Inmerso en diversos conflictos sociales, económicos y culturales, que encuentran su expresión a través de toda la nación en la violencia políticamente motivada, Colombia es un país con enormes desigualdades. La riqueza y la tierra están fuertemente concentradas en las manos de una pequeña élite mientras que, al mismo tiempo, muchas partes del país se encuentran completamente abandonadas por el Estado colombiano[1]. Un informe de Oxfam Internacional muestra que el 1% de las propiedades concentra el 80% de la tierra, dejando solamente un 20% distribuida entre el 99% restante[2]. Tomando esto en cuenta, Oxfam Internacional concluye que Colombia es el país más inequitativo de América Latina, en términos de distribución de tierra, y que esta inequidad y la concentración de tierra en las manos de unos pocos, ha ido aumentando a través de las últimas décadas[3]. La desigualdad ha sido un detonante de los conflictos territoriales, y la incapacidad de abordar sus causas estructurales ha estado en el centro de la violencia que Colombia ha experimentado durante décadas.
[caption id="attachment_9902" align="alignnone" width="786"]
Ilustración: María Lessmes[/caption]
El núcleo del problema de muchos conflictos en Colombia es la tierra. A pesar del crecimiento de las poblaciones urbanas en Colombia, como resultado de los años de conflicto armado que conlleva el despojo, el 23% del país todavía habita en áreas rurales y vive directamente de la tierra a través de actividades agrícolas[4]. La población campesina a su vez, produce los alimentos para la población de las ciudades en constante aumento y para los crecientes negocios de exportación, que Colombia ha desarrollado gracias a los 16 Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados en años recientes[5].
El impacto de la firma de los TLC en el campo colombiano es alto y está cambiando las lógicas de producción, debido a los productos que llegan de fuera y saturan los mercados internos. De hecho, a pesar de la alta capacidad de producción alimentaria en Colombia por sus tierras ricas y climas diversos, el 28% de toda la comida que consume la población colombiana es importada[6]. De igual manera, las cláusulas de protección de la inversión extranjera de los TLC, delimitan la soberanía del Estado colombiano para decidir cómo ordenar su territorio y regular el mercado campesino doméstico del país, porque no puede impactar las proyecciones económicas detalladas en los propios acuerdos[7].
[caption id="attachment_9904" align="alignnone" width="786"]
Ilustración: María Fernanda Lessmes[/caption]
El modelo económico que el Estado colombiano ha impulsado en las últimas décadas, ha estado enfocado en gran medida en la extracción de recursos naturales y la instalación de proyectos agrícolas a gran escala, lo que implica que los conflictos territoriales tienen lugar por encima y por debajo del suelo, en términos de su distribución y su uso[8]. El modelo promovido por el Estado desde Bogotá va en contra de la perspectiva regional y muchas veces en contra de lo que quieren las comunidades para su territorio, como se ve ilustrado en los resultados de las últimas consultas populares en varias regiones del país, donde las comunidades rechazan la instalación de megaproyectos mineros en sus territorios[9].
Para las comunidades rurales, y especialmente para las comunidades étnicas, la tierra no es simplemente una entidad material que produce para la población humana, sino que tiene un significado espiritual que genera una profunda conexión entre las comunidades y su tierra o “territorio”, formando parte de su identidad histórica, espiritual y cultural. En muchas de las cosmovisiones latinoamericanas, la tierra es descrita como la “pacha mama”, una madre que no solamente produce para sus hijos, sino que además merece respeto y debe ser conservada para las futuras generaciones. Esta relación con la tierra es particularmente visible en las culturas indígenas, quienes se ven a sí mismas como parte de la tierra y guardianes de sus ecosistemas. No es coincidencia que las comunidades indígenas tengan asentamientos en las partes con mayor biodiversidad del mundo y que las hayan preservado exitosamente durante siglos. En los territorios ocupados por los grupos étnicos en Colombia, el 90,8% de la tierra está cubierta por bosques y el 6,9% es utilizado para la producción agrícola. Esto resalta el importante papel que los grupos étnicos juegan en la protección de los ecosistemas y del medio ambiente[10].
