El pasado 8 de octubre tuvo lugar la indagatoria del expresidente y hoy Senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia, sobre una presunta manipulación y soborno de testigos con respecto a posibles denuncias contra él por nexos con grupos paramilitares.
En el marco de este proceso, Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), fue objeto de señalamientos por parte del Senador Uribe y otros miembros del Centro Democrático, por unos hechos que ya habían sido abordados en el proceso previamente y en los que la Corte Suprema no habría encontrado irregularidad alguna.
PBI Colombia acompaña desde el 1998 al CSPP, organización defensora de derechos humanos, que por su labor legal y legítima ha recibido en múltiples momentos ataques, atentados e incluso asesinatos.
Con motivo de los últimos señalamientos contre el CSPP, PBI entrevistó a Franklin Castañeda, quien es además el representante desde las plataformas de derechos humanos en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CGNS), órgano creado en el marco del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia en 2016.
PBI: ¿Cuál es el trabajo y la trayectoria de FCSPP?
Franklin Castañeda (F.C.): El Comité es la primera organización defensora de DDHH de Colombia. Nace en 1973. La iniciativa fundacional es de Gabriel García Márquez, quien además dona los recursos con los que esta institución se crea. Fue fundada entre un grupo de sindicatos y un grupo de personas del mundo académico y del mundo periodístico (entre ellas: Enrique Santos Calderón, Nirma Zárate y Gustavo Arango), es creada con la idea de proveer defensa técnica jurídica a las personas privadas de libertad por motivos políticos. Sin embargo, a los 46 años que estamos cumpliendo en este mes de octubre, muchas cosas han cambiado, no solamente en el país sino en la labor que desarrollamos.
Hace décadas dejamos de hacer un trabajo estrictamente relacionado con la situación de los presos y presas políticas del país. El primer paso que dimos en materia de cambio fue construir un área de asistencia carcelaria, que atiende a personas privadas de libertad que ven violentados sus derechos. El segundo paso fue atender a víctimas, principalmente a víctimas de crímenes de estado, desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, etc. También recientemente hemos abierto un programa de garantías para la paz, que se enfoca estrictamente en la labor de seguimiento de la situación y asesoría de la situación de líderes y lideresas sociales. Históricamente hemos trabajado por la consolidación de la paz y de la democracia.
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PBI acompañan a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) desde 1998.[/caption]
PBI: ¿Nos podría explicar el último caso que les ha puesto en la mira de la opinión pública?
F.C.: Haciendo una cronología en el tiempo, en el año 2011, en el Congreso se crea una comisión para que organizaciones de la sociedad civil y congresistas asistiéramos a las cárceles para observar lo que estaba sucediendo ahí dentro. En el marco de esas múltiples visitas, hubo dos en las cuales los detenidos nos hablaron de situaciones que hacían referencia al señor Álvaro Uribe Vélez. Nosotros entregamos el material fílmico de los testimonios a las autoridades y, a partir de ahí, estalló un escándalo mediático que trajo problemas de seguridad para Juan Monsalve (uno de los detenidos) y su núcleo familiar.
Hacia noviembre de 2011, la familia de Juan Monsalve nos solicita atender su situación de seguridad. Nosotros la estudiamos y determinamos que, efectivamente, estas personas estaban en riesgo. A partir de ahí llevamos a cabo una atención de urgencia. Trasladamos el núcleo familiar a Bogotá e intentamos infructuosamente ponerlo a disposición de la Fiscalía. Lastimosamente, el programa de protección de la Fiscalía tardó en responder aproximadamente 5 ó 6 meses, en los cuales o el testigo hubiese muerto o su familia hubiese muerto. De hecho, en ese periodo de tiempo, al señor Juan Monsalve le hicieron un atentado en la cárcel y ofrecieron 80 millones de pesos para quien lo matará. No podemos determinar quién hizo ese ofrecimiento y no es nuestro papel. Nuestro papel era brindar protección para esa familia por lo que buscamos recursos económicos ante dos agencias de cooperación. Tenemos documentos que soportan que efectivamente buscamos esos recursos para poder sufragar a las personas gastos tales como: el hotel, los tiquetes aéreos o los recursos para alquilar las habitaciones en las que ellos vivían. Al llegar a junio de 2012, dejamos de atender el caso por la imposibilidad que teníamos de poder encontrar un lugar seguro para ellos y, sobre todo, por la imposibilidad de que el estado colombiano asumiera el caso.
