En agosto de 2004, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) descubrieron una serie de documentos oficiales que detallaban los aspectos de la Operación Dragón, un ejercicio de seguimiento ilegal sobre 170 personas con el supuesto fin de asesinar a personas defensoras de derechos humanos, representantes sindicales y miembros de la oposición política en Colombia que se oponían a la privatización de las Empresas Públicas de Cali, EmCali[1]. Después de un largo proceso judicial, el 22 de enero del 2019, el Juzgado Cuarto Especializado de Cali condenó a tres militares retirados por el delito de concierto para delinquir simple agravado en el marco de esta Operación[2].
Entre las víctimas de la Operación Dragón se encuentra Berenice Celeita, defensora de Derechos Humanos, antropologa forense, y presidenta de la organización Nomadesc, actualmente acompañada por PBI. Charlamos con ella para que nos cuente sobre el proceso.
Coraline (PBI) : ¿Berenice, que era y cómo operaba la “Operación Dragón”?
Berenice Celeita: La Operación Dragón fue un plan de exterminio en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y opositores políticos que se diseñó desde el Estado colombiano. Este plan de exterminio se hizo con el objetivo de privatizar las empresas públicas de Cali: la investigación después de 14 años demuestra que se diseñó una estrategia de seguimiento a miembros del sindicato SintraEmcali, y a líderes y defensores de derechos humanos, organizaciones, periodistas, medios de comunicación, etc. que se habían pronunciado contra la privatización de la empresa.
En el año 2004 tuvimos conocimiento por alguien que trabajaba para Julián Villate Leal - un militar y miembro de esta estructura, que había sido director de la Escuela de Guerra, profesor de la Escuela de las Americas, y había estudiado en Israel – que la última semana de septiembre del 2004 se iba a ejecutar 3 crímenes: uno contra el presidente de SintraEmcali de la época, Luis Hernández, el representante de la cámara, Alexander López (anteriormente presidente de SintraEmcali) y Berenice Celeyta –yo–, directora de Nomadesc y que asesoraba al sindicato. Esta persona estaba en posesión de documentos que se entregaron a la Fiscalía General de la Nación, donde se encontró una lista de más de 100 personas objeto de estos seguimientos.
Se demostró que participaron varias estructuras de la Fuerza Pública como la División III, la Tercera Brigada, la SIPOL, el DAS, la DIJIN… y participó de alguna manera directamente el Estado desde la Superintendencia de Servicios Públicos, la impresa EmCali y unas organizaciones fachadas como la empresa Consultoría Integral Latinoamericana y SERACIS - una compañía de seguridad que hasta el día de hoy funciona, y presta servicios a empresas públicas. Se utilizó esta fachada para que se vea como algo legal, lo que fue muy directamente organizado y dirigido desde la Superintendente de Servicios Públicos Maria Eva Uribe, y lo que determina la sentencia en contra de estos 4 militares es que efectivamente estaban comprometidos en concierto para delinquir. [caption id="attachment_10797" align="alignnone" width="1200"]
Berenice Celeita, en la conmemoración del asesinato de Temistocles Machado, 27 de enero 2019[/caption]
C.: ¿Que representa este fallo para ti y para las personas que fueron víctimas de la Operación Dragón, después de una lucha de 14 años para que la verdad salga a la luz y que se haga justicia?
B.C.: Nuestra impresión es que este fallo es muy importante e histórico para Colombia. El fallo muestra claramente la relación entre las organizaciones del Estado y las instancias que participaron - hay una conexión con organismos paraestatales como grupos paramilitares.
No obstante, consideramos que, frente a una acción criminal de esta naturaleza, las sanciones son muy ligeras. Para nosotros es un crimen de lesa humanidad: la Operación Dragón tiene que ver con hechos que sucedieron años antes, cuando hubo ejecuciones extrajudiciales contra líderes sindicales de SintraEmcali, intentos de desapariciones, detenciones masivas y arbitrarias – es decir, una sistematicidad de eliminación física y de deslegitimización de las actividades que llevaban SintraEmcali y organizaciones opuestas a la privatización de estas empresas.
