A pesar de este sombrío panorama, encontramos muchos ejemplos de resistencia inspiradora en Colombia, donde las comunidades han desarrollado formas innovadoras para proteger su territorio y sus formas de vida. Sembrar semillas artesanales y plantar cultivos en la fértil tierra colombiana se convierte en una actividad de resistencia, en áreas donde la subsistencia rural está en riesgo debido a los intereses económicos que prevalecen en los territorios.
Salvador Alcántara, líder del proceso comunitario El Garzal (Bolívar) calma a una ternera durante el ordeño matutino. Foto: Caldwell Manners/Ecap[/caption]
Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son un ejemplo de resistencia impulsada por las comunidades, instaladas a través de la Ley 160 de 1994[1]. El objetivo de estos territorios es proveer tierra para que la población campesina desarrolle sus propios modelos económicos, que promuevan la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, desafiando al modelo basado en la extracción de recursos naturales y la explotación de la tierra a gran escala a través de agroindustrias.
Foto tomada en el Chocó por Charlotte Kesl[/caption]
Las Zonas de Biodiversidad, como las Zonas Humanitarias, o los Espacios Humanitarios en el contexto urbano, son mecanismos utilizados por las comunidades en Colombia para proteger sus derechos fundamentales y el territorio. Si las Zonas Humanitarias son áreas exclusivas reservadas para la población civil en el conflicto armado, las Zonas de Biodiversidad son áreas definidas donde se reconoce la importancia de proteger los ecosistemas, recuperar las semillas nativas y los cultivos tradicionales. Ellas representan un compromiso para proteger el medio ambiente y vivir en armonía con la naturaleza, y sirven a las comunidades como un medio para preservar sus formas de vida frente a la amenaza de los intereses externos en sus territorios.
Miembros de la Guardia Indígena durante una manifiestación en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Foto: Damien Fellous / Libre arbitre[/caption]
La Guardia Indígena se concibe como un organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. Es un mecanismo humanitario y de resistencia civil que busca proteger los territorios indígenas y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden a sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la Guardia.
“Agua sí, oro no”, piden manifestantes en Bucaramanga (Santander), para que no se otorgue el permiso de explotación de oro en el Páramo de Santurbán. Foto: Leonardo Villamizar[/caption]
La consulta popular busca que la gente decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o municipal. En otras palabras, que defina el destino del territorio que habita. Aunque los jefes del poder ejecutivo en cada nivel son los encargados de convocar las consultas, éstas también pueden surgir de iniciativas ciudadanas respaldadas por firmas. La pregunta formulada para la consulta también es sometida a un examen de constitucionalidad por parte de las autoridades judiciales. Las consultas populares adquirieron mayor importancia desde 2013, cuando la mayoría de los habitantes de Tauramena, en Casanare, le dijeron No a la explotación petrolera en su territorio. Desde entonces se desató una cascada de convocatorias similares que han prosperado hasta ahora en otros cinco municipios del país. En todas se ha preguntado por el desarrollo de proyectos minero-energéticos. En ninguna ha ganado el Sí[2].
Comunidad indígena U´wa en Casanare. Foto: Alejandro Gonzáalez[/caption]
El litigio estratégico se proyecta como un instrumento para la prevención y la protección de los derechos humanos. Consiste en la estrategia de seleccionar, analizar y poner en marcha el litigio de casos a favor de las comunidades, que permitan lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil. Los litigios estratégicos han tenido efectos positivos sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y combinan actividades jurídicas, de incidencia política y comunicación, capacitación y movilización social.
El pueblo indígena U’wa decidió enfrentar el proceso de otorgamiento de licencia previa para la exploración petrolera del Bloque Samoré por parte de la Compañía Occidental de Colombia (OXY) en su territorio, y la Corte Constitucional, en Sentencia SU-039 de 1997, decidió garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, señalando los parámetros para dicho proceso y exigiendo realizarlo por parte de las autoridades. El caso U’wa generó aprendizajes importantes para el litigio en defensa de los pueblos indígenas.
Las comunidades indígenas Emberá y afrocolombianas de Antioquia y Chocó se vieron afectados por un contrato de concesión de la Muriel Mining Corporation Company que obtuvo el permiso para la realización de una mina de cobre, oro y molibdeno. En un fallo histórico, la Corte Constitucional colombiana, mediante la Sentencia T-769 de 2009, ordenó detener el proyecto por no haberse adelantado consulta previa al inicio del proyecto, porque a las reuniones que se realizaron no asistieron las autoridades legítimas y porque no hubo la suficiente difusión de información[3].
