Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc

Entre enero y marzo de 2017 avanzó en parte el proceso de implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc. Las Farc se trasladaron a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización (Zvtn/PTN) con el seguimiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación tripartito. Sin embargo, en varias de las Zvtn/PTN se ha denunciado no solo el retraso en la implementación logística y la falta de atención médica para los integrantes de las Farc, sino también la inseguridad por la presencia de grupos neoparamilitares en los alrededores, como por ejemplo en la Zvtn de Gallo en Tierralta, Córdoba[1]. Cerca de la caravana que trasladó a miembros de las Farc a la Zona Veredal de Caño Indio, Norte de Santander, en febrero, la población local denunció la presencia de 50 hombres armados que se identificaron como miembros de las Águilas Negras[2]. Posteriormente, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) registró desplazamientos masivos de las comunidades cercanas a la Zvtn debido a amenazas[3]. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) destaca en su informe anual de 2016 que los vacíos de poder dejados por las Farc tras su salida de las zonas de su control y la escasa o débil presencia del Estado son factores de riesgo -entre otros- que han contribuido a una alta tasa de asesinatos de líderes comunitarios en zonas rurales durante esta fase de transición para el país[4]. La Defensoría del Pueblo en su Informe 010-17 del 30 de marzo también subraya varios escenarios de riesgo en este contexto, que no solo afectan a defensores de derechos humanos, sino a la población civil en general: las disidencias de las Farc, la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el aumento del accionar militar contra este grupo, igual que la expansión y el fortalecimiento del grupo neoparamilitar denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)[5].

Implementación legislativa del Acuerdo de Paz

En el Congreso de la República avanzó la implementación legislativa necesaria de los Acuerdos de Paz; no obstante, hasta finales de marzo se aprobaron sólo cuatro de 40 reformas legislativas necesarias, por lo cual la veeduría ciudadana sobre este proceso, Voces de Paz, ha pedido acelerar la implementación[6]. El proyecto más clave para los derechos humanos ha sido la reglamentación en marzo del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición[7].

Comisión Nacional de Garantías

En febrero el Ministerio del Interior emitió el Decreto 154 por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que implementa lo estipulado en el capítulo 3.4 del Acuerdo de Paz sobre garantías de seguridad. Este mecanismo de alto nivel tiene como objetivo luchar “contra las organizaciones […] que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo"[8]. A pesar de este nuevo mecanismo, el Ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas, niega la existencia y el carácter de los grupos neoparamilitares[9]. El sindicato de defensores y defensoras de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) afirmó en febrero que “negar la existencia del paramilitarismo podría ocultar la persistencia de formas de violencia que en varias regiones del país mantienen el control bajo esta lógica”[10].

Mecanismo para búsqueda de personas desaparecidas

En abril se emitió el decreto que regula la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto[11]. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu) ha exigido que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas sea un ente autónomo y reemplace a la Comisión Nacional de Búsqueda[12], al considerarla inoperante dado que sus herramientas como el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) no se han aplicado en la práctica[13]. Según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y 2015 desaparecieron forzadamente 60.630 personas en Colombia[14]; y en el 92% de los casos las familias siguen esperando la verdad sobre el paradero de sus seres queridos[15]. En este contexto fue organizado el primer encuentro de la Red Latinoamericana sobre Desaparición Forzada en Colombia durante la primera semana de abril[16].

