¿Hay algo, además del desarrollo, que se quiera tanto?
Difícilmente alguien dirá que no quiere el desarrollo, sin embargo, la Comunidad de Paz de San José de Apartado, conformada por campesinas y campesinos desplazados y despojados a causa del avance paramilitar en la región en los años 90, y que ahora representan un proyecto de resistencia y protección del territorio en una zona neutral frente al conflicto armado, ha sido tachada de “antidesarrollista”. Y, efectivamente, de alguna manera se podría decir que lo es, porque se opone a un concepto de desarrollo “extractivista”, un desarrollo que incentiva el drenado del río y el agotamiento de los recursos naturales a expensas del medio ambiente. A lo largo del articulo serán expuestas algunas de las afectaciones y violencias sociopolíticas, ambientales y sistemáticas, a las que el proyecto de vida de la Comunidad de Paz se ha resistido, opuesto y denunciado para construir espacios colectivos de paz en medio del conflicto armado.
Después de su ruptura con el Estado colombiano, la Comunidad de Paz se instaló en lo que ahora se denomina como San Josecito o La Holandita. Ahí es donde vive el mayor número de integrantes de la comunidad, mientras que el resto se encuentran distribuidos en diferentes veredas de las 32 que componen el corregimiento de San José de Apartadó, una región de Colombia que se caracteriza por la riqueza que tiene en recursos, sobre todo mineros e hídricos. Aunado a lo anterior, este es un territorio que, de acuerdo con el Informe presentado por la Comisión de la verdad, ha históricamente presentado los porcentajes más elevados de desplazamiento forzado a causa del avance paramilitar y el financiamiento empresarial a las estructuras armadas ilegales. Dicho fenómeno propició la configuración actual del territorio productivo, por lo que las plantaciones monoagrícolas de banano y plátano son el símbolo de la región.
La oposición y denuncia que la Comunidad de Paz ha liderado frente a los proyectos de explotación de la tierra a costa de los impactos socioambientales en la región ha sido el motivo por el cual ha sido señalada como antidesarrollista por parte de quienes tienen intereses extractivistas y de acaparamiento de la tierra. La serie de violencias sociopolíticas que la Comunidad sigue enfrentando han sido ampliamente documentadas por el padre Javier Giraldo y denunciadas públicamente a través de las redes sociales de la Comunidad. Sin embargo, las peticiones históricas que la comunidad ha hecho, y que han sido avaladas por parte de la Red Internacional de Solidaridad con la Comunidad de Paz, hasta la fecha no han tenido respuesta concreta.
El corregimiento de San José de Apartado es parte de una región mucho más grande: el Urabá Antiqueño. Esta región del país tiene particularidades socioeconómicas, geográficas, históricas y políticas que, en gran medida, han sido la causa de la disputa por la tierra y los recursos dentro del conflicto armado. Es una zona geoestratégica debido a que es un corredor que conecta los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, y es una ruta de comunicación, transporte y comercio entre el pacífico, el Caribe y el Golfo de Urabá. También cabe resaltar la cercanía que tiene con la frontera terrestre de Panamá a través de la Selva del Darién.
Esta región históricamente ha sido azotada por el conflicto armado, en donde las víctimas han sido campesinas y campesinos, sindicalistas, lideres sociales y miembros de sectores políticos de izquierda. El 51,4% de la población del Urabá antioqueño, o sea 356.690 personas, se encuentran registradas como víctimas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. Actualmente, según datos publicados por Indepaz, desde el 2016 al 2023 se registran 1,450 lideres y defensores de DDHH asesinados en Colombia, de los cuales Antioquia es el segundo departamento con las cifras más altas con 176 víctimas.
A nivel económico es una de las regiones más importantes del país por su capacidad productiva y de exportación de banano y plátano hacia el mercado internacional, así como por su riqueza minera y maderera. De acuerdo con el Instituto Popular de Capacitación, el turismo en la zona gira alrededor del agroturismo. Debido a ello, desde varias fuentes se conoce a la región como “la mejor esquina de América”, y actualmente es escenario de varios megaproyectos de infraestructura y desarrollo como: la Autopista Mar 2 que conecta Medellín con el Urabá desde Cañasgordas hasta Necoclí y los puertos Antioquia y Pisisi.
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Marcha realizada durante el aniversario de la Comunidad De Paz en defensa del rio y del territorio, con acompañamiento internacional[/caption]
En este contexto regional, en donde existe una prevalencia de la inversión capitalista para el desarrollo, entendido como crecimiento económico, y donde, históricamente, ha habido una disputa por el control de los recursos y los corredores, adquieren especial relevancia las herramientas jurídicas y políticas que potencian u obstaculizan las luchas sociales y populares. Al respecto, la Comunidad de Paz se ha valido de estrategias de autoprotección, como, por ejemplo, la denuncia pública, la solidaridad y el Derecho Internacional Humanitario para visibilizar los atropellos, las amenazas y las violencias infligidas por parte de diversos actores armados y no armados. Sin embargo, existe una estructura que favorece intereses hegemónicos que son contrarios al proyecto de vida que defiende la Comunidad, sobre todo en relación con la explotación minera y maderera, el control hídrico y el acaparamiento de tierras.