Berenice Celeyta. Foto: Julian Montoni[/caption]
La formación de nuevos liderazgos capaces de impulsar procesos de resistencia y confrontar intereses económicos, constituye otro acto de resistencia importante para la protección territorial. Esta capacitación es una tarea de muchas de las organizaciones que PBI acompaña, quienes son referentes para el movimiento social.
La Universidad Intercultural de los Pueblos surgió a partir de los procesos sociales y de los debates al interior de las comunidades por falta de acceso a la educación, ya que la educación superior no se ha pensado los territorios. La iniciativa fue creada por la Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc) como una herramienta para la resolución del conflicto armado. Busca que las comunidades hagan investigación, hagan educación “para ellas y por ellas y por las transformaciones que sus territorios necesitan”, destaca Berenice Celeyta de Nomadesc. La Universidad Intercultural de los Pueblos es innovadora, por cuanto sus cátedras se realizan de manera ambulante, fuera de las aulas y de los edificios convencionales, con recorridos territoriales donde se unen la teoría y la aplicación práctica, y se le da importancia a los saberes y a las tradiciones de lucha de sus participantes y sus pueblos[4].
La iniciativa es impulsada por la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc) que considera de suma importancia la formación de campesinos en materia de derechos humanos, porque “les facilita herramientas para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren, en muchas ocasiones por intereses económicos”, destaca Ninfa Cruz de Cos-pacc. La escuela busca empoderar a los líderes con el fin de construir alternativas de soberanía, dignidad y bienestar.
El primer gran acto performático se realizó en el 30 de agosto del 2016 en conmemoración de las personas detenidas y desaparecidas en el lugar donde se construirá el Museo de la Memoria. Foto: Bianca Bauer[/caption]
Cuerpos Gramaticales nació durante la conmemoración de doce años desde la Operación Orión, durante la cual 95 personas desaparecieron forzosamente. En las representaciones colectivas catárticas, los miembros se plantan a sí mismos en el planeta, usando el simbolismo de la tierra para reivindicar la memoria de los y las amigas que cayeron y reconocer el poder de conexión a través de ella, sembrando la semilla de resistencia a través de sus cuerpos.
Zona de Reserva Campesina: una propuesta de paz
[caption id="attachment_9956" align="alignnone" width="1200"] Salvador Alcántara, líder del proceso comunitario El Garzal (Bolívar) calma a una ternera durante el ordeño matutino. Foto: Caldwell Manners/Ecap[/caption]
Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son un ejemplo de resistencia impulsada por las comunidades, instaladas a través de la Ley 160 de 1994[1]. El objetivo de estos territorios es proveer tierra para que la población campesina desarrolle sus propios modelos económicos, que promuevan la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, desafiando al modelo basado en la extracción de recursos naturales y la explotación de la tierra a gran escala a través de agroindustrias.
Zonas Humanitarias y de Biodiversidad
[caption id="attachment_9957" align="alignnone" width="1200"] Foto tomada en el Chocó por Charlotte Kesl[/caption]
Las Zonas de Biodiversidad, como las Zonas Humanitarias, o los Espacios Humanitarios en el contexto urbano, son mecanismos utilizados por las comunidades en Colombia para proteger sus derechos fundamentales y el territorio. Si las Zonas Humanitarias son áreas exclusivas reservadas para la población civil en el conflicto armado, las Zonas de Biodiversidad son áreas definidas donde se reconoce la importancia de proteger los ecosistemas, recuperar las semillas nativas y los cultivos tradicionales. Ellas representan un compromiso para proteger el medio ambiente y vivir en armonía con la naturaleza, y sirven a las comunidades como un medio para preservar sus formas de vida frente a la amenaza de los intereses externos en sus territorios.
Guardia Indígena
[caption id="attachment_9958" align="alignnone" width="1200"] Miembros de la Guardia Indígena durante una manifiestación en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Foto: Damien Fellous / Libre arbitre[/caption]
La Guardia Indígena se concibe como un organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. Es un mecanismo humanitario y de resistencia civil que busca proteger los territorios indígenas y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden a sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la Guardia.
Consulta popular
[caption id="attachment_9959" align="alignnone" width="1200"] “Agua sí, oro no”, piden manifestantes en Bucaramanga (Santander), para que no se otorgue el permiso de explotación de oro en el Páramo de Santurbán. Foto: Leonardo Villamizar[/caption]
La consulta popular busca que la gente decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o municipal. En otras palabras, que defina el destino del territorio que habita. Aunque los jefes del poder ejecutivo en cada nivel son los encargados de convocar las consultas, éstas también pueden surgir de iniciativas ciudadanas respaldadas por firmas. La pregunta formulada para la consulta también es sometida a un examen de constitucionalidad por parte de las autoridades judiciales. Las consultas populares adquirieron mayor importancia desde 2013, cuando la mayoría de los habitantes de Tauramena, en Casanare, le dijeron No a la explotación petrolera en su territorio. Desde entonces se desató una cascada de convocatorias similares que han prosperado hasta ahora en otros cinco municipios del país. En todas se ha preguntado por el desarrollo de proyectos minero-energéticos. En ninguna ha ganado el Sí[2].
