Urabá siempre ha sido comparado en el imaginario con un territorio sin más ley que la del más fuerte, marcado por una violencia endémica y disputado por los actores del conflicto armado. Y a pesar del proceso de paz en vía de implementación, los ataques no cesan en esta región, especialmente contra quienes tienen un fuerte papel en la restitución de tierras. La última víctima fue un destacado líder del Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, Mario Castaño Bravo, a quien mataron hace una semana frente a su casa, ante la mirada de su mujer y sus hijos[1]. El líder, además de las medidas cautelares otorgadas a las comunidades del territorio colectivo por el gobierno colombiano, dada su situación de riesgo, contaba con un esquema de la Unidad Nacional de Protección.
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Ilustración: María Fernanda Lesmes[/caption]
La muerte de Mario Castaño Bravo no es un caso aislado. Este año ya han asesinado a tres líderes de restitución de tierras en esta misma región[2]. Los reclamantes de tierras temen por sus vidas, dadas las amenazas y ejecuciones ejemplares que buscan intimidar y generar zozobra. Según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), entre 2008 y marzo de 2017 asesinaron a 73 reclamantes de tierras en Urabá[3].
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Paramilitares asesinaron a Orlando Valencia en 2005, Ualberto Hoyos en 2008, Argenito Díaz en 2010 y Manuel Ruíz a su hijo en 2012. Todos eran destacados líderes de Curbaradó. Ilustración: María Fernando Lesmes[/caption]
Para la Defensoría del Pueblo, en esta región hay una reconfiguración del conflicto armado: hasta su desmovilización, el Frente 57 de la guerrilla de las Farc operaba en Urabá. Desde finales de 2015 llegó la guerrilla del ELN; el grupo no había estado presente en esta zona durante las últimas dos décadas. A partir de 2014, centenares de combatientes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se agruparon también en la zona y desde 2015, la Defensoría del Pueblo ha alertado a las autoridades sobre su expansión. La disputa armada entre las AGC y el ELN por el control territorial, también ha generado una crisis humanitaria para las comunidades que, una vez más, se encuentran en medio del conflicto.
El Gobierno adjudica los territorios colectivos a los consejos comunitarios. Ilustración: María Fernanda Lesmes[/caption]
En 2010, la Fiscalía ordena captura de 24 palmicultores por desplazamiento forzado. En 2014, condenan a 16 empresarios por sus alianzas con paramilitares en la realización de proyectos agroindustriales. En 2017, condenan a empresario por concierto para delinquir agravadado, desplazamiento forzado e invasión del territorio colectivo.[/caption]
Desde entonces ha habido muchas investigaciones contra empresarios con tierra en el Urabá. En 2014, un juzgado condenó a 16 empresarios tras comprobar que se aliaron con los paramilitares para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma de aceite[11]. Y en 2017 un Tribunal Superior condenó a diez años de cárcel al empresario Antonio Nel Zúñiga Caballero, por delitos de concierto para delinquir agravadado, desplazamiento forzado e invasión del territorio colectivo de Curbaradó y Jiguamiandó12]. Zúñiga Caballero era el accionista mayoritario de las empresas Urapalma y Palmura, que pertenecían realmente al comandante paramilitar Vicente Castaño; éste concertó con Zúñiga Caballero el negocio palmero en diferentes regiones. Mario Castaño Bravo fue testigo en un juicio contra palmicultores y ganaderos acusados de despojar a los campesinos de sus tierras[13].
El enredo de la restitución de tierras tiene un elemento adicional, ya que en 2013 el Gobierno otorgó a la empresa multinacional Anglogold Ashanti un título minero, sin realización de consulta previa, para explotar cobre, plata y oro en un área de casi 800 hectáreas ubicadas en La Larga Tumaradó[14]. Este año la comunidad se reunió con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y solicitó la nulidad del título minero[15].
Mario Castaño fue una figura clave en la lucha por la restitución de las tierras de La Larga Tumaradó, además de ser testigo en un juicio contra empresarios y vocero de la comunidad que pide el retiro de un título minero. Mario Castaño fue un líder con muchos enemigos y durante años recibió amenaza tras amenaza. Para las comunidades del Urabá es un golpe fuerte la muerte de este emblemático líder de tierras, un golpe más que obstaculiza el proceso de restitución. Pero a pesar de los peligros, cada día nacen nuevos líderes que ponen el pecho por sus comunidades, para que algún día puedan vivir en paz y disfrutar las selvas profundas, los ríos, pantanos, manglares y macizos montañosos que constituyen esta bella región.
Ilustración: María Fernanda Lesmes[/caption]
La muerte de Mario Castaño Bravo no es un caso aislado. Este año ya han asesinado a tres líderes de restitución de tierras en esta misma región[2]. Los reclamantes de tierras temen por sus vidas, dadas las amenazas y ejecuciones ejemplares que buscan intimidar y generar zozobra. Según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), entre 2008 y marzo de 2017 asesinaron a 73 reclamantes de tierras en Urabá[3].
[caption id="attachment_9742" align="alignnone" width="1200"] Paramilitares asesinaron a Orlando Valencia en 2005, Ualberto Hoyos en 2008, Argenito Díaz en 2010 y Manuel Ruíz a su hijo en 2012. Todos eran destacados líderes de Curbaradó. Ilustración: María Fernando Lesmes[/caption]
Para la Defensoría del Pueblo, en esta región hay una reconfiguración del conflicto armado: hasta su desmovilización, el Frente 57 de la guerrilla de las Farc operaba en Urabá. Desde finales de 2015 llegó la guerrilla del ELN; el grupo no había estado presente en esta zona durante las últimas dos décadas. A partir de 2014, centenares de combatientes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se agruparon también en la zona y desde 2015, la Defensoría del Pueblo ha alertado a las autoridades sobre su expansión. La disputa armada entre las AGC y el ELN por el control territorial, también ha generado una crisis humanitaria para las comunidades que, una vez más, se encuentran en medio del conflicto.