Colombia es reconocida internacionalmente por sus altos niveles de biodiversidad con 314 tipos distintos de ecosistemas coexistiendo en el país[11]. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP en septiembre de 2016, 88 nuevas especies han sido descubiertas en Colombia, en áreas que anteriormente eran consideradas demasiado peligrosas para la investigación[12]. Se han realizado varias intervenciones legales de gran envergadura para proteger estos delicados ecosistemas, tales como la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la explotación minera en los Páramos por ser fuentes importantes de agua para la población colombiana[13], y otra sentencia de la misma Corte que considera al Río Atrato en el departamento del Chocó como un sujeto de derechos, resaltando la importancia y la urgencia de su protección, debido a los altos niveles de contaminación que sufre este cuerpo acuífero[14]. Sin embargo, están surgiendo nuevos conflictos entre aquellas personas que luchan por la protección del medio ambiente y quienes ven la riqueza de estos ecosistemas, no en su abundancia natural sino, en los minerales que pueden ser extraídos de su territorio[15]. [caption id="attachment_9905" align="alignnone" width="1200"]
El modelo económico que el Estado colombiano impulsa está enfocado en gran medida en la extracción de recursos naturales y la instalación de proyectos agrícolas, lo que implica que los conflictos territoriales tienen lugar por encima y por debajo del suelo. Foto: Bianca Bauer[/caption]
En un país tan rico en recursos naturales como Colombia, el acceso a la tierra significa poder y control. Colombia es un país productor y ha generado productos para el consumo del resto del mundo desde tiempos coloniales. Este modelo continúa hoy en día, con una gran cantidad de productos colombianos destinados al mercado de exportación manejado por la demanda, bien sea aceite de palma, oro, carbón, banano, petróleo, chocolate, café, azúcar o la más infame, cocaína[16]. Estos productos se extraen de la tierra o se cultivan en ella, lo que implica que el acceso a la tierra está en el centro de los proyectos económicos destinados a producir para el mercado global.
En Colombia hay una ausencia de una legislación ambiental efectiva, lo que genera graves afectaciones en los múltiples ecosistemas del país y gran confusión al momento de aplicar modelos distintos con perspectivas opuestas en los territorios[17]. Eso se muestra en las últimas cifras de deforestación que indica que la tendencia está aumentando al nivel nacional. Colombia pasó de 64.417.000 hectáreas de bosque en 1990 a 58.501.700 en 2015 lo que implica una pérdida de casi seis millones de hectáreas en 25 años. Entre 2015 y 2016 la deforestación en Colombia aumentó 44%[18]. Esto combinado con una legislación favorable para las inversiones extranjeras y la asimetría de poder entre las corporaciones transnacionales y las comunidades rurales, genera tensiones entre los diferentes actores e intereses en el territorio, lo que incentiva mayor conflictividad alrededor del tema de la tierra.
Ilustración: María Lessmes[/caption]
El núcleo del problema de muchos conflictos en Colombia es la tierra. A pesar del crecimiento de las poblaciones urbanas en Colombia, como resultado de los años de conflicto armado que conlleva el despojo, el 23% del país todavía habita en áreas rurales y vive directamente de la tierra a través de actividades agrícolas[4]. La población campesina a su vez, produce los alimentos para la población de las ciudades en constante aumento y para los crecientes negocios de exportación, que Colombia ha desarrollado gracias a los 16 Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados en años recientes[5].
El impacto de la firma de los TLC en el campo colombiano es alto y está cambiando las lógicas de producción, debido a los productos que llegan de fuera y saturan los mercados internos. De hecho, a pesar de la alta capacidad de producción alimentaria en Colombia por sus tierras ricas y climas diversos, el 28% de toda la comida que consume la población colombiana es importada[6]. De igual manera, las cláusulas de protección de la inversión extranjera de los TLC, delimitan la soberanía del Estado colombiano para decidir cómo ordenar su territorio y regular el mercado campesino doméstico del país, porque no puede impactar las proyecciones económicas detalladas en los propios acuerdos[7].
[caption id="attachment_9904" align="alignnone" width="786"] Ilustración: María Fernanda Lessmes[/caption]
El modelo económico que el Estado colombiano ha impulsado en las últimas décadas, ha estado enfocado en gran medida en la extracción de recursos naturales y la instalación de proyectos agrícolas a gran escala, lo que implica que los conflictos territoriales tienen lugar por encima y por debajo del suelo, en términos de su distribución y su uso[8]. El modelo promovido por el Estado desde Bogotá va en contra de la perspectiva regional y muchas veces en contra de lo que quieren las comunidades para su territorio, como se ve ilustrado en los resultados de las últimas consultas populares en varias regiones del país, donde las comunidades rechazan la instalación de megaproyectos mineros en sus territorios[9].