Litigio estratégico
[caption id="attachment_9960" align="alignnone" width="1200"] Comunidad indígena U´wa en Casanare. Foto: Alejandro Gonzáalez[/caption]
El litigio estratégico se proyecta como un instrumento para la prevención y la protección de los derechos humanos. Consiste en la estrategia de seleccionar, analizar y poner en marcha el litigio de casos a favor de las comunidades, que permitan lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil. Los litigios estratégicos han tenido efectos positivos sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y combinan actividades jurídicas, de incidencia política y comunicación, capacitación y movilización social.
El pueblo indígena U’wa decidió enfrentar el proceso de otorgamiento de licencia previa para la exploración petrolera del Bloque Samoré por parte de la Compañía Occidental de Colombia (OXY) en su territorio, y la Corte Constitucional, en Sentencia SU-039 de 1997, decidió garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, señalando los parámetros para dicho proceso y exigiendo realizarlo por parte de las autoridades. El caso U’wa generó aprendizajes importantes para el litigio en defensa de los pueblos indígenas.
Las comunidades indígenas Emberá y afrocolombianas de Antioquia y Chocó se vieron afectados por un contrato de concesión de la Muriel Mining Corporation Company que obtuvo el permiso para la realización de una mina de cobre, oro y molibdeno. En un fallo histórico, la Corte Constitucional colombiana, mediante la Sentencia T-769 de 2009, ordenó detener el proyecto por no haberse adelantado consulta previa al inicio del proyecto, porque a las reuniones que se realizaron no asistieron las autoridades legítimas y porque no hubo la suficiente difusión de información[3].
La capacitación de nuevos líderes
[caption id="attachment_9961" align="alignnone" width="1200"] Berenice Celeyta. Foto: Julian Montoni[/caption]
La formación de nuevos liderazgos capaces de impulsar procesos de resistencia y confrontar intereses económicos, constituye otro acto de resistencia importante para la protección territorial. Esta capacitación es una tarea de muchas de las organizaciones que PBI acompaña, quienes son referentes para el movimiento social.
La Universidad Intercultural de los Pueblos surgió a partir de los procesos sociales y de los debates al interior de las comunidades por falta de acceso a la educación, ya que la educación superior no se ha pensado los territorios. La iniciativa fue creada por la Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc) como una herramienta para la resolución del conflicto armado. Busca que las comunidades hagan investigación, hagan educación “para ellas y por ellas y por las transformaciones que sus territorios necesitan”, destaca Berenice Celeyta de Nomadesc. La Universidad Intercultural de los Pueblos es innovadora, por cuanto sus cátedras se realizan de manera ambulante, fuera de las aulas y de los edificios convencionales, con recorridos territoriales donde se unen la teoría y la aplicación práctica, y se le da importancia a los saberes y a las tradiciones de lucha de sus participantes y sus pueblos[4].
La iniciativa es impulsada por la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc) que considera de suma importancia la formación de campesinos en materia de derechos humanos, porque “les facilita herramientas para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren, en muchas ocasiones por intereses económicos”, destaca Ninfa Cruz de Cos-pacc. La escuela busca empoderar a los líderes con el fin de construir alternativas de soberanía, dignidad y bienestar.
Cuerpos Gramaticales: sembrando resistencia
[caption id="attachment_8799" align="alignnone" width="1200"] El primer gran acto performático se realizó en el 30 de agosto del 2016 en conmemoración de las personas detenidas y desaparecidas en el lugar donde se construirá el Museo de la Memoria. Foto: Bianca Bauer[/caption]
Cuerpos Gramaticales nació durante la conmemoración de doce años desde la Operación Orión, durante la cual 95 personas desaparecieron forzosamente. En las representaciones colectivas catárticas, los miembros se plantan a sí mismos en el planeta, usando el simbolismo de la tierra para reivindicar la memoria de los y las amigas que cayeron y reconocer el poder de conexión a través de ella, sembrando la semilla de resistencia a través de sus cuerpos.
Notas de pie:
[1] Secretaría Senado: Ley 160 / 1994 [2] Semana: La consulta popular: se la explicamos en tres pasos, 1 de agosto de 2017 [3] Vniversitas: El concepto de litigio estratégico en América Latina: 1990-2010, Bogotá, N° 121: 49-76, julio-diciembre de 2010 [4] Movice: El doloroso asesinato del líder del Casanare Daniel Abril, 16 de noviembre de 2015*Foto de portada: Caldwell Manners/Ecap