Decir Nordeste Antioqueño es nombrar dos de sus municipios más emblemáticos: Remedios y Segovia; que a su vez y de forma automática evocan su principal fuente económica: el oro. Base central de la economía no sólo en ambos municipios, sino también en las veredas que los conforman en las que se localizan aproximadamente 149 bocaminas, según nos cuentan los locales.
Resulta curioso percibir cómo impregna este metal precioso la economía de Segovia. Numerosas casas de compraventa de oro inundan sus calles y la plaza central está presidida por una estatua color dorado de una mujer abierta en canal que simula ser la Madre Tierra de la que un minero excava para extraer las preciosas pepitas. “¿El material del que está hecha la estatua es también de oro?”, pregunto de forma ingenua. Don Ramiro, miembro incansable de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y delegado para esta subregión me responde rotundamente “No, se lo robarían si así fuera”.
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Don Ramiro y Clara[/caption]
Continuamos la charla con Don Ramiro acerca de esta tradición ancestral en la región, quien nos comenta que en 500 años de explotación minera tan sólo se ha logrado extraer aproximadamente el 5% del oro, el más cercano a la superficie[1]. Entre tanto y con puntualidad alemana, la chiva multicolor a la que esperamos parte rumbo a la vereda Cañaveral, el destino de nuestro acompañamiento.
Allí Cahucopana organiza una audiencia pública[2] para que la gente de las veredas explique a la Defensoría del Pueblo, al Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación[3] y al consejero político encargado de Derechos Humanos de la Delegación de la Unión Europea, Antonio García, la coyuntura actual y los problemas de seguridad y de servicios básicos que sufren las veredas aledañas a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal, donde excombatientes de las Farc están iniciando la fase de dejación de armas y que se encuentra a una hora de distancia de aquí.
¿Conoce, acaso, de límites la barbarie humana? Con el corazón encogido, me pregunto cómo alguien puede deshumanizarse tanto a sí mismo como para actuar de un modo tan brutal y, a su vez, despojar de humanidad a las víctimas sometiéndolas a ese infinito dolor. ¿Cuánto sufrimiento puede albergar el alma humana? ¿De dónde sacaron la fortaleza para volver a su vereda?
El sufrimiento y la fortaleza a menudo convergen en este país que ya es mi hogar. Hoy Cañaveral está lleno de vida. La dignidad, una vez más en Colombia, se impuso ante el salvajismo de los violentos. Los miembros de Cahucopana nos ponen en contexto y recuerdan que en aquella época los militares y paramilitares actuaban juntos de manera abierta en esa zona[5], la población estaba sumida en un bloqueo alimenticio y sanitario y completamente estigmatizada: “llevar medicina contra la malaria significaba automáticamente que el campesino era guerrillero; sólo podían hacer mercado por 40.000 pesos, si compraban más entendían que era para alimentar a la guerrilla y el mero hecho de llevar botas de caucho o un determinado tipo de pantalón era motivo suficiente para ser tildado de subversivo”. Nos preguntamos las allí presentes qué tipo de calzado puede utilizarse cuando semejantes aguaceros fluyen por esas trochas... Por todos estos antecedentes, cuando la Fuerza Pública llegó para realizar el censo de la población en el marco de la instalación de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (Zvtn) en Carrizal, la población se asustó. La confianza, una vez rota, necesita tiempo para reconstruirse.
Comienza la audiencia. Desde el mes de marzo, “hombres de negro” y encapuchados que portan armas largas y que se identifican como paramilitares están transitando por estas veredas intimidando a la gente; preguntando por líderes sociales de la corporación campesina Cahucopana; entrando en las casas para robar comida; extorsionando; amenazando; incluso han instalado un peaje y han incendiado un local días después de que su dueña se desplazara de Mina Nueva[6]. Se preguntan cómo pueden darse estos incidentes cerca de una zona tan militarizada, donde hay un anillo de seguridad. Todas las personas que intervienen en la audiencia comentan que no son nuevas en la zona ni las violaciones a los derechos humanos, ni la falta de inversión estatal, ni las intimidaciones, ni la presencia de actores armados ilegales.
