El 21 de febrero 2005, las veredas de Mulatos y La Resbalosa (Antioquia), ubicadas a cinco horas de la Holandita, asentamiento principal de la Comunidad de Paz, fue el escenario de un crimen atroz que, una vez más, golpeó a sus pobladores. Ocho personas, de las cuales cuatro eran menores de edad, fueron asesinadas, desmembradas y enterradas en una fosa común. Entre las 8 víctimas de esta masacre, 7 eran miembros de la Comunidad de Paz: Luis Eduardo Guerra, líder histórico y fundador de la Comunidad, Bellanira Areiza, su compañera y Deiner Andrés Guerra, su hijo de 11 años; Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, el coordinador de la Zona Humanitaria de La Resbalosa, Sandra Milena Muñoz Posso, su esposa, Natalia y Santiago, sus dos hijos de 5 años y 20 meses.
La masacre fue perpetrada por un comando de alrededor de 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) junto con tropas adscritas a la Brigada XVII del Ejército[1]. Estos hechos, que marcaron profundamente la resistencia de la Comunidad de Paz, pusieron en evidencia la degradación de una guerra que, más que combatir a los alzados en armas, se ensañó con campesinos y campesinas que apostaban por la paz en medio de tanta violencia. La acciones beligerantes contra la Comunidad de Paz no eran nuevas ni cesarían después de la masacre. Según Brígida González, fundadora y lideresa histórica de la Comunidad, con esa masacre les quisieron decir “otra vez, reitaradamente, que no tenía que haber organizaciones sociales”[2].
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Mediante el arte, con el fin de nunca olvidar y sanar lo sucedido, Brígida Gonzáles, quien además de lideresa es artista reconocida con el Premio a la ‘Creatividad de la mujer en el medio rural’, pintó esta historia, que hoy se encuentra en el Museo Nacional de Bogotá,[/caption]
Tras el dolor de la masacre: Difamación y señalamientos contra la Comunidad de Paz
En los meses siguientes a la matanza, la Brigada XVII y el Ministerio de Defensa declararon que, dado el modus operandi empleado, no cabía duda de que la masacre había sido perpetrada por el grupo guerrillero FARC-EP[3]. De manera similar el 20 de marzo de 2005, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, leyó un comunicado en Apartadó en el que acusaba a la Comunidad de Paz de hospedar a guerrilleros dentro de sus procesos organizativos[4].
En Mayo de 2008, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al frente de los bloques Bananeros en la región del Urabá Antioqueño, Hebert Veloza García (alias ‘HH’) aseguró haber entregado dinero al entonces Comandante del Batallón Bejarano Muñoz, adscrito a la Brigada XVII, para pagar a falsos testigos que acusaran a las FARC-EP de haber cometido la masacre[5]. Esta falsa acusación cumplía con un doble propósito. En primer lugar, se trató de ocultar la verdadera autoría de la masacre y la vinculación del Ejército Nacional la misma. Y, por otro, debilitar el proyecto de resistencia de la Comunidad de Paz, generando la idea distorisionada de que en la Comunidad habría ciertos líderes colaborando con las FARC-EP.
Las constantes difamaciones y hostilidad de los funcionarios públicos hacia la Comunidad de Paz eran fruto de la negativa de ésta a tener presencia militar en su territorio, como parte de su estrategia de resistencia pacífica[6]. Debido a estos señalamientos, hostigamientos y ataques, la Comunidad de Paz rompió en este momento toda relación con el estado y con sus instituciones. En palabras de la emblemática lideresa, Brígida González: “como la idea era acabar con la Comunidad de una o otra forma, nos hicieron de todo. Mataron a muchísima gente, muchas masacres y muertes selectivas pero la masacre del 2005 fue la tapa para romper totalmente con el Estado[7]”.
“Que lo señalen a uno y que le digan que es guerrillero sin sentido, a uno le suena duro pero […] uno se pregunta Deiner, de 11 años, era guerrillero? O Santiago Tuberquia de 18 meses era guerrillero? Natalia de 5 años, era guerrillera? Los de la Comunidad nos matan porque luchamos y decimos la verdad pero los niños aún no sabían expresar”[8].
17 años después: Impunidad, ausencia de aportes a la verdad y falta de reparación a las víctimas
De los 66 militares que fueron investigados por su posible participación en la masacre, únicamente 6 fueron condenados[9] y la mayoría de los altos mandos que estaban a cargo de las operaciones en San José de Apartadó quedaron libres. El 27 de marzo de 2019, la Corte Suprema de Justicia concluyó que los asesinatos fueron cometidos por miembros de las AUC, en coordinación con miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional de Colombia[10]. Sin embargo, en 2020 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), unificó todos los expedientes y asumió la competencia[11]. La Comunidad de Paz no entiende que este caso fuera trasladado a la Justicia Transicional. Pues, para ellos y ellas, esta masacre no ocurrió en el marco del conflicto armado, sino en el marco de la persecución en su contra por haberse declarado neutrales ante el conflicto armado.
Durante todos estos años la Comunidad de Paz no ha perdido la esperanza de que algún día se esclarezca la verdad y que todos los responsables sean conocidos. Aunque cada año que pasa se hace más complicado. Parece difícil que los responsables hagan aportes reales en los términos de verdad y reparación que la Comunidad aún espera.
PBI Colombia.
[4]Semana: “Uribe mancilló la honra de Apartadó”, 29 de mayo de 2013