Ospina por ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y secuestro, 15 de mayo de 2015 [4] CJL: Imputan cargos al Batallón Pedro Nel Ospina por ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y secuestro, 15 de mayo de 2015 [5] Entrevista a Elkin Ramírez, junio de 2012 [6] Human Rrights Watch: El rol de los altos mandos en falsos positivos, 2015 [7] Naciones Unidas: Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 31 de enero de 2012