La Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia empezará sus operaciones este 26 de septiembre[1]. Mientras tanto, varios informes de julio y agosto destacan el reacomodo de las fuerzas, los poderes y economías regionales que han producido amenazas, homicidios y nuevos desplazamientos en diferentes regiones; y revelan los riesgos que rondan la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc.
Tras la concentración de las Farc, grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)[2] y el ELN[3] han salido fortalecidos, según el informe Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Además, el informe destaca el fortalecimiento de ocho “bandas criminales emergentes” y cuestiona la capacidad del Estado para garantizar el control territorial y la seguridad de las poblaciones[4].
Somos Defensores señala el incremento de homicidios y ataques contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Entre enero y junio, 51 personas fueron asesinadas y 225 amenazadas, lo cual representa un incremento en las agresiones en relación con el primer semestre de 2016, cuando se registraron 35 homicidios[5]. También hubo denuncias por parte de la Comunidad de Paz de que organizaciones internacionales de acompañamiento han sido objeto de amenazas durante el mes de agosto en el corregimiento de San José de Apartadó[6]. El homicidio de mujeres defensoras pasó de tres casos registrados (2016) a siete (2017). Gran parte de las víctimas de todos los homicidios estaban vinculadas a Juntas de Acción Comunal, a trabajos comunitarios, o eran líderes campesinos; el 59% de las agresiones (197 casos) fueron perpetradas presuntamente por grupos neoparamilitares.
Vale la pena resaltar que el Proyecto de Acto Legislativo 015/2017 (Cámara) y 004/2017 (Senado) “Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado” hace tránsito a su último debate en el Congreso de la República. Dicho proyecto es un compromiso consignado en el punto 3.4.2 del Acuerdo Final, con el propósito de “prohibir la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y, a partir de esta, desarrollar las normas necesarias para su aplicación, incluyendo sanciones penales, administrativas y disciplinarias”.
Al mismo tiempo, existen muchas preocupaciones sobre el proceso de desmovilización de las Farc, sobre todo por los asesinatos a excombatientes y sus familias en varias partes del país. En total 22 personas han sido asesinadas, 11 excombatientes y 11 familiares. Los autores de los asesinatos son neo-paramilitares en 10 casos, el ELN en un caso y desconocidos en los demás[7]. El avance de grupos neo-paramilitares por las diferentes regiones del país y su cooptación de muchos de los territorios dejados por las Farc ponen en riesgo la sostenibilidad del proceso de desarme y la reintegración del grupo guerrillero en la vida civil.
En este contexto en setiembre de 2017 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de la Segunda Misión de las Naciones Unidas en Colombia, cuyo fin es verificar el proceso de reintegración a la vida civil de los excombatientes de las Farc; al contrario de la Primera Misión que se caracterizó por el Mecanismo Tripartito de Verificación y Monitoreo, la Segunda Misión tendrá un carácter exclusivamente civil con la participación de policías desarmados en temas puntuales; el tema de la protección física pasa a la responsabilidad de la Fuerza Pública. La Misión se va a repartir tentativamente en 9 sedes regionales y 26 locales y va a enviar reportes cada tres meses directamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su mandato cubre inicialmente el periodo de un año y se puede extender hasta por 3 años; y se enfocará en verificar los compromisos respecto de la reincorporación política y socioeconómica de las Farc y monitorear las garantías de seguridad por parte del estado colombiano con un componente mucho más regional y local; este monitoreo incluye no solamente la situación de los/las excombatientes, sino también a las comunidades aledañas de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación debido a los altos riesgos que viven en la coyuntura actual[8].