Riesgos de impunidad y falta de participación de víctimas

Hay una preocupación expresada por diferentes sectores de la comunidad internacional y la sociedad civil colombiana en cuanto a que lo pactado en el Acuerdo de Paz no cumple con estándares internacionales relativos a la justicia transicional. El informe anual de Oacnudh destaca que la Ley de Amnistía e Indulto (Ley 1820 de 2016), presenta ambigüedades y vacíos que socavan la centralidad que el Gobierno y las Farc habían dado a las víctimas en el acuerdo[17]. En el mismo informe se expresa, además, la preocupación por las libertades condicionales concedidas a militares y guerrilleros sin ningún criterio especificado. Estas ambigüedades podrían aumentar el riesgo de impunidad para personas que cometieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las víctimas no han podido participar en relación con el otorgamiento de las libertades condicionales[18]. El Acuerdo y el proceso de Amnistía e Indulto deben garantizar los derechos y la participación de las víctimas en todos los procedimientos de la ley. En enero, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, advirtió que los proyectos que se tramitan para implementar el punto de justicia del acuerdo de paz, particularmente la responsabilidad de mando, deben respetar las obligaciones del Estatuto de Roma. Bensouda se refiere a la necesidad de que haya claridad sobre cómo responden los mandos superiores por los crímenes que sus subordinados cometieron en el contexto del conflicto armado[19]. El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (Cceeu) han expresado preocupaciones sobre varios puntos del texto aprobado. Subrayan la falta de medios para investigar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares, ya que la ley determina que solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido “determinante” en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta limitación dificulta la posibilidad de un desmonte real de las estructuras neoparamilitares[20]. Otra inquietud es la restricción del uso de información aportada por las organizaciones de derechos humanos y víctimas al Tribunal para la Paz, para que éste cite a comparecer a los presuntos responsables. Además, preocupan los argumentos expresados en el debate en el Congreso, alegando que la restricción del uso de la información de las organizaciones era necesaria para “prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos”, equiparando la documentación rigurosa realizada durante años por parte de organizaciones y víctimas con este tipo de prácticas criminales[21]. Por lo tanto, organizaciones como Ccajar, el Movice y Cceeuu piden a la Corte Constitucional hacer una revisión exhaustiva de puntos del Acuerdo de Paz y las modificaciones realizadas por el Congreso de la República para garantizar los derechos de las víctimas y la constitucionalidad de las acciones del legislativo[22].

Difícil comienzo de las negociaciones con el ELN

El 7 de febrero se inició en Quito (Ecuador) el diálogo de paz con la segunda guerrilla más grande del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este proceso incluye una participación importante de la sociedad civil que se organiza a través de la iniciativa Mesa Social para la Paz. Todavía no se ha definido la metodología para la participación en las negociaciones que se va a desarrollar tras encuentros regionales en siete puntos del país donde recogerán propuestas de varios sectores de la población. A pesar de varios avances sobre el funcionamiento de la mesa de negociación, también algunos acuerdos humanitarios logrados[23], el Gobierno y el ELN no han podido avanzar de manera contundente con las negociaciones por diferencias de opinión sobre los acuerdos mínimos que deben lograr antes de arrancar con las discusiones. A pesar de estas negociaciones de paz, la violencia del conflicto entre el ELN y el Gobierno ha recrudecido en los últimos meses, por lo cual las organizaciones de derechos humanos en Colombia y PBI han insistido en reiteradas ocasiones en la urgencia de un cese bilateral de hostilidades[24]. El ELN ha aumentado sus acciones bélicas en varias regiones del país como el Catatumbo y Arauca[25] mientras el Ejército Nacional ha adelantado varias operaciones militares en contra del ELN, las cuales han afectado de manera negativa a la población civil que se encuentra en medio de ambos fuegos. En el Nordeste Antioqueño se produjo una ejecución extrajudicial de un civil que viajaba en una moto, acompañado por un comandante del ELN, que también resultó muerto por acción del ejército[26]. A la vez las organizaciones de derechos humanos han llamado la atención sobre las detenciones y judicializaciones masivas en el Sur de Bolívar de líderes sociales detenidos por supuestos vínculos con el ELN[27]. Los combates entre el grupo neo-paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN han aumentado en varias zonas del país y han causado desplazamientos masivos en Valle del Cauca y Chocó [28]. El vacío dejado por las Farc se ha llenado en varias zonas por uno de estos grupos, y las zonas todavía no consolidadas quedan como territorios de disputa donde las comunidades viven un riesgo muy alto de afectaciones por combates entre los dos grupos. La persistencia de estos grupos armados tiene impactos graves sobre la situación de seguridad de muchas comunidades en todo el país.