En el año 2013, el Sr. Álvaro Uribe Vélez denuncia a Iván Cepeda y, dentro de la denuncia, se incluye el hecho de que Iván Cepeda había pagado dinero a los familiares de los testigos. En esa acusación se decía que ese pago se había hecho en la oficina de Iván Cepeda. Sin embargo, la dirección que dan es la de nuestra institución. Efectivamente, nosotros atendemos en nuestra oficina. Fuimos llamados como testigos ante la Corte y entregamos los soportes de los recursos económicos que habíamos aportado a la familia Monsalve.
También planteé las consecuencias que esa labor había tenido sobre nosotros, como por ejemplo: que nos prohibieran el ingreso a cárceles; que tuviese que salir del país durante dos meses; que me amenazasen de muerte; incluso una amenaza con fotos mías en julio de 2012. Todo esto fue de conocimiento del estado colombiano hasta el punto de que la CIDH hizo un llamado al estado colombiano y solo así el estado termina fortaleciendo mi esquema de protección. Todo esto lo expusimos ante la Corte y, en febrero de 2018, la Corte decide cerrar la investigación contra Iván Cepeda y ordena abrir una investigación contra Álvaro Uribe Vélez.
PBI: ¿Qué determinó la Corte en aquel momento sobre FCSPP?
F.C.: La Corte hizo un análisis sobre la labor que presentamos y dijo que nuestra labor obedece a nuestra labor misional, que la labor que desarrollamos fue necesaria porque había un riesgo confirmado del señor Juan Guillermo Monsalve y su familia, que los recursos que nosotros entregamos fueron posteriores a las declaraciones del señor Juan Guillermo Monsalve y que tuvimos que cesar de dar esos recursos y ayudas ante la no atención del estado. Ante esa situación, desde nuestra lectura, queda suficientemente claro que nuestro papel está ajustado a las normas de Colombia y que las mismas tuvieron un examen judicial válido de la más alta corte en materia judicial penal: la Corte Suprema de Justicia.
PBI: ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad en relación a estos hechos?
F.C.: En octubre de 2019 - es decir, un año y siete meses después del pronunciamiento de la Corte - el equipo de defensa de Álvaro, el propio Álvaro Uribe Vélez y personas allegadas, han tenido a bien extraer las piezas del expediente que yo entregué el 3 de diciembre del 2014 y hacerlas públicas, diciendo que esas eran las pruebas de que Iván Cepeda, por medio de nosotros, había entregado recursos a los testigos.
Ese hecho, a nuestro juicio, constituye un delito. Se le está presentando al país de forma tendenciosa e incluso dolosa una información sin el contexto necesario. Ellos saben que no son documentos nuevos y saben que sobre ese proceso ya hay un pronunciamiento de la Corte. Nada de esto lo presentan al país y se limitan a presentar los recibos para producir un escándalo que va acompañado de una serie de difamaciones contra nosotros, acusándonos de ser delincuentes por sobornar y manipular testigos, lo cual es falso. Esto ha generado una gran cantidad de mensajes que atentan contra nuestra integridad por parte de sus seguidores en redes sociales. Hasta el momento hemos entregado a la Corte evidencia de 140 de estos mensajes en los que se nos amenaza, se nos intenta intimidar y se nos difama.
Estamos frente a una campaña bastante bien orquestada que, a nuestro juicio, pretende ambientar varias cosas: quiere hacer que el Sr. Álvaro Uribe Vélez gane tiempo en su defensa para el pronunciamiento de la Corte; quiere muy seguramente buscar una acción de judicialización en nuestra contra; y quiere buscar un chivo expiatorio para reducir el impacto político que ha producido en Colombia el hecho de que él haya tenido una indagatoria y esté vinculado a una investigación por fraude procesal. Yo siento que esto es una estrategia legal y mediática, en el sentido de lo que los hechos mediáticos pueden crear en un efecto judicial.
Ellos, cuanto menos, han amenazado en colocar una denuncia en contra nuestra. Creo que lo que van a hacer es intentar plantear un proceso judicial en la jurisdicción ordinaria contra nosotros que les sirva a ellos como elemento de defensa. Nosotros, en ese caso, nos pondríamos a disposición de la Fiscalía para que nos investigue y escuche. Lo que ocurre es que, aun habiendo un examen de la Corte Suprema, a nosotros nos investigaría y juzgarían tribunales que podrían ser eventualmente susceptibles a presiones, como ya ha ocurrido otras veces. En consecuencia, yo sí creo que hay un riesgo real de que sectores de la justicia actuasen contra nosotros. Uno de los patrones clarísimos del Sr. Álvaro Uribe Vélez es atacar a los que lo denuncian o a las personas que, de alguna manera, han tenido relación con el proceso. Es su mecanismo de defensa. Y, de momento, ese patrón le ha funcionado.