En este sentido queremos enfatizar que, en el departamento de Antioquia, a diferencia del resto de departamentos del país, se cuenta con cierta autonomía en el tema de minería, lo que ha vuelto más difícil aún el trabajo en defensa de la protección del territorio, el cual está sujeto a los poderes locales, regionales y departamentales, así como por la existencia de una estructura jurídica constitucional que coloca la propiedad del subsuelo en el Estado, según el artículo 332 de la Carta Magna. Entonces, aunque exista la propiedad privada del suelo y legislaciones que engloban derechos étnicos y campesinos en relación con proyectos productivos y de desarrollo agropecuario, entre otros, tendrán preeminencia los intereses nacionales cuando se trate del subsuelo.
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La comunidad de Paz realiza una marcha en defensa del medio ambiente y de la no privatización del agua[/caption]
Siguiendo en el tema de la minería, mientras que en el resto del país la Agencia Nacional de Minería (ANM) es la encargada de “administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación”, en Antioquia la encargada es la Secretaría de Minas. El Ministerio de Minas y Energía le delegó la función de fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos minerales a la Gobernación de Antioquia a través de dicha Secretaría. Lo anterior tiene varias implicaciones a nivel político y económico, puesto que, históricamente, el departamento tiene una tradición minera y un papel representativo en las ganancias que reportan sus yacimientos a nivel nacional, lo que ha facilitado las continuas prorrogas para la delegación de la facultad de fiscalización.
Como se ha visto antes, en el 2018 la Secretaría de Minas fue acusada de entregar títulos mineros de manera arbitraria, así como por el cobro y extorsión para la obtención de permisos. La corrupción dentro de las entidades gubernamentales es algo que se presta a los intereses empresariales. Esto aunado a la sentencia de la Corte Constitucional que limita las consultas populares, para las comunidades y organizaciones que, como la Comunidad de Paz, buscan la defensa del territorio, implica una dificultad para acceder a información eficiente e integral sobre situación de tierras y concesiones mineras en Antioquia.
De acuerdo con los datos abiertos de la ANM, actualmente en Antioquia hay 91 beneficiarios de Áreas de Reserva Especial para explotación, principalmente de oro y carbón térmico; a su vez, existen en total 1,877 títulos mineros, de los cuales 5 están en el municipio de Apartadó, más una solicitud de formalización/legalización, para la explotación de materiales de construcción como arcilla, grava y arena. Uno de los beneficiarios de estos títulos mineros es C. I. Ladrillera Urabá S. A. Su título abarca 1,200 ha de las cuales el 96.29 % se encuentran también en Apartadó y con vigencia hasta el 2035. Algo que es importante tener en cuenta en relación con este tema es cuántos y cuáles de las concesiones vigentes tienen el instrumento ambiental aprobado.
Ante este escenario, la Comunidad de Paz ha manifestado y denunciado los impactos socioambientales que la explotación minera genera en el territorio, como el acaparamiento de la tierra, la deforestación, el agotamiento y contaminación del agua, así como la fractura del tejido social, propiciando la lucha de intereses entre campesinos. En este sentido, ha habido denuncias públicas sobre incursiones arbitrarias y abusivas que se han realizado en predios de la Comunidad de Paz, como lo es La Roncona[1], para la extracción de minerales. De acuerdo con lo que se les ha manifestado a los miembros de la Comunidad por parte de los mismos infractores, esto ha sido con el beneplácito de la Alcaldía de San José de Apartadó.
Según información que ha llegado a la Comunidad de Paz por diferentes medios, la Secretaría de Gobernación de Antioquía por medio de CorpoUraba entregó a la Alcaldía de San José de Apartadó un permiso de extracción de gravilla y arena del río en junio 2022. Sin embargo, no se ha encontrado información pública en los Datos Abiertos de la ANM ni en el Histórico Catastro Minero colombiano. A pesar de ello, las invasiones y entradas irregulares de maquinarias han ocurrido en predios privados y han sido denunciadas. Esta situación, entre otras cosas, facilita que ocurran actividades de explotación que no cumplan con licencia ambiental por parte de diversos actores.
Otro de los predios de la Comunidad de Paz amenazado por los intereses mineros es “Las Delicias” ubicado en la vereda La Esperanza. Las afectaciones y amenazas a este predio han sido registradas en varias de las constancias públicas que la Comunidad de Paz, por su parte, ha emitido a lo largo del año. Las amenazas constantes hacia integrantes del proyecto de vida comunitario, hace que tengan que estar en un permanente estado de alerta para posibles violaciones a sus vidas.