En este sentido, el Sistema de Alertas Tempranas Regional también venía llamando la atención desde la publicación del Informe de Riesgo de 2012 de la Defensoría del Pueblo[7] sobre la dinámica y presencia de actores armados, cómo afectaban a la población y qué tenía que hacer el Gobierno, advirtiendo esto mismo que está sucediendo: que con la salida de las Farc los territorios iban a ser cooptados por otros grupos ilegales. El año pasado y ante la ausencia de medidas que buscaran paliar esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió un segundo informe de riesgo sobre esta región[8].
Los líderes sociales que participaron en la audiencia pública, expresaron su preocupación de que en Cañaveral y las veredas vecinas siguen sucediéndose viejas violaciones de derechos humanos provocadas por la guerra como el desplazamiento interno, a la vez que otras dinámicas de control social más características de zonas urbanas y por tanto “nuevas” en zona rural, como introducir, facilitar y potenciar el consumo de sustancias ilícitas a los jóvenes, modus operandi característico de la estrategia empleada por los grupos neoparamilitares en las comunas generalmente más populares de las zonas urbanas sobre las que quieren tener un control, no sólo económico y territorial, sino también social, atrayendo a jóvenes desempleados que reciben sus primeras dosis de regalo y que poco a poco se ven inmersos en el problema de la droga, encargados por un lado, de vender un cierto número de dosis al día y por otro, como consumidores; lo que les lleva a ir contrayendo deudas con los jefecillos de “las ollas”, como sucede, por citar uno de tantos ejemplos, en la ciudad de Barrancabermeja[9].
El tema de la supervivencia también es complicado, el acceso a los mercados para vender sus productos es imposible, y los precios no les permiten vivir decentemente. Las instituciones estatales no llegan, el Gobernador de Antioquia, que estuvo recientemente en la zona, no visitó a las comunidades para averiguar qué estaba pasando, para escucharlos, “el representante de la UE nos prestó más atención que el propio gobierno; le pedimos que lleve este caso a las instituciones”, dice uno de los participantes que da su testimonio.
Antonio García expresa su admiración a los líderes por mantener su voluntad y su lucha a pesar de todo lo que han vivido. Expresa sus preocupaciones frente a las amenazas y presencia de esos grupos y manifiesta la voluntad de la UE de estar más cerca de las comunidades, “mañana mismo voy a transmitir en mis reuniones todas estas preocupaciones”. La UE apoya el primer punto del Acuerdo (Reforma Rural Integral) y destaca que la buena reintegración de los excombatientes es clave para el éxito del proceso.
La representante de la ONU del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación agradece a la comunidad por sus testimonios que considera de gran importancia para su trabajo y para conocer el impacto que tiene el proceso en los campesinos, también pidió disculpas frente al hecho de que no se sintieran escuchados. Afirma que elaboran informes y que tratan de acercarse cada vez más a los líderes de las Juntas de Acción Comunal en la zona, son conscientes de la presencia de esos grupos y lo van a llevar a los más altos niveles.
Efectivamente, el tema de la minería es complejo. La zona de Remedios y Segovia está entre las más contaminadas del mundo por el mercurio utilizado en la explotación minera, incluso recientemente se descubrió la presencia de este metal en la leche de las madres de estos municipios[10]. El impacto de la actividad minera no sólo afecta al medio ambiente, sino que también puede medirse en la salud de su población.
Sin embargo, la pequeña minería es un oficio que en la zona han aprendido de generación en generación, transmitiendo este conjunto de saberes de padres a hijos, como la mejor de las herencias y estrechamente relacionado con la cultura local. “El Gobierno a golpe de decreto quiere cambiar la manera de vivir en la zona”. ¿Qué hacer cuándo lo que produce el sustento y la riqueza local consume y degrada la salud y el entorno? El equilibrio es complicado.
Esa tarde cae uno de esos tremendos aguaceros típico de la época de lluvias. Y a la mañana siguiente otro, que se acentúa mientras nosotras recorremos el camino de vuelta a Segovia. El vallenato que resuena en la chiva que nos lleva lo predijo: “un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta...”[11]. Sin embargo, como fuimos previsoras, nos sentimos aliviadas por haber traído nuestras “botas pantaneras”, esas que han sido tan señaladas en Colombia y que constituían prueba suficiente para determinar que su portador era miembro de la guerrilla.