Para las comunidades rurales, y especialmente para las comunidades étnicas, la tierra no es simplemente una entidad material que produce para la población humana, sino que tiene un significado espiritual que genera una profunda conexión entre las comunidades y su tierra o “territorio”, formando parte de su identidad histórica, espiritual y cultural. En muchas de las cosmovisiones latinoamericanas, la tierra es descrita como la “pacha mama”, una madre que no solamente produce para sus hijos, sino que además merece respeto y debe ser conservada para las futuras generaciones. Esta relación con la tierra es particularmente visible en las culturas indígenas, quienes se ven a sí mismas como parte de la tierra y guardianes de sus ecosistemas. No es coincidencia que las comunidades indígenas tengan asentamientos en las partes con mayor biodiversidad del mundo y que las hayan preservado exitosamente durante siglos. En los territorios ocupados por los grupos étnicos en Colombia, el 90,8% de la tierra está cubierta por bosques y el 6,9% es utilizado para la producción agrícola. Esto resalta el importante papel que los grupos étnicos juegan en la protección de los ecosistemas y del medio ambiente[10].
La desigualdad ha sido un detonante de los conflictos territoriales, y la incapacidad de abordar sus causas estructurales ha estado en el centro de la violencia que Colombia ha experimentado durante décadas.
Colombia es reconocida internacionalmente por sus altos niveles de biodiversidad con 314 tipos distintos de ecosistemas coexistiendo en el país[11]. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP en septiembre de 2016, 88 nuevas especies han sido descubiertas en Colombia, en áreas que anteriormente eran consideradas demasiado peligrosas para la investigación[12]. Se han realizado varias intervenciones legales de gran envergadura para proteger estos delicados ecosistemas, tales como la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la explotación minera en los Páramos por ser fuentes importantes de agua para la población colombiana[13], y otra sentencia de la misma Corte que considera al Río Atrato en el departamento del Chocó como un sujeto de derechos, resaltando la importancia y la urgencia de su protección, debido a los altos niveles de contaminación que sufre este cuerpo acuífero[14]. Sin embargo, están surgiendo nuevos conflictos entre aquellas personas que luchan por la protección del medio ambiente y quienes ven la riqueza de estos ecosistemas, no en su abundancia natural sino, en los minerales que pueden ser extraídos de su territorio[15]. [caption id="attachment_9905" align="alignnone" width="1200"]
El modelo económico que el Estado colombiano impulsa está enfocado en gran medida en la extracción de recursos naturales y la instalación de proyectos agrícolas, lo que implica que los conflictos territoriales tienen lugar por encima y por debajo del suelo. Foto: Bianca Bauer[/caption]
En un país tan rico en recursos naturales como Colombia, el acceso a la tierra significa poder y control. Colombia es un país productor y ha generado productos para el consumo del resto del mundo desde tiempos coloniales. Este modelo continúa hoy en día, con una gran cantidad de productos colombianos destinados al mercado de exportación manejado por la demanda, bien sea aceite de palma, oro, carbón, banano, petróleo, chocolate, café, azúcar o la más infame, cocaína[16]. Estos productos se extraen de la tierra o se cultivan en ella, lo que implica que el acceso a la tierra está en el centro de los proyectos económicos destinados a producir para el mercado global.
En Colombia hay una ausencia de una legislación ambiental efectiva, lo que genera graves afectaciones en los múltiples ecosistemas del país y gran confusión al momento de aplicar modelos distintos con perspectivas opuestas en los territorios[17]. Eso se muestra en las últimas cifras de deforestación que indica que la tendencia está aumentando al nivel nacional. Colombia pasó de 64.417.000 hectáreas de bosque en 1990 a 58.501.700 en 2015 lo que implica una pérdida de casi seis millones de hectáreas en 25 años. Entre 2015 y 2016 la deforestación en Colombia aumentó 44%[18]. Esto combinado con una legislación favorable para las inversiones extranjeras y la asimetría de poder entre las corporaciones transnacionales y las comunidades rurales, genera tensiones entre los diferentes actores e intereses en el territorio, lo que incentiva mayor conflictividad alrededor del tema de la tierra.
Hannah Matthews