David Ravelo Crespo es economista, defensor de derechos humanos y miembro fundador de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).
El pasado 10 de mayo, PBI estuvo acompañando en la ciudad de Tunja (Boyacá) a Fernando Kekhan, miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y abogado en el caso de la ejecución extrajudicial de Jorge Enrique Hernández Castro. En la Plaza de las Nieves, se dio lugar el acto de disculpas públicas del Ejército Nacional de Colombia, concretamente de la I Brigada, por la ejecución de Jorge Enrique ante sus familiares y la sociedad civil en general.
La Corporación Jurídica Libertad (CJL) representa a familiares de las víctimas de la “Operación Orión“ que, según el Centro Nacional de Reparación y Reconciliación, fue “la más grande operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia”[1], la cual dejó un saldo de un muerto, 28 heridos y 355 detenidos[2].
Entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) desaparecieron a 16 personas, incluyendo tres menores de edad, en la vereda La Esperanza del municipio El Carmen de Viboral (oriene antioqueño), señaladas de ser simpatizantes o colaboradoras de grupos al margen de la ley que operaban en la zona[1].
El Equipo Jurídico Pueblos (EJP) asume la representación jurídica de familiares de víctimas de crímenes de Estado, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, mal denominadas “falsos positivos”, exigiendo al Estado colombiano verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, además de resultados en las investigaciones por parte del aparato de justicia.
El trabajo de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, (Cos-pacc), en coordinación con otras organizaciones, entre las cuales está la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, (Fcspp), también acompañada por PBI), ha dado resultados.
Esta masacre ocurrió el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, (Santander), donde paramilitares fuertemente armados, asesinaron a siete pobladores de la región y desaparecieron a otras 25 personas quienes participaban de una fiesta popular destinada a recoger fondos para obras de carácter comunitario.
Como Masacre de Trujillo, se conocen múltiples y sucesivas violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, (Valle del Cauca), consistentes en desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de aproximadamente 340 personas, a manos de una estructura criminal que actuaba conjuntamente, conformada por miembros del Ejército, la Policía, políticos de la región y paramilitares pertenecientes al cartel del Norte del Valle.