El 21 de febrero se conmemoró la masacre de Mulatos y la Resbalosa, perpetrada por la Brigada XVII del Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la que fueron asesinadas 8 personas, de las cuales 7 eran miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y 3 de ellas menores de edad^[1]. En el 2005, durante la Operación Fénix, un comando de aproximadamente 60 paramilitares junto con tropas del Ejército, asesinó a uno de los líderes de la Comunidad de Paz, Luis Eduardo Guerra y su familia en la vereda de Mulatos y, posteriormente, masacró a la familia de Alfonso Bolívar, líder de la zona humanitaria de la Resbalosa. Desde entonces, cada año, se recuerda ese día en las veredas, en un ejercicio de memoria y denuncia de la impunidad que vive el país.

Tanto el entonces ministro de Defensa como el presidente Álvaro Uribe Vélez trataron de ocultar la verdadera autoría de la masacre y la vinculación del Ejército Nacional a la misma^[2].Y, por otro lado, debilitar el proyecto de resistencia de la Comunidad de Paz, generando la idea distorsionada de que habría ciertos líderes colaborando con la guerrilla de las Farc- EP. Los señalamientos y ataques, dirigidos por parte de las autoridades, hacia la Comunidad de Paz implicaron su decisión de romper toda relación con el Estado^[3]. A pesar de los diversos intentos de obstaculizar la verdad y justicia, en 2019, la Corte Suprema declaró que la masacre habría sido perpetrada por el Ejército en connivencia con las AUC. Sin embargo, de los 66 militares investigados por su posible participación, solo seis fueron condenados y la mayoría de los altos mandos quedaron libres^[4]. Además, en 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió la competencia y, a 18 años de la masacre, el caso sigue en impunidad^[5]. La justicia transicional enfrenta serios retos en cuanto a la falta de aportes a la verdad por parte de los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Como en el caso de Mario Montoya, excomandante del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe y máximo responsable de cientos de ejecuciones extrajudiciales, a quien la JEP estaría valorando expulsar por su reticencia a aportar a la verdad^[6]. Como en tantos otros casos, en el del General Mario Montoya, las víctimas reclamaron que la verdad entregada fue insuficiente^[7].

El nuevo Gobierno ha puesto en el centro de su proyecto político la necesidad de terminar el conflicto a través del dialogo con las comunidades víctimas, cuya participación es clave para superar las desigualdades históricas y violencia en el país. El pasado 4 de diciembre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y Diana Sánchez, directora de derechos humanos del Ministerio de Defensa, visitaron la Holandita, asentamiento principal de la Comunidad de Paz, para escuchar el relato de las graves agresiones que sufre desde su conformación, siendo la primera vez que representantes del Alto Gobierno acuden desde que fue perpetrada la masacre^[8]. Aun así, la Comunidad de Paz sigue firme en sus convicciones y no restablecerá relaciones formales hasta que no se cumplan las condiciones necesarias para ello.

La Comunidad de Paz sigue siendo objeto de graves agresiones y denuncia que persisten nexos entre la Fuerza Pública y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -grupo sucesor del paramilitarismo^[9]-. Tan solo una semana después de la visita del ministro de Defensa varios miembros de la Comunidad de Paz fueron amenazados de muerte mientras regresaban de trabajar sus tierras^[10]. Los asentamientos de la Comunidad de Paz, además de estar ubicados en puntos estratégicos, son un símbolo de resistencia noviolenta, que se ha concretado a través de la creación de una zona neutral al conflicto. Los intentos por desplazar a la Comunidad de su territorio, por parte de grupos paramilitares, actores económicos y políticos, se ven reflejados en el caso emblemático de la Roncona, predio que la Comunidad ha cultivado y habitado por más de 25 años. Este predio fue invadido en 2018, presuntamente por impulso de la misma Alcaldía de Apartadó^[11], desconociendo la lucha histórica de la Comunidad de Paz y su proyecto en defensa de la tierra, que costó decenas de vidas humanas y un sin fin de agresiones que persisten en la actualidad. El pasado 8 de febrero se aplazó por cuarta vez sin causa justificada la audiencia sobre el predio de la Roncona^[12], en una clara estrategia de dilación judicial y de impunidad.

PBI Colombia

1 El Espectador: La Comunidad de Paz Resiste, 21 de febrero de 2021.

2 Semana: “Uribe mancilló la honra de Apartadó”, 28 de mayo de 2013.

3 El Espectador: 16 años de impunidad: La justicia en el caso de la masacre de Mulatos y La Resbalosa, 21 de febrero de 2021.

4 PBI Colombia: La masacre que transformó a la Comunidad de Paz para siempre, 21 de febrero de 2022.

5 El Espectador: Masacre de San José de Apartadó, otro caso en manos de la JEP, 26 de enero de 2021.

6 A finales de septiembre de 2022, el general (r) se presentó ante la JEP.Vinculado al caso 03, el cual investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

7 El Espectador: Procuraduría pidió a la JEP que no expulse al general (r) Mario Montoya, por ahora, 16 de febrero de 2023.

8 Ministro de Defensa (@Ivan_Velasquez_): tweet, 4 de diciembre de 2022. Comunidad de Paz (@cdpsanjose): tweet, 4 de diciembre de 2022.

9 Comunidad de Paz de San José de Apartadó: Aun contextuados en un gobierno de Pacto Histórico, la represión y la persecución no dan tregua, 30 de diciembre de 2022.

10 Íbid.

11 Padre Javier Giraldo: Ataques a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó durante el Gobierno del presidente Duque, 2020.

12 PBI Colombia (@pbicolombia): tweet, 8 de febrero de 2022.