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Franklin Castañeda es el Presidente del FCSPP y también integra la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, como representante de la sociedad civil.[/caption]
PBI: ¿Cuál sería su actuación en ese caso?
F.C.: Nosotros hemos solicitado a la Corte que evalúe si las conductas del Señor Álvaro Uribe Vélez y la Señora Paloma Valencia, cuando se han dirigido públicamente contra esta institución y contra mí, son constitutivas de los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado. Hemos entregado a la Corte evidencia de las declaraciones que han hecho en medios de comunicación y de las amenazas que se han visto en las redes sociales.
PBI: ¿Qué mensaje le gustaría transmitirle a la Comunidad Internacional?
F.C.: Nos sentimos muy agradecidos por quienes se han pronunciado a nuestro favor, solidarizándose en esta campaña de estigmatización. Organizaciones como Amnistía Internacional, CIDH, Human Rights Watch... También se han pronunciado cerca de 300 organizaciones colombianas a nuestro favor e, igualmente, muchas personas han mandado videos y muestras de respaldo. Nosotros tenemos claro que no estamos solos en ésto, pero también tenemos claro que estamos enfrentando los intereses de un sector bastante poderoso del país. Por tanto, somos conscientes de que el riesgo que estamos enfrentando en nuestra vida, en nuestra libertad y en nuestro buen nombre son altos.
Lo que la comunidad debería ver es que lo que se esconde en este caso es la típica y clásica labor de estigmatización en contra de los defensores de derechos humanos cuando llevan a cabo algún tipo de acción que no le conviene a un sector o a una persona suficientemente poderosa, a tal punto que llega a sentir su poder amenazado. Creo que estamos ante uno de esos casos, en el que sectores poderosos usan el estado, usan el poder punible y los medios de comunicación, para atentar, aislar y, de alguna manera, golpear a las organizaciones o a los defensores y defensoras de derechos humanos que implican para ellos algún tipo de riesgo.
Creo que la comunidad internacional debe tener muchos ejemplos de comportamientos similares en otras partes del mundo y eso es lo que, lastimosamente, estamos viviendo hoy en Colombia. En Colombia existe un clima de hostigamiento, de polarización y de violencia hacia quien actúe en oposición o contradiga a determinados sectores poderosos. Esa es una de las causales por las que más defensores de derechos humanos han resultado agredidos, agresiones como las amenazas que estamos viviendo o, agresiones peores, como homicidios. Nosotros hacemos una alerta para la comunidad internacional para que se nos acompañe, para que se nos pregunte. Tenemos la disposición de explicar y demostrar cuál ha sido nuestro papel en esto. También queremos decirles que necesitamos garantía para nuestra vida y para realizar nuestra labor.
PBI: ¿Cuál es el trabajo y la trayectoria de FCSPP?
Franklin Castañeda (F.C.): El Comité es la primera organización defensora de DDHH de Colombia. Nace en 1973. La iniciativa fundacional es de Gabriel García Márquez, quien además dona los recursos con los que esta institución se crea. Fue fundada entre un grupo de sindicatos y un grupo de personas del mundo académico y del mundo periodístico (entre ellas: Enrique Santos Calderón, Nirma Zárate y Gustavo Arango), es creada con la idea de proveer defensa técnica jurídica a las personas privadas de libertad por motivos políticos. Sin embargo, a los 46 años que estamos cumpliendo en este mes de octubre, muchas cosas han cambiado, no solamente en el país sino en la labor que desarrollamos.
Hace décadas dejamos de hacer un trabajo estrictamente relacionado con la situación de los presos y presas políticas del país. El primer paso que dimos en materia de cambio fue construir un área de asistencia carcelaria, que atiende a personas privadas de libertad que ven violentados sus derechos. El segundo paso fue atender a víctimas, principalmente a víctimas de crímenes de estado, desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, etc. También recientemente hemos abierto un programa de garantías para la paz, que se enfoca estrictamente en la labor de seguimiento de la situación y asesoría de la situación de líderes y lideresas sociales. Históricamente hemos trabajado por la consolidación de la paz y de la democracia.
[caption id="attachment_11427" align="alignnone" width="1200"] PBI acompañan a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) desde 1998.[/caption]
PBI: ¿Nos podría explicar el último caso que les ha puesto en la mira de la opinión pública?
F.C.: Haciendo una cronología en el tiempo, en el año 2011, en el Congreso se crea una comisión para que organizaciones de la sociedad civil y congresistas asistiéramos a las cárceles para observar lo que estaba sucediendo ahí dentro. En el marco de esas múltiples visitas, hubo dos en las cuales los detenidos nos hablaron de situaciones que hacían referencia al señor Álvaro Uribe Vélez. Nosotros entregamos el material fílmico de los testimonios a las autoridades y, a partir de ahí, estalló un escándalo mediático que trajo problemas de seguridad para Juan Monsalve (uno de los detenidos) y su núcleo familiar.
