Mientras estudiaba derecho en la Universidad, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, muchas personas del entorno de Daniel Prado fueron desaparecidas forzosamente. Frente a esta situación que no entendía, eligió el camino por la defensa de los derechos humanos y de las personas víctimas del conflicto armado, sobre todo, de las personas víctimas de desaparición forzada. Empezó esa vocación al graduarse en el 1992, y se unió a la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES. Como abogado en la defensa de los derechos humanos, empieza su labor en un caso de personas víctimas de torturas y homicidios por parte del DAS.[1]
Recuerda esos momentos con mucha pasión y melancolía en sus ojos, hablando de la crisis humanitaria que vivía el país en aquella época, cuando el conflicto armado se encontraba en una de sus épocas más oscuras y la violencia sociopolítica asesinaba todos los días. Su inspiración también la encontró en la lucha y determinación del Dr Eduardo Umaña Mendoza[2], “sus luchas me llevaron a dedicar mi vida a la defensa de derechos humanos, como forma de aportar al proceso de cambio social que requiere este país. En esta época, todos los luchadores sociales estaban siendo víctima de persecución y particularmente de desapariciones, pero también de masacres”. El enfoque de su trabajo era, también, defender a presos políticos. Trabajó en los casos de desaparición forzada del Palacio de Justicia, caso que retomó después del asesinato de Eduardo Umaña y Eduardo Díaz, el alcalde de El Roble (Sucre), entre otros. Actualmente es el abogado apoderado por las víctimas del grupo paramilitar en el caso de “los Doce Apóstoles”, en el que Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe[3], se encuentra investigado por parte de la Fiscalía[4].
Daniel Prado con Coraline Ricard, voluntaria francesa de PBI Colombia[/caption]
A finales del año 2017, Daniel Prado recibió varias amenazas[16] y se asustó el día que se dio cuenta que las cuatro llantas de su carro estaban aflojadas, pero que “afortunadamente no pasó nada, sin embargo, son hechos gravísimos porque no es común en ninguna parte del mundo que las cuatro llantas de un carro aparezcan desatornilladas”.
Ante el actual contexto de amenazas e intimidaciones hacia las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, el abogado contesta que están acostumbrados a esto: “Lamentablemente, esto hace parte del compromiso con la vida, con la dignidad de nuestro país. Sabemos que estamos expuesto a esto y son hechos que tenemos que afrontar, no solamente por este proceso, sino por otros también. Fui hostigado durante el proceso del Palacio de Justicia y chuzado por el DAS, además de los seguimientos a mis hijos y a mi grupo familiar – pero creo, que, en cada sociedad, hay personas que pelean por la dignidad, para el pueblo. Mucha gente murió por sus derechos, por pelearse por ellos, por pelearse contra la injusticia y es parte de los derechos que como seres humanos tenemos”.
En el caso de Los Doce Apóstoles, Daniel destaca la importancia del papel de la Comunidad Internacional y su responsabilidad con Colombia para que “pida un proceso de verdad y de justicia, y que se pida a la justicia que se realicen investigaciones independientes de manera seria”. “Son momentos tensos, donde uno siente el miedo y la presión”. Sin embargo, a pesar de esta situación de estrés, donde circulan miedos e incertidumbres, Daniel sigue con la esperanza de encontrar la verdad y la justicia. Para ello, nos comenta “es muy importante que la Comunidad Internacional acompañe este proceso de búsqueda”.
