Con la promesa de introducir cambios sustanciales en Colombia basados en la justicia social y ambiental y transformar la política de seguridad, el recién posesionado presidente Gustavo Petro, afronta serios retos en un momento de creciente violencia sociopolítica. Según 500 organizaciones defensoras de derechos humanos colombianas, el Gobierno saliente de Iván Duque deja un legado de “hambre y guerra”, traducido en la violación sistemática de los derechos humanos, el aumento de la violencia dirigida contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos^[1], la reactivación del conflicto armado, la expansión del paramilitarismo^[2] y otros grupos armados, así como la expansión de cultivos de uso ilícito y la producción de cocaína en el país^[3].

En este contexto, el nuevo presidente afirma que priorizará el diálogo social^[4] para resolver el conflicto armado que se ha extendido por más de seis décadas en Colombia, y enfatiza en la necesidad de proteger a las comunidades y los derechos humanos para superar las desigualdades históricas en el país. El Gobierno de Petro ha declarado que la “Paz Total”^[5], ley aprobada recientemente en el Congreso de la República, será una de las piedras angulares de su política, encaminada al desarme de todas las estructuras armadas ilegales, a la apertura de negociaciones con grupos armados, al sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y a la terminación definitiva del conflicto^[6]. De hecho, la política de la “Paz Total” acoge varias de las propuestas de “Somos Génesis”, red de más de 180 comunidades étnico-territoriales víctimas del conflicto armado, quienes llevan desde 2020 solicitando que se suscriban Acuerdos Humanitarios Globales y diálogos entre todos los actores armados que les permitan vivir en paz en el territorio^[7], peticiones que, lamentablemente, no fueron atendidas por el anterior Gobierno.

Desde su primer día de mandato, uno de los mayores retos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Danilo Rueda^[8], es lograr revertir las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016^[9] denunciadas repetidamente por víctimas, firmantes de paz y organizaciones de derechos humanos. Desde la toma de posesión del Gobierno Petro, en agosto, se han reactivado los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional)^[10], 22 estructuras armadas^[11] han manifestado querer sumarse a la propuesta de “Paz Total” y 10 grupos armados ilegales^[12] suscribieron el llamado de cese al fuego multilateral como primera muestra de su predisposición a iniciar diálogos de paz.

A pesar de que este nuevo paradigma plantea la posibilidad de un cambio histórico en el país, la violencia sigue afectando especialmente a las comunidades, liderazgos sociales y firmantes de paz, con un impacto desproporcionado sobre las mujeres, pueblos indígenas y afrocolombianos^[13]. Preocupa que, hasta la fecha, se han perpetrado 154 homicidios de personas defensoras de derechos humanos_^[14] y 35 de firmantes del Acuerdo de Paz^[15]. A ello se le suman las masacres que ascienden a 87 con 274 víctimas mortales^[16]. Aunque cabe destacar que, después de un mes de nuevo Gobierno, se reportaron 8 asesinatos, siendo septiembre el mes con menos líderes asesinados en lo corrido de 2022^[17].

Frente a este reto, las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales colombianas han elaborado un plan de emergencia para la protección a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz^[18], que será la política a implementar por el Ministerio de Interior, en cabeza del nuevo director de derechos humanos, Franklin Castañeda^[19]. El plan de emergencia prioriza 65 municipios y 6 capitales que conforman las regiones históricamente más azotadas por el conflicto armado^[20], donde se ha evidenciado un fuerte abandono estatal y la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, se destaca la instalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz y la reinstalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, tal y como estaba previsto en el Acuerdo de Paz, para desarrollar una política de desmantelamiento del paramilitarismo y otras medidas de protección para líderes y lideresas sociales que, a pesar de los múltiples llamados de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional, no tuvo ningún avance durante el anterior Gobierno^[21].

PBI Colombia.