Por otro lado, no fueron investigados quiénes fueron los autores intelectuales de la Operación Dragón: todavía no está claro quién dio la orden. Nosotros no creemos que Julian Villate Arandano y los demás militares implicados actuaron de manera aislada porque fueron contratados para esta labor y con un contrato oneroso.
Queremos que se investigue el papel de quien actuaba como Presidente de la República en aquel momento, Álvaro Uribe Vélez, así como la persona encargada de la Superintendencia de Servicios Públicos Eva María Uribe, el gerente de EmCali Carlos Alfonso Potes, y el jefe de seguridad de Emcali Germán Huertas. La misión de los servidores públicos no es de generar acciones de seguimiento y eliminación sino todo lo contrario. Es esta responsabilidad del Estado la que logra comprobar la sentencia de Operación Dragón. La Operación se conoce antes de las chuzadas del DAS, donde fuimos mencionadas también, una situación que generó mucha vulnerabilidad para los defensores de derechos humanos.
C.: ¿Cuál podría ser el papel de la comunidad internacional en relación con este fallo?
B.C.: Para nosotros la única manera de aplicar garantías de no repetición es que haya aplicación de justicia. Quienes lideran estrategias de eliminación son quienes se benefician de una impunidad completa, y van a seguir actuando así. Es un caso que aporta elementos de verdad importantes, tanto en el marco de la justicia interna como en el de la justicia internacional. Sin embargo, aún falta que se vaya más allá: ¿quién está detrás de estos crímenes? ¿Hay compañías multinacionales que avalaron, apoyaron y financiaron la Operación Dragón? Nosotros tenemos elementos que permiten decir que sí, pero es un proceso que ya tiene 14 años de camino, y todavía falta mucho por recorrer para evidenciar eso.
Creemos que, además de eso, es esencial que la comunidad internacional y defensores de Derechos Humanos en el mundo, así como organizaciones que generan prevención y protección, acompañen fallos de este tipo. Esto permitirá que podamos desarrollar una actividad de incidencia para prevenir nuevas acciones con estas características.
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PBI Colombia acompaña a Berenice Celeita desde 1999, y a Nomadesc desde el 2011[/caption]
C.: ¿Y ahora?
B.:Pensamos que es muy importante visibilizar el fallo, compartirlo para que las organizaciones que están en este momento en situación de vulnerabilidad y amenazas conozcan a fondo el modus operandi de los creadores de un plan de exterminio. Para que la historia no se repita.
Seis días después de la sentencia de Operación Dragón, Ricardo Muñoz, presidente de SintraEmcali sufrió un presunto atentado[3] en su casa. Aunque todavía no hay resultados de la investigación llevada para determinar los hechos, se teme por la seguridad de las personas involucradas. En el mes de enero de 2019, ya 17 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados.
Operación Dragón
Se demostró que participaron varias estructuras de la Fuerza Pública como la División III, la Tercera Brigada, la SIPOL, el DAS, la DIJIN… y participó de alguna manera directamente el Estado desde la Superintendencia de Servicios Públicos, la impresa EmCali y unas organizaciones fachadas como la empresa Consultoría Integral Latinoamericana y SERACIS - una compañía de seguridad que hasta el día de hoy funciona, y presta servicios a empresas públicas. Se utilizó esta fachada para que se vea como algo legal, lo que fue muy directamente organizado y dirigido desde la Superintendente de Servicios Públicos Maria Eva Uribe, y lo que determina la sentencia en contra de estos 4 militares es que efectivamente estaban comprometidos en concierto para delinquir. [caption id="attachment_10797" align="alignnone" width="1200"]
Berenice Celeita, en la conmemoración del asesinato de Temistocles Machado, 27 de enero 2019[/caption]
C.: ¿Que representa este fallo para ti y para las personas que fueron víctimas de la Operación Dragón, después de una lucha de 14 años para que la verdad salga a la luz y que se haga justicia?
