La historia del mural “¿Quién dio la orden?” ha estado teñida de censura desde sus orígenes. La imagen fue tapada con pintura blanca horas después de haber sido pintada el 18 de octubre de 2019, frente a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Bogotá. Según denunciaba el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE [1], organización impulsora de la iniciativa, el mural fue censurado en un operativo de la Brigada 13 del Ejército Nacional, en el que más de 20 hombres armados intimidaron a los jóvenes artistas que lo pintaban [2]. Un día después, el MOVICE publicaba en su cuenta de Twitter la imagen del mural censurado. A pesar de numerosos intentos contra su difusión, este emblema en memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y en exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición, vuelve a estar hoy frente a la Escuela de Cadetes protegido por la Corte Constitucional colombiana.

La imagen diseñada en 2019 por la Campaña por la Verdad [3], que aglutina a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, mostraba el rostro de cinco altos mandos militares, bajo cuyas comandancias se presentaron 5.763 ejecuciones extrajudiciales en el periodo del 2000 al 2010 [4]. Son los casos de los mal llamados “falsos positivos”, eufemismo en referencia a los asesinatos de jóvenes presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Uno de los capítulos más oscuros de la historia del conflicto armado colombiano y un nudo central para la justicia transicional.

A finales de 2019, uno de los comandantes que aparecía en el mural, el General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Brigada 13, interpuso una tutela para que el mural fuera borrado de las redes sociales pues, según él, la acción del MOVICE atentaba contra su honor y buen nombre. Demanda a la que se sumó el comandante del Ejército Nacional de Colombia entre el 2006 y 2008 [5], que también aparecía en el mural: el General Mario Montoya Uribe [6]. En febrero de 2020 el Juzgado 13 Civil de Bogotá, falló a favor de lo solicitado por los altos mandos militares, argumentando que mientras no hubiese sentencias judiciales en contra de la cúpula militar, las víctimas no podían expresar sus juicios de valor [7]. Por tanto, el tibunal ordenó retirar el mural tanto de las calles como de las redes sociales durante las 48 horas siguientes [8]. Algo imposible de cumplir: la imagen del mural ya había sido compartida cientos de veces por usuarios digitales y alrededor de 5.000 carteles con el diseño del mural inundaban las calles de Bogotá [9] y, posteriormente, de otras ciudades colombianas. El MOVICE recurría la decisión judicial que censuraba la firme reivindicación “¿quién dio la orden?” mientras que, a medida que las investigaciones avanzaban, se corroboraba el aumento de la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

Tras un ejercicio de verificación entre distintas comisiones y organismos [10] la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz declaraba que, “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”. Las cifras reveladas en el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz también confirman la hipótesis presentada por las organizaciones, relativa a la existencia de una política al interior de las Fuerzas Militares que favoreció la persistencia de este crimen perpetrado sin ningún tipo de control, verificación o sanción de los responsables. Una política que combinó métodos de guerra sucia con incentivos y beneficios personales e institucionales poco transparentes, con el fin de dar una apariencia de éxito militar y seguridad [11].

Tras casi dos años de acciones jurídicas para dirimir la legitimidad de este emblema en memoria de las víctimas y de su lucha por la verdad, la Corte Constitucional decidió [13] el 9 de noviembre de 2021 proteger la libertad de expresión y la memoria de las víctimas. La Corte fundamentó que el mural “¿Quién dio la orden?” debe ser protegido debido a la gravedad de los hechos que rodean las ejecuciones extrajudiciales, a su inmenso impacto en la sociedad colombiana y a la responsabilidad de miembros del Ejército que están hoy siendo investigados por su supuesta participación en hechos que los y las denunciantes presentan como una actuación sistemática. A su vez, la Corte declaró que “¿Quién dio la orden?” constituye una crítica al Estado, que claramente hace parte del debate público, ya que funcionarios públicos pudieron estar inmersos en graves violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, el Tribunal resaltó que las víctimas tienen derecho a la verdad extrajudicial pues “contribuye a la construcción de memoria histórica. Las narraciones públicas que estas realizan, además de ser una manera de inclusión, restauran a su vez su derecho a la honra y permiten materializar la garantía de contar su propia verdad. Por lo que se puede afirmar que un intento de censura puede resultar en la revictimización de los afectados por los respectivos crímenes” [14].

Gracias a la lucha de las organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas, este precedente jurisprudencial a favor de la libertad de expresión, posibilitó que el 4 de diciembre artistas y organizaciones de derechos humanos, volvieran a pintar el mural frente a la Escuela de Cadetes, esta vez con la impactante cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, con 14 altos mandos como presuntos responsables. El mural “¿Quién dio la orden?”, lleva consigo un significado sumamente importante, resultado de una sentencia en favor de la libertad de expresión y, al mismo tiempo, se erige como reivindicación firme de justicia y verdad. Hasta que Colombia pueda responder a la pregunta “¿quién dio la orden?”, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales siguen en búsqueda de verdad y justicia, en un valiente y necesario ejercicio de memoria activa.

«Que la sociedad conozca lo que pasó, también hace parte de los derechos de las víctimas y de la sociedad a expresarse contra la impunidad de graves crímenes que le han hecho daño y a exigir la verdad completa para que nunca más se repitan» [15].

PBI Colombia.