Entrevista con el Padre Alberto Franco

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, el 27 de diciembre de 2013, al Estado colombiano responsable del desplazamiento forzado en la Operación Génesis y en el asesinato de Marino López, joven afrodescendiente del Cacarica. Entre el 24 y 27 de febrero de 1997 fueron desplazadas más de 4.000 personas, a las que les tocó vivir durante años en albergues, en condiciones precarias, en Turbo e incluso en Panamá. En el año 2000, las comunidades regresaron a Cacarica y, para poder sobrevivir en medio del conflicto armado, crearon las primeras Zonas Humanitarias. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha acompañado a las comunidades de Cacarica desde el momento de su desplazamiento. Lo han hecho desde lo humano, lo psicosocial, lo jurídico y hasta lo ambiental, logrando construir un puente entre la comunidad internacional y los habitantes de Cacarica. El Padre Alberto Franco, miembro de la Comisión, sigue impresionado ante esta lucha que dura ya 17 años, y ante el hecho de que las comunidades de Cacarica lograran construir alternativas y resistir en su terreno, que es zona de conflicto, a pesar de las amenazas a sus líderes y la incertidumbre que les rodea. PBI preguntó al Padre Alberto sobre el significado de la sentencia de la Corte.

PBI: ¿En qué contiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de Cacarica?

Padre Alberto Franco: La sentencia que emitió la Corte reconoce la responsabilidad del Estado en el desplazamiento de las comunidades de Cacarica durante la Operación Génesis, por la acción conjunta de militares y paramilitares. Reconoce también la responsabilidad por la no investigación y por la desatención a las comunidades; y, por no haber originado el regreso en condiciones dignas. Es una decisión muy importante porque muestra los daños ambientales que se generaron durante el tiempo en el que las comunidades estuvieron desplazadas. Y, además, reseña el carácter colectivo de la afectación y de las necesidades de las comunidades.

PBI: ¿Cuál ha sido el proceso que ha llevado a esta sentencia?

AF: Este proceso se ha dado gracias a la decisión de las comunidades de afirmar sus derechos. Una vez desplazados, en el año 1997, se reunieron y afrontaron la realidad. Todos querían retornar y así empezó un proceso organizativo y de resistencia no-violento, para reclamar al Estado sus derechos y hacerle propuestas, en un momento en el que no había políticas públicas para la atención a población desplazada en forma colectiva. El proceso de denuncia y organización estuvo acompañado siempre por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Debido al incumplimiento en el plano nacional de los deberes del Gobierno, tanto en investigar cómo en atenderlos, se llevó el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

PBI: ¿Qué significa la condena para las comunidades de Cacarica?

AF: El fallo de la Corte es muy importante para las comunidades, porque fue la posibilidad frente a un tribunal internacional de expresar lo que habían vivido y probar que lo declarado era la verdad.  Las comunidades han decidido mirar qué significa la reparación en cuanto a salud integral, vivienda digna, reparación psicosocial y educación.

PBI: ¿Cómo ha respondido el Estado colombiano ante la sentencia?

AF: Todavía no ha habido reuniones con el Estado para estudiar el proceso de implementación de las medidas. Lo fundamental es que se reconoce que el desplazamiento ocurre por una operación conjunta entre militares y paramilitares. La Corte exige una investigación profunda de los hechos, entonces tendríamos la oportunidad de saber quiénes fueron los responsables de la Operación Génesis, si el General Rito Alejo del Río tomó la decisión de hacerlo él mismo o qué instancias del mundo político y económico estuvieron involucradas; y, también, el por qué no se investigó a tiempo. Entonces, creo que hay una oportunidad muy importante para que las comunidades puedan afirmar sus derechos, pero también para que el Estado marque una diferencia en torno al tema de las víctimas y para que pase del discurso a los hechos. El Estado tiene la oportunidad de alterar el camino.

PBI: ¿Cómo va a ser el proceso de ahora en adelante, en términos de reparación?

AF: De acuerdo con la sentencia, las medidas de reparación tienen que ser concertadas con las comunidades. Éstas están esperando a que el Estado convoque una reunión para discutir la implementación de la sentencia; el seguimiento al fallo es la responsabilidad de las comunidades y de los peticionarios. La Corte debe ser informada de todo lo que se vaya haciendo y, desde el Gobierno, la Cancillería es la encargada de convocar a las distintas instancias del Estado que tienen que actuar en este caso.

PBI: ¿Cuál es la situación actual de seguridad de las comunidades de Cacarica?

AF: Han continuado las amenazas contra los líderes y, también, la presencia de paramilitares por el río.

PBI: ¿Cuáles son los intereses económicos que siguen existiendo en Cacarica?

AF: Ha quedado en evidencia que la razón de fondo del desplazamiento es el interés económico sobre la región. Un aspecto es el hecho de ser un lugar estratégico por estar en la frontera, ser vía de salida y comunicación entre la costa Caribe, la costa Atlántico, el Golfo de Urabá y el río Atrato, que es muy importante para comunicarse con el Chocó. Además, hay varios intereses de infraestructuras: la carretera Panamericana, la interconexión eléctrica con América Central y un gasoducto proveniente de Venezuela con dirección al Pacífico. También, intereses turísticos y, otros, económicos: la producción de bananos y la extracción de madera. Y hay un interés muy importante respecto al tema de la biodiversidad. Esta es una de las zonas con más diversidad en el mundo. Y una de las mayores riquezas es la cantidad de agua, con muy poca contaminación humana, que existe en esta región. Es un lugar absolutamente estratégico y lo más doloroso es que las ganancias serán para unos pocos y las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan la región se quedarán con la contaminación, la muerte y la destrucción.

PBI: ¿Qué quieren pedir a la comunidad internacional?

AF: El principal desafío de las comunidades es organizarse y hacer una buena propuesta de lo que es una reparación integral y fortalecerse para poder hacer una buena interacción con el Gobierno. Eso es lo fundamental. La comunidad internacional debería dar seguimiento a la sentencia, para que se genere una protección adecuada a las comunidades y para garantizar que la gente pueda reclamar sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no-repetición. También podría pensarse en un aporte para que esta propuesta se consolide; un soporte técnico y económico para que la gente pueda contar con las condiciones para elaborar una proposición contundente. Podría ser un aporte puntual y concreto. Pero el papel principal debe ser de seguimiento y presión política para que el Estado cumpla con la sentencia.