Hacia noviembre de 2011, la familia de Juan Monsalve nos solicita atender su situación de seguridad. Nosotros la estudiamos y determinamos que, efectivamente, estas personas estaban en riesgo. A partir de ahí llevamos a cabo una atención de urgencia. Trasladamos el núcleo familiar a Bogotá e intentamos infructuosamente ponerlo a disposición de la Fiscalía. Lastimosamente, el programa de protección de la Fiscalía tardó en responder aproximadamente 5 ó 6 meses, en los cuales o el testigo hubiese muerto o su familia hubiese muerto. De hecho, en ese periodo de tiempo, al señor Juan Monsalve le hicieron un atentado en la cárcel y ofrecieron 80 millones de pesos para quien lo matará. No podemos determinar quién hizo ese ofrecimiento y no es nuestro papel. Nuestro papel era brindar protección para esa familia por lo que buscamos recursos económicos ante dos agencias de cooperación. Tenemos documentos que soportan que efectivamente buscamos esos recursos para poder sufragar a las personas gastos tales como: el hotel, los tiquetes aéreos o los recursos para alquilar las habitaciones en las que ellos vivían. Al llegar a junio de 2012, dejamos de atender el caso por la imposibilidad que teníamos de poder encontrar un lugar seguro para ellos y, sobre todo, por la imposibilidad de que el estado colombiano asumiera el caso.
En el año 2013, el Sr. Álvaro Uribe Vélez denuncia a Iván Cepeda y, dentro de la denuncia, se incluye el hecho de que Iván Cepeda había pagado dinero a los familiares de los testigos. En esa acusación se decía que ese pago se había hecho en la oficina de Iván Cepeda. Sin embargo, la dirección que dan es la de nuestra institución. Efectivamente, nosotros atendemos en nuestra oficina. Fuimos llamados como testigos ante la Corte y entregamos los soportes de los recursos económicos que habíamos aportado a la familia Monsalve.
También planteé las consecuencias que esa labor había tenido sobre nosotros, como por ejemplo: que nos prohibieran el ingreso a cárceles; que tuviese que salir del país durante dos meses; que me amenazasen de muerte; incluso una amenaza con fotos mías en julio de 2012. Todo esto fue de conocimiento del estado colombiano hasta el punto de que la CIDH hizo un llamado al estado colombiano y solo así el estado termina fortaleciendo mi esquema de protección. Todo esto lo expusimos ante la Corte y, en febrero de 2018, la Corte decide cerrar la investigación contra Iván Cepeda y ordena abrir una investigación contra Álvaro Uribe Vélez.
PBI: ¿Qué determinó la Corte en aquel momento sobre FCSPP?
F.C.: La Corte hizo un análisis sobre la labor que presentamos y dijo que nuestra labor obedece a nuestra labor misional, que la labor que desarrollamos fue necesaria porque había un riesgo confirmado del señor Juan Guillermo Monsalve y su familia, que los recursos que nosotros entregamos fueron posteriores a las declaraciones del señor Juan Guillermo Monsalve y que tuvimos que cesar de dar esos recursos y ayudas ante la no atención del estado. Ante esa situación, desde nuestra lectura, queda suficientemente claro que nuestro papel está ajustado a las normas de Colombia y que las mismas tuvieron un examen judicial válido de la más alta corte en materia judicial penal: la Corte Suprema de Justicia.
PBI: ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad en relación a estos hechos?
F.C.: En octubre de 2019 - es decir, un año y siete meses después del pronunciamiento de la Corte - el equipo de defensa de Álvaro, el propio Álvaro Uribe Vélez y personas allegadas, han tenido a bien extraer las piezas del expediente que yo entregué el 3 de diciembre del 2014 y hacerlas públicas, diciendo que esas eran las pruebas de que Iván Cepeda, por medio de nosotros, había entregado recursos a los testigos.
Ese hecho, a nuestro juicio, constituye un delito. Se le está presentando al país de forma tendenciosa e incluso dolosa una información sin el contexto necesario. Ellos saben que no son documentos nuevos y saben que sobre ese proceso ya hay un pronunciamiento de la Corte. Nada de esto lo presentan al país y se limitan a presentar los recibos para producir un escándalo que va acompañado de una serie de difamaciones contra nosotros, acusándonos de ser delincuentes por sobornar y manipular testigos, lo cual es falso. Esto ha generado una gran cantidad de mensajes que atentan contra nuestra integridad por parte de sus seguidores en redes sociales. Hasta el momento hemos entregado a la Corte evidencia de 140 de estos mensajes en los que se nos amenaza, se nos intenta intimidar y se nos difama.
