Después de tres años de bloqueo legislativo durante el Gobierno de Iván Duque, el pasado 10 de octubre, fue ratificado el Acuerdo de Escazú en Colombia; un hito para la protección de los derechos de los y las defensoras ambientales en el país más peligroso para la defensa del medioambiente.
El Acuerdo de Escazú contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, promueve la protección de líderes y lideresas ambientales, prevé mayor acceso a la información ambiental y más mecanismos de participación para la sociedad civil. Mecanismos de suma relevancia en un país donde, en la última década, 322 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas. Siendo el 2021 el año más letal para quienes defienden la tierra y el medioambiente, con 33 personas asesinadas.
[videopress RT0GX1NO]Preocupa especialmente la intensificación de ataques contra ambientalistas en la región del Magdalena Medio, en particular, contra mujeres ambientalistas que promueven la defensa del agua y de la vida. En la región, es común que los ataques contra las lideresas ambientales ocurran mientras realizan su labor de denuncia contra la industria petrolera y sus nexos con estructuras armadas, así como hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos locales [1].
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Yuli Velásquez pescando en la ciénaga de San Silvestre. Foto: Edu Leon[/caption]
Uno de los casos de mayor gravedad es el de la lideresa ambiental Yuli Andrea Velásquez Briceño, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesán) y directora ejecutiva de la Red Nacional de Mujeres Pescadoras Artesanales, que tiene su lanzamiento oficial este 26 de noviembre. Yuli se presenta como “sujeta anfibia, hija de un pescador asesinado, nacida y criada a las orillas del río Magdalena”, arteria principal de Colombia. La lideresa tiene clara su fuente de riesgo: “defendemos nuestro territorio, visibilizamos la contaminación de la industria y nos enfrentamos a grupos armados que tienen vínculos con empresas. Cuando un defensor denuncia a las entidades que deben velar por un ambiente sano, como hay vínculos con actores armados, empiezan las amenazas. Para silenciarnos hemos sido víctimas de ataques sistemáticos".
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La lideresa ambiental Yuli Velásquez. Foto: Edu Leon[/caption]
En efecto, Yuli ha sufrido numerosos ataques por proteger, junto a las comunidades de pescadores y pescadoras, las fuentes hídricas de la ciudad petrolera de Barrancabermeja, especialmente, la ciénaga de San Silvestre, que abastece de agua dulce a cerca de 300.000 habitantes del Magdalena Medio, incluida la ciudad petrolera. Tal y como denuncian las comunidades ribereñas y pesqueras, la ciénaga de San Silvestre, uno de los pulmones naturales de Colombia, está altamente contaminada debido a los vertidos de crudo, residuos de hidrocarburo y metales pesados, entre otros, que han ocasionado la pérdida de biodiversidad, afectaciones en la salud en las comunidades y graves daños en su principal sustento económico y alimenticio. Yuli también ha liderado denuncias de corrupción en el manejo de recursos públicos entre la empresa petrolera colombiana Ecopetrol, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y empresas contratistas. Según las comunidades pesqueras, estas entidades habrían desviado fondos millonarios destinados a la recuperación ambiental y limpieza de la ciénaga de San Silvestre, que no muestra resultados o mejoras visibles.
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Ciénaga Palotal, Barrancabermeja. Foto: Luis Cano[/caption]
Desde que Yuli Velásquez lidera la defensa ambiental del agua y denuncia a quienes la dañan, ha sido víctima de múltiples amenazas y tres atentados contra su vida. En enero de 2021, hombres armados dispararon contra su casa, obligándola a desplazarse. En mayo de 2022 ella y otros integrantes de Fedepesán fueron atacados por hombres armados mientras monitoreaban las afectaciones ambientales en la ciénaga San Silvestre. El 5 de julio, la lideresa ambiental sufrió otro atentado que dejó herido a su escolta de la Unidad Nacional de Protección, también pocos días después de que Fedepesán -acompañada por Credhos y por PBI- realizara verificaciones de daños ambientales en la ciénaga, donde se evidenciaron derrames de crudo. Unas semanas después, el 25 de julio, tres hombres armados ingresaron a la fuerza en la casa de Ludmila Gutiérrez, pescadora y lideresa de Fedepesán, donde fue retenida y amenazada frente a su hijo de ocho años. Tan solo dos meses atrás, Yuli ha vuelto a ser amenazada en un panfleto emitido por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Ataques que ocurren en un contexto en el que Credhos ha alertado sobre la intensificación de la presencia de las AGC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos post-Farc, en medio de una alta presencia militar.
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Las ambientalistas Ludmila Gutiérrez, Yuli Velásquez y Enid Salazar. Foto: Edu Leon[/caption]
A pesar de las amenazas y ataques, Yuli Velásquez, tiene claro que su lucha es proteger las fuentes hídricas “cada día más degradadas por megaproyectos que solo benefician a las grandes empresas”. La firma del Acuerdo de Escazú es una gran noticia para los y las ambientalistas, señala Yuli, sin embargo, añade con convicción: “no puede quedar solo en el papel, sino que debe hacerse visible en las comunidades y territorios” y, para eso, aún queda mucho trabajo. Mientras tanto, Yuli continúa firme en su reivindicación de los derechos de las comunidades pesqueras, las verdaderas guardianas del agua, en memoria de sus compañeros y compañeras asesinadas.
Valentina Carvajal
PBI Colombia
[1] Cabe recordar que las lideresas ambientales afrocolombianas Yuvelis Natalia Morales y Carolina Agón, del municipio de Puerto Wilches (Magdalena Medio) han sido víctimas de desplazamiento forzado, debido a la intensidad de las amenazas y ataques contra su vida, por su lucha antifracking y por denunciar a las empresas extractivistas, en defensa de los derechos de las comunidades a un ambiente sano.