CJL

A mediados del mes de octubre PBI organizó una gira de incidencia en Estados Unidos, con el mensaje central de que la construcción de la paz y la protección de los derechos humanos en Colombia tiene que ser desde los territorios. La gira fue junto a la defensora de derechos humanos Astrid Torres, que hace parte de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), organización acompañada por PBI, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en los departamentos de Antioquia y Chocó.

La Corporación Jurídica Libertad (CJL) representa a familiares de las víctimas de la “Operación Orión“ que, según el Centro Nacional de Reparación y Reconciliación, fue “la más grande operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia”[1], la cual dejó un saldo de un muerto, 28 heridos y 355 detenidos[2].

Elkin Ramírez es uno de los fundadores de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) en 1993. Más de dos décadas después continúa en la lucha diaria por la defensa del territorio frente a los nuevos modelos de desarrollo que quieren implementar en Antioquia. Para Elkin, respaldar estas iniciativas de resistencia es la labor más gratificante que ha experimentado como defensor de derechos humanos.

Entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) desaparecieron a 16 personas, incluyendo tres menores de edad, en la vereda La Esperanza del municipio El Carmen de Viboral (oriene antioqueño), señaladas de ser simpatizantes o colaboradoras de grupos al margen de la ley que operaban en la zona[1].

Según testigos y algunas versiones de exparamilitares, se utilizó La Escombrera, un terreno vasto ubicado en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín para desechos de construcción, “para sepultar clandestinamente a víctimas de desapariciones forzadas”[1].En 2015, después de años de batallas legales y espacios de discusión con lasinstituciones estatales, las víctimas, reunidas en el asosiación Mujeres Caminando por la Verdad, acompañandas por organizaciones como la <

La Corporación Jurídica Libertad (CJL) representa a los familiares de víctimas, de aproximadamente 60 casos de ejecuciones extrajudiciales, que involucran la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública, la mayoría ocurridos en el oriente antioqueño[1]. Según CJL, “en Antioquia entre el periódo de 2002 y 2010 se registraron 1050 casos de Ejecuciones Extrajudiciales.

Miembros de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) han sido objeto de amenazas de muerte como consecuencia de su actividad de defensa de los derechos humanos[1]. Por ejemplo, en junio de 2010 la organización fue declarada blanco militar en un panfleto circulado por las AUC, grupo paramilitar supuestamente desmovilizado en esa época[2].