Situación crítica de defensores de derechos humanos

El escalamiento de los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos sigue siendo crítico en el primer trimestre de 2017 y cobró tal relevancia que la comunidad internacional se pronunció públicamente. Los embajadores de Suecia, Noruega, Alemania, Suiza, Reino Unido, Países Bajos y de la Unión Europea en Colombia, entre otros, reiteraron su respaldo a la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc – EP, pero aclararon que todos los esfuerzos serán insuficientes sin la protección de la vida de los líderes sociales.[29] Si bien no hay datos uniformes de las agresiones cometidas, las cifras oficiales del programa Somos Defensores muestran un incremento de agresiones en todas las categorías, en comparación con el mismo período de 2016[30]. Según el Programa, hubo 481 agresiones en 2016[31], de los cuales 80 fueron asesinatos y 49 atentados; hubo 317 casos de amenazas y 15 casos de detenciones arbitrarias[32]. A la vez, la organización internacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos, Front Line Defenders, documentó en 2016 el asesinato de 85 personas defensoras de derechos humanos, cifra que convierte a Colombia en el país con mayor índice de asesinatos de personas defensoras a nivel mundial[33]. En el primer trimestre de 2017 Somos Defensores confirmó las siguientes cifras sobre agresiones a defensores de derechos humanos: 193 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión, 24 % fueron mujeres defensoras. De las agresiones, 20 fueron asesinatos, 19 atentados, 136 amenazas y hubo 13 detenciones arbitrarias. La Defensoría del Pueblo en un Informe de Riesgo sobre las organizaciones sociales elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en marzo 2017 informa que 111 personas “que tenían algún nivel de liderazgo en sus comunidades” fueron víctimas de asesinatos durante 2016[34]. El informe subraya cinco casos de desaparición forzada y 431 amenazas contra esta población. Además, alerta sobre la situación de riesgo de por lo menos 310 organizaciones sociales, entre las cuales se encuentran más de una docena de organizaciones acompañadas por PBI[35]. Según Oacnudh, la eficiente investigación y sanción de los autores materiales e intelectuales de los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos es necesaria para garantizar la satisfacción de los derechos y las garantías de no-repetición[36]. No obstante, hasta marzo de este año hay solo cuatro condenas con respecto a 74 asesinatos que registra la Fiscalía entre el 2016 y 2017[37]. La Defensoría del Pueblo reconoce en este sentido algunos avances en las investigaciones, pero resalta que la impunidad de las agresiones a defensores de derechos humanos sigue determinando su riesgo[38]. Con respecto a los casi 3.000 defensores agredidos y más de 400 defensores asesinados durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se desconocen avances en la investigación[39]. El asesinato de William Castillo Chimá, de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), organización acompañada por PBI, perpetrado el 17 de marzo de 2016 en el Bajo Cauca Antioqueño ha sido el primer crimen que la justicia atribuye directamente a actividades de defensa de derechos humanos y liderazgo político en las regiones[40]. A su vez, la Defensoría del Pueblo destaca varios aspectos de la sistematicidad de las agresiones contra defensores y líderes sociales: 69% de las víctimas desarrollaban una labor de organización comunitaria, 25% eran líderes indígenas, y hubo un alto nivel de afectación de líderes -aunque pertenezcan en muchos casos a varias organizaciones- de las juntas de acción comunal y líderes adscritos a Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos[41]. De igual manera, Somos Defensores resalta varios factores que han contribuido a esta alza en las tasas de asesinatos: la participación de líderes en el proceso de paz; los impactos del ‘No’ al plebiscito y el fortalecimiento de los sectores de la ultra-derecha por consecuencia de este resultado; la transición de las Farc y el reacomodo de los grupos armados; y la ausencia del Estado en muchas regiones[42].