Tierra colectiva
La Larga Tumaradó y gran parte de las tierras de Urabá, forman parte de la propiedad colectiva que la ley 70 de 1993 otorgó a los pueblos afrodescendientes, porque sus ancestros habían vivido en estos territorios desde el siglo XVIII, cuando los descendientes de los esclavos traídos siglos atrás de África optaron por el cimarronismo y se refugiaron en las selvas profundas. Según esta ley, las tierras son inalienables, inembargables e imprescriptibles, pues se reconoce en la propiedad colectiva un carácter inherente a su identidad étnica y cultural. Pero aún hace falta en muchos casos formalizar las tierras o restituirlas y además, hay muchos otros intereses y complicaciones que no permiten que el proceso avance. Entre 1999 y 2000 el Gobierno, a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), adjudicó grandes extensiones a los consejos comunitarios. [caption id="attachment_9743" align="alignnone" width="1200"] El Gobierno adjudica los territorios colectivos a los consejos comunitarios. Ilustración: María Fernanda Lesmes[/caption]
La violencia como principal resolución de conflictos
Entre 1996 y 1997 tuvieron lugar desplazamientos sin precedentes, cuando grupos paramilitares con presunta participación del Ejército Nacional emprendieron acciones de carácter contrainsurgente en la región[4]. Operativos conocidos como “Operación Génesis” o “Diciembre Negro” dejaron un rastro de muertes, desapariciones, saqueos, quema de propiedades y miles de desplazados en su camino. También Mario Castaño Bravo tuvo que huir de sus tierras a causa de la violencia en 1996. La mayoría de los pobladores vivieron, por muchos años, en condición de desplazados[5]. Años más tarde, a partir de 1999, regresaron a sus territorios pero solamente en 2013 regresaron a La Larga Tumaradó[6]. Desde entonces, campesinos afrodescendientes y mestizos están pidiendo al gobierno la restitución de sus fincas, a través de la Unidad de Restitución de Tierras[7].El despojo y el castigo
A pesar de ser un territorio colectivo donde no se puede vender ni comprar tierra, cuando los paramilitares desplazaron a las comunidades muchos terrenos fueron invadidos para cultivar palma de aceite y para la ganadería. En la Larga Tumaradó, la ganadería extensiva, sobre todo búfalos, y la palma africana constituyen el paisaje[8]. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), calcula que el 94 por ciento de las tierras productivas de La Larga Tumaradó está en manos de poseedores de mala fe o grandes ocupantes, y solamente el tres por ciento está en manos de las comunidades[9]. Muchas de las tierras que hoy día ocupan los grandes terratenientes fueron adquiridas de manera ilegal, según la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad del Estado colombiano, que en un informe de 2011 reportó muchas irregularidades, como por ejemplo la supuesta firma de contratos de compraventa por personas que ya habían fallecido, la falsedad de documentos y la amenaza directa a los pobladores con el fin de obligarles a vender sus propiedades[10]. [caption id="attachment_9744" align="alignnone" width="1200"] En 2010, la Fiscalía ordena captura de 24 palmicultores por desplazamiento forzado. En 2014, condenan a 16 empresarios por sus alianzas con paramilitares en la realización de proyectos agroindustriales. En 2017, condenan a empresario por concierto para delinquir agravadado, desplazamiento forzado e invasión del territorio colectivo.[/caption]
Desde entonces ha habido muchas investigaciones contra empresarios con tierra en el Urabá. En 2014, un juzgado condenó a 16 empresarios tras comprobar que se aliaron con los paramilitares para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma de aceite[11]. Y en 2017 un Tribunal Superior condenó a diez años de cárcel al empresario Antonio Nel Zúñiga Caballero, por delitos de concierto para delinquir agravadado, desplazamiento forzado e invasión del territorio colectivo de Curbaradó y Jiguamiandó12]. Zúñiga Caballero era el accionista mayoritario de las empresas Urapalma y Palmura, que pertenecían realmente al comandante paramilitar Vicente Castaño; éste concertó con Zúñiga Caballero el negocio palmero en diferentes regiones. Mario Castaño Bravo fue testigo en un juicio contra palmicultores y ganaderos acusados de despojar a los campesinos de sus tierras[13].
El enredo de la restitución de tierras tiene un elemento adicional, ya que en 2013 el Gobierno otorgó a la empresa multinacional Anglogold Ashanti un título minero, sin realización de consulta previa, para explotar cobre, plata y oro en un área de casi 800 hectáreas ubicadas en La Larga Tumaradó[14]. Este año la comunidad se reunió con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y solicitó la nulidad del título minero[15].
Mario Castaño fue una figura clave en la lucha por la restitución de las tierras de La Larga Tumaradó, además de ser testigo en un juicio contra empresarios y vocero de la comunidad que pide el retiro de un título minero. Mario Castaño fue un líder con muchos enemigos y durante años recibió amenaza tras amenaza. Para las comunidades del Urabá es un golpe fuerte la muerte de este emblemático líder de tierras, un golpe más que obstaculiza el proceso de restitución. Pero a pesar de los peligros, cada día nacen nuevos líderes que ponen el pecho por sus comunidades, para que algún día puedan vivir en paz y disfrutar las selvas profundas, los ríos, pantanos, manglares y macizos montañosos que constituyen esta bella región.
Bianca Bauer