Estamos frente a una campaña bastante bien orquestada que, a nuestro juicio, pretende ambientar varias cosas: quiere hacer que el Sr. Álvaro Uribe Vélez gane tiempo en su defensa para el pronunciamiento de la Corte; quiere muy seguramente buscar una acción de judicialización en nuestra contra; y quiere buscar un chivo expiatorio para reducir el impacto político que ha producido en Colombia el hecho de que él haya tenido una indagatoria y esté vinculado a una investigación por fraude procesal. Yo siento que esto es una estrategia legal y mediática, en el sentido de lo que los hechos mediáticos pueden crear en un efecto judicial.
Ellos, cuanto menos, han amenazado en colocar una denuncia en contra nuestra. Creo que lo que van a hacer es intentar plantear un proceso judicial en la jurisdicción ordinaria contra nosotros que les sirva a ellos como elemento de defensa. Nosotros, en ese caso, nos pondríamos a disposición de la Fiscalía para que nos investigue y escuche. Lo que ocurre es que, aun habiendo un examen de la Corte Suprema, a nosotros nos investigaría y juzgarían tribunales que podrían ser eventualmente susceptibles a presiones, como ya ha ocurrido otras veces. En consecuencia, yo sí creo que hay un riesgo real de que sectores de la justicia actuasen contra nosotros. Uno de los patrones clarísimos del Sr. Álvaro Uribe Vélez es atacar a los que lo denuncian o a las personas que, de alguna manera, han tenido relación con el proceso. Es su mecanismo de defensa. Y, de momento, ese patrón le ha funcionado.
[caption id="attachment_11430" align="alignnone" width="1200"] Franklin Castañeda es el Presidente del FCSPP y también integra la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, como representante de la sociedad civil.[/caption]
PBI: ¿Cuál sería su actuación en ese caso?
F.C.: Nosotros hemos solicitado a la Corte que evalúe si las conductas del Señor Álvaro Uribe Vélez y la Señora Paloma Valencia, cuando se han dirigido públicamente contra esta institución y contra mí, son constitutivas de los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado. Hemos entregado a la Corte evidencia de las declaraciones que han hecho en medios de comunicación y de las amenazas que se han visto en las redes sociales.
PBI: ¿Qué mensaje le gustaría transmitirle a la Comunidad Internacional?
F.C.: Nos sentimos muy agradecidos por quienes se han pronunciado a nuestro favor, solidarizándose en esta campaña de estigmatización. Organizaciones como Amnistía Internacional, CIDH, Human Rights Watch... También se han pronunciado cerca de 300 organizaciones colombianas a nuestro favor e, igualmente, muchas personas han mandado videos y muestras de respaldo. Nosotros tenemos claro que no estamos solos en ésto, pero también tenemos claro que estamos enfrentando los intereses de un sector bastante poderoso del país. Por tanto, somos conscientes de que el riesgo que estamos enfrentando en nuestra vida, en nuestra libertad y en nuestro buen nombre son altos.
Lo que la comunidad debería ver es que lo que se esconde en este caso es la típica y clásica labor de estigmatización en contra de los defensores de derechos humanos cuando llevan a cabo algún tipo de acción que no le conviene a un sector o a una persona suficientemente poderosa, a tal punto que llega a sentir su poder amenazado. Creo que estamos ante uno de esos casos, en el que sectores poderosos usan el estado, usan el poder punible y los medios de comunicación, para atentar, aislar y, de alguna manera, golpear a las organizaciones o a los defensores y defensoras de derechos humanos que implican para ellos algún tipo de riesgo.
Creo que la comunidad internacional debe tener muchos ejemplos de comportamientos similares en otras partes del mundo y eso es lo que, lastimosamente, estamos viviendo hoy en Colombia. En Colombia existe un clima de hostigamiento, de polarización y de violencia hacia quien actúe en oposición o contradiga a determinados sectores poderosos. Esa es una de las causales por las que más defensores de derechos humanos han resultado agredidos, agresiones como las amenazas que estamos viviendo o, agresiones peores, como homicidios. Nosotros hacemos una alerta para la comunidad internacional para que se nos acompañe, para que se nos pregunte. Tenemos la disposición de explicar y demostrar cuál ha sido nuestro papel en esto. También queremos decirles que necesitamos garantía para nuestra vida y para realizar nuestra labor.
PBI Colombia