Criminalización de líderes sociales y personas defensoras

En relación con la seguridad jurídica ha surgido otra preocupación, ya que el Acuerdo de Paz inicialmente contempló que los activistas sociales procesados en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana podrían recobrar su libertad. Sin embargo, el Congreso modificó el artículo 24 del Acuerdo de Paz para que se exija conexidad con el delito político en los casos de activistas sociales. “Es decir que la protesta ciudadana deberá tener relación con delitos políticos desconociendo el derecho legal y legítimo a la protesta social”, argumenta entre otros el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar)[43].

Aumento en la presencia de los grupos neoparamilitares

Como parte del punto 3.4 del Acuerdo de Paz, el Estado se compromete a adoptar las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, y violencia sistemática (...)[44]. Paralelamente al incremento de agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, han aumentado las denuncias y alertas desde la sociedad civil nacional e internacional sobre el incremento del fenómeno del neoparamilitarismo en Colombia. Según Somos Defensores, el 66% de las agresiones contra personas defensoras provienen de grupos neoparamilitares como las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia[45]. La base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) atribuye a los neoparamilitares 550 victimizaciones durante 2016. El Cinep ve con preocupación el aumento de las amenazas y asesinatos por parte de estos grupos en contra de líderes de organizaciones sociales y personas defensoras[46]. PBI ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de su presencia, visibilidad y actuar en contra de la población civil y personas defensoras de derechos humanos. En los últimos meses las comunidades de Cacarica, Jiguamiandó y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó entre otras, han denunciado reiteradamente la presencia en su territorio y los hostigamientos por parte de estos grupos a integrantes de las comunidades, además de combates entre neoparamilitares y el Ejército o el ELN[47]. El 21 de marzo, durante el 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Washington, 13 organizaciones sociales de Colombia, cuatro de ellas acompañadas por PBI[48], presentaron intervenciones sobre la estigmatización y los ataques sistemáticos en contra de movimientos y organizaciones sociales, la necesidad de reformar las Fuerzas Públicas de Colombia, y la falta de justicia para crímenes cometidos por agentes estatales[49].

Estados Unidos evalúan el apoyo a la paz

El 20 de enero, con la inauguración del nuevo presidente Donald J. Trump, la relación entre Colombia y los Estados Unidos ha ingresado en una nueva era, caracterizada por la incertidumbre. Bernie Aronson, el enviado especial para el proceso de paz en Colombia bajo la administración Obama, dejó su puesto tras el fin de la administración anterior[50]. Además, el nuevo Secretario de Estado Rex Tillerson, en respuesta a preguntas de senadores en enero, dijo: “revisaré los detalles del reciente acuerdo de paz de Colombia y determinaré qué tanto debe seguir apoyando esto Estados Unidos”[51]. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil estadounidense, incluso PBI EE.UU., firmaron una carta dirigida al secretario Tillerson en marzo, instando su respaldo para los acuerdos de paz con las Farc y las negociaciones con el ELN[52]. Aunque el anterior presidente Obama había prometido un aumento de la ayuda hacia Colombia para 2017, de USD 340 a 450 millones (“Paz Colombia”), enfocada en la implementación de los Acuerdos de Paz, esto no fue aprobado por el Congreso[53]. En su lugar, el cuerpo legislativo decidió mantener el presupuesto actual en los mismos niveles que 2016 hasta el 30 de abril, cuando fue aprobado un incremento parcial que incluye recursos para los acuerdos, aunque este apoyo solamente es vigente hasta el 30 de septiembre[54]. El 15 de marzo, el presidente Trump presentó un presupuesto gubernamental preliminar para el año fiscal 2018, el cual propone cortar casi un tercio de los recursos destinados para el Departamento de Estado, normalmente la mayor fuente de la asistencia para Colombia[55]. Al final, los recursos dependerán del Congreso; hay una oposición vocal en ambos partidos[56] igual que de muchos ex-militares de alto nivel[57] con respecto a la propuesta drástica de recortar fondos relevantes para la diplomacia y la ayuda internacional. Es necesario agregar que algunos congresistas opositores al apoyo a los Acuerdos de Paz tienen una creciente preocupación acerca de los cultivos de coca en Colombia que han subido a niveles históricos en el último año[58], expresada tras un anuncio en marzo de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.

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