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Nathalie[/caption]
Pasamos por la quebrada popularmente conocida por “La Cianurada”; en tan sólo dos palabras queda claro cuál es el estado de toxicidad del agua de ese riachuelo que absorbe todos los químicos necesarios para llevar a cabo la actividad minera. Hacemos un repaso por algunos de los nombres de lugares conocidos “de por allá”: “Rancho quemado”, “El Alto de los Muertos” ... No resulta difícil imaginar el pasado, ¿de qué otra forma podría la comunidad nombrarlos? El rastro de la violencia histórica sigue presente en el territorio. Basta ya[12]. La implementación de los Acuerdos de Paz en los territorios es urgente y necesaria. Los líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos están haciendo su parte, pero esto no será posible si el Gobierno no desmantela estas estructuras neoparamilitares con presencia estatal integral en las regiones.
Don Ramiro y Clara[/caption]
Continuamos la charla con Don Ramiro acerca de esta tradición ancestral en la región, quien nos comenta que en 500 años de explotación minera tan sólo se ha logrado extraer aproximadamente el 5% del oro, el más cercano a la superficie[1]. Entre tanto y con puntualidad alemana, la chiva multicolor a la que esperamos parte rumbo a la vereda Cañaveral, el destino de nuestro acompañamiento.
Allí Cahucopana organiza una audiencia pública[2] para que la gente de las veredas explique a la Defensoría del Pueblo, al Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación[3] y al consejero político encargado de Derechos Humanos de la Delegación de la Unión Europea, Antonio García, la coyuntura actual y los problemas de seguridad y de servicios básicos que sufren las veredas aledañas a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal, donde excombatientes de las Farc están iniciando la fase de dejación de armas y que se encuentra a una hora de distancia de aquí.
El oscuro pasado
Cuando llega el consejero político de la Unión Europea, Antonio García, empezamos la jornada con una visita al monumento que rinde homenaje a las víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares. La masacre de Cañaveral y Altos de Manila[4] ordenada por los paramilitares de Fidel Castaño en 1983 y de la que se desconoce el número total de muertos ya que solo lograron identificar veinte cuerpos de los asesinados (los otros fueron mutilados o arrojados a los ríos) y la masacre del 2001, en la que paramilitares del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mantuvieron secuestrados a los habitantes de la vereda, obligándoles a presenciar el asesinato de las 18 personas de las que se cobraron la vida; y que posteriormente, provocó el desplazamiento masivo de los supervivientes.
¿Conoce, acaso, de límites la barbarie humana? Con el corazón encogido, me pregunto cómo alguien puede deshumanizarse tanto a sí mismo como para actuar de un modo tan brutal y, a su vez, despojar de humanidad a las víctimas sometiéndolas a ese infinito dolor. ¿Cuánto sufrimiento puede albergar el alma humana? ¿De dónde sacaron la fortaleza para volver a su vereda?
El sufrimiento y la fortaleza a menudo convergen en este país que ya es mi hogar. Hoy Cañaveral está lleno de vida. La dignidad, una vez más en Colombia, se impuso ante el salvajismo de los violentos. Los miembros de Cahucopana nos ponen en contexto y recuerdan que en aquella época los militares y paramilitares actuaban juntos de manera abierta en esa zona[5], la población estaba sumida en un bloqueo alimenticio y sanitario y completamente estigmatizada: “llevar medicina contra la malaria significaba automáticamente que el campesino era guerrillero; sólo podían hacer mercado por 40.000 pesos, si compraban más entendían que era para alimentar a la guerrilla y el mero hecho de llevar botas de caucho o un determinado tipo de pantalón era motivo suficiente para ser tildado de subversivo”. Nos preguntamos las allí presentes qué tipo de calzado puede utilizarse cuando semejantes aguaceros fluyen por esas trochas... Por todos estos antecedentes, cuando la Fuerza Pública llegó para realizar el censo de la población en el marco de la instalación de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (Zvtn) en Carrizal, la población se asustó. La confianza, una vez rota, necesita tiempo para reconstruirse.
