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Nomadesc

Buenaventura: pueblo que no se rinde

El pueblo bonaverense vive un recrudecimiento del conflicto desde el 2020. Hoy, todos los ojos están puestos en Buenaventura, pues desde el pasado 30 de diciembre la vida de 170.500 personas está en riesgo debido a los enfrentamientos entre “Los Shotas” y “Los Espartanos”, dos facciones de “La Local”, grupo heredero del paramilitarismo.

"Ser defensor o defensora de derechos humanos en Colombia significa levantarse en la incertidumbre..."

Olga Araújo Casanova, quien siempre nombra sus dos apellidos para honrar a la mamá, es una educadora popular y defensora de derechos humanos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Investigación Social (Nomadesc)[1], organización radicada en Cali, Valle del Cauca. Olga nació en Tumaco, Nariño, muy cerca de la frontera con Ecuador, en un hogar muy humilde donde tuvo la oportunidad de ser educada por dos padres que cuestionaban muchos aspectos del status-quo social.

Rescatando saberes, protegiendo la vida: Universidad Intercultural de los Pueblos

La situación en Colombia es realmente preocupante. Durante el primer semestre de 2019 la sociedad colombiana y la comunidad internacional hemos sido nuevamente testigos de la persistencia de conflictos armados[1] y dinámicas de violencia con raíces socioeconómicas que atraviesan los diferentes territorios del país: desde el Caribe hasta los llanos orientales, pasando por el Magdalena Medio, los Santanderes, bajando hasta la frontera sur del país y, por supuesto, el Suroccidente.

Operación Dragón, 14 años después: un fallo histórico y el principio del camino para lograr Justicia y Verdad

En agosto de 2004, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) descubrieron una serie de documentos oficiales que detallaban los aspectos de la Operación Dragón, un ejercicio de seguimiento ilegal sobre 170 personas con el supuesto fin de asesinar a personas defensoras de derechos humanos, representantes sindicales y miembros de la oposición política en Colombia que se oponían a la privatización de las Empresas Públicas de Cali, EmCali[1].