Martín Gómez es un hombre pequeño y delgado. Camina con confianza y se le nota que ha sembrado toda su vida maíz y granos. Vive en medio de montañas verdes en Santa Elena, sur de Honduras. Martín forma parte del movimiento indígena Milpah, creado en 2010 para defender la tierra y la comunidad indígena lenca, pueblo originario predominante en Honduras.
Un año después de su fundación, el gobierno aprobó la concesión para la construcción de la represa hidroeléctrica Los Encinos S.A. en Santa Elena sobre el río Chinacla. Para Martín y su comunidad este río es significativo, pues abastece de agua a las comunidades cercanas. “El recurso es de todo el pueblo, nosotros vamos allá para bañarnos, para pescar, para recrearnos, para conocer el río”, insiste Martín con voz suave y sonrisa tímida.
Santa Elena es un ejemplo paradigmático de la realidad que se vive en Honduras, donde la concesión de proyectos extractivos a empresas privadas se ha dado sin respetarse el derecho a una consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y campesinos. Esto suele originar enfrentamientos que desembocan incluso en asesinatos de defensores de la tierra, como es el caso de la activista Berta Cáceres en 2016. Perdió la vida porque se opuso a la construcción de una presa hidroeléctrica. Honduras se ha convertido en el país per cápita más peligroso de la última década, con 127 asesinatos de defensores de la tierra desde 2007. Según Global Witness, la industria hidroeléctrica ha sido una de las más vinculadas a los asesinatos[1]. También Martín ha recibido amenazas. Le han matado un caballo a machete y también dos vacas y dos perros. Ha sido una pérdida económica importante para su familia, personas humildes de pocos recursos. Aún peor, han dejado a Martín intranquilo y temeroso por su vida. “Sicológicamente lo pone a uno preocupado”, confiesa. En 2016 más de mil habitantes de Santa Elena acudieron a las urnas en una autoconsulta y un 80% votó “no” a la instalación de una hidroeléctrica en territorio indígena[2]. Para Global Witness, la corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a las y los activistas son los detonantes de los ataques.
Honduras se ha convertido en el país per cápita más peligroso de la última década, con 127 asesinatos de defensores de la tierra desde 2007
Santa Elena es un ejemplo paradigmático de la realidad que se vive en Honduras, donde la concesión de proyectos extractivos a empresas privadas se ha dado sin respetarse el derecho a una consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y campesinos. Esto suele originar enfrentamientos que desembocan incluso en asesinatos de defensores de la tierra, como es el caso de la activista Berta Cáceres en 2016. Perdió la vida porque se opuso a la construcción de una presa hidroeléctrica. Honduras se ha convertido en el país per cápita más peligroso de la última década, con 127 asesinatos de defensores de la tierra desde 2007. Según Global Witness, la industria hidroeléctrica ha sido una de las más vinculadas a los asesinatos[1]. También Martín ha recibido amenazas. Le han matado un caballo a machete y también dos vacas y dos perros. Ha sido una pérdida económica importante para su familia, personas humildes de pocos recursos. Aún peor, han dejado a Martín intranquilo y temeroso por su vida. “Sicológicamente lo pone a uno preocupado”, confiesa. En 2016 más de mil habitantes de Santa Elena acudieron a las urnas en una autoconsulta y un 80% votó “no” a la instalación de una hidroeléctrica en territorio indígena[2]. Para Global Witness, la corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a las y los activistas son los detonantes de los ataques.
PBI Honduras
Notas de pie:
[1] Global Witness: Defender la Tierra, asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medioambiente en 2016, 2017 [2] Cehprodec: Sobre la Autoconsulta de los pueblos Lencas de La Paz, 13 de julio de 2016*Foto de portada: Francesca Volpi: mujer cultivando habas.La fotografía forma parte de la exposición “Vivir defendiendo derechos. 20 relatos gráficos por la defensa de los derechos humanos” realizada en Madrid en 2017