La cruda realidad
Comienza la audiencia. Desde el mes de marzo, “hombres de negro” y encapuchados que portan armas largas y que se identifican como paramilitares están transitando por estas veredas intimidando a la gente; preguntando por líderes sociales de la corporación campesina Cahucopana; entrando en las casas para robar comida; extorsionando; amenazando; incluso han instalado un peaje y han incendiado un local días después de que su dueña se desplazara de Mina Nueva[6]. Se preguntan cómo pueden darse estos incidentes cerca de una zona tan militarizada, donde hay un anillo de seguridad. Todas las personas que intervienen en la audiencia comentan que no son nuevas en la zona ni las violaciones a los derechos humanos, ni la falta de inversión estatal, ni las intimidaciones, ni la presencia de actores armados ilegales.
En este sentido, el Sistema de Alertas Tempranas Regional también venía llamando la atención desde la publicación del Informe de Riesgo de 2012 de la Defensoría del Pueblo[7] sobre la dinámica y presencia de actores armados, cómo afectaban a la población y qué tenía que hacer el Gobierno, advirtiendo esto mismo que está sucediendo: que con la salida de las Farc los territorios iban a ser cooptados por otros grupos ilegales. El año pasado y ante la ausencia de medidas que buscaran paliar esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió un segundo informe de riesgo sobre esta región[8].
Los líderes sociales que participaron en la audiencia pública, expresaron su preocupación de que en Cañaveral y las veredas vecinas siguen sucediéndose viejas violaciones de derechos humanos provocadas por la guerra como el desplazamiento interno, a la vez que otras dinámicas de control social más características de zonas urbanas y por tanto “nuevas” en zona rural, como introducir, facilitar y potenciar el consumo de sustancias ilícitas a los jóvenes, modus operandi característico de la estrategia empleada por los grupos neoparamilitares en las comunas generalmente más populares de las zonas urbanas sobre las que quieren tener un control, no sólo económico y territorial, sino también social, atrayendo a jóvenes desempleados que reciben sus primeras dosis de regalo y que poco a poco se ven inmersos en el problema de la droga, encargados por un lado, de vender un cierto número de dosis al día y por otro, como consumidores; lo que les lleva a ir contrayendo deudas con los jefecillos de “las ollas”, como sucede, por citar uno de tantos ejemplos, en la ciudad de Barrancabermeja[9].
Ni agua potable, ni electricidad
Las comunidades, habiendo elaborado un documento el pasado 16 de Agosto con las exigencias tanto al Gobierno como a las Farc en materia de inversión social y seguridad en la zona, acogieron la decisión de que Carrizal fuera una de las 23 Zvtn creyendo que podría llegar el momento en el que el olvido estatal fuera cosa del pasado y por fin el Gobierno invirtiera en salud, educación e infraestructura; sin embargo, testimonio tras testimonio se evidencia que el panorama de la situación continúa igual de preocupante: muchas veredas siguen sin tener agua potable, la educación es mínima, el único puesto de salud de la zona está construido en Carrizal y únicamente se beneficia del mismo el personal de la Zvtn.
El tema de la supervivencia también es complicado, el acceso a los mercados para vender sus productos es imposible, y los precios no les permiten vivir decentemente. Las instituciones estatales no llegan, el Gobernador de Antioquia, que estuvo recientemente en la zona, no visitó a las comunidades para averiguar qué estaba pasando, para escucharlos, “el representante de la UE nos prestó más atención que el propio gobierno; le pedimos que lleve este caso a las instituciones”, dice uno de los participantes que da su testimonio.
Dignidad organizada
Se preguntan en qué sentido el Acuerdo de Paz les está beneficiando. Todos los allí presentes se identifican con los reclamos de los representantes de las veredas vecinas: el líder de Carrizal explica que están prestando atención a esa vereda por la presencia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, insistiendo en que “el compromiso era que llegara la luz a todas las veredas de la zona”; señalan que con el trato especial lo que se busca es dividir a las comunidades, pues toda comunidad dividida pierde su tejido organizativo y por tanto, su capacidad de reivindicación. Sin embargo, el pluralismo de veredas presentes en la audiencia y sus reivindicaciones exigidas en una sola voz evidencian que los lazos de solidaridad son fuertes y que la ruptura del tejido social es el único problema que no les ha tocado: “Si la instalación de la Zvtn está afectando a toda la zona; la respuesta tiene que ser, entonces, a toda la zona”.
