Durante el año 2016 se produjeron tres oleadas de asesinatos y continuas agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, líderes de la oposición y líderes sociales. Estas oleadas de violencia política se desdibujaron tras el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de Colombia (Farc). Mientras en la Mesa de Negociaciones se avanzaba en la consolidación de los acuerdos pendientes de la agenda de paz, en todo el país se sintió el incremento de la persecución a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.
La organización Frontline Defenders, reportó 85 asesinatos de este colectivo en 2016[1], (sobre un total de 285 en todo el mundo). Colombia, según Frontline, es el país donde ocurrieron más asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo en 2016[2]. La Cumbre Agraria reportó aún más asesinatos, registrando un total de 94[3].
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (Oacnudh), destacó que la mayoría de esos casos (75%) se presentaron en zonas rurales, en contra de líderes y lideresas quienes trabajan en temas de paz, restitución de tierras y participación política[4]. Se ha observado, además, una tendencia a que las agresiones están dirigidas en mayor medidas a defensores del derecho a la tierra y el territorio, es decir, ambientalistas, líderes indígenas y reclamantes de tierra, opositores de los intereses económicos de la industria extractiva, agroindustria o ganadería[5]. PBI activó su red de apoyo tres veces a lo largo del año 2016 como consecuencia de estos hechos.
Oacnudh registró 57 homicidios hasta diciembre, de los cuales 13 ocurrieron después de la firma del primer Acuerdo de Paz, el 26 de septiembre[6]. Durante la campaña electoral entorno al Plebiscito sobre la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”[7], la Misión de Observación Electoral advirtió sobre 15 casos de violencia política en áreas donde se establecerán las Zonas Veredales Transitorias y de Normalización. Las organizaciones sociales alertaron que en la fase de implementación de los acuerdos la violencia podría aumentar.
Después de la primera oleada de agresiones y asesinatos en marzo, el Gobierno creó una Comisión de Alto Nivel para la investigación de homicidios y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. Hubo algunos avances en las investigaciones, pero la mayoría están sin concluir. Se convocaron Mesas de Garantías Territoriales[8], en mayo y abril, pero las medidas no evitaron la repetición de las oleadas de agresiones en septiembre y noviembre.
Rige un debate grande sobre si hay una sistematicidad o no en los atentados contra las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Preocupa que representantes del Gobierno manifiesten que no hay elementos de sistematicidad en las agresiones contra defensores, aunque haya un promedio de 50 asesinatos en los últimos años[9], y la tasa general de homicidios en 2016, en Colombia fue la más baja desde 1974[10]. Las autoridades han presentado las razones de los asesinatos como riñas personales, venganzas o violencia general y crimen común que tiene que ver con zonas de alta conflictividad por la coca o la minería ilegal y no en relación con su trabajo de defensa a los derechos humanos[11].
Aún después del rechazo en las urnas al Acuerdo, el Gobierno y las Farc decidieron mantener el Cese al Fuego y las Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las tropas de las Farc se reubicaron en Puntos de Preagrupamiento Transitorios (PPT) bajo el monitoreo del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, mecanismo tripartito coordinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esperando un nuevo Acuerdo y el inicio de su implementación. Esta situación generó incertidumbre e inseguridad para las Farc y la población civil en estas zonas. Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, las Farc empezaron a moverse a las 26 Zonas Veredales y Puntos Transitorios y de Normalización.
La fase de implementación de los Acuerdos creó tensiones entre las personas cuyos intereses se vieron afectadas por los Acuerdos de Paz y, por otro lado, es una fase donde las organizaciones presentarán propuestas y participarán.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (Oacnudh), destacó que la mayoría de esos casos (75%) se presentaron en zonas rurales, en contra de líderes y lideresas quienes trabajan en temas de paz, restitución de tierras y participación política[4]. Se ha observado, además, una tendencia a que las agresiones están dirigidas en mayor medidas a defensores del derecho a la tierra y el territorio, es decir, ambientalistas, líderes indígenas y reclamantes de tierra, opositores de los intereses económicos de la industria extractiva, agroindustria o ganadería[5]. PBI activó su red de apoyo tres veces a lo largo del año 2016 como consecuencia de estos hechos.