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La comunidad de Paz realiza una marcha en defensa del medio ambiente y de la no privatización del agua[/caption]
El proyecto político de la Comunidad ha intentado poner un freno al deterioro ambiental, como es, por ejemplo, la contaminación de los ríos y la deforestación, que son causadas por el desarrollo minero y monoagrícola, así como también los acaparamientos, el empobrecimiento, entre otras violaciones a los DDHH. Al hacer este ejercicio de defensa del territorio, se han enfrentado a múltiples violencias como la estigmatización, las amenazas constantes, el aislamiento y confinamiento, asesinatos, prohibiciones, privatización del agua y más, por parte de actores que tienen control armado y político.
Este año, la Comunidad de Paz cumplió 26 años de resistencia pacífica en el territorio y, como todos los años, el 23 de marzo celebraron el aniversario con presencia de varias personas y colectivos que, durante esos años, han solidarizado con este proyecto de lucha y de vida. Aunque, en esta ocasión, además de celebrar el logro de mantenerse en comunidad pese a las amenazas constantes, se conmemoraron a quienes creyeron en una alternativa de vida digna, libre de violencia y en armonía con el entorno, razón por la cual fueron considerados enemigos a los intereses hegemónicos y, en consecuencia, asesinados. Lo que diferenció este aniversario de otros fue la intención declarada de proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
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Las niñas y los niños de la Comunidad De Paz diseñaron unos libros donde aparecen entrevistas a lideres y lideresas de la Cdp, así como la historia y el valor que ellos y ellas le dan al proyecto comunitario[/caption]
Esta vez, algunas mujeres y jóvenes de la Comunidad de Paz, junto con el trabajo de Sopa de piedras, un colectivo artístico de transformación social colombiano, representaron mediante la creación colectiva de una obra teatral, cual es el tipo de desarrollo que las grandes corporaciones empresariales, con el apoyo de partidos y organismos institucionales, quieren poner en marcha en la serranía de Abibe.
Gracias al trabajo colectivo realizado por las personas que participaron a la actividad se pudo hacer énfasis en todo el potencial, las herramientas y la actitud que tienen en la Comunidad de Paz para poder explorar y reapropiarse de imaginarios propios, populares y colectivos. Y así, pensando en lo que representa para ellas la defensa por el territorio, lograron realizar un proceso de reflexión colectiva con la cual poder expresar sus sentires y vivencias y transformar sus realidades, haciendo memoria para crear, como colectivo, utopías que sigan dándoles fuerza para seguir en la resistencia.
Para la creación de dicha obra apenas tuvieron dos semanas, pero, como nos decía uno de los componentes del colectivo, “resultó fácil, porque son realidades que les atraviesan y que viven en lo cotidiano”. Nos comentó también que nadie impuso ningún papel a representar y que todos los personajes fueron pensados y creados por las propias participantes, basándose en su propia experiencia y conocimiento, individual y colectivo.
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Obra de teatro en la Casa de los Sueños en La Holandita Las componentes del teatro visibilizan el actuar extractivista que realiza Carbones del Golfo con la extracción minera[/caption]
Por la tarde noche del día 23 de marzo, después de realizar una marcha a favor del territorio y del agua, unas 100 personas nos juntamos en la casa de la cultura llamada “Casa de los sueños”, un proyecto desarrollado por los y las propias jóvenes, en donde pudimos disfrutar del teatro y del arte como expresión para denunciar los atropellos a los derechos humanos, para denunciar las practicas extractivistas de los empresarios que quieren extraer toda la riqueza de la serranía, y, por consecuencia, dejar sin territorio y vida digna a las habitantes que tanto se esfuerzan día a día por cuidarla y conservarla.
No sabemos bien si era el objetivo de la obra o no, pero podemos decir que lograron dejar claro cuál es el tipo de desarrollo que está atentando en contra de sus vidas y del proyecto de Comunidad que tienen: excavadoras destrozando los ríos y las montañas, población sin soberanía ni autonomía alguna pidiendo comida y agua a vendedoras comerciales... Quedó visibilizada la infertilidad en la que este tipo de desarrollo está dejando la tierra, con ríos y bosques contaminados.
Al ver toda esa destrucción del territorio que con tanto cariño y esfuerzo la comunidad cuida en su día a día, el público se asustó; todas las personas allí presentes vieron una posible vida futura a la que no quieren llegar y revindicaron el proyecto colectivo de la Comunidad de Paz como camino para poder seguir resistiendo en el territorio y vivir vidas dignas, en paz y dentro del marco del buen vivir.
Itsaso Palacio Rodríguez y Nátaly López Navarro
Equipo de Urabá, PBI Colombia
[1]Actualmente el predio La Roncona, que la Comunidad de Paz ocupó pacíficamente y de buena fe tras haber sido desplazados forzadamente en 1997, y que es una de las principales fuentes de subsistencia para el cultivo del pancoger, se encuentra en proceso de restitución de tierras con la URT.