Antonio García expresa su admiración a los líderes por mantener su voluntad y su lucha a pesar de todo lo que han vivido. Expresa sus preocupaciones frente a las amenazas y presencia de esos grupos y manifiesta la voluntad de la UE de estar más cerca de las comunidades, “mañana mismo voy a transmitir en mis reuniones todas estas preocupaciones”. La UE apoya el primer punto del Acuerdo (Reforma Rural Integral) y destaca que la buena reintegración de los excombatientes es clave para el éxito del proceso.
La representante de la ONU del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación agradece a la comunidad por sus testimonios que considera de gran importancia para su trabajo y para conocer el impacto que tiene el proceso en los campesinos, también pidió disculpas frente al hecho de que no se sintieran escuchados. Afirma que elaboran informes y que tratan de acercarse cada vez más a los líderes de las Juntas de Acción Comunal en la zona, son conscientes de la presencia de esos grupos y lo van a llevar a los más altos niveles.
Oro y contaminación
A esta problemática se añade la de la minería artesanal, que, en esta zona, y haciendo énfasis en su milenaria tradición también se conoce como “ancestral”. Sin embargo, esta minería tradicional es calificada de ilegal por el Estado: “Nos tildan de ilegales cuando llevamos 400 años acá, mientras que hoy tienen los títulos las empresas que ni siquiera conocen la región, que nunca subieron nuestras lomas”. Los mineros de la zona están asustados con la llegada de las multinacionales que tienen más capacidades extractivas pero que contaminan más y generan desplazamiento en la población, “el gobierno está preocupado por el uso del mercurio, pero no por la contaminación del medio ambiente, ni por las violaciones de Derechos Humanos...”, sentencia uno de los participantes.
Efectivamente, el tema de la minería es complejo. La zona de Remedios y Segovia está entre las más contaminadas del mundo por el mercurio utilizado en la explotación minera, incluso recientemente se descubrió la presencia de este metal en la leche de las madres de estos municipios[10]. El impacto de la actividad minera no sólo afecta al medio ambiente, sino que también puede medirse en la salud de su población.
Sin embargo, la pequeña minería es un oficio que en la zona han aprendido de generación en generación, transmitiendo este conjunto de saberes de padres a hijos, como la mejor de las herencias y estrechamente relacionado con la cultura local. “El Gobierno a golpe de decreto quiere cambiar la manera de vivir en la zona”. ¿Qué hacer cuándo lo que produce el sustento y la riqueza local consume y degrada la salud y el entorno? El equilibrio es complicado.
Un largo y culebrero camino hacia la paz
La audiencia pública se cierra con optimismo y entre aplausos tras el anuncio de que una nueva Junta de Acción Comunal ha sido conformada: “ya tenemos JAC vecina, Cañaveral-Chicamogué”. El tejido organizativo sigue hilvanándose, la resistencia campesina no da un paso atrás: “El camino es largo y culebrero, pero las comunidades campesinas siempre le hemos apostado a la paz”.
Esa tarde cae uno de esos tremendos aguaceros típico de la época de lluvias. Y a la mañana siguiente otro, que se acentúa mientras nosotras recorremos el camino de vuelta a Segovia. El vallenato que resuena en la chiva que nos lleva lo predijo: “un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta...”[11]. Sin embargo, como fuimos previsoras, nos sentimos aliviadas por haber traído nuestras “botas pantaneras”, esas que han sido tan señaladas en Colombia y que constituían prueba suficiente para determinar que su portador era miembro de la guerrilla.
[caption id="attachment_8481" align="alignnone" width="1200"] Nathalie[/caption]
Pasamos por la quebrada popularmente conocida por “La Cianurada”; en tan sólo dos palabras queda claro cuál es el estado de toxicidad del agua de ese riachuelo que absorbe todos los químicos necesarios para llevar a cabo la actividad minera. Hacemos un repaso por algunos de los nombres de lugares conocidos “de por allá”: “Rancho quemado”, “El Alto de los Muertos” ... No resulta difícil imaginar el pasado, ¿de qué otra forma podría la comunidad nombrarlos? El rastro de la violencia histórica sigue presente en el territorio. Basta ya[12]. La implementación de los Acuerdos de Paz en los territorios es urgente y necesaria. Los líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos están haciendo su parte, pero esto no será posible si el Gobierno no desmantela estas estructuras neoparamilitares con presencia estatal integral en las regiones.
Clara Ortega y Nathalie Bienfait