B.C.: Nuestra impresión es que este fallo es muy importante e histórico para Colombia. El fallo muestra claramente la relación entre las organizaciones del Estado y las instancias que participaron - hay una conexión con organismos paraestatales como grupos paramilitares.
No obstante, consideramos que, frente a una acción criminal de esta naturaleza, las sanciones son muy ligeras. Para nosotros es un crimen de lesa humanidad: la Operación Dragón tiene que ver con hechos que sucedieron años antes, cuando hubo ejecuciones extrajudiciales contra líderes sindicales de SintraEmcali, intentos de desapariciones, detenciones masivas y arbitrarias – es decir, una sistematicidad de eliminación física y de deslegitimización de las actividades que llevaban SintraEmcali y organizaciones opuestas a la privatización de estas empresas.
Por otro lado, no fueron investigados quiénes fueron los autores intelectuales de la Operación Dragón: todavía no está claro quién dio la orden. Nosotros no creemos que Julian Villate Arandano y los demás militares implicados actuaron de manera aislada porque fueron contratados para esta labor y con un contrato oneroso.
Queremos que se investigue el papel de quien actuaba como Presidente de la República en aquel momento, Álvaro Uribe Vélez, así como la persona encargada de la Superintendencia de Servicios Públicos Eva María Uribe, el gerente de EmCali Carlos Alfonso Potes, y el jefe de seguridad de Emcali Germán Huertas. La misión de los servidores públicos no es de generar acciones de seguimiento y eliminación sino todo lo contrario. Es esta responsabilidad del Estado la que logra comprobar la sentencia de Operación Dragón. La Operación se conoce antes de las chuzadas del DAS, donde fuimos mencionadas también, una situación que generó mucha vulnerabilidad para los defensores de derechos humanos.
C.: ¿Cuál podría ser el papel de la comunidad internacional en relación con este fallo?
B.C.: Para nosotros la única manera de aplicar garantías de no repetición es que haya aplicación de justicia. Quienes lideran estrategias de eliminación son quienes se benefician de una impunidad completa, y van a seguir actuando así. Es un caso que aporta elementos de verdad importantes, tanto en el marco de la justicia interna como en el de la justicia internacional. Sin embargo, aún falta que se vaya más allá: ¿quién está detrás de estos crímenes? ¿Hay compañías multinacionales que avalaron, apoyaron y financiaron la Operación Dragón? Nosotros tenemos elementos que permiten decir que sí, pero es un proceso que ya tiene 14 años de camino, y todavía falta mucho por recorrer para evidenciar eso.
Creemos que, además de eso, es esencial que la comunidad internacional y defensores de Derechos Humanos en el mundo, así como organizaciones que generan prevención y protección, acompañen fallos de este tipo. Esto permitirá que podamos desarrollar una actividad de incidencia para prevenir nuevas acciones con estas características.
[caption id="attachment_10798" align="alignnone" width="1200"] PBI Colombia acompaña a Berenice Celeita desde 1999, y a Nomadesc desde el 2011[/caption]
C.: ¿Y ahora?
B.:Pensamos que es muy importante visibilizar el fallo, compartirlo para que las organizaciones que están en este momento en situación de vulnerabilidad y amenazas conozcan a fondo el modus operandi de los creadores de un plan de exterminio. Para que la historia no se repita.
Seis días después de la sentencia de Operación Dragón, Ricardo Muñoz, presidente de SintraEmcali sufrió un presunto atentado[3] en su casa. Aunque todavía no hay resultados de la investigación llevada para determinar los hechos, se teme por la seguridad de las personas involucradas. En el mes de enero de 2019, ya 17 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados.
Coraline Ricard