Oacnudh registró 57 homicidios hasta diciembre, de los cuales 13 ocurrieron después de la firma del primer Acuerdo de Paz, el 26 de septiembre[6]. Durante la campaña electoral entorno al Plebiscito sobre la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”[7], la Misión de Observación Electoral advirtió sobre 15 casos de violencia política en áreas donde se establecerán las Zonas Veredales Transitorias y de Normalización. Las organizaciones sociales alertaron que en la fase de implementación de los acuerdos la violencia podría aumentar.
Después de la primera oleada de agresiones y asesinatos en marzo, el Gobierno creó una Comisión de Alto Nivel para la investigación de homicidios y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. Hubo algunos avances en las investigaciones, pero la mayoría están sin concluir. Se convocaron Mesas de Garantías Territoriales[8], en mayo y abril, pero las medidas no evitaron la repetición de las oleadas de agresiones en septiembre y noviembre.
Rige un debate grande sobre si hay una sistematicidad o no en los atentados contra las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Preocupa que representantes del Gobierno manifiesten que no hay elementos de sistematicidad en las agresiones contra defensores, aunque haya un promedio de 50 asesinatos en los últimos años[9], y la tasa general de homicidios en 2016, en Colombia fue la más baja desde 1974[10]. Las autoridades han presentado las razones de los asesinatos como riñas personales, venganzas o violencia general y crimen común que tiene que ver con zonas de alta conflictividad por la coca o la minería ilegal y no en relación con su trabajo de defensa a los derechos humanos[11].
Acuerdo de Paz
Después de 4 años de negociaciones de paz, en La Habana (Cuba), 2016 fue el año donde se firmó el tan esperado Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. La celebración de la firma tuvo eco mundial. Aunque, tan grande como la euforia fue la sorpresa cuando el 2 de octubre la sociedad colombiana rechazó el Acuerdo en las urnas tras el Plebiscito[12]. Para las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y quienes hicieron campaña a favor del Acuerdo, la decepción fue aún más grande. La polarización política generada por esta votación resultó también un riesgo de seguridad para las organizaciones que apostaron al ‘Sí’, en un contexto de persistencia de estructuras armadas ilegales. Tras conversaciones políticas entre el Gobierno y los diferentes sectores del ‘No’, un nuevo Acuerdo Final con ajustes en temas de tierras, enfoque de género, verdad y justicia entre otros, fue firmado el 24 de noviembre y refrendado en el Congreso el 1 de diciembre. A partir de entonces empezó la fase de implementación. Los nuevos acuerdos han sido respaldados por las víctimas del conflicto que viajaron a La Habana[13]. Esto a pesar de los cambios sustanciales en temas, como la participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, sobre lo cual alertó el Centro Internacional de Justicia Transicional, (Ictj), “la participación de las víctimas no es clara en el nuevo sistema y como no es clara se corre el riesgo de que no sea efectiva”[14].
Aún después del rechazo en las urnas al Acuerdo, el Gobierno y las Farc decidieron mantener el Cese al Fuego y las Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las tropas de las Farc se reubicaron en Puntos de Preagrupamiento Transitorios (PPT) bajo el monitoreo del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, mecanismo tripartito coordinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esperando un nuevo Acuerdo y el inicio de su implementación. Esta situación generó incertidumbre e inseguridad para las Farc y la población civil en estas zonas. Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, las Farc empezaron a moverse a las 26 Zonas Veredales y Puntos Transitorios y de Normalización.
La fase de implementación de los Acuerdos creó tensiones entre las personas cuyos intereses se vieron afectadas por los Acuerdos de Paz y, por otro lado, es una fase donde las organizaciones presentarán propuestas y participarán.