El caso de Los Doce Apóstoles
Los Doce Apóstoles, fue un grupo armado que inicialmente se creó en el marco del Decreto ley 356 de 1994 que autorizaba los grupos de seguridad privada, las Convivir[5], y que luego se convirtió en un grupo paramilitar[6]. Según Daniel, esta estructura que actuó entre 1997-1998, es la génesis del paramilitarismo en Colombia y lo está investigando por varios años, desde que fue designado abogado en los casos de desaparición forzada de Edgar Augusto Monsalve y Jorge Ivan Alarcon[7]. Luego, asumió la defensa de los familiares de las víctimas de “la masacre de Campamento”[8], que ocurrió en 1990 en el Nordeste Antioqueño, donde tuvo más información sobre el actuar de Los Doce Apóstoles, debido a su presunta responsabilidad en dicha masacre.[9] A partir de esos casos e indicios, Daniel empezó a dar seguimiento de manera muy atenta al caso del paramilitarismo en la región de Antioquia. A lo largo de las investigaciones, se conocieron hechos delictivos presuntamente cometidos por parte del grupo de Los Doce Apóstoles, quienes tuvieran su base en la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez[10]. Con esta información se abrió un proceso de denuncia, y en 2010, tras la declaración del Mayor Juan Carlos Meneces Quintero, la Fiscalía reabrió la investigación penal sobre el actuar de este grupo paramilitar[11]. También se agrega un nuevo caso que se convertirá en una sentencia clave en la investigación de la Fiscalía respecto al actuar de Los Doce Apóstoles[12]: el homicidio de Camilo Barrientos[13], ocurrido en el año de 1994, y por el cual ha sido condenado el mayor (r) de la policía, Juan Carlos Meneses.[14] Él era un conductor de chiva, y como muchos colombianos, se encontró en medio del conflicto armado, con la obligación de prestar servicios a los diferentes actores del conflicto, lo cual generó que se convirtiera en un objetivo militar. Camilo se vio obligado a prestar un servicio a la guerrilla, fue tildado de auxiliar de la misma, y por esa razón fue asesinado. Esta situación la conocen muy bien las personas que viven en los territorios: “no se garantiza la vida de nadie, ni la seguridad de nadie. Las y los campesinos colombianos como él, están expuestos a que esos actores los pongan en la mitad del conflicto armado”, comenta Daniel. En esta época, también existieron muchos asesinatos y episodios de violencia en contra de las personas que no eran consideradas beneficiosas para la sociedad; la mal llamada “limpieza social”. Para Daniel Prado, este momento fue crítico para la sociedad colombiana, ya que se antepuso la protección “de la gente de bien y se justificó el asesinato de muchas personas inocentes de manera indiscriminada”. Daniel fue apoderado por la familia de Camilo Barrientos y empezaron una investigación que generó grandes avances. Se logra la vinculación formal al proceso mediante indagatoria del señor Santiago Uribe Vélez y la resolución de acusación. Hoy, el caso está en la etapa de juicio. Ese trabajo de defensa de las víctimas, nos comenta, ha llevado a Daniel Prado a recibir muchas amenazas, estigmatizaciones y hostigamientos[15]: “hemos sido víctimas de falsas acusaciones, a varias personas que de una forma u otra tenemos que ver con la defensa de los derechos humanos. Nos han tildado de personas que manipulan a los testigos; que los testigos son falsos, pero el país se ha venido enterando de esas estrategias de deslegitimación”, nos comenta. [caption id="attachment_10377" align="alignnone" width="1313"] Daniel Prado con Coraline Ricard, voluntaria francesa de PBI Colombia[/caption]
A finales del año 2017, Daniel Prado recibió varias amenazas[16] y se asustó el día que se dio cuenta que las cuatro llantas de su carro estaban aflojadas, pero que “afortunadamente no pasó nada, sin embargo, son hechos gravísimos porque no es común en ninguna parte del mundo que las cuatro llantas de un carro aparezcan desatornilladas”.
Ante el actual contexto de amenazas e intimidaciones hacia las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, el abogado contesta que están acostumbrados a esto: “Lamentablemente, esto hace parte del compromiso con la vida, con la dignidad de nuestro país. Sabemos que estamos expuesto a esto y son hechos que tenemos que afrontar, no solamente por este proceso, sino por otros también. Fui hostigado durante el proceso del Palacio de Justicia y chuzado por el DAS, además de los seguimientos a mis hijos y a mi grupo familiar – pero creo, que, en cada sociedad, hay personas que pelean por la dignidad, para el pueblo. Mucha gente murió por sus derechos, por pelearse por ellos, por pelearse contra la injusticia y es parte de los derechos que como seres humanos tenemos”.
En el caso de Los Doce Apóstoles, Daniel destaca la importancia del papel de la Comunidad Internacional y su responsabilidad con Colombia para que “pida un proceso de verdad y de justicia, y que se pida a la justicia que se realicen investigaciones independientes de manera seria”. “Son momentos tensos, donde uno siente el miedo y la presión”. Sin embargo, a pesar de esta situación de estrés, donde circulan miedos e incertidumbres, Daniel sigue con la esperanza de encontrar la verdad y la justicia. Para ello, nos comenta “es muy importante que la Comunidad Internacional acompañe este proceso de búsqueda”.
Nathalie Bienfait