El informe Defender la Tierra, publicado hoy, 13 de julio de 2017 por Global Witness, reporta que Colombia es uno de los países donde la situación para las personas que defienden su tierra está empeorando. Según el informe, en 2016 Colombia tuvo su peor año registrado con el asesinato de 37 personas defendiendo su tierra, a pesar del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. Global Witness constata que las personas defensoras de la tierra están ahora en más riesgo, debido a la rivalidad aumentada por el acceso a la tierra rica en recursos naturales que han dejado las Farc al desmovilizarse. El informe cita que, tras el proceso de paz, personas desplazadas que regresan a sus comunidades están siendo atacadas por recuperar las tierras que les fueron robadas durante el conflicto, mientras que un aumento de inversionistas intensifica la lucha por los recursos naturales. El informe usa el ejemplo de la mina de carbón en La Guajira, Cerrejón, para ilustrar las tendencias preocupantes de que habla. Las personas indígenas que viven cerca de la mina han denunciado afectaciones en su salud, desplazamientos y una ruptura del tejido social por la culpa de la actividad minera. [caption id="attachment_8584" align="alignnone" width="1200"] "La gente Wayúu estamos pagando con nuestras vidas. Estamos pagando con nuestra cultura. Estamos pagando con la amenaza de ser eliminados…Simplemente porque defendemos este pequeño pedazo de tierra que solía darnos de comer". Jakeline Romero, lideresa Wayúu y activista por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas en La Guajira.[/caption] https://www.youtube.com/watch?v=voqAWTNjlCk El informe termina con una serie de recomendaciones claves y claras para abordar la situación:

• Abordar las causas principales del riesgo: garantizando que las comunidades puedan elegir de forma libre e informada sobre si sus tierras y recursos son utilizados o no, y de qué forma.
• Apoyar y proteger a las personas defensoras: a través de leyes, políticas y prácticas específicas.
• Garantizar rendición de cuentas por los abusos cometidos: ir más allá de procesar judicialmente a las personas responsables de ordenar o perpetrar un ataque, garantizando que los actores que no apoyan ni protegen a las y los defensores, enfrenten consecuencias por su falta de acción.